sábado, 8 de octubre de 2011

OCTAVA REFORMA AGRARIA EN COLOMBIA

Publicado el 18/Diciembre/1994 | 00:00

Santafé de Bogotá. 18.12.94. (Editorial) Con reticencia, los sectores campesinos e indígenas de Colombia, que registran altos índices de pobreza e indigencia, aceptaron una ley de reforma agraria que plantea redistribuir 4,5 millones de hectáreas en los próximos 16 años. El proyecto, el octavo en la historia del país de reglamentar la
tenencia de la tierra, propone distribuir un primer millón de hectáreas en el cuatrienio del presidente Ernesto Samper (1994-98).

"La ley es incompleta. A ese ritmo tardarían 34 años en asignar predios a los campesinos sin tierra que, son 1,5 millones actualmente", afirmó Pedro Nolasco Présiga, tesorero de la Federación de Usuarios del Agro (FESUAGRO). "Mientras el movimiento agrario no pueda arrancar una reforma más avanzada hay que utilizar los aspectos positivos de ésta y hacer fuerza para que lo malo de algunos artículos no incida tanto en los pequeños campesinos y campesinos sin tierra", dijo el dirigente de Fesuagro, que agrupa a 120.000 afiliados.

Pero reforma agraria no es solo titular tierra, sino garantizar con qué explotarla y cómo comercializarla su producto, "llevar el desarrollo al campo", dijo Nolasco Présiga. Según el presidente Samper, durante su administración se deberán generar 90.000 nuevos empleos rurales, titular 178.000 predios de
minifundio (entre cinco y seis hectáreas) y se otorgarán subsidios para la compra de tierras mediante un sistema mixto de bonos agrarios y dinero en efectivo. El presupuesto con ese objetivo para el período 1994-98 es de 785
millones de dólares, financiado por la banca multilateral en una tercera parte. A la propuesta del ejecutivo de asignar terrenos baldíos, principalmente en las surorientales regiones de la Orinoquia y la Amazonía, Fesuagro hace reparos, pues considera que "titular tierras malas para el cultivo no resuelve sino acrecienta el problema de la miseria campesina". Según el Banco Mundial, 20 de cada 100 colombianos están en la
categoría de indigentes y otros 48 en la de pobres absolutos. En la transición de lo rural a lo urbano registrada en la segunda mitad de este siglo -actualmente el 26% de los 35 millones de habitantes se concentra en ciudades- los campesinos han ido resintiendo más que los citadinos los rigores del desajuste
social.

En 1992, mientras en las ciudades 1,3 de cada diez habitantes era calificado de indigente (es decir que sumado todo el ingreso familiar no alcanza a cubrir sus necesidades básicas), en el
campo la proporción era de 3,7 por cada diez habitantes.  Persistir en la titulación de tierras de ladera, las menos
productivas en un país de 1.141.748 kilómetros cuadrados, cruzado por tres vertientes de la cordillera andina y siete millones de hectáreas con vocación agrícola, podría hacer del nuevo intento de reforma agraria otro fracaso. Para la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), "la ley es regresiva, porque busca empezar a limitar la propiedad de los aborígenes sobre los resguardos y deja espacios abiertos para
controvertir los ya existentes".

La pobreza campesina explica porque las organizaciones alzadas en armas han mantenido un perfil y una composición predominantemente rural a lo largo de las últimas cinco décadas, a pesar de que el país se ha tornado cada vez más urbano. Para completar el complejo panorama del agro colombiano hay que añadir un elemento que el tesorero de Fesuagro señala: la expansión en los últimos años de los terratenientes-narcotraficantes, a los que se atribuye el dominio de un 40% de las tierras fértiles del país. "Eso del narcotráfico se ha convertido en una contrarreforma agraria y ha encarecido notablemente el precio de la tierra. Ni el Estado tiene poder para competir con ellos", afirma Nolasco Présiga. (IPS) (5A)

http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/octava-reforma-agraria-en-colombia-25043-25043.html