Por: Frédéric Massé*
Si la sociedad civil participa
directamente en los diálogos exploratorios, se corre el riesgo de que las
iniciativas vayan cada una por su lado, se pierda confidencialidad y todo se
politice.
La mesa de negociación
del gobierno y las Farc en el Caguán (foto) sesionó de manera independiente del
comite tematico, que era el encargado de recoger las opiniones ciudadanas sobre
el proceso durante el gobierno de Andres Pastrana. / Archivo el Espectador.com
No se esperó mucho para que
diversas voces de la sociedad civil se elevaran para reclamar una participación
activa en las futuras negociaciones de paz. Algunos quieren ir a Oslo, otros piden reactivar el Consejo Nacional de
Paz, las víctimas del conflicto reivindican una presencia en las mesas de
negociaciones y las Farc hablan de vocería para los movimientos sociales... En
fin, todos solicitan un espacio.
No hace aún mucho tiempo, las
negociaciones de paz solían limitarse a los actores armados y la llamada
sociedad civil no jugaba ningún papel o tenía uno poco significativo en los
procesos. En efecto, los principios del manejo de conflictos de aquella época
no le reconocían mucha importancia. Desde algunos años, sin embargo, numerosos
estudios han mostrado que la construcción de la paz no incumbe exclusivamente
al Gobierno y a la insurgencia. La sociedad puede jugar un papel importante
antes, durante y después del diálogo. En muchos procesos de paz, la sociedad
civil ha acompañado u orientando las negociaciones de paz. Sudáfrica,
Mozambique, Timor Oriental, no faltan los ejemplos donde talleres, reuniones y
encuentros más o menos secretos, convocados por diferentes sectores de la
sociedad civil nacional o internacional, ayudaron a acercar a las partes en
conflicto.
Ahora bien, existen también otros
casos en los cuales la sociedad civil no fue muy útil en las negociaciones de
paz (El Salvador, Tayikistán, Sri Lanka...) o inclusive terminó siendo
contraproducente.
En Colombia, hace mucho tiempo
que la sociedad civil busca tener protagonismo. Es más, como lo dice el
sociólogo Daniel Pécaut, la sociedad civil tiene un rasgo particular en lo que
se ha definido como la “problemática de la guerra”. De allí que no sea extraño
que haya sido “romantizada”, por un lado, y “satanizada”, por el otro. Es
precisamente por ello que ciertos sectores se han mostrado escépticos frente a
la posibilidad de movilización de la sociedad civil. A este escepticismo
contribuye también el sentimiento de frustración que generó su participación en
procesos pasados.
En el Caguán, las audiencias
públicas que se dieron en el marco del proceso no pasaron de ser una mala
experiencia, porque aunque muchos tuvieron la oportunidad de ir, no hubo una
caja de resonancia que potenciara su efectividad.
Otra tentativa, la Iniciativa
Casa de Paz con el Eln, también dejó un sabor agridulce. Aunque al principio
fue concebida únicamente como una consulta de carácter exploratorio, esta
experiencia mostró precisamente qué papel podía jugar la sociedad en un proceso
de paz, qué papel no o cuáles eran sus límites. Si bien el grupo de garantes
fue uno de los factores que permitió forjar la voluntad de las partes para
entrar en conversaciones oficiales y facilitó la discusión de problemas
específicos, el grupo no pudo hacer milagros, y la experiencia nos recuerda la
necesidad de definir claramente los papeles de estos actores no estatales
frente a los actores oficiales.
¿CUÁL PAPEL PUEDE JUGAR LA SOCIEDAD CIVIL Y CUÁL NO EN LAS
NEGOCIACIONES DE PAZ?
Primero, y como lo recuerdan
algunos autores, contar con un papel directo de la sociedad civil en las
negociaciones de paz puede ser ilusorio, por la simple razón de que los
acuerdos de paz suelen ser pactos arreglados por las élites según sus propios
intereses, lo que de facto marginaliza el papel de la sociedad civil. Favorecer
las consultas con la sociedad civil es una cosa. Otra muy diferente es que sus
representantes hagan parte del equipo de negociación.
Segundo, si bien la
“democratización” de un proceso de paz puede contribuir a renovar y fortalecer
la vida política y las instituciones de un país, las buenas voluntades
individuales no suman y a menudo resultan ser más palos en la rueda, pues las
organizaciones que se identifican como representantes de esta sociedad no
representan ni a todos los sectores ni a todas las regiones del país, y en
cambio suelen terminar compitiendo por el prestigio, los contactos y los
recursos financieros, en lugar de cooperar entre ellas.
Tercero, al invitar a la sociedad
civil a las negociaciones de paz, existe el riesgo de que con la participación
de todo el mundo nadie resulte ser responsable. En Guatemala, la Asamblea de la
Sociedad Civil, encabezada por el exconciliador Rodolfo Quezada Toruno, tenía
como objetivo producir documentos consensuales que alimentaran el proceso de
negociación, y, en efecto, docenas de comisiones especiales fueron creadas para
discutir y hacer recomendaciones sobre temas tan diversos como la reforma del
sistema educativo, el sistema judicial, la reforma agraria o el multilingüismo.
Sin embargo, ese papel sirvió precisamente como argumento del gobierno de
Álvaro Arzú para evadir su responsabilidad, en tanto se manifestó que la
responsabilidad era de la sociedad guatemalteca en general y no sólo del
Gobierno.
Finalmente, el argumento de los
que abogan por la inclusión de la sociedad civil —y, en particular, de
representantes de los partidos políticos— en los equipos de negociación es que
contribuye a proteger al proceso de negociación de los vaivenes de la política
y de los cambios de gobierno. Contar con el apoyo de los partidos políticos a
la hora de firmar acuerdos cuya implementación pueda demorarse más de un
gobierno le da un carácter más “nacional”, más “institucional”, más
bipartidista a la negociación. Sin embargo, incluir a representantes políticos
en la negociación puede ser también peligroso si uno de los partidos políticos
decide manifestar o exponer sus discrepancias con el Gobierno en la mesa de
negociación.
En conclusión, que la llamada
“sociedad civil” haga un acompañamiento activo, que presione, que opine o que
oriente las negociaciones puede ser positivo. Pero si participa directamente en
ellas corre el riesgo de que las iniciativas vayan cada una por su propio lado,
que se pierda la confidencialidad necesaria para cualquier proceso y que se
politice el proceso de paz. Como lo advertía el actual alto consejero para la
Seguridad Nacional, en un documento de la Fundación Ideas para la Paz de
septiembre de 2005, “¿de qué se trata: de promover la paz con la política o la
política con la paz?”.
* Codirector del Centro de
Investigaciones y Proyectos Especiales (CIPE) de la Universidad Externado de
Colombia.
