Lasillavacia miércoles 25 de Mayo 2013.
Después del optimismo suscitado por el primer acuerdo con las Farc sobre el desarrollo agrario integral, el proceso de paz entrado en una crisis. Foto: AP
El presidente Juan Manuel Santos aprovechó su intervención
ayer ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para hablar del
proceso de paz y para dejar en el aire una especie de ultimátum para las
Farc: “Ya llevamos un año de conversaciones y hemos logrado acuerdos en
tan solo uno de los seis puntos de la agenda. Yo sigo optimista, pero
la paciencia del pueblo colombiano no es infinita”, dijo. “Las
guerrillas tendrán que decidir si optan por una paz honorable y
duradera, o si reinciden en la guerra. Desde acá les hago un llamado
para que entiendan que la historia nos ha conducido a este momento
definitivo.”
Fue un discurso que reflejó el momento crítico por el que atraviesa
la Mesa de Negociación en la Habana, que está enfrentando tres nudos
gordianos: el de los tiempos políticos, el de representatividad
política, y el de justicia.
Los tiempos políticos –como contó en su momento La Silla- han sido desde el arranque el gran Talón de Aquiles de la negociación.
Una vez definida una Agenda Marco
acotada entre el Alto Comisionado de Paz Sergio Jaramillo y el jefe
guerrillero ‘El Médico’, el Gobierno pensó que se llegaría a un Acuerdo
Final de Paz en menos de un año. Noviembre fue la fecha fijada por
Santos, una fecha que permitía evitar que la negociación se conviertiera
en el tema de la campaña política.
Fue un cálculo excesivamente optimista y cada día que avanza la
negociación sin acercarse al punto final queda claro que el proceso de
paz y las elecciones se cruzarán con todo lo que esto implica. Sobre
todo, cuando las encuestas muestran que Santos –con una desfavorabilidad mayor que su favorabilidad- no tiene asegurada su reelección.
Los jefes guerrilleros tienen –con razón- una gran incertidumbre
respecto en manos de quién estará su futuro. ¿Estará en manos de un
Congreso integrado en una tercera parte por opositores del proceso de
paz si en efecto la lista uribista saca tantos votos como anticipa el
Centro Democrático y se produce una alianza con los conservadores y el
PIN? ¿Estará en manos de un Presidente que desconocerá los acuerdos
firmados por Santos? ¿Ante una caída aún mayor en la popularidad de
Santos, terminará el gobierno extraditaándolos como hizo el presidente
Uribe con los paramilitares, que ni siquiera eran enemigos del
Establecimiento? ¿Si está Santos dispuesto a cumplir los acuerdos cuando
al mismo tiempo le reduce el presupuesto al Ministerio de Agricultura y
le entrega entidades clave para el desarrollo agrario como el Banco Agrario a los políticos como si no estuviera en juego el proceso de paz?
Cualquiera que sea la causa de su temor, es un hecho en la Mesa que
los guerrilleros no parecen ya tener afán. Quizá porque –como se lo han
expresado a algunas personas- leyeron el gran paro agrario como una
evidencia de que el país está viviendo un “estado prerevolucionario”,
que ellos eventualmente podrían capitalizar mejor desde la
clandestinidad que desde la política democrática; o quizá porque creen
que entre más caiga Santos en las encuestas más dispuesto estará en
ceder a sus peticiones en la mesa como una medida desesperada para
salvar su reelección.
Por su parte, el presidente Santos se declara optimista ante la ONU,
pero lo cierto –según dos personas cercanas a él consultadas por La
Silla- es que sus dudas frente a la sinceridad de la guerrilla
persisten ¿Aprovecharán esta oportunidad - así como lo hicieron en el
Caguán- para utilizar el espacio mediático e internacional para
fortalecer su lucha armada? ¿El rechazo que reflejan las encuestas a
realizar cualquier concesión frente a las Farc indicaría que todavía no
es el momento político para dar el salto hacia la paz?
Los temores de lado y lado se retroalimentan y se fortalecen, aunque
ambas partes saben que no habría un mejor momento que éste para firmar
un acuerdo, dijo una fuente que conoce la situación del proceso.
La definición de democracia
El gran paro agrario fue leído por algunos jefes
guerrilleros como un indicio de que el país ha entrado en un ambiente
"prerevolucionario".
Como ahora no parece tan evidente que la decisión de firmar la paz ya esté tomada, la discusión en la Mesa se ha enredado en un punto específico que no es de poca monta, y es el de la representación política.
Algunos analistas entendieron que el tema de la participación
política –que es el segundo punto de la Agenda- giraría alrededor de
cuántas curules asignarle a las Farc en el Congreso una vez se
desmovilicen y que una vez se llegara a un número razonable este punto
se resolvería relativamente rápido.
Sin embargo, la discusión con la guerrilla ha sido mucho más
profunda y ha girado en realidad sobre qué se debe entender por
representación política, uno de los ejes fundamentales de una
democracia.
El Establecimiento ha entendido que los partidos políticos son
la expresión o el instrumento que permite representar los intereses de
los ciudadanos en el escenario público.
Por eso, por más desprestigiados que estén, la
representatividad política de un partido está dada por el número de
votos que consiga (independientemente de cómo los consiga). Esto se
refleja no solo en el tamaño e influencia de sus bancadas en el Congreso
sino en los puestos de las mesas directivas de esta corporación, en los
asientos que tienen en el Consejo Nacional Electoral e inclusive en las
cuotas burocráticas que obtienen en todo el Estado.
Las Farc, en cambio, defienden la idea de que los movimientos
sociales son mucho más representativos de los intereses del pueblo que
los partidos políticos (a los cuales perciben como corruptos, poco
autónomos frente al gobierno de turno y que no expresan los intereses de
su representados) y están pidiendo en la Mesa de la Habana que las
garantías de un eventual Estatuto para la Oposición se hagan extensivas a
estas movilizaciones sociales.
Es decir, que un grupo como la Mane, que defiende una reforma
alternativa a la educación, o como la Minga Indígena, o como las
Dignidades que participaron en el paro agrario, gocen de prerrogativas
similares a las que tienen los partidos políticos.
Es una idea a la que se han opuesto los negociadores del
Gobierno pues consideran que, si avanza, se reventarían los partidos
políticos y se abriría un camino hacia el autoritarismo.
Su lógica es que la democracia representativa que existe hoy
–con todas sus falencias- sigue un estándar formal y objetivo: cuántos
votos sacó el partido. El otro esquema abre la puerta para que sea el
gobernante de turno el que brinde de manera subjetiva ese estándar de
legitimidad. Un poco como funcionó Hugo Chávez en Venezuela durante la
última década: él decidía qué representantes de la sociedad eran
legítimos interlocutores de su gobierno y cuáles no.
En esta discusión lo que está en juego es la misma definición
de democracia, que en el fondo también está bajo discusión en otros
países de América Latina e incluso en Europa, y que es mucho más
compleja que el debate sobre cuántas curules concederles en el Congreso
(de por sí ya una discusión bien espinosa).
Aunque este punto es complejo, no es irresoluble. Una fórmula
que se ha planteado en la Mesa es que se cree un Estatuto de la
Oposición para los partidos y un régimen de garantías a la expresión
social.
Obviamente después de la estigmatización
por parte del Gobierno de Santos a algunos líderes del paro –incluido
el senador Jorge Enrique Robledo, del Polo- y de los videos que
circularon en las redes sobre los abusos del Esmad en algunas regiones,
los negociadores se tendrán que emplear a fondo para convencer a los
guerrilleros de que esas garantías a la movilización social serán
suficientes.
La lucha por escribir la historia
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| Foto: Presidencia. En su discurso ante la ONU el Presidente Juan Manuel Santos aseguró que no habrá impunidad, aunque también aclaró que no se pretende investigar todos los los delitos cometidos por las Farc. |
