Por: Camilo Raigozo .- Notimundo
Miercoles 23 de Enero 2013
Uno de los hechos que más impactó en la Comunidad fue la masacre del 21 de febrero de 2005. Foto: Damien Fellous.
La Corte Constitucional pidió la creación de una
comisión especial para agilizar las investigaciones sobre las denuncias de las
comunidades, informó El Espectador.
Ante las continuas agresiones de militares y
paramilitares contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y de los señalamientos
perversos del Gobierno contra esa comunidad a la que le han asesinado más de
200 personas, la Corte Constitucional le ordenó al Gobierno “la presentación
oficial de la retractación frente a las acusaciones realizadas contra la
Comunidad”.
Para los habitantes es claro que se trata de los
señalamientos generalizados que se hicieron en contra suya particularmente
durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez.
Como se recuerda, el 21 de febrero de 2005 el
Ejército, conjuntamente con paramilitares, masacraron a tres niños y cinco
adultos, miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
Luego de la masacre los altos mandos castrenses y
el presidente Uribe, con la complicidad de los medios de comunicación, trataron
de convencer a la opinión pública de que los autores de la demencial barbarie
habían sido las FARC.
Sin embargo las valientes denuncias de la
comunidad desmintieron a unos y a otros y desde un principio sostuvieron que
los responsables eran el Ejército y los paramilitares.
Cuando ya les fue imposible sostener las falacias,
el presidente Uribe justificó la acción criminal del Ejército y los ‘paras’,
con el argumento de que parte de la comunidad pertenecía a la guerrilla.
La Corte le ordenó al Ministerio del Interior
coordinar que dicha retractación pase y presente junto con la Defensoría del
Pueblo, antes de tres meses, un plan de prevención y protección colectivo que
contribuya a la protección de la vida, integridad, seguridad, y libertad de la
comunidad de paz.
Igualmente el alto tribunal instó a la Fiscalía
para que conforme en un mes o menos, una
comisión con funcionarios de alto nivel y capacidad de decisión, para que
examine a profundidad las denuncias que han interpuesto los miembros de la
comunidad y para identificar los obstáculos que han contribuido a la impunidad.
Así mismo –menciona El Espectador- el Ministerio
del Interior y el Ministerio de Defensa deberán establecer “un procedimiento de
revisión de la aplicación de los principios del Derecho Internacional
Humanitario que faciliten el cumplimiento del deber constitucional de la Fuerza
Pública y el respeto de los derechos de la Comunidad de Paz”.
Voceros de la Brigada 17 sostienen que las medidas
que se han tomado para respetar los derechos de la comunidad han sido
suficientes. Sin embargo la comunidad de San José, desmiente esas versiones.
“Más que promesas, la Comunidad quiere hechos concretos de verdad y justicia”.
Según las denuncias constantes de la Comunidad de
paz de San José de Apartadó, el Ejército, la Policía y los paramilitares,
continúan actuando conjuntamente en la comisión de crímenes contra los pobladores,
mientras los gobiernos local, departamental y nacional, miran para otro lado.
