HACIA EL CANJE HUMANITARIO

Por: Pedro Nolasco Présiga.

Miembro del Equipo Internacional de Fensuagro

El 24 de septiembre las FARC entregaron pruebas de supervivencia de los doce diputados del Valle del Cauca. Dichas pruebas se entregaron en momentos en los cuales los municipios de Pradera y Florida, propuestos por la insurgencia para iniciar con el gobierno los contactos hacia el canje humanitario, eran escenario de un fuerte despliegue militar por parte del gobierno. Al mismo tiempo se desarrollaban fuertes combates con la insurgencia, además de bombardeos indiscriminados de extensas zonas de los dos municipios por parte de la fuerza aérea colombiana. El miércoles 27 de septiembre el presidente Álvaro Uribe Vélez leyó un lacónico comunicado donde " ratificaba " su intención de establecer una zona de encuentro con la insurgencia .

Pero en verdad, en el comunicado el gobierno no mencionó para nada el despeje o desmilitarización , como tampoco se refirió a los municipios de Pradera y Florida como lugares de encuentro, aunque el ex ministro Álvaro Leyva Durán aseguró en entrevistas radiales que el presidente se estaba refiriendo a los municipios de Pradera y Florida, lo mismo que a la desmilitarización de dichas zonas. El comunicado presidencial se da además en medio de contradictorias declaraciones a los medios de comunicación por parte de los ministros de defensa y del interior, Juan Manuel Santos y Carlos Holguín Sardi, exigiendo la salida de la guerrilla de los dos municipios y fijando condiciones, sin aún sentarse a dialogar; es decir, quieren imponer a través de los micrófonos lo que no han podido imponer en el campo de batalla con la insurgencia. La realidad es que hasta ahora el gobierno no ha decretado oficialmente la desmilitarización o despeje de ninguna zona para el inicio de diálogos con la insurgencia sobre el intercambio humanitario. Es decir, seguimos en la misma indecisión que el gobierno ha mantenido siempre, que si pero que no. 

COMPLICIDAD OFICIAL CON PARAMILITARES

Lo que llama la atención es la actitud de doble moral del presidente Uribe Vélez de resistirse a un despeje militar total en los municipios de Pradera y Florida, mientras no solo guardó silencio cómplice sino que ha permitido que durante todo su gobierno el narco-paramilitarismo extendiera mucho más su acción criminal, entregándole prácticamente todo el territorio nacional en zona de despeje facilitando así las mas horrendas masacres, fusilamientos, ejecuciones y desapariciones contra los dirigentes y activistas del Partido Comunista y la Unión Patriótica; de obreros, estudiantes, campesinos, defensores de derechos humanos y en fin, luchadores y luchadoras del movimiento popular en general.

Esta acción criminal se realiza, además, durante todo el período de una supuesta tregua indefinida y en momentos que " dialogaban " con el gobierno. Pero, en vez de combatirlos, por el contrario, el premio del presidente Uribe fue darles la zona de Ralito y ahora el club social de la Ceja en Antioquia, para que descansen a sus anchas mientras el gobierno termina el proceso de legalizar las tierras robadas a sangre y fuego a los miles de desplazados del campo, limpia y legaliza sus fortunas producto del narcotráfico y el robo al erario público, mientras las victimas quedaran sin justicia, sin reparación, sin sus bienes arrebatados, y deambulando por las calles como parias en su propio país. Por eso el movimiento popular no puede llamarse a ilusiones, la negociación del intercambio humanitario será larga y muy difícil dada la distancia que separa las posiciones de la insurgencia y del gobierno de Uribe.

Es evidente que las FARC seguirán exigiendo la desmilitarización completa, incluida la zona urbana, de los municipios de Pradera y Florida. Igualmente exigirán la presencia de destacamentos guerrilleros en el territorio de los dos municipios tanto para la llegada a la zona durante las conversaciones, y para la salida de la región, una vez terminen las conversaciones, pues solo así podrán garantizar la seguridad de sus negociadores. Igualmente es de suponer que exigirán en la negociación la salida de todos los guerrilleros presos que en condiciones infrahumanas permanecen en las cárceles colombianas, así como el regreso de Simón trinidad y Sonia extraditados por el presidente Uribe Vélez a los Estados Unidos y quienes se encuentran en cárceles de ese país, estas serán pues parte de las exigencias que las FARC colocarán en la mesa de negociaciones.

LIBERTAD PARA LOS PRESOS POLITICOS 

Y claro es el momento oportuno para levantar con más fuerza la campaña por la libertad de los presos políticos; obreros, campesinos, estudiantes, defensores de derechos humanos y del movimiento popular en general y que han sido detenidos en burdos montajes de las fuerzas militares y la fiscalía general de la nación, para mostrar resultados en la política de " seguridad democrática " que en la vida real ha sido un rotundo fracaso. 

Está claro que el intercambio humanitario no va a ser el resultado de la voluntad política del gobierno de Uribe, el intercambio se tendrá que imponer por la fuerza movilizadora del movimiento popular colombiano. El polo democrático alternativo está llamado a encabezar esta lucha, en las movilizaciones de masas, en el parlamento, en la búsqueda de apoyo y presión internacional, unificando criterios y posiciones con el movimiento obrero, los campesinos, los indígenas, el movimiento estudiantil, el amplio movimiento de defensores de los derechos humanos, con los millones de desplazados, con las familias de los prisioneros de las FARC, con las mujeres y los hombres del movimiento popular que hoy claman por un intercambio humanitario y una salida política al conflicto social y armado. 

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