Kaos en la Red 25 de Octubre dee 2013
Foto: Tomada del Semanario Voz.
La dominación ideológica, el apoderarse del pensamiento de millones de
personas para que obren en consonancia con los intereses de los amos,
adquiere en los tiempos que corren una importancia trascendental para
las clases dominantes.
Hacer ver como
cierto lo que no le es y convertir en monstruos a quienes se les
oponen, les resulta vital para perpetuar sus ganancias.
Esa compulsión está moviendo a las
élites a emprender una peligrosa cruzada contra el proceso de paz de La
Habana. Cuando voceros oficiales en la Mesa, acusan a las FARC de estar
haciendo política por pronunciarse con frecuencia sobre diversos
aspectos del acontecer nacional, están poniendo en evidencia su
indignación porque salga a flote otra versión sobre la realidad.
Mediante una sencilla tabla de
comparación entre los contenidos del Acuerdo General firmado en la
Habana en agosto de 2012 y el ramillete de propuestas presentadas por
las FARC-EP en la Mesa de Conversaciones, nuestros voceros demostraron
ante el mundo que ninguna de nuestras posiciones se halla al margen de
lo acordado. El régimen simplemente ignoró el ejercicio.
Voces del alto gobierno aseguran que la
demora en los avances obedece a nuestro continuo esguince a la Agenda
pactada, cuando en verdad se trata de lo contrario. Los puntos de la
Agenda se abordan en el orden que las partes acuerdan, y, por ejemplo,
el tema de la refrendación aún no corresponde. El gobierno, no obstante,
quiso imponer a toda costa, sin éxito, el Referendo.
La misma Agenda contempla un punto
específico para el tema de las víctimas. Sin embargo, aún antes de
llegar a él, se nos advierte que el tema quedará circunscrito a lo
establecido en el marco legal para la paz, proyecto que el gobierno
adelantó por su cuenta sin contar para nada con nuestra opinión. Se
aspira a que nos limitemos a deliberar acerca de las penas a pagar.
Si el propio Fiscal General de la Nación
anuncia que uno de los más difíciles escenarios a tratar tras un
Acuerdo Final será el de la guerra sucia contra los insurgentes
reincorporados, es porque existe la certeza de que sobre su vida y
posibilidades de actuar políticamente pesan gravísimas amenazas. Pese a
ello, nuestra insistencia en garantías plenas choca con los tabúes del
gobierno.
La consideración para vetar ciertos
asuntos se limita a afirmar que no hacen parte de la Agenda, cuando es
verdad sabida que la doctrina que inspira la existencia y actividad de
la fuerza pública en nuestro país, que parte de considerar como enemigo
interno al opositor político, ha sido la columna vertebral de la guerra
sucia, el paramilitarismo y los innumerables crímenes de Estado.
Entonces no es tan cierto que la
ausencia de acuerdos concretos obedezca a nuestra taimada necedad. Ya
habíamos puesto de presente que más bien puede corresponderse a la
aspiración con que el Establecimiento concibió la solución política, una
forma barata de aniquilarnos definitivamente, para con las manos libres
poder implementar a sus anchas el proyecto neoliberal.
Pero bueno, resulta legítimo, aunque no
se las comparta, que cada una de las partes llegue a la Mesa con sus
propias aspiraciones. Precisamente allí, en el intercambio dialéctico,
pueden darse puntos de encuentro que posibiliten algunos grados
admisibles de consenso para los dos interlocutores. Siempre que exista
realmente la voluntad de pactar y no la de imponer.
De un tiempo para acá resulta demasiado
notorio que nuestras decenas de propuestas se tropiezan con la actitud
intolerante del gobierno. A lo que se suma además una campaña mediática
de inmensas proporciones contra nosotros, inspirada desde los más altos
niveles de la Administración. Ella comienza por considerarnos inferiores
y ajenos a todo derecho.
Lo cual contradice abiertamente el
protocolo riguroso observado por el gobierno nacional con nosotros desde
las primeras aproximaciones. Somos sujetos políticos activos,
reconocidos oficial e internacionalmente. No le hacen ningún bien al
ambiente de reconciliación los permanentes calificativos de terroristas,
narcotraficantes, abusadores, usurpadores y demás.
Así que todo eso tiene que perseguir un
propósito específico, deliberadamente trazado por los estrategas del
régimen y aplicado al dedillo por sus funcionarios. Y ese no puede ser
otro que el de preparar el terreno para una ruptura, decisión fatal que
quién sabe si el Presidente Santos haya sopesado en su aterradora
dimensión. No somos nosotros, sino el país quien se sepulta con ello.
No pasa un día sin que tras el decomiso
de algún cargamento de droga, salga un alto oficial del Ejército o la
Policía a asegurar que pertenecía a un Frente de las FARC. Lo cual
coincide con la invitación presidencial ante la ONU para que las FARC
cambiemos de bando y nos sumemos a la tarea de erradicar cultivos
ilícitos. Así nadie en el mundo dudará de nuestra condición de narcos.
Aunque sea completamente falso. La
gigantesca campaña por la reinserción, que incluso alardea de incluir el
trabajo de presión sobre las familias de los guerrilleros, táctica
miserable que envuelve secuestros, torturas y amenazas de muerte contra
centenares de familias inocentes, también difunde todo tipo de bajezas
en torno a la condición de las mujeres guerrilleras.
Con ello se busca tocar la sensibilidad
de las múltiples organizaciones femeninas que luchan justamente por los
derechos de la mujer, a objeto de que conviertan en blanco permanente de
sus denuncias a las guerrillas. Para alejarlas aún más de cualquier
influencia política sobre la población. Igual sucede con las acusaciones
de minería ilegal y despojo de tierras.
Cuestiones en las que las élites sí que
tienen intereses concretos, como queda visto con el personaje nombrado
en el ministerio de agricultura, que pone en evidencia la falsedad de
todas las bondades expresadas por el Presidente en torno a la cuestión
campesina. También saben Santos y la gran prensa de nuestro compromiso
de no realizar retenciones con fines financieros.
Pero no esquivan la oportunidad de
calificarnos como secuestradores y faltos a la palabra cuando quiera que
un soldado, policía o sospechoso extranjero es objeto de retención, por
encima de que trabajen para aniquilar unidades guerrilleras completas.
Toda la capacidad de pervertir la verdad es puesta en juego por la casta
dominante con tal de impedir la merma de sus beneficios.
Colombia: Desbrozando ideas (I) ¿Quién está cansado con el proceso de paz?
Colombia: Desbrozando ideas (II) Los verdaderos artífices de la paz
