Por: El Espectador
En esencia se presentará una
pormenorizada radiografía de acciones de la Procuraduría que van en contravía
con disposiciones constitucionales o que han buscado frenar la aplicación de la
despenalización parcial del aborto en Colombia, aprovechando vacíos legales en
la reglamentación de estos procedimientos, ya que desde el año 2009 el Consejo
de Estado tumbó el marco creado por el ministerio de Protección Social para
regular las Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE).
En la audiencia programada para
el final de esta semana se examinará la que los denunciantes califican como
agenda “político-religiosa” de Alejandro Ordóñez que, en su criterio, deja
desprotegidas a las mujeres y a la población LGBTI. Por tanto, se espera que la
CIDH vigile con mayor atención las decisiones judiciales o preventivas de la
Procuraduría con el fin de que dicho acompañamiento garantice los derechos de
estas dos poblaciones. Además, que el trabajo de los defensores de los derechos
sexuales no sea objeto de señalamientos.
La audiencia ante la CIDH fue
solicitada por organizaciones como Women’s Link Worldwide, Mesa de Seguimiento
Clínica de las Mujeres, Red Nacional de Mujeres, Asociación Líderes en Acción,
CLADEM Colombia, Asociación de ateos y agnósticos de Colombia, Casa de la
Mujer, Colombia Diversa, Trans-Ser, Católicas por el Derecho a Decidir
(Colombia), Mesa Mujeres y Economía, Alianza Colombiana por los derechos
sexuales y reproductivos La Colectiva, Mesa por la Vida y la Salud de las
Mujeres, CEPALC, Centro de Promoción y Cultura-FASOL, Grupo de Apoyo y Estudio
de la Diversidad de la Sexualidad de la Unidad Nacional, Red Somos y CIASE.
El encuentro se realizará en el
marco del 146° periodo ordinario de sesiones del tribunal internacional con
sede en Washington. De acuerdo con las organizaciones, se espera “que los
poderes ejecutivo y legislativo del país conozcan este proceso de veeduría
internacional y lo tengan en cuenta para que se nomine y elija un nuevo
procurador o procuradora que respete los estándares internacionales de derechos
humanos y fortalezca nuestra democracia”. No obstante, desde la orilla del
Ministerio Público siempre se ha esbozado que existen vacíos legales sobre los
cuales esa entidad tiene preocupaciones, en particular con lo que tiene que ver
con los procedimientos IVE, las cátedras sobre los derechos reproductivos o la
utilización de la pastilla del día después.
Un debate que ajusta casi cuatro
años, el mismo período que lleva Alejandro Ordóñez al frente de la
Procuraduría. Precisamente una acción popular y dos quejas del sindicato de esa
institución –que buscaban ponerle freno al presunto manejo de la burocracia en
el Ministerio Público con fines reeleccionistas por parte de Ordóñez– parecen
estar en el limbo, puesto que quien debe vigilar este tipo de acciones legales
es un funcionario de la Procuraduría, es decir, un subalterno de Ordóñez, razón
por la cual los denunciantes sienten que no tienen mayores garantías en este
proceso.
De cualquier manera queda claro
que mientras distintas organizaciones ponen de manifiesto los supuestos excesos
por parte de Ordóñez y sus delegados en temas tan sensibles como el aborto,
desde el Ministerio Público la respuesta ha sido que siempre se han respetado
las normas y la Constitución y que no se ha incumplido la ley. La tensión, sin
embargo, está más fuerte que nunca debido a que en las próximas semanas el
Congreso de la República deberá definir el nombre del reemplazo de Ordóñez.
Aunque todo parece cantado para que él repita su periodo.
El presidente Santos nada que
formaliza su candidato para terminar de completar la terna. Entretanto, la
bancada mayoritaria de los partidos de la U y Conservador ya anunciaron su voto
por Ordóñez.
