La reforma agraria es un clamor nacional. Foto archivo.
En el primer encuentro de la Mesa de
conversaciones entre la insurgencia de las FARC-EP y el Gobierno Nacional en el
2013, se escuchó la declaración del comandante de la Delegación de Paz de la
insurgencia Iván Márquez, quien exigió celeridad en el análisis profundo e
integral del Acuerdo General para la terminación del conflicto y la
construcción de una paz estable y duradera. Además de conminar al Gobierno a
cesar en la retórica guerrerista y las falsas promesas de solución a los
problemas sociales.
En la acostumbrada alocución dada a los medios
nacionales e internacionales apostados en el Centro de Convenciones de La
Habana, las FARC-EP anunciaron una propuesta preliminar del tema agrario fruto
de los aportes entregados por la sociedad civil que participó activamente en el
Foro Agrario con Enfoque Territorial, en las Mesas Regionales por la Paz y en
el encuentro internacional Pueblos Construyendo Paz. Dicha propuesta se
denomina “Diez propuestas para una política de desarrollo rural y agrario
integral con enfoque territorial” que pretende ser socializada al país. VOZ
publica la primera entrega:
“Primera propuesta. Realización de una reforma
rural y agraria integral, socioambiental, democrática y participativa, con
enfoque territorial, fundamentada en los siguientes propósitos:
a. Superación de las condiciones políticas,
económicas, sociales y culturales que generan el ejercicio estructural de la
violencia por parte del Estado y fuerzas paramilitares en las zonas rurales, y
provocan el alzamiento armado guerrillero para enfrentar esas condiciones.
b. Transformación de las relaciones rurales, que
contribuya a la democratización real del poder territorial, de la sociedad, del
Estado y del modelo económico en su conjunto, así como al buen vivir de la población.
c. Erradicación del hambre, la desigualdad y la
pobreza rurales; restablecimiento de la dignidad y reconocimiento de los
campesinos y campesinas como sujetos políticos, y garantía y disfrute efectivo
de sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales, incluida la
correspondiente provisión de recursos de presupuesto e infraestructura social.
d. Construcción de una nueva ruralidad basada en
la justicia territorial y la democratización de las relaciones urbano-rurales.
e. Desconcentración y redistribución de la
propiedad sobre la tierra mediante la erradicación del latifundio improductivo,
inadecuadamente explotado u ocioso.
f. Promoción al acceso y el disfrute del derecho a
la tierra y al territorio de los campesinos sin tierra y de las mujeres en
especial.
g. Prohibición o establecimiento de límites
estrictos, según el caso, a la extranjerización de la tierra.
h. Reparación integral de la población víctima del
desplazamiento forzado y del despojo.
i. Protección y mejoramiento de las condiciones de
propiedad y producción de los pequeños y medianos propietarios.
j. Reconocimiento y respeto de los territorios
colectivos de comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales y palenqueras,
así como de los territorios campesinos de Zonas de Reserva Campesina y de
futuras Zonas de Producción de Alimentos.
k. Ordenamiento territorial y definición de usos
de la tierra que garanticen la protección de los ecosistemas, la sostenibilidad
socioambiental, el derecho al agua, la producción de alimentos y la soberanía
alimentaria.
l. Estímulo a la economía campesina y en especial
a la producción de alimentos, considerando la coexistencia de diferentes
modelos de producción, atendiendo regulaciones estrictas de los encadenamientos
productivos.
m. Auspicio de una política de investigación y
desarrollo científico técnico, de protección de las semillas nativas y del
conocimiento propio.
n. Dotación de medios de producción, de
infraestructura física de transporte y comunicaciones, de distritos de riego y
regadío, de acopio, almacenamiento y comercialización, de recursos de crédito y
de otros medios de financiación, privilegiando las economías campesinas y de
producción de alimentos.
o. Denuncia o revisión de tratados y acuerdos y de
todo tipo de regulaciones de libre comercio, inversión o propiedad intelectual
que afecten la soberanía alimentaria y las condiciones de nutrición y
alimentación de la población”.
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tierra
