Jaime Caycedo Turriago.
Secretario General Del Partido Comunista Colombiano
Al reiniciarse las sesiones de diálogo gobierno y Farc en La Habana en este
nuevo año pueden sacarse algunas conclusiones liminares. El proceso ha avanzado
y mostrado su viabilidad, a contrario de los vaticinios de la ultraderecha y
del poder mediático. La seriedad de planteamientos y la prudencia de las
declaraciones muestran las diferencias pero reafirman la confianza en el camino
escogido. Los detractores de oficio han perdido argumentos y existe una
expectativa internacional que expresa simpatía por el buen suceso.
Buena parte de lo efectuado ha sido en pugna con la actitud limitante del
gobierno. Actúa éste con una valoración puramente instrumental, con la idea de
que “todo cambie para que todo siga igual”. Piensa en cálculo de rédito
electoral de los resultados del proceso y eso en el cortísimo plazo de meses
que separa las conversaciones actuales de la campaña pro reelección de Santos.
No asume con realismo la complejidad de la tarea emprendida. Prevé que puede
lograr la desmovilización del adversario a cambio de un alijo de promesas, en
el marco de las cuestionadas y corruptas instituciones vigentes. O que, de
repente, un operativo contundente de la guerra en medio del diálogo imponga la
fuerza por encima de la razón. De momento, continúa actuando solo con su visión
de clase, sin una reflexión franca ante el país sobre la paz como un problema
nacional y social de alcance histórico. El menosprecio por el Preámbulo del
Acuerdo general como “mera carreta ideológica” debería reemplazarse por una
mirada más comprensiva de la realidad colombiana cuando se sienten ya los
latigazos de la crisis capitalista mundial.
Debemos decirlo con toda responsabilidad: solo la movilización popular
puede hacer aterrizar las ilusiones gubernamentales de una paz sin cambios
democráticos que ataquen las causas profundas de la guerra. El enorme
descontento popular expresa el movimiento real de las fuerzas sociales en
trance de despertar. Por lo pronto, los debates con presencia popular han
empezado a diseñar un nuevo modelo económico y social rural, compatible con la
paz y con la democratización del Estado y de la Sociedad. Delinean una
utilísima plataforma de lucha por la reforma agraria y la democratización
económica contra la aterradora desigualdad que sustenta y reproduce el modelo
neoliberal dominante.
Solo la movilización popular y el amplio movimiento de simpatía y apoyo a
la solución política que rodee el proceso puede impedir la ruptura del diálogo,
por efecto de la arrogancia guerrerista o el cálculo electorero. Todas las
fuerzas de la democracia, los sectores conscientes de las fuerzas militares,
las diversas vertientes de la insurgencia, la intelectualidad y la cultura,
tienen la obligación de actuar de manera proactiva para que el diálogo de paz
culmine exitosamente. El debate abierto, debe continuar como foro permanente
sobre todos los seis puntos de la Agenda y su Preámbulo. Su pertinencia nos
concierne a todos, nos pertenece, nos impone responsabilidades. La Ruta Social
Común, las constituyentes por la paz, el congreso por la paz, la amplia
convergencia de movimientos, organizaciones, víctimas, iglesias, intelectuales,
etnias, regiones, universidades, mujeres y jóvenes tiene que trabajar en
colectivo para lograr una inmensa demostración de masas que estreche el vínculo
del descontento social con la oportunidad de la paz como espacio de los cambios
histórico políticos, largamente postergados.
