Miembro del equipo internacional de Fensuagro.
El estatuto antiterrorista, las facultades de policía judicial a las fuerzas armadas, el incumplimiento de las recomendaciones de la ONU en materia de derechos humanos (declaración de Londres julio 2.003), la política de seguridad democrática, y el proyecto de alternatividad penal para la “reinserción” de los paramilitares al estado ( léase, proyecto de impunidad, perdón y olvido), fueron los interrogantes que el presidente Uribe no pudo explicar para convencer a la Unión Europea durante su malograda gira por Europa.
De 626 miembros que tiene el Europarlamento, tan solo unos 250 se quedaron a escuchar las argumentaciones de AUV en defensa de su política de “seguridad democrática”.
El resto no asistió a la sesión, varias decenas de parlamentarios protestaron con bufandas blancas que portaban la exigencia de “paz y justicia en colombia” antes de abandonar la sala.
Las otras citas con los distintos altos funcionarios de las instancias de la Unión Europea tampoco fueron tan fructÍferas como lo quieren mostrar los grandes medios de comunicación y el presidente Uribe. Frente a la propuesta del gobernante Colombiano para realizar una mesa de donantes en Bruselas, Romano Prodi, presidente de la comisión Europea declaró que “ para ello tendríamos que prever una posibilidad de éxito” y “ por el momento no hemos llegado a este punto”, refiriéndose al acuerdo de Londres firmado entre el gobierno colombiano y la Unión Europea en Julio pasado el cual exigía el cumplimiento de las 24 recomendaciones de la oficina del alto comisionado de los derechos humanos de la ONU, las cuales han sido incumplidas hasta el momento en su totalidad.
LA UNION EUROPEA RECHAZO LAS ATRIBUCIONES JUDICIALES A LAS FUERZAS ARMADAS COLOMBIANAS
En la reunión del martes 10 de febrero en Bruselas con el presidente de la Unión Europea, Romano Prodi, el comisario de comercio, Pascal Lamy, el comisario de relaciones exteriores, Chris Patten le dijo a Uribe que “ en la legislación antiterrorista no parece lo más sensato dar poderes judiciales a los militares y en segundo lugar, el comisario Europeo volvió a subrayar como lo hizo en su reciente viaje a Bogotá, que en el proceso de desmovilización que lleva a cabo actualmente el gobierno con los paramilitares “ no empiecen” con la amnistía y que “ las medidas de gracia deben venir al final de un proceso, no al principio”, porque “ se pierde la oportunidad de influir” en los desmovilizados.
En la entrevista con Javier Solana, alto representante de la Unión Europea para la política exterior y la seguridad común de la Unión Europea, el alto funcionario le prometió a Uribe ayudar a cambiar el ambiente de cara a un acuerdo comercial de naturaleza regional a través de la comunidad andina, ayudar en el proceso de desmovilización y en buscar apoyar nuevos laboratorios de paz.
EN ITALIA SILVIO BERLUSCONI DEJO PLANTADO A URIBE.
El almuerzo y la rueda de prensa que el primer ministro Italiano Silvio Berlusconi había programado con Uribe fueron cancelados y fue el vicepresidente Italiano, Gianfranco Fini quien finalmente recibió a Uribe y la verdad es que el presidente Colombiano no recibió ninguna explicación satisfactoria y justificable , la razón puede ser, que después de la fracasada cumbre Europea en la cual Berlusconi fungió como presidente, y la revisión que de la ley de inmunidad judicial para favorecer al primer ministro italiano hizo el congreso y que ahora invalida la justicia de ese país, su imagen está bastante deteriorada, como para recibir a Uribe en medio de la fuerte presión de los partidos de izquierda, organizaciones y personalidades italianas.
PROMESAS....PROMESAS.... TAN SOLO PROMESAS...
Tres promesas fueron hechas al gobierno Colombiano por parte del gobierno italiano.
El canciller de Italia, Franco Frattini le prometió a la canciller colombiana Carolina Barco destinar un millón y medio de euros para programas de reinserción de niños combatientes.
De su parte el vicepresidente Fini se comprometió a apoyar la prórroga del sistema generalizado de preferencias de la UE que actualmente beneficia a las exportaciones colombianas y subvencionar un programa de guardabosques con una cifra que se definirá posteriormente; como contraprestación, el gobierno colombiano se comprometió a firmar un acuerdo de protección de inversiones (de las multinacionales) italianas en Colombia.
Y como era de esperarse, Uribe recibió de parte del gobierno italiano el respaldo político a su programa de seguridad democrática. Según el vicepresidente del gobierno italiano Gianfranco Fini Colombia se ha “esforzado” como pocos en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico y, por tanto “merece ser apoyada”.
LO UNICO CONCRETO EL ACUERDO CON EUROPOL.
LO UNICO CONCRETO EL ACUERDO CON EUROPOL.
El director de la policía Nacional de Colombia, Jorge Daniel Castro, y el director de Europol, Jurgen Storbeck, firmaron un acuerdo de intercambio de información e inteligencia sobre narcotráfico, terrorismo, lavado de activos y el tráfico de personas.
El presidente Uribe mostró en todos los auditorios y con los funcionarios con los cuales sostuvo entrevistas su ya conocido discurso imponente, arrogante, amenazador y guerrerista, catalogando de nuevo a las organizaciones colombianas de derechos humanos de ser auxiliadoras de la guerrilla y del terrorismo, haciendo énfasis particular en el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”
En cuanto al acuerdo humanitario dijo tajantemente que buscaría el rescate por la fuerza de todos los rehenes en poder de las farc, desconociendo así el esfuerzo de los familiares, de ex presidente de la república, de una variada gama de fuerzas políticas y del clamor general del movimiento popular colombiano que buscan una salida política y humanitaria a este drama.
Lo que la Unión Europea no entiende es que en nombre de la lucha contra el terrorismo, el gobierno Colombiano se niegue a iniciar conversaciones con las FARC y el ELN, mientras avanza en las “negociaciones” con los grupos paramilitares, responsables de las más horrendas masacres, desapariciones, asesinatos y desplazamiento masivo de la población campesina, en medio de una tregua que no se cumple, pues su accionar permanente de exterminio contra el movimiento popular la desmiente y el mismo gobierno se ha visto obligado a reconocer su inexistencia.
Es decir los términos de la justicia en Colombia se han invertido, los dirigentes y activistas del movimiento popular, sindical, agrario, de derechos humanos y los sectores de izquierda, quienes vienen siendo víctimas permanentes de la política de exterminio del paramilitarismo, son a la vez, perseguidos, encarcelados, penalizados y juzgados en acciones masivas de la fiscalía y las fuerzas militares.
La “extraña casualidad” es que la acción de la fiscalía viene después de los grandes operativos de los grupos paramilitares y de las redes de informantes, o viceversa, primero llegan los militares, hacen el censo de la población, luego llegan los paramilitares, y luego la fiscalía, operaciones éstas, realizadas en la más completa impunidad. Es lo que viene sucediendo precisamente en extensas regiones del Atrato, Río Sucio Chocó, Cacarica, Jiguamiandó, Juradó, Puerto Lleras, Pavarandó y Pavarandocito, regiones limítrofes entre los departamentos de Antioquia y Chocó, donde a la vez se desarrollan grandes proyectos de cultivos de palma africana y caucho, así como grandes proyectos de las multinacionales de explotación de recursos naturales y explotación de los bosque forestales.
Según la ASAMBLEA PERMANENTE DE LA SOCIEDAD CIVIL POR LA PAZ, el 90 por ciento de las detenciones masivas son arbitrarias y son consecuencia de los testimonios de “informantes” y según el COMITE DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLITICOS, el año pasado fueron detenidas 4.846 personas acusadas de colaborar con redes guerrilleras, según ese informe, los casos de 3.939 fueron “arbitrarios” y 3.750 ya están libres, al no comprobarse hechos delictivos. Este mismo concepto ha dado el procurador general de la nación, Edgardo Maya Villazón al decir, que la fiscalía y la fuerza pública han violado los derechos fundamentales de las personas, en desarrollo de operativos que han terminado en detenciones masivas.
Las detenciones se vienen desarrollando en todo el país, pero han tenido como epicentro Cundinamarca, Bolívar, Córdoba, Valle del Cauca, Caquetá, Risaralda, Huila, Tolima, Arauca, Vichada, Meta y Sucre.
En esta cadena de persecución contra el movimiento popular se encuentran detenidos desde hace varios meses en el departamento de Sucre los dirigentes Telberto González, presidente de Sindagricultores, y Rubí Robles, secretario general del mismo sindicato, en otras cárceles se encuentran, Luis Cruz Barrios, Miller Narváez, Julio Efrén Ospina, Rodrigo Reinoso Lugo, José Rodrigo Vera, entre más de 100 detenidos de FENSUAGRO-CUT, a estas detenciones masivas se agrega el encarcelamiento el 18 de Febrero en Bogotá de LUZ PERLY CORDOBA, PRESIDENTE DE LA ASOCIACION CAMPESINA DE ARAUCA Y RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS DE FENSUAGRO-CUT.
Pero lo más “extraño” es que mientras estas acciones se desarrollan contra el movimiento popular; con los paramilitares (muchos de ellos acusados de ser grandes narcotraficantes, de haber realizado horrendas masacres contra la población civil inerme y crímenes de lesa humanidad; muchos de sus jefes con ordenes de captura, juzgados y condenados en varios procesos de la fiscalía) se dialoga, se presentan proyectos de alternatividad penal para perdonar sus crímenes, cobijarlos con el manto de la impunidad, legalizarles los millones de hectáreas de tierra arrebatadas a los campesinos después de ser desalojados a sangre y fuego y lavarles las grandes cantidades de capital obtenido como producto del pillaje y el narcotráfico.
Pero como si esto fuera poco, los paramilitares recibirán, a parte de la impunidad, el perdón y olvido a sus crímenes, tierras, empleo y proyectos productivos.
Esto es lo que no han tenido las miles de sus víctimas, los millones de campesinos desplazados por su acción criminal, los dirigentes y activistas de la Unión Patriótica, del Partido Comunista, y del movimiento popular que hoy se encuentran totalmente abandonados por el estado, viviendo como parias en su propio país, o sometidos a vivir en el extranjero su involuntario exilio.
