Hernando López.
Edición Digital de Voz
En medio de la cordialidad y el respeto mutuo de los debates
entre las delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC-EP, son
evidentes las discrepancias de forma y contenido. FARC proponen
armisticio o tregua bilateral.
La delegación de Paz de las FARC-EP en La Habana hace el balance del
funcionamiento de la mesa y precisa las propuestas que va a presentar.
En la foto, Ricardo Téllez, Jesús Santrich y Marco León Calarcá.
Aunque los voceros del Gobierno y de las FARC-EP
en la Mesa de Paz de La Habana han alcanzado un buen nivel de cordialidad y
armonía, son evidentes las distancias a la hora de los debates sobre el primer
tema de la Agenda contenida en el “Acuerdo General para la terminación del
conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. En medio del
respeto mutuo afloran distintas percepciones de forma y contenido, a la hora de
establecer el camino hacia la concreción de acuerdos en el primer punto sobre
“Desarrollo agrario integral” y de la metodología del funcionamiento de la
mesa.
Un debate de fondo ha sido el alcance de la
agenda, vinculante con el preámbulo y el contexto del “Acuerdo General”. Para
el Gobierno no existe supeditación entre uno y otro, porque el modelo económico
no es discutible, como tampoco los son temas cruciales para el país como la
minería y los recursos energéticos. Son parte de la concepción heredada del
uribismo de la llamada confianza inversionista. Como tampoco acepta alusiones
directas a los grupos económicos y a los principales expoliadores de la riqueza
nacional y del trabajo. Ni siquiera en el glosario acepta el término
“latifundio”, como tampoco la responsabilidad estatal en la violencia y en las
víctimas del conflicto. De suyo, los voceros oficiales se han opuesto a la
adopción de un glosario que ubique conceptos y términos a resolver y definir en
aras de un buen acuerdo.
Las dos delegaciones
Los voceros gubernamentales han superado las
prevenciones que les despertó el discurso de Iván Márquez en Oslo, Noruega,
pero consideran a Santrich como el “duro” de la delegación de las FARC-EP. En
la Delegación de Paz de la guerrilla todos participan y hacen aportes. Del lado
del Gobierno es visible el liderazgo de Sergio Jaramillo, más allá de la
condición de jefe de la delegación del ex vicepresidente Humberto de la Calle
Lombana, quien repite el discurso de Oslo de que nada de lo fundamental se
puede discutir. Para Jaramillo las reformas sustanciales “deben ganarlas las
FARC en la democracia” después de dejar las armas. El resto de los integrantes
oficiales son bastante silenciosos, aunque el general Mora interviene con
frecuencia, sobre todo para advertir que hay poco respaldo al proceso y es
necesario llegar pronto al final. El general Naranjo ha estado tres o cuatro
veces pero sin mayor participación.
No hay todavía una metodología del funcionamiento
de la mesa y ello preocupa a ambas partes, es uno de los temas a discutir en
este ciclo de reuniones. El Gobierno hizo ya un proyecto; las FARC presentaron
el suyo, en el cual hay coincidencias, pero estas son más enfáticas en la
necesidad de una relatoría de los acuerdos, aunque sería preferible, según su
opinión, la elaboración de actas de cada reunión, inaceptable para el Gobierno.
“Si no hay actas o relatorías quedan a la libre interpretación los acuerdos a
que se lleguen”, comentó una fuente de las FARC. Parece justa la preocupación
cuando hay discrepancias en la interpretación del Acuerdo General, porque la
parte oficial no considera vinculantes el preámbulo y el contexto y asegura que
son cinco y no seis los puntos de la agenda como está establecido en la misma.
Amenazas oficiales
Las FARC-EP protestaron por la amenaza de
judicialización a las personalidades e individuos que se reúnan en La Habana
con la delegación de Paz de la insurgencia. “Es una actitud de intransigencia
exagerada y de establecer un cerco absurdo con quienes representan la voluntad
de paz de las FARC”, le declaró a este semanario el vocero de una organización
social dispuesta a viajar a La Habana. El Gobierno desconoce el derecho que le
asiste a la Delegación de Paz de la guerrilla de recibir a todo aquel que
quiera hablar sobre el proceso, habida cuenta de que este es de interés
nacional e internacional y los miembros de ella tienen suspendidas las órdenes
de captura. Desde ese punto de vista no son ilegales, ni perseguidos por la
ley. El Gobierno alega que hay gente dedicada a “meter ruido” y se queja de
viajes inconsultos de Álvaro Leyva y de la dirección del Partido Comunista.
“Hemos hablado con el Gobierno Nacional, inclusive con el presidente Juan
Manuel Santos, así como con la Delegación de Paz de las FARC, para plantearles
nuestras opiniones respecto a la solución política del conflicto; lo seguiremos
haciendo porque no es ilegal o clandestino”, le dijo a VOZ un dirigente del
Partido Comunista Colombiano.
No habrá acuerdos en la sombra
Los voceros de las FARC dejaron en claro que, en
uso de su soberanía política, mantendrán sus mecanismos de interlocución y
canales de participación política abiertos para expresar sus opiniones respecto
a los sucesos de la vida política nacional. En este sentido, abogan por la
ampliación de la participación popular. “Las queremos aquí sentadas de viva
voz”, dijo Iván Márquez al recibir las relatorías del Foro Agrario de manos de
las Naciones Unidas y la Universidad Nacional, el pasado 10 de enero, en La
Habana.
El tema de la participación es otro punto de
contradicción. Para el Gobierno no es importante. Aceptó a regañadientes la
realización del Foro Agrario y miró con desdén el importante resultado de las
mesas regionales promovidas por las comisiones de paz del Senado y la Cámara de
Representantes, hasta el punto que negó la posibilidad que la relatoría del
PNUD de Naciones Unidas que refleja la profundidad del debate y de las
propuestas de las organizaciones locales y regionales, se entregaran en La
Habana. La recibieron los países garantes, Cuba y Noruega, en Bogotá en un acto
frío y de limitada participación.
“El pueblo es el que debe pronunciarse, su
participación es definitiva”, le dijo a VOZ el comandante Iván Márquez. Y
agregó: “La movilización popular es definitiva para el logro de la paz; el
Gobierno sigue actuando, en lo militar, en lo político y en lo social, como si
no hubiera proceso de paz”. “De ninguna manera habrá acuerdos en la sombra o a
espaldas del país”, dejó en claro el jefe de la Delegación de Paz de las
FARC-EP.
El Gobierno tiene una actitud cicatera hacia las
iniciativas sociales y populares. Es una idea formal y superficial de la
participación ciudadana.
Importantes avances
Ambas partes reconocen el significado y el aporte
de las mesas regionales promovidas por el Congreso de la República y el Foro
Agrario, primer acuerdo concreto de la Mesa y que tuvo la participación de más
de 1.200 delegados, en representación de medio millar de organizaciones.
Igualmente, valoran la presencia de campesinos,
empresarios y académicos, así como la recepción de propuestas a través de la
página web en pleno funcionamiento desde el mes de diciembre del año pasado.
También reconocen lo positivo de la presencia de los profesores Darío Fajardo y
Francisco Gutiérrez en una primera sesión y de Jairo Estrada y Absalón Machado
en la segunda. Los académicos demostraron con cifras la profunda desigualdad en
el campo por la concentración de la tierra y el fracaso del modelo económico.
En el primer punto salen a flote coincidencias sobre el uso de la tierra, pero
también diferencias en lo que tiene que ver con el alcance de una verdadera
reforma agraria.
Iván Márquez le dijo a VOZ con claridad: “Sin
cambios profundos en la sociedad no habrá paz”, al tiempo que demandó una vez
más la presencia de Simón Trinidad en la Mesa de La Habana. Asegura, en
entrevista que publica www.semanariovoz.com, que “si el gobierno Santos
aceptara para después del 20 enero un armisticio o un cese bilateral de fuegos,
por un tiempo limitado, como un ensayo si se quiere, las FARC-EP no dudarían en
pactarlo”. Existen razones para el optimismo a pesar de las complejidades.