Rebelión 07 de Octubre de 2013
Las inconsistencias observadas en el comportamiento de la dirigencia
indígena del Cauca (CRIC) frente al Paro Nacional Agrario de 2013, sólo
pueden explicarse a la luz de la reconstrucción histórica del desarrollo
económico-social y de la evolución de sus luchas de resistencia.
¿En
qué consisten esas incoherencias?
Todos sabemos que en el año 2004 el
movimiento indígena caucano colocó como primer punto de su agenda
política la lucha contra los TLCs. En marzo de 2005 a través de una
Consulta Popular los pueblos nativos le dieron una rotunda negativa a
ese tratado. La Minga de Resistencia Social y Comunitaria lo confirmó en
2008 por medio de una fenomenal demostración de fuerza y movilización
organizada.
Sin embargo, en esa gesta indígena y popular de 2008
se notaron los intentos de quienes querían utilizar la “agenda de los
pueblos” [1] (de tipo
político-estructural) para negociar con el gobierno reivindicaciones
exclusivas de los pueblos indios. Es cierto que toda comunidad tiene
derecho a obtener satisfacción a sus necesidades inmediatas pero en la
dinámica de las luchas debe haber claridad frente a los objetivos
políticos de un movimiento. No se puede aparentar una cosa para
conseguir otra. Es inconsecuente.
Es importante señalar que en
la preparación del paro agrario del 19 de agosto de 2013 se presentaron
varios hechos que fortalecieron la posición de las fuerzas conciliadoras
al interior del movimiento indígena y debilitaron a quienes impulsaban
la participación en el paro. Una fue el tratamiento sectario que los
dirigentes de Dignidad Cafetera les dieron a los indígenas nasas que
participaron en el paro cafetero de febrero-marzo/2013, no
permitiéndoles intervenir ni en la coordinación de la lucha ni en la
mesa de negociación, cuando ellos habían demostrado en la práctica su
compromiso y capacidad de lucha.
El segundo problema que
generaba reservas entre la dirigencia indígena era la participación en
el paro agrario de fuerzas organizadas de los campesinos y colonos que
impulsan las zonas de reserva campesina, que tienen fuertes
contradicciones con ellos en territorios autóctonos y en zonas
colindantes con sus resguardos. El tercer inconveniente eran los rumores
de que el ex-presidente Uribe tenía cierta injerencia en el movimiento.
En la práctica estos problemas se convirtieron en excusas que
fueron aprovechadas por el gobierno. Éste programó dos reuniones en
Popayán (la primera el 12 de agosto y la segunda el 16 de agosto, tres
días antes del inicio del paro) para convencer a los dirigentes
indígenas de privilegiar sus intereses inmediatos y particulares, con la
promesa de instalar la Comisión Mixta para revisar el tema relacionado
con tierras y territorio. Esta Comisión creada por el Decreto 982 de
1999 para el desarrollo integral de la política indígena, cuenta con la
participación de los ministerios de Interior, Agricultura, Hacienda,
Departamento Nacional de Planeación, Incoder, Defensoría del Pueblo y la
Gobernación del Cauca.
"Yo quiero hacer un compromiso en el tema
de tierras. Tenemos la disponibilidad de conseguir recursos para este
objetivo que es esencial y que corresponde al saneamiento y a la
titulación”, señaló el ministro del Interior Fernando Carrillo Flórez en
esas reuniones. [2]
No
se puede desconocer que después, al ver cómo se desenvolvió el paro, al
observar la represión que estaban sufriendo los campesinos y sus
hermanos indígenas pastos y quillacingas de Nariño, y la política de
dilación y desgaste que desarrollaba el gobierno frente a la protesta,
los indígenas impulsaron unas importantes y multitudinarias marchas de
solidaridad en Popayán – una realizada por el pueblo Misak el 28 de
agosto y otra por el pueblo nasa el 3 de septiembre –, pero de todas
maneras quedó el sabor de que el gobierno había conseguido desmovilizar
al movimiento indígena caucano. Y, lo logró, no hay duda.
Algo de historia
El
movimiento indígena del Cauca, encabezado por pueblos Nasas y Misak
(guambianos) se ha destacado por su organización y combatividad en la
historia de las luchas populares en Colombia. Desde la época de la
colonización española los pueblos indígenas de ésta región han resistido
con la frente en alto. En la época republicana derrotaron los intentos
de la oligarquía “criolla” de apoderarse de sus tierras y esclavizarlos
totalmente. Muchos comuneros fueron convertidos en “terrajeros” pero en
Tierradentro y otras zonas, los resguardos se mantuvieron relativamente
autónomos hasta principios del siglo XX.
En la primera mitad del
siglo XX las gestas encabezadas por Manuel Quintín Lame y por José
Gonzalo Sánchez le dieron continuidad a la lucha indígena por
recuperación y defensa de su territorio, autoridad, lengua y cultura
originaria. Dicha tradición libertaria renació con fuerza en los años 60
del siglo XX y se cristalizó con la fundación del Consejo Regional
Indígena del Cauca CRIC en 1971, después de organizarse en el seno de la
ANUC.
A partir de allí el CRIC se convirtió en una organización
de referencia para las luchas populares en Colombia. Posteriormente
aparecen las Autoridades Indígenas de Colombia AICO (1983) como una
organización representativa del pueblo Misak, separándose del CRIC por
diferencias en la concepción de autonomía y autoridad indígena. Sin
embargo prosiguen la lucha por recuperación de territorio y por la
reconstrucción social, económica, política y cultural de los pueblos
originarios.
Estas organizaciones indígenas participan en la
Asamblea Nacional Constituyente (1991) con un dirigente guambiano
elegido por votación popular Lorenzo Muelas y otro por circunscripción
especial obtenida por la desmovilización del Movimiento Armado Quintín
Lame, que le correspondió al dirigente Alfonso Peña Chepe. Se logró así
el reconocimiento formal de sus derechos instituyendo que Colombia es un
país pluricultural y multiétnico.
A partir de ese momento se
crean las Entidades Territoriales Indígenas (ETIS) que son una figura
constitucional que reglamenta la organización de los territorios
habitados por comunidades indígenas, las cuales se benefician de las
transferencias nacionales. En las ETIS, se establecen gobiernos locales
autónomos (Cabildos), con funciones específicas y recursos propios. La
ETI puede manejarse de forma autónoma frente al municipio y al
departamento, y su estructura está determinada por la identidad cultural
de cada comunidad.
Los cambios a partir de 1991
Con
la creación de las Entidades Territoriales Indígenas se presentó al
interior del movimiento indígena un cambio cualitativo en las
direcciones de los cabildos y de las organizaciones más representativas.
Es importante aquí destacar que la lucha contra el “terraje”, por la
recuperación y ampliación de los resguardos y por el rescate de la
autonomía, fue protagonizada por campesinos indígenas pobres. Muchos de
sus líderes se formaron en el seno de organizaciones populares y
partidos políticos de izquierda (ANUC, Partido Comunista, Movimiento
Revolucionario Liberal).
Sin embargo a partir de 1991 la
situación cambia drásticamente. Las organizaciones indígenas, influidas y
presionadas por la reglamentación oficial y asesoradas por toda clase
de Organizaciones No Gubernamentales ONGs, entran en la dinámica de los
proyectos, la cooperación internacional, la elaboración de planes de
desarrollo (llamados “planes de vida”), la administración de las ETIS y
de las alcaldías municipales en donde el movimiento indígena había
elegido sus candidatos. En ese proceso los líderes tradicionales son
reemplazados paulatinamente por jóvenes estudiados pero sin experiencia
comunitaria.
Ahora, en la dirección del movimiento indígena ya no
están los “mayores” con experiencia y tradición de lucha campesina e
indígena. A partir de la década de los años 90s acceden al poder dentro
del movimiento indígena “cuadros” capacitados en universidades o en
ONGs, expertos en planificación territorial, en manejos contables, en
interpretación de las normas de la administración pública, hijos de
familias indígenas más acomodadas y ricas, algunas de las cuales incluso
habían estado en contra de la lucha por la recuperación de tierras.
El
último dirigente tradicional del movimiento indígena caucano que estuvo
cercano del CRIC fue Juan Gregorio Palechor. Él era mirado por encima
del hombro y despreciado por los nuevos dirigentes que con título
universitario en la mano llegaron a mandar en las organizaciones
indígenas. A su lado pelecharon y progresaron toda clase de burócratas y
funcionarios “blancos” que le cambiaron la orientación política al
movimiento indígena, haciendo predominar en ellos el supuesto “derecho
mayor” y toda una visión “indigenista”.
Se olvidó la estrategia
de alianzas que habían trazado los fundadores del CRIC que estaba
resumida en la siguiente consigna: “Somos colombianos, somos campesinos y
somos indios”. Esta frase es una extraordinaria síntesis de la política
de alianzas: con el pueblo colombiano por la independencia nacional,
con los campesinos pobres por una reforma agraria democrática, y con los
indios por la defensa, recuperación y reconstrucción de su territorio,
cosmovisión, identidad, cultura, lenguas, costumbres y autonomía. [3]
Las contradicciones de clase al interior del mundo indígena
Pero
ese cambio en las cúpulas de poder de los pueblos indígenas caucanos
era un reflejo o consecuencia de lo que ocurría al interior de los
resguardos. La recuperación de tierras y la ampliación de los resguardos
indígenas conseguida por una sacrificada lucha en donde se derrotó a
los grandes terratenientes caucanos, no se correspondió con una
distribución equitativa de la tierra y de las conquistas económicas
(“proyectos”) entre los comuneros. Las familias más acomodadas no
redistribuyeron sus adjudicaciones y poco a poco han monopolizado los
beneficios obtenidos en las luchas.
Fue así como se promovió la
recuperación de tierras principalmente hacia afuera de los resguardos
como una forma de atenuar la presión interna, aunque es cierto que la
población ha crecido en las últimas décadas y que la cantidad de tierra
fértil y cultivable es limitada. Esa es una de las razones de que hoy
existan numerosos asentamientos indígenas en otras regiones del Cauca,
Tolima, Huila, Caquetá y Putumayo. Son pueblos en expansión.
Este
es un problema que se ha agudizado con el tiempo. Algunos han planteado
la necesidad de hacer una reforma agraria interna. Sin embargo la
posición que ha predominado es la lucha por buscar la ampliación de los
resguardos o la migración hacia nuevos territorios. Es evidente que los
campesinos indígenas más pobres que quieren mantenerse en su territorio
ancestral tienen que jornalear o buscar alternativas diferentes para
subsistir, como por ejemplo, los cultivos llamados “de uso ilícito”
(coca o amapola). Tal situación ha traído graves problemas y
contradicciones con quienes desde la autoridad de los cabildos y
dirección del movimiento indígena no comprenden ni sienten su situación.
Además,
históricamente también ha influido en la generación de contradicciones
internas en el mundo indígena, la presencia de los campesinos colonos
propietarios que entran en relación con los indígenas pobres y
jornaleros, e influyen – muchas veces sin quererlo – en que el indígena
empiece a cuestionarse su permanencia dentro de los resguardos y
cabildos, al no encontrar soluciones a sus problemas vitales.
Es
así como desde hace algunos años han surgido organizaciones indígenas
que cuestionan la falta de democracia al interior de los cabildos.
Algunas de estas organizaciones se plantean reconstruir la visión con
que se fundó el CRIC y reivindican el nombre de Manuel Quintín Lame.
Otras asociaciones – influidas por puntos de vista que no comprenden la
problemática étnica – impulsan visiones “campesinistas”, generando
graves problemas en la vida indígena en general, dado que entran a
desconocer la autoridad, a cuestionarse muchas normas que ellos perciben
que benefician sólo a las familias indígenas más pudientes y que no
contribuyen con el desarrollo colectivo y comunitario.
La
penetración del capitalismo en diferentes formas es otro factor que
contribuye a la descomposición de los pueblos indios. La existencia de
ese tipo de contradicciones sociales y su no resolución por una vía
democrática que fortalezca el espíritu colectivo, le facilita a ese
capitalismo el debilitamiento de los lazos comunitarios.
Lo ideal
es que los indígenas pobres (“los de abajo”) recuperen la fuerza y la
hegemonía dentro del movimiento indígena. Lo necesario es que se logre
combinar el sentimiento nacional con la naturaleza de clase social
(campesina) y la esencia étnico-cultural indígena (sea Nasa, Misak,
Kokonuco, Yanacona, etc.). Sólo así se podrá avanzar en la construcción
de poder popular que sea un fortín para la reconstrucción de sus pueblos
y el relacionamiento creativo y “entre iguales” con los campesinos
vecinos, pobres y medios.
El desarrollo de la lucha de clases al
interior de los pueblos indígenas puede tener dos desarrollos: uno, si
los campesinos indígenas pobres construyen una línea política
transformadora pueden recuperar los cabildos con visión “propia” y
aportar mucho a la revolución colombiana, fortaleciendo la lucha por una
verdadera autonomía. Si esos campesinos indígenas pobres no desarrollan
una lucha interna – por influencia externa o por otras circunstancias –
contribuirán con la descomposición de esos pueblos y se convertirán en
campesinos propietarios "libres". Es lo que viene ocurriendo en muchos
resguardos tanto nasas como guambianos, totoróes, polindaras y otros.
Esos “indígenas campesinizados” también contribuirán con la lucha del
pueblo colombiano por su liberación pero lo harán desde una perspectiva
no étnica (nacionalidad indígena).
Estas mismas contradicciones
se están viviendo entre los pueblos indios de Ecuador, Perú y Bolivia, y
hacen parte de los problemas que enfrentan a ciertos sectores de los
pueblos originarios con los gobiernos nacionalistas de Evo Morales y
Rafael Correa.
Conclusión
El paro nacional agrario
ha sacado a relucir las contradicciones que el desarrollo del
capitalismo y la lucha de clases genera en la vida indígena, en general,
y en la dinámica del movimiento organizado originario, en particular.
La
lucha entre la conciliación y la revolución sale a flote. Algunos
dirigentes pretenden impulsar el “desarrollo” de los pueblos a través de
proyectos económicos y sociales antes agenciados por la cooperación
internacional y ahora financiados por el Estado colombiano, sin tocar
para nada el régimen económico y político dominante. Otros dirigentes no
renuncian a la lucha por cambios estructurales en la sociedad
colombiana, y denuncian cómo la política del Estado es entregar pequeñas
concesiones pero paralelamente destruir la unidad y la fuerza de esas
comunidades. Su fin es penetrar en el seno de la comunidad con el gran
capital, apropiarse de los territorios y recursos naturales y demoler la
resistencia ancestral que es un “mal ejemplo” para el resto del pueblo
colombiano.
Un ejemplo de cómo el gran capital ha utilizado la
debilidad organizativa de los pueblos y el empoderamiento de “nuevos
caciques” es lo ocurrido con el pueblo wayuu en la Guajira. Allí el
conglomerado empresarial de la BHP Billiton, heredero de la Exxon,
aprovechó los intereses de la cúpula dominante entre los indígenas wayuu
para apropiarse de las riquezas carboníferas e impactar todo su
territorio con la explotación del Cerrejón.
Esa tensión interna
en el movimiento indígena caucano se reflejó en ésta ocasión. La
burocracia indígena – que ha ganado mucha fuerza en los últimos años al
interior de las organizaciones originarias – privilegia la lucha por
“resultados concretos”, por la obtención de la financiación de los
“proyectos” de los cuales dependen sus ONGs, y por centrarse únicamente
en el problema de la tierra, ya que la presión interna por ella le
genera graves problemas a quienes al interior de los resguardos tienen
mayor control político y territorial.
Es por ello que aunque se
cuestiona en el discurso la política neoliberal, en la práctica se
convive y utiliza la política de privatización de los sistemas de
educación y de la salud. El discurso se usa hacia afuera, pero en la
vida interna las cosas son a otro precio.
Las comunidades
indígenas tienen derecho a luchar por mayor autodeterminación y
autonomía, pero deben entender que en el marco del sistema capitalista y
anti-democrático vigente, esa meta no es conquistable. Para conseguirlo
y constituir verdaderas Naciones Originarias – como aspiran
legítimamente – deben contribuir con la construcción de un gran
movimiento de los trabajadores y del pueblo colombiano para derrotar
tanto al imperio como a sus cómplices y mandaderos “nacionales” y,
construir democracia participativa y una verdadera plurinacionalidad.
En
esa misma dinámica “burocrática” y “oenegista” están otras
organizaciones campesinas que como el Comité de Integración del Macizo
Colombiano se ha convertido en una verdadera ONG, que utiliza las luchas
para obtener recursos puntuales para determinados proyectos pero
renuncia a la verdadera lucha contra el régimen de despojo y de entrega
de nuestras riquezas naturales a las grandes transnacionales.
Se
necesita aprender de ésta lección para crear un movimiento agrario
amplio que unifique a campesinos mestizos, indígenas y
afrodescendientes, a productores agrícolas pequeños y medianos para
diseñar una política pública que contemple los problemas particulares de
cada sector, enfrente integralmente la política neoliberal y
anti-nacional del Estado y transforme el modelo económico, político y
cultural.
Si derrotamos la burocracia y los intereses de grupo,
podremos potenciar nuestras luchas y avanzar a pasos agigantados hacia
triunfos populares de grandes dimensiones. El paro nacional agrario, a
pesar de la falta de unidad de las cúpulas dirigentes, muestra la fuerza
de las bases sociales que es reflejo de la grave situación económica
que se vive en los campos y las contradicciones de clase al interior del
movimiento popular.
Nota: El movimiento indígena caucano –
dirigido por burocracias apoderadas de su dirección – a nivel regional
concreta su política de alianza con élites caucanas herederas de los
antiguos terratenientes, que como en el caso del actual gobernador
Temístocles Ortega (“santista” de tiempo completo), aparenta estar del
lado de las comunidades pero le ha dado todo el poder a Aurelio Iragorri
Hormaza al interior de su administración.
NOTAS:
[1]
Esa Agenda se puede resumir así: 1.Rechazo a los Tratados de Libre
Comercio. 2. No más terror y guerra. 3. Derogatoria de la legislación
del despojo. 4. Cumplimiento de los acuerdos y convenios anteriores. 5.
Creación de mecanismos de soberanía, paz y convivencia. Ver: www.nasaacin.org
[2]
Ver Página Web del Ministerio del Interior: “Mininterior ante indígenas
del CRIC destaca la importancia del diálogo en las protestas sociales.”
[3]
No todos los indígenas colombianos son campesinos. La mayoría de los
indígenas del Cauca si lo son. Viven en el campo y subsisten de la
agricultura. Formalmente la propiedad de la tierra es colectiva pero en
la práctica la apropiación y aprovechamiento de la tierra es individual.
Son campesinos y a la vez indígenas.
