Por: Eberto Diaz Montes
Fensuagro-Cut- 24 Septiembre 2013
PONENCIA SOBRE UNA VISION NACIONAL Y TERRITORIAL DE
SOLUCION AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILICITAS.
PRESENTADO
POR LA FEDERACION NACIONAL SINDICAL UNITARIA
AGROPECUARIA –FENSUAGRO-CUT.
INTEGRANTE DE LA MESA NACIONAL DE UNIDAD
AGRARIA.
MESA NACIONAL AGROPECUARIA, POPULAR Y DE
ACUERDO – MIA.
VIA CAMPESINA.
CLOC.
AL FORO NACIONAL SOBRE LA
SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS.
Bogotá D.C 24 al 26 de septiembre del 2013. En el marco de los
acuerdos de negociación entre el l gobierno Colombiano y las fuerzas armadas
revolucionarias de Colombia FARC-EP, que se llevan a cabo en la Habana –Cuba.
1.
UN MODELO DE DESARROLLO QUE PRIVILEGIA LA GRAN AGRICULTURA COMERCIAL
Y MINERA.
Desde hace
muchas décadas Colombia ha desarrollado una economía basada en la dependencia del gran capital internacional. Su papel
designado por el fondo monetario internacional, el banco mundial, el Banco interamericano de
Desarrollo BID, está dirigido a la
producción de materia prima, la explotación de sus recursos naturales renovables
y no renovables en particular de carácter minero.
La
implementación del modelo neoliberal y su profundización a partir de los años
90, a acelerando el desmonte de la institucionalidad publica, entre ellas las
que apoyaban a la población rural Colombiana.
Al mismo tiempo
este modelo ha declarado inviable al campesinado, a su vez ha fortalecido la
reconcentración de la propiedad de la tierra, generando en combinación con la
violencia narcoparamilitar de los más recientes años, grandes oleadas de
desplazamientos sucesivos. El “nuevo” modelo de desarrollo rural que impulsa el
Estado Colombiano y su gobierno de turno giran alrededor de las alianzas
estratégicas productivas que no son más que una estrategia de interrelación con
el latifundio especulativo y mafioso y los grandes megaproyectos mineros, de
plantaciones forestales, la producción de agro-combustibles, de agro-negocios,
todos orientados a la exportación de materia prima hacia los países
desarrollados.
La aprobación
de los tratados de libre comercio con los EEUU, Canadá y la Unión Europea y su
entrada en vigencia coloca en mayores desventajas a los pequeños y medianos
productores agrícolas de nuestro país, lo
que profundizará las brechas de desigualdad campo ciudad. Es de anotar
que en este nuevo escenario los únicos productos agropecuarios de pequeña escala competitivos son
precisamente los de uso ilícito.
LOS CULTIVOS DE COCA, MARIHUANA Y AMAPOLA EN COLOMBIA.
2 La presencia de
estos cultivos de uso ilícito en Colombia tienen varias motivaciones entre las
cuales podemos mencionar algunas:
·
Aumento de consumo de drogas
psicoactivas en los EE.UU y Europa en la
década de los años 70 y que hoy continua con niveles de demanda que favorecen
el comercio internacional de esta producción.
·
Desplazamiento de antiguos cultivos de marihuana en México, como efecto
de los programas de erradicación y fumigación orientados desde los EE.UU. en la
década de los años 60 y 70 del siglo pasado.
·
La introducción de semillas y
apoyo financiero por parte de empresarios ilegales a campesinos pobres del
norte Colombiano que vieron una opción de supervivencia en la plantación de
marihuana y otros cultivos como la coca o la amapola.
·
La creciente marginalidad de la
población rural Colombiana y la carencia de políticas del Estado dirigidas a
resolver el problema estructural que históricamente ha vivido el campo
Colombiano.
·
La continuación y existencia
del latifundio especulativo y mafioso, lo que ha conllevado a gran
concentración de la propiedad de la tierra por antiguos capos
narcoparamilitares y testaferros al servicio de grandes latifundistas.
·
El desarrollo de grandes
megaproyectos y la penetración de transnacionales que han forzado al
desplazamiento de comunidades, cuyo objetivo es despejar el camino para el
saqueo de los bienes naturales.
·
El desarrollo de políticas
anticampesinas y de violencia que han favorecido los planes de colonización del
Estado, que a su vez han llevado a la marginalidad social de vastas poblaciones
fuera de la frontera agrícola.
·
La falta de políticas de
precios de sustentación y comercialización de la producción de economía
campesina.
·
La no concreción de una
política de reforma agraria de carácter estructural que permita la
democratización de la propiedad rural al interior de la frontera agrícola, permitiendo
a su vez el cierre de la exportación territorial agrícola del país.
Ahora bien la anterior se
suma la apuesta en ejecución de las locomotoras del desarrollo y la entrada en
vigencia de los tratados de libre
comercio con los Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.
Todas estas políticas de privilegio
al gran capital e inversionistas rurales se constituyen en el fondo en
políticas anticampesinas, que empujan a nuevas masas campesinas a la miseria y
a nuevas colonizaciones, que en última favorecen y fortalecen los ciclos de la
economía ilícita.
3. LA POLITICA ANTIDROGAS EN LOS EE.UU EN COLOMBIA, “SOLUCION AL
PROBLEMA” JUSTIFICACION PARA EL INTERVENCIONISMO.
Terminada la
guerra fría, los EE.UU han continuado con el intervencionismo y agresión
militar contra los pueblos del mundo, que se oponen a la política global del
imperio del norte y sus aliados europeos, orientadas al saqueo, la sumisión y la dependencia. En este sentido
la supuesta lucha contra las drogas ilegales ha sido justificada en Colombia con un carácter intervencionista
en sus asuntos internos, por ello la política antidrogas se conjuga con la
guerra al terrorismo, que después del 11 se septiembre de 2002 se convirtió en
la principal bandera de agresión imperialista. El desarrollo de estrategias
regionales como: el plan panamá, la iniciativa plan dignidad, el plan Colombia,
el plan patriota, la iniciativa regional andina Ira, entre otros. Han
fortalecido la militarización de la región cuyo principal fin no es la
erradicación del narcotráfico, sino la defensa de los intereses del país del
norte en el corredor andino y particularmente en Colombia.
Según algunos
datos extraoficiales en los últimos 30
años, EE.UU ha gastado más de 40 mil millones de dólares, principalmente en la
llamada guerra antidrogas, política que está alejada de cualquier acción hacia
un desarrollo sostenible regional, ni mucho menos para reducir la propia demanda de narcóticos
en su territorio. Valga preguntarse ¿si la fuerte presencia militar en la
región es solo por el problema de las drogas o es por el control estratégico
que representa la región andina? Como procesadora de insumos, bienes naturales
y una gran riqueza de biodiversidad principalmente en la selva amazónica.
4. PROPUESTA PARA SUPERACION DE LA PROBLEMÁTICA DE LOS CULTIVOS ILICITOS; HACIA UNA POLITICA DE SUSTITUCION GRADUAL,
DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO Y SALUD
PUBLICA, QUE POSIBILITE LA SOLUCION DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE
NARCOTICOS.
4.1. Reformulación integral de la política nacional sobre drogas
tipificadas como ilícitas; con base en los principios de soberanía,
corresponsabilidad, multilateralidad, transparencia, sentido social, respeto a
los derechos humanos y campesinos (as) aprobados por las naciones unidas, la
protección del medio ambiente. A partir de estos criterios Colombia redefinirá
sus relaciones multi y bilaterales con los países centro de demanda y con los
conjuntos de naciones que comparten una problemática similar de producción de
cultivos de uso ilícito y tráfico de estupefacientes.
4.2. Nuevo diseño institucional que garantice desarrollar las políticas
concertadas con las comunidades involucradas en la producción de cultivos de
uso ilícito.
Creación del instituto de coordinación de
programas para la prevención, sustitución y ejecución de los proyectos de desarrollo local, departamental y
regional que incluye programas
alternativos y de industrialización de la hoja de coca y otros
cultivos de uso ilícito.
4.3. Reconocimiento de la
legalidad del cultivo de la hoja de coca por parte de las comunidades
indígenas, campesinas y afro-descendientes para usos ancestrales, de tipo
religioso, curaciones tradicionales, comunitarias y medicinales.
4.4. Concertación con el
movimiento campesino y sus organizaciones de una ley de tierras, de reforma agraria y
desarrollo rural, que garantice la democratización y distribución de la
propiedad de la tierra rural. Esta ley
tendría como prioridad la afectación del latifundio al interior de la frontera
agrícola, bajo los criterios de fortalecimiento de la economía campesina, la
recuperación de la soberanía alimentaria
de los colombianos, la participación democrática de los pequeños y
medianos productores agropecuarios en el diseño y ejecución de las políticas
agropecuarias del país.
4.5. Promoción de acuerdos ambientales multisectoriales, entre el Estado,
las comunidades locales, para la protección, reestructuración y adecuada
racionalidad en la intervención de los ecosistemas. La conservación de cuencas
hidrográficas y bosques altos andinos y la selva húmeda tropical, permitirá la
aplicación efectiva del principio de corresponsabilidad por parte de los países
industrializados y consumidores de alucinógenos, principales responsables de la
destrucción de la capa de ozono, la aceleración del cambio climático y la
extinción de miles de especies vegetales y animales.
4.6. Suspensión definitiva, al sistema de erradicación agroquímica,
biológica o forzosa, que por su carácter invasivo, forzoso e
indiscriminado afecta la estabilidad de
las comunidades, la biodiversidad, las fuentes de agua, la economía lícita y la
salud de la población.
4.7. Generación de un clima de confianza entre el Estado y las
comunidades involucradas en los cultivos de uso ilícitos que permitan adelantar
los proyectos de desarrollo alternativo y los planes de vida en un contexto de
participación, concertación y corresponsabilidad.
La legitimidad estatal pasa por el
reconocimiento a los campesinos productores como sujetos sociales válidos para
interlocución con el Estado, y por el cumplimiento estricto de los acuerdos que
suscriban en materia de desarrollo regional y la solución a las causas que han
originado el conflicto de los cultivos de uso ilícito.
4.8. Propiciar acuerdos locales de gobernabilidad que permitan
reconstruir el tejido social, que garanticen una real participación de las
comunidades en el diseño y ejecución de los programas de sustitución,
industrialización y comercialización de la producción de los cultivos de uso ilícito.
4.9. Desarrollo de una política de complementación así: reforma urbana,
cobertura en salud gratuita y universal para todos/as los colombianos/as,
fomento en la cobertura de educación en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y universitaria, acceso
al agua potable, a empleos dignos y pensiones, recreación y apoyo a la
iniciativa empresarial y micro-empresarial.
4.10.
Creación del fondo nacional
para el fomento de la economía
campesina, la sustitución y el
apoyo de programas de desarrollo de
planes de vida e iniciativas
alternativas y procesos de industrialización de la hoja de coca y marihuana, el
cual será financiado con la destinación
del 10% anual del presupuesto total
nacional y contará con la participación mayoritaria de delegados representantes
de las comunidades beneficiarias del programa de sustitución, industrialización
y comercialización de la hoja de coca y marihuana.
4.11.
Control e impuestos a los
capitales golondrinas, estos últimos serán destinados al fondo nacional para la
sustitución y el fomento de programas de desarrollo de vida alternativa y procesos
de industrialización de la hoja de coca
y marihuana.
4.12.
Apoyo a la organización
autónoma de las comunidades campesinas, indígenas y afro-descendientes. Cese de
la estigmatización, señalamientos y judicialización de los dirigentes y
comunidades insertas en la producción de cultivos de uso ilícitos. En todo caso
ningún productor en pequeña escala de hoja de coca o marihuana podrá ser
señalado o considerado como narcotraficante.
4.13.
Mientras se implementan las
diferentes políticas y programas concertadas con el estado y el gobierno
colombiano, este último comprara la
producción de hoja de coca y marihuana, u otorgará un subsidio mensual
equivalentes a dos salarios mínimos legales mensuales.
4.14.
Se pondrá fin a la actual
política antidrogas impuesta por los EEUU
y se formulará una política de cooperación de mutua reciprocidad con todos aquellos países interesados ,que
tenga como elementos de compromisos aquellos dirigidos al lavado de activos, a
desactivar los paraísos fiscales, al control y tratamiento de salud pública al
consumo de drogas en los países consumidores, la expropiación de bienes a
narcotraficantes los cuales serán traspasados al fondo nacional para el fomento
de la economía campesina, la sustitución y el apoyo de programas de desarrollo
de planes de vida e iniciativas alternativas y procesos de industrialización de
la hoja de coca y marihuana.
Por últimos queremos exponer que solo será posible
poner fin a este conflicto social en que hoy se encuentran miles de familias
que subsisten de la producción de los
cultivos de uso ilícito, si se erradican las causas que le dieron origen en
Colombia a esta problemática social. Como vemos en nuestras propuestas no se
trata de legalización y justificación del narcotráfico, que en última son
grandes magnates nacionales e internacionales “que posiblemente jamás
conoceremos” pero que tal vez muchas
veces han sido los primeros en hablar de fumigaciones y lucha contra las drogas
ilícitas.
Bogotá D.C.
Septiembre 24 de 2.013.
