Jueves 03 de Octubre de 2013.
Foto: Prensa Latina
La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, octubre 3 de 2013
En desarrollo de la directriz del
comandante de las FARC-EP, Timoleón Jiménez, presentamos al país el
siguiente primer informe sobre el estado de las conversaciones de paz.
No existe ninguna restricción para hablar de lo acordado. El propio
presidente, en defensa del proceso de paz se ha referido al tema en
variados escenarios. Y eso está bien. Además, en ninguna cláusula del
acuerdo general se estipula que las partes deban guardar reserva sobre
los avances del proceso.
El acuerdo dice que las discusiones de
la mesa no se harán públicas, y para nada se refiere a lo convenido. Por
ello jamás hemos objetado o nos han incomodado los informes que de
manera particular el gobierno da a los gremios, a los militares, o a la
opinión en general.
Habida cuenta que el gobierno ha llevado
a debate público y a conocimiento de las ramas legislativa y
jurisdiccional, tanto el marco jurídico como el referendo, las FARC se
sienten en libertad de opinar frente a estos temas. Lo haremos de manera
responsable en aras de entregar elementos de juicio a la ciudadanía,
para que esta siga contribuyendo con sus iniciativas a la superación del
largo conflicto colombiano.
Hoy, luego de catorce ciclos de
intercambios en los que las FARC-EP han puesto sobre la mesa cerca de
200 propuestas mínimas para resolver los problemas rurales y los de
Participación Política y ciudadana, aunque se haya llegado a algo más de
25 cuartillas de acuerdos parciales, los alcances son modestos. El
reciente paro nacional agrario y popular corrobora la insatisfacción e
inconformidad social, lo cual nos da la razón y expresa la justeza de
los planteamientos que hemos llevado a la mesa para el debate. Los 19
muertos y los 850 heridos, y los centenares de detenidos y
judicializados registrados en esa jornada, hacen urgente que se pacten
garantías suficientes de oposición para las organizaciones y movimientos
sociales que hoy están en la calle exigiendo sus derechos.
En la mesa se enfrentan dos visiones
tratando de encontrar puntos de coincidencia. Por un lado, está el
enfoque neoliberal de desarrollo del país, que en cabeza del gobierno
prioriza los intereses de las trasnacionales, y por otro lado el enfoque
de la insurgencia que enarbola las reivindicaciones de las mayorías,
que por ejemplo, se manifiestan por una reforma agraria rural integral,
por la justicia social y la democracia en función de paz con soberanía.
En teoría, respecto al primer punto de
la agenda se ha logrado hacer un pacto de formalización de la propiedad
de la tierra, con el compromiso gubernamental de que serán adjudicados
los títulos de propiedad a todos los campesinos que poseen tierras de
hecho, lo cual guarda suma trascendencia si se considera que más del 48
por ciento de nuestros campesinos poseen la tierra en situación de
informalidad. Y en los procesos de construcción de las Zonas de Reserva
Campesina, sus protagonistas calculan un involucramiento de 9.5 millones
de hectáreas. Se agrega a esto el compromiso del gobierno de entregar
la tierra al que no la tenga o el de ampliarle la propiedad a quienes la
tengan de manera insuficiente. También se suscribieron acuerdos
referidos a estímulos a la producción agropecuaria y a la economía
solidaria y cooperativa, asistencia técnica, subsidios, crédito,
generación de ingresos, mercadeo y formalización laboral.
Por otro lado, el gobierno se ha
comprometido a la creación de un fondo de tierras, a la resolución de
los conflictos de uso que existan sobre el suelo, a un cierre de
frontera agrícola que proteja el medio ambiente, a la actualización del
catastro que permita tener una visión real de la configuración de la
propiedad para procurar su reordenamiento productivo
socio-ambientalmente sostenible, y ha empeñado su palabra también en
impulsar programas de desarrollo, encaminados a reparar la deuda
histórica con el campo colombiano y a superar la enorme brecha que
existe entre este y la ciudad.
Reconocemos la voluntad del gobierno por
avanzar en el diálogo, y confiamos en que se encontrarán salidas a
temas esenciales para la transformación rural, que aún están sin
resolver. Nos referimos a asuntos cruciales como la búsqueda de medidas
eficaces que permitan la superación del latifundio, el establecimiento
de límites a la extranjerización de la tierra, la definición de las
cantidades de hectáreas para distribuir, restituir y formalizar, la
desastrosa explotación minero energética, los desventajosos TLC, el
reordenamiento territorial y otros no menos trascendentales como el de
los fondos para la financiación de lo pactado.
Conscientes de las salvedades y de la
necesidad de resolverlas más adelante, las delegaciones de paz del
gobierno y de la insurgencia valoraron y así se informó al país y al
mundo, el primer acuerdo parcial, como positivo, y desde los ciclos
iniciados el 11 de junio se abordó el segundo punto de la agenda
referido a la participación política y ciudadana.
De los eventos de participación
ciudadana que se han realizado surgieron las propuestas que las FARC han
colocado en manos del gobierno para la discusión; entre ellas, la de la
asamblea nacional constituyente, que es asunto que requerirá de un
acuerdo político previo.
De manera convenida las delegaciones de
paz del gobierno y de las FARC-EP abordaron en los últimos ciclos la
casi totalidad del conjunto de la Agenda, lo cual ha entregado a la mesa
de Diálogos bastantes instrumentos que harán más cercana la posibilidad
de un acuerdo en función de la justicia y la reconciliación colombiana.
Por ello, las demoras que se hubieren
suscitado por la circunstancia de variar el orden de discusión temática
de la agenda, por el motivo de analizar otros asuntos de interés
nacional, no son responsabilidad de las FARC y en tal sentido no pueden
ser tomadas como factor para fustigarnos o conminarnos a una celeridad
que no ha faltado.
Aparte de los asuntos que atañen al tema
de Participación Política se han tocado aspectos referidos a la
solución del problema de los cultivos ilícitos; sobre temas como el
marco jurídico para la paz o la refrendación de acuerdos, se han dejado
sentadas posiciones que dejan en claro los puntos de vista que cada una
de las partes tiene, tratando de encontrar aproximaciones. A lo largo de
estas conversaciones nos hemos referido de manera especial al tema de
las víctimas de la confrontación inquiriendo por la responsabilidad
histórica de quienes generaron y participaron en esta guerra que hoy
requiere de un acto de contrición de todos.
Ponemos en conocimiento algunas
reflexiones sobre los trascendentales temas que se han discutido
públicamente con la contra-parte:
Sobre el denominado Marco Jurídico
En Colombia se declaró oficialmente que
hay un conflicto entre dos partes con responsabilidades para cada una de
ellas, pero además, se da la circunstancia terrible de que el conflicto
continúa con la injerencia de bases militares norteamericanas que
pisotean nuestra soberanía. Se requiere entonces que cualquier
transicionalidad o normativa para la misma, sea producto de un pacto y
no de una imposición.
Se debe tener en cuenta que de nada
sirve la unilateralidad sobre todo si se observa que la aceptación de
responsabilidad por el conflicto le quita al Estado la legitimidad
necesaria para ser juez. No se puede ser juez y parte, sobre todo cuando
se trata de un Estado responsable; y mucho más, cuando la guerra
interna persiste sin vencedor ni vencido. Un proceso de paz requiere de
absoluta soberanía jurídica, sin injerencias foráneas que obstruyan la
reconciliación.
Sobre víctimas
De lo que se trata es de abrir en las
conversaciones de La Habana el capítulo que permitirá establecer la
verdad histórica que condujo a más de sesenta años de desangre nacional,
a la identificación de las víctimas y a su necesaria reparación. Todo
con el ánimo de resaltar la necesidad de que el resarcimiento incluya la
obligación para las partes, del perdón colectivo, a efectos de que una
vez alcanzada la paz definitiva -de llegarse a ella-, nos obliguemos
todos a un “nunca más”.
En consecuencia, hemos propuesto que se
proceda de inmediato a la integración de la comisión de revisión y
esclarecimiento de la verdad de la historia del conflicto interno
colombiano conformada por expertos nacionales y extranjeros para que
establezca la verdad de lo acontecido durante la violencia partidista,
el origen de la actual contienda como resultado de dicho enfrentamiento
fratricida, el porqué del surgimiento de las guerrillas y el
desencadenamiento desde entonces del conflicto social armado interno.
Hemos invitado al país entero a un día
de reflexión y contrición, en el que todos los responsables por el
conflicto social armado hagan presencia masiva en todos los rincones de
la Patria adolorida. Un día para que se expresen los partidos
tradicionales y aquellos que se han desprendido de estos como
responsables que son; El Estado en cabeza del señor Presidente y sus
ministros, haciendo eco de lo manifestado por el doctor Juan Manuel
Santos ante la Corte Constitucional; las cabezas de la fuerza pública;
los paramilitares desde los sitios en que encuentren; las cabezas de los
demás órganos constituidos; quienes fueron las comandancias de fuerzas
insurgentes hoy en retiro; los ex presidentes y ex comandantes de
fuerzas, los gremios y empresarios, los medios de comunicación, las
potencias extranjeras que han apoyado a los gobiernos en la guerra
contra el pueblo, y la iglesia del régimen.
El día que se escoja para los fines
propuestos, la insurgencia se estará manifestando de igual manera desde
cada rincón de la Patria colombiana.
Sobre la propuesta de referendo del gobierno
En la mesa debe prevalecer el principio
de igualdad en momentos en que la suerte del bien supremo de la paz está
de por medio. Es con el concurso del pueblo, mediante mecanismos
confiables, evitando que se cedan atribuciones a una sola persona, o a
institucionalidades cuestionadas, que se deben refrendar los acuerdos.
Los colombianos debemos procurar un ente
con reales atribuciones para conocer de la reforma a la justicia, de la
independencia orgánica de la jurisdicción, del reordenamiento
territorial, de la creación de un órgano electoral independiente. Un
ente que resuelva el asunto de la seguridad jurídica que requiere el
futuro de la paz.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
