26 de Septiembre de 2013
La ley 160 de 1994 prohíbe taxativamente la acumulación de terrenos baldíos. / Archivo- El Espectador
Investigación detalla cómo actuó en el Vichada la mayor
comercializadora de materias primas del mundo— la cual a través de 36
SAS adquirió 52.576 hectáreas— que habían sido baldías.
Entre 2010 y 2012, la multinacional
Cargill, hoy la mayor comercializadora de materias primas agrícolas del
mundo, adquirió 39 predios en el Vichada a través de 36 sociedades
distintas y acumuló una extensión de 52.576 hectáreas. Esta compra
masiva de predios, en un país en el que no existen restricciones
generales a la cantidad de tierra que puede poseer una persona, sería un
negocio normal si no fuera porque las tierras adquiridas desconocieron
la prohibición de concentrar en un solo propietario Unidades Agrícolas
Familiares (UAF).
Esta conclusión hace parte de una investigación
de la organización inglesa Oxfam, que desarrolla labores en 94 países
para aportar fórmulas de superación de la pobreza. La metodología de
trabajo incluyó identificación en terreno de los predios adquiridos,
revisión y análisis de documentos públicos y examen de certificados de
tradición y libertad o de existencia y representación legal. La
conclusión es que a pesar de que la ley 160 de 1994 fijó un límite
máximo de concentración de las UAF, Cargill superó 30 veces dicho
límite.
El documento, conocido por El Espectador, señala que a
partir de 2004 Cargill estableció varias empresas subsidiarias en
Colombia, aunque todas ellas integraron la misma cúspide empresarial.
Desde ese momento, mediante la constitución de sociedades por acciones
simplificadas (SAS), se crearon 36 firmas más, que fueron utilizadas
para comprar, uno por uno, 39 predios en los municipios de Santa
Rosalía, Cumaribo y La Primavera, hasta acumular una extensión
equivalente a seis veces la isla de Manhattan.
Según la
organización británica, el grupo empresarial Cargill realizó una
inversión superior a los $73.000 millones o US$38,5 millones. Todos los
predios adquiridos habían sido adjudicados antes a beneficiarios de
reformas agrarias, es decir, tenían antecedente de baldíos. La
estrategia de las SAS, la misma del caso Riopaila-Castilla, dejó otras
evidencias de su acumulación: el mismo domicilio en Bogotá, idénticos
representantes legales o revisores fiscales, miembros repetidos en
juntas directivas y la misma actividad: cultivo de cereales.
La
investigación señala que, según datos de la Superintendencia de
Notariado y Registro, a través de los sucesivos negocios se produjo un
enorme incremento en los precios de venta. Es decir, que las SAS de
Cargill compraron a valores que oscilaron entre $370 mil y $3,7 millones
por hectárea, y el costo de los terrenos se multiplicó casi 33 veces.
En algunos casos el incremento fue enorme. Por ejemplo, por el predio
Los Alpes, de 3.000 hectáreas, comprado por $50 millones en 2008, se
terminaron pagando $7 mil millones —140 veces más—.
El trabajo
realizado en terreno le permitió a Oxfam establecer que la población del
Vichada nunca supo que era Cargill. Quien compró los terrenos fue su
empresa subsidiaria Colombia Agro, y lo hicieron ejecutivos de
nacionalidad argentina o brasileña. Hoy se sabe que los nuevos dueños
poseen maquinaria agrícola sofisticada, utilizan semillas genéticamente
modificadas y aplican fumigación aérea. Aunque se desconoce el destino
final de la producción, se conoce que el grano se transporta desde silos
locales hasta Villavicencio.
La organización Oxfam manifestó que
si bien corresponde a las autoridades determinar si se violó la
legislación colombiana, lo que sí resulta claro es que el Estado “falló
en su deber de preservar la función social y ambiental de las tierras
que habían sido distribuidas mediante la reforma agraria”. En tal
sentido, expresó que, de demostrarse que hubo un proceso irregular de
titulación de tierras, “el Incoder, la Superintendencia de Notariado y
Registro y los operadores judiciales deben actuar para revertir las
irregularidades y devolver a esas tierras su función legítima”.
Según
el informe de investigación de Oxfam, la resolución de este y otros
casos similares es importante para la discusión del tema agrario en
Colombia, no sólo porque se trata de uno de los puntos cruciales de las
conversaciones de paz que hoy se adelantan con las Farc en La Habana
(Cuba), sino porque corresponde a la economía de la altillanura,
calificada como “la última frontera agrícola nacional”. Además, porque
hace parte de un debate necesario para un país que muestra dramáticos
índices de concentración de la propiedad, el segundo más alto de América
Latina.
