27 de Septiembre de 2013
Juzgado Especializado de Medellín concluyó que empresarios
conformaron una asociación con fines delictivos para adquirir tierras en
Chocó destinadas al proyecto palmicultor.
La verdad
sobre las alianzas celebradas entre empresarios palmicultores asentados
en el Bajo Atrato Chocoano y grupos paramilitares, que han dado pie a
complejos procesos judiciales por delitos como desplazamiento forzado y
despojo de tierras, comienza a esclarecerse.
Todo gracias a la reciente decisión proferida por el Juzgado Adjunto al Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Medellín que condena a 150 meses de prisión a los empresarios Luis Fernando Zea y Héctor Duque Echeverry, este último prófugo de la justicia, por los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado y ocupación de áreas de especial importancia ecológica.
La decisión también ordena la cancelación de las escrituras 735 del 8
de octubre de 2002 y 767 del 10 de septiembre de 2004, ambas asentadas
en la Notaría Única de Carepa, Urabá antioqueño, con las cuales se
legalizaron las compras de tierras que fueron destinadas para la
implementación del proyecto agroindustrial de la palma.
Según la providencia, en enero de 2004 los empresarios Luis Fernando
Zea y Héctor Duque, en asocio con María Isabel Correa Gómez, ex esposa
del jefe paramilitar Raúl Emilio Hasbún, alias ‘Pedro Bonito’, crearon
la empresa Promotora Palmera de Curvaradó Palmadó Ltda, con el fin de
participar en un ambicioso proyecto de palma africana en el Bajo Atrato
Chocoano liderado por el también comandante paramilitar Vicente Castaño.
Para ello, tanto Zea como Duque, en calidad de socio y representante
legal respectivamente de Palmadó Ltda., adquirieron de forma fraudulenta
más de 4.500 hectáreas de tierra ubicadas en la cuenca del río
Curvaradó, concretamente en la zona conocida como El Guamo, en Riosucio,
Chocó, a cuyos pobladores les habían sido adjudicados los predios bajo
la figura de territorios colectivos, contemplada en la Ley 70 de 1993 y
que plantea además que estos no pueden ser embargables, comercializados o
enajenados.
Tal como se consignó en el proceso, Zea fue el encargado de
perfeccionar las compras de tierras, que se realizaron entre los años
2001 y 2003, utilizando para ello presiones indebidas, intimidaciones y
aprovechándose, además, de la condición de desplazados forzados que para
aquel entonces tenían los habitantes de la comunidad El Guamo, quienes
precisamente abandonaron el territorio entre los años 1996 y 1997, por
cuenta de los fuertes enfrentamientos entre la guerrilla de las Farc, el
Ejército Nacional y las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá
(Accu).
De acuerdo con los testimonios rendidos a lo largo del juicio, luego
de la llegada de los paramilitares, en 1997, comenzaron los asesinatos
de líderes de la comunidad, los bloqueos de alimentos y los retenes
ilegales a lo largo de la cuenca del río Curvaradó; hechos que
terminaron por generar el éxodo masivo de los pobladores, quienes en su
mayoría se asentaron en los municipios antioqueño de Mutatá, Chigorodó,
Carepa y Apartadó.
Luego del año 2000, los pobladores comenzaron a ser contactados por
comisionistas de tierras, varios de ellos integrantes de la misma
comunidad, quienes advertían sobre la imposibilidad de retorno al
territorio, siendo mejor negocio vender los predios por el dinero que
ofrecieran los posibles compradores. En este sentido, para el Juez
fueron fundamentales los testimonios de Eustaquio Polo Rivera y Eliseo
Pérez, pobladores de El Guamo quienes describieron ante los estrados
judiciales cómo fue dicho proceso de compra de tierras.
“Cuando nosotros íbamos a regresar nos dijeron unos comisionistas que
esta tierra la necesitaban para la siembra de palma y ganadería. Ellos
decían que si no vendíamos igual los empresarios iban a coger todas las
tierras. Como yo no vendí empezaron las amenazas”, relató en su momento
Eustaquio Polo, quien señaló a los paramilitares alias ‘Palillo’ y
‘Emerson’ como los responsables de la violencia desatada en la región
después de 1997.
Por su parte, Eliseo Pérez señaló que fue invitado a una reunión en
Belén de Bajirá (Mutatá), “donde llegaron tres o cuatro señores que
eran los que iban a comprar tierras. El precio que ofrecieron fue de 200
mil pesos, muchas personas por la situación de estar sufriendo y no
poder entrar a trabajar sus tierras, tuvieron que malvender por lo que
fuera. Yo al ver ese precio y que era a pagar a cuatro contados cada
seis meses, pues dije que no iba a vender porque eso estaba muy barato y
era mucho plazo. Entonces se paró un señor alto, delgado y me dijo que
si yo no vendía, de igual manera ellos necesitaban la tierra para sus
cultivos, por eso me toco vender mis tierras”.
Además de considerar que se aliaron con Raúl Hasbún, miembro de un
grupo armado al margen de la Ley como las Autodefensas Unidas de
Colombia (Auc), para perpetuar el desplazamiento forzado de la comunidad
El Guamo y cometer un despojo de tierras, el Juez también
responsabilizó a los empresarios Zea y Duque Echeverry de daño ambiental
producto de la siembra de palma africana en la región, tal como lo
demostró la Fiscalía a lo largo del litigio jurídico.
“Como consecuencia del cultivo de la palma, la agricultura y la pesca
artesanal disminuyeron drásticamente; afectó la economía de los
habitantes de la región que subsistían precariamente de los cultivos de
plátano, maíz y yuca (…) se encareció el uso del agua para los
pobladores, por cuanto se tuvieron que dotar de elementos necesarios
para el almacenamiento de las aguas lluvias y el tratamiento artesanal
del agua del rio en época de verano, como consecuencia de la
transformación y destrucción de los ecosistemas acuáticos-drenajes,
cambio de cauces etc”, reza en sus apartes la sentencia.
La historia de la palma en el Chocó
Lo que deja claro la sentencia contra Luis Fernando Zea y Héctor
Duque Echeverry es que en el proyecto agroindustrial de la palma
confluyeron los intereses de los máximos jefes de las Autodefensas
Unidas de Colombia (Auc) y reconocidos empresarios del sector, que
buscaron obtener grandes réditos económicos sin importar que para ello
se debiera despojar a los pobladores del Bajo Atrato Chocoano de sus
tierras.
Al respecto, los testimonios rendidos en este proceso por los jefes
paramilitares Raúl Emilio Hasbún, alias ‘Pedro Bonito’; Ever Veloza
García, alias ‘H.H’; y Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’,
coinciden en afirmar que el proyecto de la palma surgió luego que
Vicente Castaño sostuviera reuniones con empresarios de la palma tales
como Luis Donaciano Riascos, Javier Daza Pretelt e Ítalo Cianci. De
hecho, este último se comprometió a aportar dinero para el proyecto si
Vicente aportaba los terrenos para el mismo, dado el dominio que ya
tenían las Autodefensas de la zona.
Así las cosas, Castaño se apoyó en otros miembros de las
autodefensas, como alias ‘Napo’, alias ‘Palillo’, y el mismo Rodrigo
Zapata Sierra, alias ‘Ricardo’, para que ubicaran las tierras en el
sector, comprarlas con precio fijado por los miembros de las
Autodefensas, recurriendo incluso a los asesinatos selectivos, hurtos y
desplazamientos forzados, para luego adelantar los trámites de
legalización ante el Incora (hoy Incoder).
Una vez con las tierras en su poder, Vicente invitó a empresarios de
la palma, a quienes convenció de la rentabilidad del proyecto y la
necesidad de instalarse allí, para así aprovechar las ayudas que el
Gobierno Nacional estaba otorgando a quienes impulsaran este
monocultivo. La primera empresa en aceptar la invitación fue Urapalma
S.A., empresa que junto con el comandante paramilitar, aportaron
recursos para la construcción de la Extractora Bajirá, fundamental para
el abaratar los costos del procesamiento del cogollo de la palma.
Luego llegarían Palmas de Curvaradó S. A, Palmura S. A, Palmadó
Ltada, Inversiones Agropalma & Cia Ltda, Palmas S. A, Palmas de
Bajirá e Inversiones Fregni Ochoa. Todas ellas se asentaron en las
cuencas del Curvaradó y Jiguamiandó con el objeto de sumarse al proyecto
agroindustrial y de manera marginal, a la ganadería.
Lo que pudo demostrar la Fiscalía a lo largo del proceso es que las
empresas Urapalma S.A., Palmura S.A y la Extractora de Bajirá estaban
bajo la dirección de Vicente Castaño; que Diego Fernando Murillo
Bejarano, alias ‘Don Berna’, tuvo injerencia en la empresa Palmas S.A;
así como Jesús Ignacio Roldán, alias ‘Monoloche’ lo tuvo en Agropalma
& Cia Ltda y Raúl Emilio Hasbún, alias ‘Pedro Bonito’, en Palmadó
Ltda.
Estas empresas obtuvieron sendos créditos y apoyos para consolidar el
proyecto agroindustrial. Prueba de ello fue el crédito obtenido por la
firma Urapalma S.A. de parte del Banco Agrario y la Corporación
Financiera Colombiana por valor cercano a los 5,421 millones de pesos,
al tiempo que recibió incentivos del Estado por 2.891 millones de pesos,
entre los años 2001 y 2005. La empresa Palmas de Curvaradó recibió en
2005 un crédito del Banco Agrario por 1.788 millones de pesos y de esa
misma entidad, la firma Palmadó obtuvo un préstamo en 2005 por 488
millones.
“Cuando vio que ya estaba consolidada la palma y que su grupo
controlaba militarmente la región, Raúl Hasbún imitó lo hecho por
Vicente Castaño y creó la empresa Palmadó S.A, siendo su principal
accionista, imbricando la doble condición de militante del grupo ilegal
-causante directo del desplazamiento- por un lado, y por el otro,
empresario palmero”, consignó el Juez en sus consideraciones.
Palmadó Ltda fue creada mediante escritura pública No. 083 de la
Notaria Única de Apartadó, el 26 de enero de 2004 y en ella figura
Héctor Duque Echeverry como representante legal y Luis Fernando Zea como
socio, al tiempo que Hasbún contralaba la empresa por intermedio de su
ex cónyuge María Isabel Correa Gómez.
Para el Juzgado Adjunto, fue claro que los empresarios que se
asentaron en el Bajo Atrato Chocoano lo hicieron con el conocimiento
pleno de que la zona era dominada por los paramilitares y que estos,
bien como representantes de las empresas cultivadoras de palma,
integrantes de la misma o trabajadores, hicieron parte de una asociación
dedicada a la comisión de conductas penales, como medio, para la
adquisición de terrenos y el adelantamiento de las plantaciones de palma
aceitera.
En los próximos meses este mismo despacho tendrá que definir la
situación de otras 21 personas, entre empresarios, inversionistas e
intermediarios, que vienen siendo procesados por los mismos delitos por
los cuales acaban de ser condenados Zea y Duque, y quienes también se
hicieron a miles de hectáreas en los territorios colectivos de las
comunidades de las cuencas del Curvaradó y Jiguamiandó.
Última actualización el Viernes, 27 de Septiembre de 2013 10:44
