14 de Octubre de 2013.
Foto: Prensa Latina
Hemos alcanzado hoy otro puerto intermedio en la línea del tiempo que
conduce al destino de paz que la historia le ha reservado a Colombia.
Nuestra fe y nuestra certeza brotan de la determinación de ponerle fin a un conflicto de medio siglo de existencia.
Las
guerras no son eternas; ellas deben tener un final. Si ambas partes
tienen voluntad sincera, nadie podrá contra la paz. Pero el gobierno
tiene la responsabilidad de no permitir que se nos escape esta
esperanza, porque posee en sus manos la decisión de los cambios, de
abrir las puertas a la democracia, y de atender al clamor de un pueblo
que exige paz con justicia social.
Todos sabemos que la paz no es
el silencio de los fusiles. Concedemos al gobierno que para dar curso a
la construcción de la paz hay que detener la confrontación. Sí, pero la
razón impone que antes de rubricar el acuerdo final, es necesario
convenir el contenido de las reformas institucionales, que el mismo
gobierno reconoce, deben ser implementadas luego de su firma.
La
paz no puede depender de promesas y de palabras sonoras, enfáticas, pero
de vida efímera. Las palabras, vistas desde el contexto histórico de la
solución de conflictos en Colombia, siempre se convirtieron en engaño y
en traición. Confiados en ellas cayeron abatidos por las balas
comandantes guerrilleros de la dimensión de Guadalupe Salcedo, Jacobo
Prías Alape y Carlos Pizarro Leongómez, entre otros.
Es
indispensable para la generación de confianza, pactar lo que se
desarrollará más tarde, acorazar jurídicamente el eventual Acuerdo,
convertirlo en norma pétrea para que ningún gobierno caiga en la
tentación de desconocerlo; y sobre todo,hay que guarecerlo de las
injerencias de la juridicidad internacional con el despliegue de la
bandera de la soberanía jurídica, y con el hecho cierto -que todos los
colombianos debemos reivindicar-, y es, que ningún entramado jurídico
internacional puede estar por encima de la decisión del soberano, del
constituyente primario.
Sería un sofisma pensar que el gobierno
en la mesa representa a toda la sociedad. Es obvio que a lo que se
enfrenta la contraparte, es a los anhelos de las mayorías pobres,
delineados en los foros temáticos convocados a iniciativa de la mesa de
diálogo, y que las FARC han asumido como insumos para el debate y la
formulación de propuestasal gobierno, porque entienden que una verdadera
agenda de paz solo es legítima si responde a esos intereses de las
mayorías nacionales.
El pueblo no es un convidado de piedra en el
proceso; según el espíritu del acuerdo, él debe ser un creador, y al
final, el protagonista principal de la refrendación. De eso se trata
cuando se dice que “la paz es asunto de la sociedad en su conjunto que
requiere de la participación de todos, sin distinción”.
Nadie
podría concebir, por ejemplo, que en un país donde la mayoría de su
población vive en las ciudades, para definir los fundamentos de la paz,
no sea de agenda tocar la problemática urbana.
Así las cosas,
reiteramos que uno de los compromisos pactados entre gobierno y FARC,es
que “las discusiones de la mesa no se harán públicas”. En ningún tramo
de lo acordado se utiliza la palabra confidencialidad, y mucho menos
referida a lo ya convenido. Y esto es importante porque, aparte de que
si se quiere transparencia, nunca será pertinente el secretismo, y para
que el pueblo pueda opinar y decidir, es necesario que tenga
conocimiento de los avances que se concretan.
Luego de presentar
cerca 100 propuestas para la Participación Política, después de que en
el mismo tiempo respondiéramos a todas las inquietudes que fuera del
orden de la agenda presentó el gobierno, y tras mostrar un desempeño que
colma las 24 horas del día para destrabar disensos y mostrar soluciones
cargadas de sindéresis y absoluta voluntad de reconciliación, no es
sensato que se pretenda mostrar a la insurgencia como la parte del
diálogo que frena los ritmos para el avance del proceso.
A pesar
de que en la práctica el tratamiento represivo que se le da a protesta
ciudadana no muestra una real voluntad de solución a los problemas
sociales; si se observa bien, si se analiza con detenimiento lo que en
materia de acuerdos se ha pactado en La Habana, la opinión nacional
podrá percatarse que de nuestra parte, los puentes que hemos tendido
están soportados sobre los cimientos y columnas de preceptos y
normativas que no desbordan el ordenamiento constitucional. Pero por lo
visto hasta ahora, para el gobierno, cumplir con un mandato
constitucional entraña una auténtica revolución de alzados en armas. Por
eso nos invita a convertir en banderas preceptos constitucionales,
lanzarnos con ellas a una elecciones, triunfar, y ya en el gobierno,
hacerlas realidad.
No es realista pretender que admitamos que
haga carrera la unilateralidad en las determinaciones sobre temas
cruciales, como el marco jurídico para la paz y el asunto del referendo,
respecto a los cuales existía el compromiso de convenirlos en la mesa
de conversaciones.
¿Quién coloca entonces los obstáculos, si de lo que se trata es que el diálogo sea expedito, es decir, sin estorbos?
Si
cuando hablamos de celeridad nos referimos a tiempos necesarios, estos
no pueden tener una dimensión tan breve que haga imposible reflexionar
de la mejor manera sobre los problemas que han causado una guerra de más
de medio siglo. Mucho menos los ciclos deben desperdiciarse andando y
desandando laberintos gramaticales ni distrayendo la atención en
nimiedades en detrimento de la solución a los problemas fundamentales,
concretos, que con lenguaje sencillo está planteando la gente en las
calles.
Si se mantiene el absurdo de no dar a conocer con más
frecuencia la plenitud de lo que se conviene en cada ciclo, ¿de dónde se
saca la maltrecha idea de que el lento avance le resta apoyo a las
conversaciones? ¿Cómo puede saber el país cuál es la dimensión de ese
avance si se le priva de una información a la que tiene derecho? Cuánta
razón tiene el comandante Timoleón. No es justo colocar sobre los
hombros del proceso la desaprobación que la llamada opinión pública
tiene con respecto a quienes conducen la política oficial, como tampoco
que no se valore el daño que le produce su vinculación al proceso
eleccionario.
Desde Oslo y mucho antes el gobierno sabe que
cuando tomamos la decisión de iniciar el proceso de paz, nuestro
propósito de fondo era discutir y buscarle solución a los problemas
estructurales que generaron el conflicto político, social y armado que
desangra a nuestro país. Con esa convicción se firmó el acuerdo de La
Habana, tal como de manera muy breve pero precisa, se deja sentado en su
preámbulo. Así que no son pertinentes ni correctas las interpretaciones
restrictivas que como constante se le pretender imponer, ahí sí como
obstáculo, al desarrollo de las discusiones.
Solo quienes siempre
han creído ignorante a nuestro pueblo, pueden considerar que Colombia
esté confundida o no tenga claro el propósito de las conversaciones.
Nosotros sí tenemos confianza en la sabiduría de la gente del común y
por eso hemos retomado sus aportes, sus reivindicaciones, sus sueños de
nación, para hacer posible lo que siempre se le ha negado: expresarse y
tener vida digna.
En este cierre de ciclo el país debe tener
clara una gran verdad:hemos trabajado a fondo cada día; no ha habido
jornada en la que no presentemos propuestas y soluciones; no ha habido
día en el que no propiciemos un avance; por eso, aunque nos sentimos
abrazados por el manto del deber cumplido, estamos redoblando nuestros
esfuerzos para que podamos dar pronto la buena nueva de un informe
satisfactorio sobre el punto de participación política, que colme de
optimismo y mayor convicción los corazones de esa inmensa masa de
desposeídos que verdaderamente anhela la conquista de la paz.
Fuente: http://www.pazfarc-ep.org/index.php/noticias-comunicados-documentos-farc-ep/delegacion-de-paz-farc-ep/1511-comunicado-fin-de-15-ciclo.html
