Enero 9 de 2013.
El Estado colombiano recibió en las últimas semanas del año pasado, dos
fallos judiciales adversos en el orden internacional y serios cuestionamientos
de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la
Unión Europea y hasta del Departamento de Estado norteamericano, por el fuero
militar, todos rechazados por el Gobierno Nacional en contravía del “orden
internacional” que dice acoger.
Es un mensaje negativo a la comunidad internacional, que pese a todo
considera a Colombia “país democrático” por el simple hecho de tener origen en
el sufragio universal, así las elecciones sean irregulares, con fraudes y
ventajas para el bipartidismo y no participe en ellas ni siquiera la mitad del
potencial electoral. Es un desafío a los organismos internacionales y
regionales a los que Colombia pertenece y está atada a sus decisiones por
tratados multilaterales, integrados a la Constitución Política por el llamado
bloque de constitucionalidad, explícito en la Carta de 1991.
Los dos fallos adversos obedecen a litigios llevados ante la Corte
Internacional de Justicia y Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los
cuales el Estado colombiano interpuso alegatos, argumentos y pruebas,
considerados en su oportunidad, pero que no fueron tan contundentes para
convencer a los magistrados. En el primer caso, en La Haya, no resultó
favorable la decisión sobre los derechos colombianos en el área marítima de San
Andrés y Providencia y en el segundo caso, en San José (Costa Rica), fue
establecida la responsabilidad de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) en la
masacre de campesinos en Santo Domingo, Arauca, en 1998. Ambos casos, mal
conducidos desde el punto de vista jurídico y político, colocaron a Colombia,
al no aceptarlos porque no son de su conveniencia, en la condición de “paria
internacional”.
Igual ocurre con el fuero militar. Tirios y Troyanos lo han considerado
inconveniente en un país en donde los militares violan los derechos humanos,
son aliados del paramilitarismo y cometen delitos de lesa humanidad. Eso
equivale tanto como poner un ratón a cuidar un queso. Toda persona quedará
expuesta a las tropelías de los uniformados, con charreteras o sin ellas.
Sin embargo, el Gobierno Nacional no escucha. Estableció una nueva
doctrina: aceptar los fallos judiciales que le convienen, los adversos no. Es
un pésimo mensaje. ¿Qué credibilidad despierta en la insurgencia que aspira a
la paz pero con reformas avanzadas en el orden económico, político y social?
¿Qué garantía tienen el país y el mundo de que el “Acuerdo de paz estable y
duradero” será acatado por la rancia oligarquía colombiana?
