Esta semana, los representantes de diversos estamentos coincidieron en que los derechos humanos se deben implantar y respetar en el país, pero fundamentalmente en el entorno rural donde, según se dijo, no existen.
Aunque Colombia no es la única nación en la que no se respetan esos derechos, no obstante su violación es una constante a lo largo de casi dos siglos de vida republicana, tal como lo afirmaron distintos conferencistas en el Encuentro sobre Derechos Humanos en el Sector Rural, que se realizó el jueves y viernes de esta semana en Bogotá.
Los ministros de Agricultura y de Defensa, Cecilia López y Guillermo Alberto González, respectivamente, advirtieron que Colombia está en la mira internacional por el incumplimiento de los derechos humanos y el derecho humanitario internacional, que es el que se aplica en zonas de guerra.
El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) Juan Manuel Ospina, coincidió con los dos funcionarios, y no descartó que en futuro las naciones industrializadas antepongan el cumplimiento de los derechos humanos en Colombia a acuerdos comerciales.
Puntos de vista Entre tanto, el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), Jorge Visbal Martelo, dijo que el gremio desea la paz y que para lograrla la única vía no es la armada, pero siempre cuando la guerrilla demuestre compromisos, como por ejemplo liberar a lo secuestrados y cesar sus actividades delictivas.
Visbal esgrimió las cifras de ganaderos secuestrados y asesinados en el país (ver recuadro).
El dirigente campesino Nolasco Présiga, de la Federación Sindical de Trabajadores Agrarios (Fensuagro), dijo que la discusión sobre los derechos humanos debería involucrar más de lleno a las Fuerzas Armadas.
Présiga dijo que la paz requiere grandes inversiones económicas y sociales, como el desarrollo de la reforma agraria. Según él, si se sabe cuantos ganaderos han muerto por la violencia el número de dirigentes agrarios asesinados es incuantificable.
Los distintos expositores aseguraron que si el país quiere la paz, el desarrollo social y económico del sector agropecuario será la clave.
En este Encuentro sobre Derechos Humanos estuvieron en el mismo escenario los gremios de agricultores y ganaderos, las organizaciones campesinas, las Fuerzas Armadas, la Cruz Roja, la Defensoría del Pueblo y Organizaciones No Gubernamentales (ONG s) estuvieron bajo un mismo techo para discutir el tema.
Una de las dirigentes de la Asociación Nacional de Mujeres Indígenas y Campesinas de Colombia (Anmucic), María Emma Prado, denunció la discriminación de las mujeres en las entidades públicas y en programas como la adjudicación de tierras, crédito y asistencia técnica.
El directivo de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) José Martínez propuso a la SAC y Fedegán un diálogo para identificar una política integral para el campo. Aseguró que los campesinos quieren la reforma agraria no para expropiar predios bien explotados, ni por el solo hecho de querer ser propietarios sino para que el país tenga alimentos suficientes.
Orlando Jiménez, presidente de la Federación Agraria Nacional (Fanal), dijo que quienes más sufren la violación de los derechos humanos son los campesinos y los sindicalistas.
Para la ministra de Agricultura, Cecilia López Montaño, la violación de los derechos humanos colectivos en el país también tiene que ver con la exclusión de muchos colombianos a quienes la sociedad y el modelo de desarrollo pretende sacarlos y marginarlos de los beneficios del desarrollo.
Al referirse a la pobreza rural y a la violencia que sufren los principalmente los campesinos, así como los empresarios, López se preguntó si lo que existe en Colombia es un modelo económico cuyo objetivo es sacar a la gente y abrir en dos el país: uno para quienes cada vez son más ricos y otro en el que cada vez son más pobres.
El Ministro de Defensa González Mosquera sostuvo que el crecimiento de las importaciones agropecuarias en seis años, cuyo valor pasó de 378 millones de dólares en 1991 a 1.500 millones de dólares, no radica solamente en la apertura económica sino que tiene que ver con la violencia rural.
Así mismo, el escaso crecimiento de las exportaciones agropecuarias, solo 60 millones en seis años, son parte de la problemática.
Las Convivir El defensor del Pueblo, José Fernando Castro Caicedo, dijo en el Encuentro sobre Derechos Humanos que las Cooperativas de Seguridad Ciudadana Convivir han involucrado a los ciudadanos en el conflicto y los hace blanco del mismo.
El funcionario aseguró que con la premisa de que las Convivir son creadas con el argumento de la legítima defensa, la experiencia indica que este tipo de organizaciones son propensas a degenerar en grupos de justicia privada e incluso en bandas de delincuentes.
La Ministra de Agricultura, Cecilia López, también criticó las Convivir. Dijo que personalmente no está de acuerdo con la creación de ese tipo de movimientos porque se convierten en generadores de violencia.
El presidente de la SAC, Juan Manuel Ospina, dijo que apoyar a las autoridades en el ejercicio de sus funciones no solamente es democrático sino necesario. Aseguró que no se trata de crear una sociedad de sapos.
Lo que esto si no puede interpretarse es que ese apoyo se transforme en una sustitución de las autoridades y ahí es donde está el punto delicado de todas estas estrategias de Convivir: en qué momento termina el apoyo y se vuelve sustituto de las autoridades y esto es delicado. Pero tampoco se puede demonizar en el país la participación y la responsabilidad ciudadana en las condiciones de seguridad, agregó Ospina.
BREVES Según Fedegán, en lo corrido del año ya han sido secuestrados 10 ganaderos. El año pasado fueron 511, de los cuales 47 fueron asesinados.
Los costos de la inseguridad para este sector ascienden a 436.000 millones anuales.
Cuántos líderes agrarios han sido asesinados en el país ? Las organizaciones campesinas dicen que su número es mayor que el de ganaderos, pero no se cuántos con exactitud.
La SAC informó que solo hasta 1994 la violencia rural equivale a 1,6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, un billón 350.000 millones de pesos.
La violencia también equivale a 2,6 por ciento del PIB Agropecuario.
El 33 por ciento de la población rural tiene presión directa de la guerrilla.
Publicación: eltiempo.com
Sección: Economía
Fecha de publicación: 15 de febrero de 1997
Autor: JAIME CRISTANCHO GOMEZ Redactor de EL TIEMPOhttp://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-582746
