01 Septiembre 2013
Entre los días 16 y 18 de Agosto, se
realizó en Bogotá, por iniciativa del Congreso de los Pueblos, un Juicio Ético y Político contra el Despojo en
Colombia, que tuvo en el banquillo de los acusados a dos grandes
multinacionales que han hecho noticia en Colombia en tiempos recientes. Por un
lado, estaba la AngloGold Ashanti,
una importante empresa minera de origen sudafricano que está impulsando el
controvertido proyecto de La Colosa en el municipio de Cajamarca, Tolima, el
cual se pretende convertir en la mina de oro a tajo abierto más grande del
mundo, con todo el costo ambiental y social que eso significa [1]. Por otra
parte, estuvo la Pacific Rubiales,
empresa petrolera de origen canadiense que ha estado al centro de la polémica
debido al costo social y ambiental de sus explotaciones en Puerto Gaitán, Meta,
evidenciado por las impresionantes movilizaciones de los trabajadores hace dos
años.
El juicio, hecho según los llamados “tribunales
de opinión”, que se desarrollaron en los ’70 para llamar la atención ante la
impunidad que rodeaba a crímenes de lesa humanidad como la intervención
norteamericana en Vietnam o las dictaduras del Cono Sur, fue escenario para
bien documentadas denuncias y desgarradores testimonios sobre el accionar de
ambas compañías. Finalmente, en la sentencia se condenó a ambas compañías por
las siguientes violaciones: violaciones graves a los derechos laborales; violación
a la libertad de asociación sindical; violación al derecho a la protesta
social; desprecio de la dignidad y la vida de los trabajadores y las
comunidades; instigación de asesinatos selectivos de dirigentes sindicales,
indígenas y de organizaciones sociales; violación al derecho a la alimentación;
vulneración de los derechos colectivos a la tierra; vulneración del derecho a
los recursos naturales; vulneración de los derechos de participación, especialmente
al de la consulta previa; violación de los derechos culturales, espirituales y
ancestrales, así como al desarrollo propio y autónomo de los pueblos
originarios.
En el panel del juicio estuvo, entre otros
expertos, el profesor Renán Vega Cantor, autor de importantes obras sobre el
modelo económico colombiano, de acumulación por despojo violento (que él llama “capitalismo
gangsteril”), entre las que destacan Petróleo
y Protesta Obrera, Sangre y Cemento,
y Capitalismo y Despojo. Para
conversar sobre este juicio y sobre su importancia, entrevistamos a Renán Vega.
Crítico y reflexivo, fustiga no sólo a las multinacionales sino que a las bases
mismas de este modelo económico neoliberal, dependiente, rentista, salvajemente
violento, que se encuentra en una profunda crisis -como lo evidencia el actual Paro Agrario y Popular que sacude a
Colombia-. Los dejamos con esta entrevista, que entrega importantes luces y
reflexiones para enfrentar el actual período, y así contribuir a la
construcción de alternativas.
José Antonio Gutiérrez D.
1º de Septiembre, 2013
1. ¿Cómo fue el proceso en torno al juicio ético a las
multinacionales realizado recientemente en Bogotá? ¿Cómo es que usted terminó
en el panel que juzgó el accionar de Pacific
Rubiales y de AngloGold Ashanti?
La audiencia pública en la que se juzgaron
a las multinacionales mencionadas, que se efectuó en la ciudad de Bogotá
durante los días 16-18 de agosto, fue un hecho más de un prolongado esfuerzo
que han efectuado varias organizaciones sociales y gremiales durante varios
años. Como parte de este proceso se destacan la realización de audiencias
regionales previas, en el sur de Bolívar y en Puerto Gaitán, en donde los
habitantes locales, los más directa e inmediatamente afectados, proporcionaron
testimonio y suministraron pruebas sobre el comportamiento criminal de las
multinacionales en cuestión. Al mismo tiempo, con la realización de las
audiencias, otro grupo de personas se encargó de adelantar labores de
recolección de información y acopió de documentación con miras a reunir
elementos que permitieran tener una visión integral sobre la actuación e
impacto de las Empresas Transnacionales (ETN)
en territorio colombiano.
Participé en la última jornada del juicio
ético por la invitación que me hicieron los organizadores a proporcionar un
testimonio analítico sobre el comportamiento de las multinacionales en
Colombia. Esta invitación resultó de mi experiencia previa en el estudio
histórico sobre las luchas de los trabajadores petroleros, de la publicación
reciente del libro Capitalismo y despojo
y de mi labor educativa, en la cual siempre he señalado las características
nefastas que tienen para los pobres de nuestro país la explotación minera y
petrolera y la catástrofe ambiental que esto genera.
En concreto, los organizadores me
solicitaron que me refiriera al papel que desempeña el Estado colombiano en el
proceso de despojo, como soporte de las ETN. En mi intervención sostuve que
había que romper con el mito que nos dice que en esta época los Estados tienen
un papel nulo en los procesos de acumulación de capital y despojo, y son las
ETN los sujetos protagónicos y activos. En contra de este prejuicio indique que
los Estados, tanto los de los lugares de procedencia de las empresas, como los
de los territorios a donde éstas llegan, son indispensables para garantizar el
funcionamiento de las mismas. Esto se ejemplifica en los ámbitos jurídico,
laboral, represivo e ideológico con la promulgación de leyes favorables a la
inversión extranjera, con la protección militar de las empresas y la represión
a los trabajadores y pobladores locales, con la implementación de la
flexibilización laboral y la persecución de los sindicatos, con una campaña de
propaganda y publicidad para lavar la imagen de las empresas y presentar a la
locomotora minera como un instrumento de prosperidad y bienestar para el
país.
2. ¿Cuáles fueron las principales constataciones de
este juicio ético?
Durante las tres jornadas del juicio se
presentaron innumerables pruebas y testimonios, por parte de todos aquellos que
se han visto perjudicados y afectados en forma directa por la acción de la Pacific Rubiales y la AngloGold Ashanti, así como por investigadores
independientes que han estudiado el asunto, tanto a escala nacional, como a
nivel local y regional. En una forma sistemática se fueron presentando
testimonios, análisis y descripciones de campesinos, indígenas, trabajadores y
pobladores de las regiones en donde vienen operando las multinacionales en
cuestión. Así mismo, el Fiscal del Juicio Ético y Político, el dirigente
sindical Francisco Ramírez, presentó un pormenorizado pliego de cargos contra
esas multinacionales, en donde enumeró, sistematizó y precisó los actos
criminales, en cuanto al patrocinio y financiación de grupos paramilitares, la
tortura y asesinato a que se han visto sometidas personas y trabajadores que
han denunciado a las empresas, la destrucción ambiental y de los ecosistemas,
el terror laboral, las mentiras corporativas, entre otros aspectos.
Hay que resaltar también que varios
testimonios fueron profundamente desgarradores, tanto por las dolorosas
experiencias personales que se revelaron, como por la impunidad criminal de las
empresas y del Estado. En ese sentido, para señalar solamente un caso, se
relató el asesinato de Alejandro Uribe Chacón, dirigente sindical, líder
campesino y presidente de la Junta de Acción
Comunal de Mina Gallo (Morales, sur de Bolívar), fue asesinado por el Ejército
el 19 de septiembre de 2006.
Todos estos señalamientos se recogen en la
condena a esas ETN por parte del cuerpo colegiado que estudio pruebas y testimonios,
y que elaboró un importante documento.
3. Ambas empresas son poderes importantes en Colombia,
verdaderos Estados en otro Estado. Por citar sólo un ejemplo, la AngloGold Ashanti tiene por lo menos 410
títulos mineros en Colombia -391 directos, 19 a través de ‘Exploraciones Chocó
Colombia S.A.S.’-, controlando así, al menos, una extensión de 821.087
hectáreas de territorio nacional. ¿Describiría usted la relación de estas
empresas con el Estado como cordial o existirían conflictos puntuales debido al
control tan extenso que estas empresas tienen en el país?
Para las dos empresas es importante
Colombia, aún más para la Pacific Rubiales nuestro país es crucial
porque aquí desarrolla sus principales actividades, hasta el punto que hoy
extrae algo más de una cuarta parte del petróleo que se exporta desde este
país. Por su parte, para la Anglo Gold
Ashanti, una empresa minera con inversiones en varios continentes, sus
inversiones en Colombia son de primer orden en varios lugares del territorio
nacional, pero especialmente en la región de Cajamarca (Tolima), en el sur de
Bolívar y en Gramalote. La mina La Colosa, en el Tolima, se ha convertido en
uno de los principales proyectos de extracción de oro del mundo y, de
concretarse tan demencial propuesta, será una de las minas de oro a cielo
abierto más inmensas de todo el planeta.
Ambas empresas participan en la feria de
títulos mineros que se impulsa desde el Estado, y en la que se está cediendo
todo el territorio nacional, de sur a norte y de oriente a occidente, en los
páramos, en la selva, en la Orinoquia, en la zona andina, en la costa y en los
mares. Al respecto puede señalarse que en los lugares donde se adelantan las
explotaciones más nombradas de las dos empresas, en Cajamarca y en Puerto
Gaitán, el control territorial es mucho más amplio que los terrenos que
directamente conciernen a la extracción y que aparecen en la propaganda
corporativa de esas multinacionales. En efecto, en La Colosa se dice que se
afectaran 515 hectáreas, pero en realidad estamos hablando de miles de
hectáreas de la despensa agrícola del país que van a ser convertidas en un gigantesco boquete,
sucio y contaminado, lo que supone la destrucción de complejos ecosistemas, la
contaminación de más de 150 corrientes de agua, y el desalojo de miles de
campesinos, en un lugar que va a quedar destruido por cientos o miles de años.
Todo lo que hacen las dos empresas cuenta
con el aval y el respaldo del Estado colombiano y de buena parte de las clases
dominantes, como puede verse con hechos elementales, pero reveladores: la Pacific Rubiales desarrolla una agresiva
campaña de propaganda, en la que ha invertido miles de millones de pesos –se
dice que esa suma puede llegar a 30 mil millones- en lavar su imagen y
presentarse como una entidad que representa a Colombia, hasta el punto que se
convirtió en patrocinadora de la Selección de Futbol. El día en que se
protocolizó ese hecho vergonzoso, que indica que la camiseta de esa selección
está untada de sangre, el régimen de Santos se encargó de presentarlo como un
gran logro para el país. Esto parecería secundario, pero es importante si se
tiene en cuenta que la Pacific Rubiales
fue denunciada por el maltrato y la superexplotación a que somete a sus
trabajadores, en lo que cuenta con todo el respaldo del Estado colombiano, que
le proporciona ejército y policía para reprimir a quienes se atrevan a
protestar contra esa empresa.
En general esas relaciones entre el Estado
y las empresas con cordiales, porque el primero parte de la lógica que todo lo
que involucre al capital extranjero es benéfico para el país y debe
permitírsele que haga lo que se le venga en gana. Por eso, cuida y protege a
esas empresas, les proporciona todo tipo de exenciones y descuentos
tributarios, y legisla para favorecerlo en forma directa.
Pueden existir algunas disputas menores y
coyunturales, como la presentada entre Ecopetrol
y la Pacific Rubiales en torno al campo Quifa, en el Meta, más exactamente en lo
relativo a la participación de la empresa estatal luego de alcanzar la cifra
acumulada de cinco millones de barriles, lo que la multinacional alegaba que se
debía considerar no a partir de la cantidad total sino del 60 por ciento que a
ella le corresponde, según el contrato establecido.
Pero estas disputas son
más bien excepcionales y de menor importancia, porque en lo esencial el Estado
es un peón al servicio del imperialismo y de sus empresas, y toda su política
está destinada a presentarse como el “alumno más aventajado de la clase”, es
decir, el que siempre está dispuesto a dar lo que sea sin contraprestación
alguna. Esto que afirmamos no es algo retórico, sino terriblemente real,
como lo ha demostrado una reciente
investigación de la Contraloría General de la Nación que se titula Minería
en Colombia: fundamentos para superar el modelo extractivista, en donde
se dice que en el período comprendido “entre 2005 y 2010 las empresas mineras pagaron en promedio $878
mil millones anuales por concepto del impuesto a la renta. Pero durante el mismo
período tuvieron deducciones, descuentos y exenciones que representaron un
gasto tributario para el país de $1,78 billones. Es decir, por cada $100
efectivamente pagados por este concepto, las empresas mineras tuvieron
descuentos que terminaron representando pérdidas para el Estado de más de
$200”. En otras palabras, por cada peso que pagan esas empresas
multinacionales, el Estado les concede dos, que provienen de los dineros que
los habitantes comunes y corrientes le pagamos al Estado por concepto de impuestos.
Este hecho, que no puede ser más infame, en términos directos quiere decir que
las ETN vienen a un territorio de Colombia, expulsan a las comunidades que allí
habitan, destruyen los ecosistemas, contaminan las aguas, dejan luego de pocos
años un tremendo cráter de miseria y destrucción, y aparte de todo les pagamos
para que hagan todo eso. Con esto que ha dicho la Contraloría se pone de
presente que no es cierto aquel mito que repite el Estado, sus voceros y todos
los defensores de la minería, que la inversión extranjera en ese rubro permite
acumular dinero que se invierte en el desarrollo del país. Esto es una falacia,
porque ni siquiera es verdad que la explotación minera le proporcione ingresos
de dinero al país, ya que con las exenciones tributaria y rebaja de
impuestos, les estamos pagando para que
se lleven todo, incluyendo las ganancias monetarias de su actividad, además de
que nos dejan la destrucción y la miseria que caracteriza a las economías
extractivas.
4. Tanto Pacific
Rubiales como AngloGold Ashanti
han enfrentado considerable resistencia en sus respectivos proyectos... por una
parte, Pacific Rubiales ha enfrentado
las protestas de los trabajadores petroleros en Puerto Gaitán debido a las
condiciones deplorables de trabajo. Por su parte, la AngloGold ha enfrentado un contundente y consistente rechazo por
parte de la comunidad en el departamento de Tolima, ejemplificada en la
consulta popular de Piedras y en las marcha-carnaval realizadas en defensa del
agua y la vida... ¿cree usted que esta respuesta social puede constituir un
freno a estas locomotoras descarriadas del gobierno santista?
La explotación minera es una actividad muy
desprestigiada, con sobrada razón, en las zonas rurales, porque las comunidades
entienden en forma directa lo que implica abrir una mina a cielo abierto, como
es claro en el caso de Colombia con la extracción de carbón en la Guajira, al
norte del país. Y cuando se inician las actividades extractivas los
trabajadores experimentan en carne propia la explotación y la discriminación,
lo cual por lo demás revive las tristemente célebres condiciones de los
enclaves de comienzos del siglo XX.
Por esa comprensión de lo que significa el
modelo extractivista, en el Tolima, Santander, Cauca, los Llanos Orientales y
otros lugares de Colombia se han presentado notables protestas y la gente se ha
organizado de múltiples formas para enfrentar la “locomotora minera”. Entre
esas luchas se destacan las dos que se mencionan en la pregunta. Las dos hacen
parte de un mismo proyecto, aunque tienen sentidos diferentes. Me refiero a que
los trabajadores petroleros pueden estar interesados en mejorar las condiciones
de trabajo, sin cuestionar la misma extracción de petróleo, y las
organizaciones laborales, como la Unión Sindical Obrera (USO) propenden por la
nacionalización de los hidrocarburos y su explotación por parte del Estado,
mientras que las comunidades locales, campesinas e indígenas, lo que quieren es
que no sean extraídos esos bienes comunes de las entrañas de la tierra. Esto
último es lo que se expresa en forma
clara en la lucha de los pobladores de El Tolima, que saben lo que implica la
apertura de una descomunal mina de oro. Por eso, llevan años denunciando ese
crimen social y ambiental, como lo ratificaron en la consulta de Piedras, donde
el 99% de los votantes dijeron no a la Anglo
Gold Ashanti. Ahora bien, el sentimiento de la gente de las comarcas no es
el mismo de las clases dominantes, tanto a escala regional como nacional, que
quieren y necesitan la explotación minera para llenarse los bolsillos con las
regalías y las prebendas que de allí se desprenden.
Esto explica que cuando se presentaron la
movilización de los trabajadores de la Pacific
Rubiales por mejorar sus condiciones de trabajo, tanto los voceros del
Estado, como la “gran prensa” y las clases dominantes pusieron el grito en el
cielo y clamaron porque se reprimiera y acallara a esos “voceros del
terrorismo”, que se atrevieron a solicitar que se les concedieran habitaciones
limpias, sanitarios adecuados, que se les diera una copia del contrato que
firmaran, que la compañía los reconociera como trabajadores, etcétera. En este
país, como se sabe, defender sus derechos y tener un cierto aire de dignidad es
considerado como propio del “terrorismo”, como ahora se califica cualquier
reivindicación social o económica.
Algo similar está sucediendo con la
Consulta de Piedras, la que fue desautorizada por la Procuraduría desde cuando
fue convocada, y desde antes que se conocieran los resultados, el Estado
central puso en duda su legitimidad y ha dicho que no la reconocería. Eso es lo
que avanza en estos momentos, puesto que se ha sabido en los últimos días que
el Consejo Municipal de Piedras no la va a aceptar y si allí se aprobara es muy
dudoso que fuera admitida por el Estado central, en la medida que eso es un
antecedente inaceptable para la locomotora santista.
Con una decisión de ese estilo queda claro
que en Colombia la democracia es una cuestión retórica, porque cuando las
propias comunidades acuden a mecanismos de participación directa para defender
sus intereses, esos mecanismos son desconocidos. Eso se evidencia con las
modificaciones que se están introduciendo para desconocer el mecanismo de
consulta previa a las comunidades, que siempre en la práctica ha sido una
especie de saludo a la bandera, sin implicaciones reales que impidan la
explotación minera.
Todo esto indica, en consecuencia, la
necesidad por parte de las comunidades y de todos los interesados en enfrentar
la minería, de no bajar la guardia y de mantener la organización, movilización
y lucha directa contra ese proyecto criminal.
5. ¿Cuál es el valor político que este juicio ético
puede tener en la actual coyuntura colombiana?
Este juicio señala la emergencia de otro
tipo de justicia, de raigambre popular y comunitaria, que juzga los delitos
corporativos de las multinacionales, en los que se incluyen los crímenes
ambientales, laborales, étnicos, la mayor parte de los cuales ni siquiera son
considerados como tales. Y también se juzga a esas corporaciones por su
participación directa en el despojo, mediante la financiación y patrocinio de
grupos paramilitares, que persiguen y asesinan a todo aquel que se atreva a
denunciar y enfrentar el poder de las empresas. Pero también es un juicio al
Estado colombiano y las clases dominantes (terratenientes, banqueros,
exportadores, importadores, agroindustriales…), porque ellas son coparticipes y
cómplices de las ETN, como se demuestra con lo que en estos momentos acontece
en la altillanura del Orinoco, con el inmenso robo de baldíos, en conjunción
orquestada de Riopaila, Manuelita, los grupos Santo Domingo y
Sarmiento Angulo, y multinacionales como Carguill
y Fazenda.
En este sentido, puede decirse que este
juicio es una muestra de independencia y dignidad cuyo veredicto condenatorio
tiene un valor pedagógico y simbólico, y puede constituirse en la base de un
juicio internacional, con implicaciones penales, para esas multinacionales.
Pero incluso en ese terreno no hay que hacerse muchas ilusiones, si se tiene en
cuenta el poder real de esas empresas, que son defendidas por los Estados
imperialistas y por los Estados periféricos, con muy contadas excepciones.
El juicio tiene un carácter educativo, que
ayuda a la toma de conciencia y a la movilización, siendo un eslabón importante
en la lucha contra la minería, que apenas comienza. En ese contexto, es de destacar que todas las
intervenciones que se hicieron fueron bastante claras y sustentadas, y se
mostraba el conocimiento y la convicción de los participantes sobre la gravedad
de la explotación minera. Dio gusto, por ejemplo, ver a trabajadores del
petróleo, de la minería, o a campesinos e indígenas disertar con propiedad
sobre el tema y manifestar con argumentos claros las razones que los llevan a
denunciar el despojo y a defender sus territorios y los bienes comunes.
6. Por
último, usted, como intelectual, ha desarrollado reflexiones en torno al modelo
neoliberal colombiano caracterizándolo como un capitalismo gangsteril... ¿cree
que los resultados del juicio ético validan esta categoría y es, acaso, la
situación de estas dos multinacionales sintomática de fenómenos políticos y
económicos más profundos?
Si,
por supuesto, que la forma como operan las multinacionales es típica de una
mafia corporativa propia del capitalismo gangsteril de nuestros días, del cual
es modelo prototípico el capitalismo colombiano. Esto se inscribe en la lógica
de acumulación por desposesión que se implementa en estos momentos en diversos
lugares del mundo, como Colombia, y se sustenta en el destierro forzado y
violento de los habitantes de sus territorios ancestrales; en la ocupación
militar y paramilitar de esos territorios; en la conversión de esos lugares en
enclaves que son manejados por las ETN y donde se produce no para el mercado
interno sino para el mercado mundial; en la imposición del “orden corporativo”,
donde no se puede ni se debe pensar ni protestar, porque quien lo haga es
presentado como enemigo de la “inversión extranjera” y pronto acallado. También
hay que recalcar que tras todos esos procesos de despojo se encuentra el
capital financiero y los grandes bancos y grupos corporativos del país, como se
ejemplifica en la rapiña de los baldíos en el país, de la que se lucran los
verdaderos dueños de este país. Todo esto se hace con una violencia inaudita,
que convierte a Colombia, como lo he mostrado en algunos estudios, en un
inmenso enclave –donde los colombianos humildes son extranjeros en su propia
tierra- y en un gran cementerio, porque se mata a todo aquel que piense
distinto.
Para completar, este tipo de capitalismo gangsteril que caracteriza a la lumpenburguesía criolla (y nunca el término fue tan preciso, porque se refiere a una clase esencialmente criminal, de una parte, y ligada como una fracción compradora, al capital internacional, mediante la venta de materias primas), se ha legitimado mediante una lógica traqueta, en la que se han convertido en héroes, a través de la televisión, a los grandes criminales, de Pablo Escobar en adelante. Esto no es raro, porque, al fin y al cabo, los grandes capos y paramilitares siempre han operado como emisarios y testaferros del capital, enemigos acérrimos de todo lo que huela a anticapitalismo, y por eso son defendidos como baluartes de la sagrada propiedad privada, por parte de periodistas, académicos y políticos de extrema derecha. Todos ellos, al mismo tiempo, son los voceros de las multinacionales, y muchos de ellos están incluidos en la “puerta giratoria” del Estado a las multinacionales, pues aquellos que ejercen algún cargo de importancia en la administración estatal, al poco tiempo pasan a convertirse en gerentes, asesores o apoderados de las multinacionales, a las que les han servido desde sus cargos oficiales, con diversos favores que luego les recompensan esas ETN con un plato de lentejas, que puede estar representado en millones de dólares, pero que frente a sus ganancias son insignificantes.
Para completar, este tipo de capitalismo gangsteril que caracteriza a la lumpenburguesía criolla (y nunca el término fue tan preciso, porque se refiere a una clase esencialmente criminal, de una parte, y ligada como una fracción compradora, al capital internacional, mediante la venta de materias primas), se ha legitimado mediante una lógica traqueta, en la que se han convertido en héroes, a través de la televisión, a los grandes criminales, de Pablo Escobar en adelante. Esto no es raro, porque, al fin y al cabo, los grandes capos y paramilitares siempre han operado como emisarios y testaferros del capital, enemigos acérrimos de todo lo que huela a anticapitalismo, y por eso son defendidos como baluartes de la sagrada propiedad privada, por parte de periodistas, académicos y políticos de extrema derecha. Todos ellos, al mismo tiempo, son los voceros de las multinacionales, y muchos de ellos están incluidos en la “puerta giratoria” del Estado a las multinacionales, pues aquellos que ejercen algún cargo de importancia en la administración estatal, al poco tiempo pasan a convertirse en gerentes, asesores o apoderados de las multinacionales, a las que les han servido desde sus cargos oficiales, con diversos favores que luego les recompensan esas ETN con un plato de lentejas, que puede estar representado en millones de dólares, pero que frente a sus ganancias son insignificantes.
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