El Estado colombiano debe cancelar mil 150 millones de pesos (unos 653 mil
dólares) a 35 campesinos que fueron desplazados a la fuerza por grupos
paramilitares en el año 1996, tras comprobarse que todo ocurrio sin una
reacción oportuna de las autoridades.
El Estado deberá cancelar mil 150 millones de pesos (unos 653 mil dólares)
a 35 personas afectadas, luego de comprobarse que, sin reacción oportuna de las
autoridades, fueron sacadas a la fuerza por unos 40 paramilitares de la
hacienda Bellacruz, ubicada en el municipio de La Gloria.
De acuerdo al dictamen, en febrero de 1996, un grupo de 40 paramilitares
asesinaron a decenas personas y obligaron a 280 familias a abandonar sus
parcelas, ubicadas en una región donde se habían trazado, incluso, varias
veredas reconocidas por la Secretaría de Gobernación.
Tras cumplirse el plazo, la banda armada ilegal destruyó las viviendas,
arrasó con los cultivos de los jornaleros y los amenazaron de muerte si no
abandonaban el lugar.
Tras analizar las pruebas testimoniales, el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, que avaluó el caso, juzgó responsables del desalojo a los
ministerios del Interior y Defensa, al Ejército y a la Policía Nacional, por
las “fallas en la protección de los campesinos que habitaban la zona”.
El fallo expone que, pese a existir una base militar cerca de la hacienda,
“los uniformados no adoptaron las medidas para prevenir o contrarrestar la
ofensiva del grupo paramilitar”, aun cuando los campesinos denunciaron la
situación.
"Según el oficio remitido al proceso, el Ministerio de Defensa, el
Ejército y la Policía Nacional contaban con un número superior a 130 efectivos
en esa región; de manera que, a pesar de tratarse de un hecho previsible, no se
adoptaron las medidas pertinentes para prevenir o contrarrestar la
ofensiva" señala la sentencia.
Asimismo, el texto señala que las acciones ilegales fueron conocidas por el
Estado, ya que el grupo paramilitar, “además de haber hecho pública la amenaza
de apoderarse de los predios, atentó contra la vida e integridad de los
campesinos”.
“En todo momento, las familias desplazadas se mantuvieron informando de los
hechos a las autoridades civiles, militares y policiales que operaban en esas
localidades -así como a los organismos e instituciones nacionales- y
pidiéndoles protección efectiva para sus vidas y bienes", precisó el
documento.
Por último, la sentencia considera que “todos estos elementos ameritaban
medidas estatales serias que, de modo contundente y eficaz, hubieren impedido o
confrotado la incursión paramilitar en la región”.
El caso de Bellacruz es emblemático en Colombia, en materia de violación a
los derechos humanos. La hacienda era propiedad del exministro de Desarrollo y
exembajador de Colombia ante Bélgica y la Unión Europea, Carlos Arturo
Marulanda Ramírez, quien fue condenado como presunto autor intelectual del
desplazamiento de los campesinos.
http://www.telesurtv.net/articulos/2013/01/15/tribunal-condena-a-colombia-a-indemnizar-a-victimas-de-paramilitares-3971.html/#mediabox
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