Por : Mémoire des Luttes
Entrevista con los líderes campesinos Fredy Antonio Rodríguez Corrales y
David Alirio Uribe Laverde
(*) Entrevista y traducción realizadas por la Asociación EntreTodos-France
y Mémoire des Luttes
La sociedad francesa recibe
dirigentes y defensores de derechos humanos en Colombia cada vez más a menudo y
en proveniencia de diversas luchas. ¿Quiénes son ustedes? ¿Forman ustedes parte
de otras coordinaciones nacionales o movimientos sociales en Colombia?
Como líder campesino y defensor de derechos humanos hacemos parte de la Coordinadora Nacional Campesina (CNC), una organización que agrupa diversos procesos campesinos alrededor del país. Dentro de los procesos que integran la CNC se encuentra la organización de familias desplazadas ASOCOL que abandera la lucha por la tierra en la hacienda Bellacruz. A su vez, somos parte del Congreso de los Pueblos [1], escenario de articulación política y social que convoca diversas organizaciones y procesos populares del país, con miras a la construcción legislativa con y desde los pueblos de Colombia.
¿Por qué están en gira
europea?
Gracias al apoyo de la Coordinación Belga por Colombia y de otras
organizaciones de derechos humanos y de solidaridad con Colombia, estamos
realizado una gira por Europa en los meses de noviembre y diciembre de 2012,
con el objetivo de que eurodiputados y representantes de los gobiernos e
instituciones de varios países, exijan al gobierno colombiano una pronta y
efectiva restitución de las tierras que han sido despojadas y usurpadas por la
violencia, como requisito necesario para un proceso de paz y reconciliación
nacional, así como la garantía y protección efectiva para los campesinos y
campesinas que lideran los procesos de restitución. A su vez, hemos tenido la
oportunidad de hablar con medios oficiales y alternativos, con el fin de que
nuestra voz tenga eco y los pueblos del mundo conozcan una parte del conflicto
social por la tierra que sigue tan latente en Colombia.
Qué sucede en la Hacienda
Bellacruz (Departamento del Cesar, Colombia)?
Además de la exigencia genérica de respeto a los derechos de las víctimas
del desplazamiento, venimos denunciando el caso específico de la hacienda
Bellacruz como un caso emblemático del conflicto por la tierra en Colombia. La
constitución de esta hacienda, ubicada al norte de Colombia y que llegó a ser
una de las más grandes del país, se realizó a través de la expulsión de los
legítimos propietarios de las tierras: familias campesinas que las habían
colonizado muchos años atrás [NDLR: en tierras pertenecientes al Estado].
Posteriormente, tras el inicio de una lucha jurídica para la recuperación de
sus tierras y en momentos en que tenían todos los argumentos a su favor ante la
justicia, la familia Marulanda, propietaria de la hacienda, contrata un grupo
paramilitar que a través de la perpetración de graves violaciones a los
derechos humanos, contando con más de 40 asesinatos, obliga a cerca de 600
familias a desplazarse y abandonar sus tierras en el año de 1996. Estos hechos
se encuentran en la absoluta impunidad y sus máximos responsables están en
libertad. El actual gobierno de Juan Manuel Santos ha prometido resarcir la
deuda histórica con las víctimas del desplazamiento y ha sido proferida una ley
para la restitución de las tierras, sin embargo, lo que tenemos hasta el día de
hoy son líderes y lideresas vinculados a procesos de reclamación de tierras que
han sido asesinados y ni una sola hectárea de tierra entregada, ni en el caso
Bellacruz, ni en ninguno.
Durante la conferencia de 20
de noviembre 2012 en la Maison de l’Amérique Latine (Paris), ustedes evocaron
los trasfondos políticos y económicos, relacionados con megaproyectos de palma
de aceite, paramilitarismo, empresarios multimillonarios conocidos e incluso…
el ex-embajador de Colombia en Bélgica, Luxemburgo y la Unión Europea ¿Pueden
contarnos algo más?
Para el año de 1996, momento del desplazamiento forzado masivo, Carlos
Arturo Marulanda era tanto embajador de Colombia ente la Unión Europea como
encargado de la hacienda Bellacruz junto a su hermano Francisco Marulanda, de
quien se dice era personalmente el comandante del grupo paramilitar de
ultraderecha que cometió los homicidios, desapariciones y hostigamientos que
obligaron a las familias a desplazarse. Gracias a la presión internacional que
ejercieron redes de solidaridad en Europa, Carlos Arturo Marulanda es obligado
a dejar su cargo como embajador y por gestiones del Juez Baltazar Garzón es
encarcelado en España durante 13 meses. Lastimosamente, una vez es extraditado
a Colombia para que responda por sus crímenes, el gobierno de Álvaro Uribe
Vélez a través del Fiscal General designado, lo deja en libertad en menos de un
mes de haber arribado al país. Tanto a Carlos Arturo como a Francisco Marulanda
se les iniciaron procesos judiciales por su relación con grupos paramilitares.
Sólo en contra de Francisco Marulanda hubo una sentencia de fondo que lo
declaró culpable, pero en segunda instancia fue declarado inocente, aun cuando
comandantes paramilitares declararon la responsabilidad directa de los hermanos
Marulanda no sólo en los homicidios y desplazamientos de la hacienda Bellacruz,
sino en crímenes cometidos en toda la región del sur del Cesar, departamento en
que se encuentra ubicada la hacienda, ya que ésta sirvió como centro de
operaciones de los grupos paramilitares. 16 años después de ocurridas las
graves violaciones a los derechos humanos en la hacienda Bellacruz, los hechos
se encuentran en la impunidad y sus máximos responsables se encuentran en
libertad. Sólo hasta el presente año se vuelve a abrir un proceso en contra de
Francisco Marulanda por el delito de desplazamiento, siendo emitida una orden
de captura que no se ha hecho efectiva, más por la falta de voluntad de las
autoridades que por las habilidades de este delincuente para evadir la justicia.
La Ley 1448, llamada « Ley
de víctimas y restitución de tierras », fue firmada por el presidente Santos en
junio de 2011. Desde entonces, el gobierno colombiano afirma que ella permite
garantizar los derechos de las víctimas y, en particular, el derecho a la
restitución de tierras. ¿ En qué sentido el caso de Bellacruz es emblemático en
términos de no restitución de tierras?
Desde el año de 1994 los campesinos de la hacienda Bellacruz contamos con
resoluciones del Estado que nos dan la razón. Desde hace 3 años nos decidimos a
vencer nuestros miedos y volver a demandar al Estado la realización de justicia
frente al caso, la restitución y la reparación integral de las víctimas,
contando con el apoyo de la CNC. El nuevo marco normativo de la Ley de restitución
de tierras implicó una esperanza para nosotros, pero nos hemos visto
enfrentados a los mismos obstáculos que históricamente se han opuesto a nuestra
permanencia en el territorio. Esto es, la dilatación de los procesos jurídicos
de restitución a través de todo tipo de artimañas facilitadas por el control
que ejercen sobre las instituciones del Estado,quienes resultarían perjudicados
de la devolución de las tierras a los campesinos. También sufrimos la
continuación de actores armados en la región, grupos paramilitares ahora
denominados “Ejércitos Antirestitución” que irán en busca, como su mismo nombre
lo indica, de todo aquél que se atreva a reclamar tierras arrebatadas por estos
mismos grupos, y que de paso favorecen a los grandes inversores capitalistas
que están adelantando proyectos agroindustriales dentro de la hacienda
Bellacruz, siendo innegable su relación con los hechos.
Tienen ustedes, como líderes
campesinos y defensores, miembros de los movimientos sociales, una idea sobre
el número de casos de este tipo a nivel nacional en Colombia?
El caso de la hacienda Bellacruz es emblemático precisamente porque
encierra unas realidades y problemáticas que se han replicado múltiples veces
en las diversas regiones del país. Ya se han presentado más de 21.000
solicitudes de restitución a nivel nacional y, como indicamos anteriormente, no
se ha restituido una sola hectárea de tierra, luego es de suponer que los demás
casos puedan estar atravesando el mismo tipo de dificultades que el caso
Bellacruz.
En un reciente reportaje de
investigación la revista colombiana Semana (17/11/2012) [2], publicó un
artículo bajo el nombre de « fraude agrario histórico » en Colombia, evocando
el caso Bellacruz y las múltiples irregularidades constatadas en la restitución
de tierras ¿Cuáles son las trabas puestas contra la restitución de tierras que
ustedes han podido constatar sobre el terreno?
El conflicto jurídico por la adjudicación de las tierras de la hacienda
Bellacruz a sus legítimos propietarios se remonta muchos años atrás y ha
adolecido de incontables irregularidades. Durante los años cincuenta, la esposa
de Marulanda Grillo, antiguo propietario de la hacienda y padre de los hermanos
Carlos Arturo y Francisco Marulanda Ramírez, recibió cerca de 5.000 hectáreas
de tierra por parte del Estado, haciéndose pasar como una supuesta campesina
sin tierra. Luego, a finales de los años ochenta, la familia Marulanda logra
que el Estado en vez de expropiar las tierras que pertenecían a la nación, se
las compre para adjudicarlas a los campesinos.
Más aún, con el despojo violento y el desplazamiento, la familia Marulanda
se quedó tanto con el dinero que le pagó el Estado como con la tierra, un
negocio muy rentable. Una vez decidimos retomar la lucha por nuestras tierras
hace aproximadamente tres años, nos tropezamos con la misma manipulación de la
justicia. De manera inaudita, los archivos que poseía el Instituto de
Desarrollo Rural (INCODER) sobre el caso Bellacruz desaparecieron y
aparentemente ningún funcionario conocía de los procesos administrativos que se
habían adelantado anteriormente sobre este latifundio.
En consecuencia, nuestra primera
labor fue buscar estos archivos hasta que pudimos hallarlos gracias a las
copias que fueron enviadas para los procesos judiciales. Sólo por agregar un
hecho reciente, en agosto de este año, cuando funcionarios del INCODER iban a
realizar una diligencia dentro de la hacienda Bellacruz acompañados de los
líderes campesinos, hombres armados vestidos de civil se interpusieron y no
dejaron entrar a los campesinos. Ni siquiera la fuerza pública fue capaz de
actuar frente al caso y los funcionarios del Estado, en vez de suspender la
diligencia hasta tanto no se garantizara la participación de los campesinos, la
realizaron prescindiendo de ella.
¿Cómo transcurre para
ustedes un día cotidiano? ¿Ustedes están amenazados?
Cada día que pasa es para nosotros una oportunidad de vida. Aunque la
situación es riesgosa, nos mantenemos firmes en la lucha con la esperanza de
retornar a las tierras que pertenecían a nuestros antepasados. Desde enero del
presente año, como líderes de la organización ASOCOL hemos recibido reiteradas amenazas
en contra de nuestra vida, persecuciones e incluso un atentado en nuestra
contra, cuando hombres armados intentaron ingresar a la vivienda en la que
habitábamos. Estas amenazas han sido proferidas por el grupo paramilitar
“Ejércitos Antirestitución”, pero conocemos que están respaldadas por aquellos
que ven afectados sus intereses económicos con el trabajo que desarrollamos.
El gobierno colombiano de
Juan Manuel Santos ha evocado en numerosas ocasiones el « compromiso auténtico
y firme con los derechos humanos » y está comprometido en un proceso de paz. El
Estado colombiano protege a los defensores de derechos humanos y a quienes
luchan por la restitución de tierras? ¿En qué consiste dicha protección si es
que existe?
Las cifras hablan por sí mismas. Sólo durante la primera mitad del presente
año 29 defensoras y defensores de derechos humanos fueron asesinados en
Colombia, mientras que otros 49 defensores corrieron con la misma suerte
durante el año 2011. La situación de los líderes que reclamamos la devolución
de nuestras tierras no es menos alarmante. Desde la promulgación de la Ley de
víctimas y de restitución de tierras a mediados del año pasado, 17 líderes y
lideresas vinculados a procesos de restitución han sido asesinados o
desaparecidos, sumando en total más de 70 líderes campesinas, indígenas o
afrodescendientes asesinados desde el año 2005.
Lo anterior, sin contar con los casos que nunca son denunciados ante la
justicia por miedo a posibles represalias y sin mencionar otro tipo de actos de
amenaza, hostigamiento y persecución que se han presentado en nuestra contra.
La situación es muy adversa, muchos de estos líderes o defensores de derechos
humanos han sido ejecutados a las puertas de las instituciones del Estado
solicitado una protección que nunca llegó. Como dirigentes del proceso de la
hacienda Bellacruz hemos librado una lucha para que se nos asigne un esquema de
protección que sigue siendo incompleto, ya que en las noches quedamos
totalmente desprotegidos. Hemos tenido a nuestro favor el acompañamiento de un
congresista de la República que ha agilizado la actuación del Estado, pero nos
preocupa la situación de los centenares de campesinos y campesinos que se
encuentran aislados, librando solos la batalla contra la impunidad.
¿El comercio con los países
tienen una relación con los problemas de violencia por las tierras en Colombia? (NDLR: Esta entrevista fue realizada
antes del voto para la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre la l’UE
y Colombia del 11 de diciembre de 2012)
Una de las causas del despojo en Colombia ha sido la necesidad del capital
de apoderarse de territorios estratégicos para la inversión de capital,
principalmente proveniente del extranjero. Durante la gira que realizamos nos
sumamos a las voces que se oponían a la celebración del Tratado de Libre
Comercio entre Colombia y la Unión Europea, porque sabemos que brindará aún más
garantías de las que ya existen para que los inversionistas adelanten proyectos
productivos a gran escala sobre tierras manchadas de sangre que fueron
arrebatadas por la violencia, así como para el flujo de capitales ilícitos y el
lavado de dinero. Los empresarios siempre alegan su buena fe y el total
desconocimiento de la situación. German Efromovich [NDLR: gran empresario
brasilero], quien compró la familia Marulanda la mayor parte de las tierras de
la hacienda Bellacruz en el año 2009, manifiesta que la tierra no fue la que
violó los derechos humanos y su adquisición no implica ningún compromiso con
los hechos de violencia que se sucedieron en la hacienda y que no se han
resuelto todavía.
¿Cómo la sociedad civil
europea puede solidarizarse con las luchas de los campesinos desposeídos de sus
tierras en Colombia? ¿Qué tipo de acciones y cómo podrían ser útiles para
ustedes?
El primer paso es acercarse y conocer la realidad del conflicto por la
tierra en Colombia y su relación con las políticas de los gobiernos Europeos.
Quienes se ven afectados con la realización de acuerdos comerciales como el TLC
entre la Unión Europea y Colombia no son sólo los pueblos de américa sino
también los pueblos de Europa. La base del hermanamiento como pueblos es la
capacidad de identificar las causas comunes de las problemáticas que padecemos
y la posibilidad de trabajar juntos para solucionarlas. Una de las formas puede
ser la participación activa en las redes y organizaciones de solidaridad con
Colombia, pero también han salido iniciativas como la firma de cartas a través
de correos masivos haciendo un llamado a las embajadas o consulados de Colombia
en el territorio europeo para que se pronuncien frente a la dramática realidad
del desplazamiento forzado en Colombia y las preocupaciones frente al proceso
de restitución, que por ahora resulta más riesgosa que beneficiosa para las
familias campesinas.
http://vocesdel99.wordpress.com/2013/01/15/paramilitarismo-y-megaproyectos-el-caso-bellacruz/
http://vocesdel99.wordpress.com/2013/01/15/paramilitarismo-y-megaproyectos-el-caso-bellacruz/
