Por: Cristina de
la Torre
Las Farc van por reforma agraria. Santos va, en dinámica de TLC, por la
agroindustria de exportación. Pero también por restituir tierras y relanzar la
agricultura campesina con todos los apoyos del Estado.
Estos últimos frentes, en los que el Gobierno trabajaba ya por iniciativa
propia, resultarán cruciales en Oslo y La Habana. Paso intrépido, cargado de
significado dio esta semana al intervenir dos haciendas, santuario del
paramilitarismo, arrebatadas por los Castaño a campesinos de Córdoba y Cesar.
Por su parte, el proyecto de Desarrollo Rural replantea las Zonas de Reserva
Campesina, no ya en los extramuros de la patria, sino dentro de la frontera
agrícola. Concebidas para estabilizar y fortalecer la agricultura campesina,
fuente de la seguridad alimentaria, estas áreas podrían alojar también a las
tropas desmovilizadas de las Farc: campesinos a quienes la ciudad nada ofrece,
pues industrialización no hay; ésta se estrellaría contra el TLC.
La incursión del Gobierno en las haciendas Santa Paula y Las Pavas, íconos
de la expropiación violenta, simboliza el reto de la restitución: revertir la
contrarreforma agraria de los bandidos. Que no actuaron solos. En Urabá,
verbigracia, el Fondo Ganadero de Córdoba les compró parte de las tierras
robadas; negoció Sor Teresa Gómez, cuñada de los Castaño sindicada de
asesinato. También se benefició el paramilitar Benito Osorio, antes presidente
de ese fondo ganadero. Ahora, José Félix Lafaurie, vocero del gremio, previene
contra “una reforma agraria expropiatoria”. Aceptará la recuperación de tierras
malhabidas, dice, pero advierte que en aras del desarrollo rural no avalará
detrimento de la legítima propiedad agraria.
Las reservas buscan estabilizar los asentamientos campesinos con producción
modernizada, y protegerlos de la agresiva expansión del latifundio ganadero. La
Ley de Desarrollo Rural las fortalece porque dota a sus dueños de crédito,
asistencia técnica, mecanismos de comercialización, y mejora su vida con
vivienda, salud y educación. Pero, sobre todo, porque ahora tendrían lugar en
cualquier parte de la geografía nacional, no sólo en zonas de colonización. Así
lo sugiere el artículo 293 del proyecto de marras. En tónica de ordenamiento
del territorio, la reserva campesina se establece allí donde el suelo y el
entorno presentan la misma vocación económica y, las gentes que lo habitan,
homogeneidad cultural y social. Forzoso será planificar el desarrollo y el uso
de la tierra, ya en agricultura, en bosques, en ganadería o en conservación de
cuencas hidrográficas. O proyectarse al turismo, a artesanías, a servicios
ambientales. Y sus propietarios podrán asociarse en proyectos colectivos. La
delimitación de las zonas podrá afectar latifundios improductivos cuyos dueños
tendrán que vender al Estado, a los precios declarados, o someterse a extinción
de dominio. De adjudicárseles reservas a las Farc, éstas tendrían que cortar en
el acto con la producción de coca. Y también devolver las tierras y ganados
arrebatados a sus dueños, pues la ley obliga a todos.
Santos restituye tierras, pero su TLC nos devuelve a la colonial división
internacional del trabajo: unos países producen carros; otros, florecitas y
carbón. Hay que renegociar el tratado o, al menos, crear mecanismos de
compensación que ofrezcan opciones ciertas de supervivencia. Como consolidar y
proteger las reservas campesinas. Y lanzar la locomotora de la
industrialización. Ampliada la democracia, se espera refriega abierta entre
ideas de desarrollo. Pero, desactivado el conflicto armado, restitución y
reservas serán un buen comienzo en la desactivación del conflicto social: dar
tierra siembra paz.
