Paz pasa por la trasformación del campo colombiano.
Por. Hernán Camacho.
Edición Digital Semanario VOZ.
La cita se cumplió y los plenipotenciarios de la
insurgencia y el gobierno nacional sentados a la Mesa de negociación en La
Habana, tendrán un nuevo aporte de la sociedad civil, las organizaciones
sociales y populares, los campesinos, los afrodescendientes, las mujeres, los
LGBTI, los empresarios, los gremios del agro y los 1300 invitados al foro de
Política de Desarrollo Agrario con Enfoque Territorial.
A finales de noviembre pasado fue convocado por
los voceros de las comisiones negociadoras, quienes de manera conjunta echaron
a andar la participación mediante un foro para compartir ideas sobre el primer
tema del Acuerdo para la Terminación del Conflicto. Por el resultado obtenido
los invitados manifestaron su complacencia y solicitaron ampliar con nuevos
mecanismos su participación en la Mesa.
La Organización de Naciones Unidas y el Centro de
Pensamiento de la Universidad Nacional fueron los mandatados para organizar el
Foro Agrario. Tres días de deliberaciones en 20 mesas de trabajo cada una de
ellas con 60 participantes, un relator y un moderador, fueron el escenario
predilecto para encontrar consensos, visiones de paz, ratificar disensos, pero
lo más importante, enviar un voto de confianza a las comisiones de paz, “Aquí
discutimos las ideas, llegamos o no a acuerdos sobre el país, pero lo más importantes
fuimos tolerantes con la idea diversa”, le dijo a VOZ uno de los participantes.
Los que llegaron
La primera jornada sirvió para la llegada de las
delegaciones y para el rechazo generalizado por la actitud hostil del
presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán, José Félix
Lafaurie, de no asistir al Foro y calificarlo como un escenario para legitimar
la insurgencia y de complicidad con el terrorismo. Los duros cuestionamientos
al Foro venidos de la asociación ganadera más grande del país, no la única,
causaron malestar en los invitados y hasta en el gobierno nacional pues el
propio presidente Santos manifestó que esa posición política la tienen quienes
desde el principio están en contra de sentarse a conversar con las FARC-EP.
La actividad ganadera tiene a su haber el 38.6% de
la tierra cultivable del país, cifras que sustentan la necesidad de la
redistribución de la tierra y superar los índices de miseria, pobreza y
desigualdad del campo colombiano. No obstante, no solo los datos de
acaparamiento de tierra acompañan a Fedegán, también los serios
cuestionamientos de promoción, fortalecimiento y apoyo del paramilitarismo en
vastas regiones. Tales cuestionamientos han dejado encartados a su presidente
actual, José Félix Lafaurie y su antecesor Jorge Visbal. Los dos, acusados de
ser los mayores auspiciadores de la violencia en el país según versiones de
jefes paramilitares extraditados. “Ellos son el enemigo no agazapado de la
paz”, comentó la representante a la Cámara Ángela Robledo quien asistió al
Foro.
Insumos y respaldo a paz
Para uno de los organizadores del Foro, Bruno
Moro, coordinador residente del sistema de las Naciones Unidas en Colombia, la
paz llega solamente con la masiva participación política. En la primera jornada
Bruno Moro abrió las discusiones y le dio la bienvenida a todas las regiones
del país que de manera representativa acudieron a la convocatoria, entre ellas
la Mesa de Unidad Agraria, que agrupa organizaciones rurales de carácter
nacional que luchan por la defensa del agro, la reforma agraria y la paz. A
cargo de la ponencia de la Mesa Agraria estuvo Eberto Díaz, Presidente de
Fensuagro, una de las organizaciones más representativas del campesinado
colombiano.
“Como lo definió el mandato rural en el 2003 el campo
requiere de profundas transformaciones sociales, económicas y políticas a
través de la puesta en marcha de unas políticas públicas y del fortalecimiento
del poder agropecuario y el apoyo a la economía campesina, garantizando y
haciendo extensivos los derechos y garantías democráticas siendo la soberanía
alimentaria y la autonomía alimentaria nuevos elemento que aseguren la
nutrición al pueblo colombiano”, indicó.
Otra visión
Entre las ponencias presentadas en el marco del
foro de contextualización previo al inicio de trabajo en las mesas, muchas
posiciones se desvelaron, entre ellas la posición de la Sociedad de
Agricultores de Colombia, SAC, a cargo de Rafael Mejía quien sostuvo la
necesidad de incrementar las alianzas público-privadas para fortalecer el campo
como única vía para generar más y mejores empleos. Al final de los tres días de
trabajo Mejía dio un agradecimiento a los asistentes por la participación y
entregó un balance satisfactorio de las deliberaciones, pues a pesar de las
diferencias en las concepciones sobre el campo colombiano, fue un escenario de
mutuo aprendizaje entre campesinos y empresarios. “Vine a que me escucharan con
respeto y educación y lo logramos, también dijimos que veníamos a escucharlos
con respeto y educación. Y lo logramos” comentó.
El campesinado presente
De otra parte, la Asociación de Zonas de Reserva
Campesina, ANZORC, presentaron una ponencia que animó el debate “La paz de los
campesinos es la justicia social”. La presentación estuvo a cargo de Olga Lucía
Quintero, vocera de la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat, quien hizo
un recorrido histórico de las causas del conflicto colombiano, todas ligadas a
la tierra y al despojo del campesinado colombiano. “Si bien el régimen político
y económico se ha basado en la exclusión de los más amplios sectores de la
sociedad, no dudamos que tal exclusión se ha ensañado en contra nuestra” señaló
la líder campesina, quien además llamó la atención de la concentración de la
tierra de la que dice se manifiesta en un coeficiente Gini por encima del 0,8.
Como plena prueba de los mayores indicadores de pobreza que afectan al campo,
además, de la violencia política, y una contra reforma agraria que ha dejado
entre 8 y 10 millones de hectáreas de tierra despojada a los pobladores.
Olga Quintero hizo un reclamo histórico: “En las
últimas décadas, la única forma en que el país volvió sus ojos a nosotros, fue
para mirarnos con desconfianza o con una inactiva compasión, trajinar por las
calles de sus ciudades y edificios oficiales, hacinarnos en barrios marginales,
intentado sobrevivir, escondernos, reorganizarnos, y reclamar algo de lo
nuestro, a un Estado indolente e incapaz de hacer justicia. Ni la declaración
del estado de cosas inconstitucional de la Corte Constitucional, las presiones
de la comunidad internacional, ni la movilización social han logrado reversar
el desarraigo y la injusticia”.
El llamado de la vocera de Ascamcat, fue a miles
de organizaciones sociales y populares, pero también a los hombres y mujeres
del común a movilizarse por la paz y a erradicar sin temores una de las causas
del conflicto: “La estructura agraria del país, caracterizada por la
concentración de la tierra y del poder ligado a ella, es responsable de la
desigualdad y la exclusión de las comunidades agrarias. Esa estructura agraria
debe ser erradicada y reemplazada por una en la que se desconcentren la tierra
y el poder. Las relaciones sociales, políticas y económicas en el campo y con
el campo, deben estar basadas en la justicia”.
Participación de PCC
De igual manera el Partido Comunista Colombiano
asistió al Foro y aportó su opinión: “Tenemos el fenómeno sociohistórico de la
concentración de la propiedad rural. Un mínimo de propietarios es dueño del 52%
de la tierra. Luego, los títulos mineros, expedidos sin control y a espaldas de
las comunidades rurales que se convierten en la titulación del despojo. Hoy
asistimos a una crisis agraria del monocultivo, de los cultivos redireccionados
a la producción de agrocombustibles y al asedio generalizado de la agrominería.
El modelo de reprimarización económica bajo el control del gran capital
financiero transnacional no se limita al saqueo de los recursos, al
monocultivo, al control monopólico de los recursos hídricos y energéticos
exportables sino que intenta apropiarse de territorios enteros para la más
intensa explotación extractiva. La destrucción del medio ambiente, en medio de
los efectos del cambio climático, amenaza con la destrucción de espacios y
recursos”.
Del otro lado de la Mesa
Del máximo jefe de las FARC-EP, se conoció un
mensaje enviado al Foro en donde saludó la participación y expuso los puntos de
vista de la política agraria colombiana que han sido origen del conflicto y que
siguen siendo latentes: “Los campos de Colombia incluidas selvas y páramos,
están destinados a convertirse en una atractiva acuarela en la que cada color
señale un prestante renglón empresarial, según se trate de explotación minera,
de hidrocarburos, carbón u otros minerales, proyectos agroindustriales, de
combustibles, obras de infraestructura, modernas extensiones de territorio
dedicadas a la producción de alimentos para la exportación, gigantescas
explotaciones madereras y haciendas al servicio de la explotación intensiva de
ganado.
Todo ello implica regularizar los títulos de
propiedad, tierras que finalmente terminarán siendo de dominio exclusivo de las
poderosas firmas inversionistas, bien sea porque se reclamen poseedores de
buena fe o porque los pequeños y medianos campesinos sean obligados a asociarse
con ella, no pudiendo resistir las enormes presiones del crédito y el mercado y
terminen por cedérsela de uno u otro modo. En esa dirección van las políticas
santistas de tierras”. Timoleón Jiménez señaló que la dirección de la política
pública de tierras del gobierno Santos va dirigida a que el campesino, el
pequeño y mediano propietario rural, se transformen en modernos siervos
empobrecidos vinculados a pujantes consorcios de crédito expropiados de sus
tierras.
Pluralidad y coincidencias
Un destacado elemento que dejó la participación
social en el Foro, es la radiografía del país y la necesidad de una profunda
reestructuración de la producción, desarrollo y aprovechamiento del agro. La
concentración de la propiedad, los usos del suelo colombiano, los impactos de
la megaminería en el ambiente, la soberanía alimentaria y la pobreza rural en
aumento fueron los argumentos decantados en las jornadas de trabajo.
Aunque en el Foro no se agota la participación
social en la paz, se cumplió el primer acuerdo de la Mesa, explicó el profesor
Jairo Estrada, quien fue parte de una de las comisiones de organización, pues
manifestó que el solo hecho de haber realizado el Foro es significativo, pero
más allá de los documentos recogidos está la pluralidad de expresiones de la
sociedad colombiana que acogieron el llamado.
El común denominador en las discusiones fue
encontrar lecturas similares entre organizaciones, gremios e invitados. La
extranjerización y el acaparamiento de la tierra, además de la ausencia de
desarrollo integral rural, vías de comunicación, acceso al crédito y desarrollo
tecnológicos son las preocupaciones que ocuparon un importante puesto en las
conclusiones. Al igual que las Mesas Regionales por la Paz, convocadas por el
Congreso de la República, el medio millar de propuestas traídas por los
invitados quedarán consignadas por la ONU para ser sistematizadas y entregadas
a los embajadores de Cuba y Noruega para ser entregadas en La Habana, el
próximo 14 de enero luego que reanuden tareas los negociadores de las FARC-EP y
el gobierno.
Entre las propuestas se destaca la de la dirigente
de izquierda liberal, Piedad Córdoba, quien pidió se conformara un Foro Abierto
Ciudadano Por la Paz, que de manera permanente sirva de interlocutor entre la
ONU, la UN y la Mesa de conversaciones. La propuesta surge en la idea de
involucrar mayor participación social de los sectores que no fueron invitados
al Foro y que reclamaron su presencia.
Al finalizar el evento, las comisiones conjuntas
de organización invitaron al sacerdote Francisco de Roux, para entregar algunas
reflexiones en las que señaló que efectivamente se debe conversar sobre el
modelo de desarrollo porque el que hemos tenido, dice De Roux, ha producido
inequidad, está en el corazón del conflicto, tiene que ver con la migración
salvaje del desplazamiento forzado, y tampoco ha logrado el crecimiento
económico del campo. Y reiteró que con el Foro queda claro que “sí podemos
discutir el modelo sin matarnos”. En el fondo se discute el modelo de desarrollo
para la gente y no los millones de toneladas de riquezas o saqueo cuyas
víctimas son campesinos, también colombianos.
