Para el Semanario Voz
Miguel Angel Beltrán-Foto: Archivo Voz
Entrevista exclusiva con el profesor universitario y
perseguido político Miguel Ángel Beltrán, quien, a pesar de haber estado
en la cárcel por delitos que no cometió y haber vivido en el exilio,
sigue con su actividad intelectual aportando ideas para que este país
ofrezca iguales oportunidades a todos
VOZ habló con uno de los más destacados intelectuales del país, quien
ha sido encarcelado y perseguido por su posición política crítica,
Miguel Ángel Beltrán. Hoy el académico teme por su vida y la de su
familia.
Nació en Bogotá, proviene de una familia humilde, su padre es un
suboficial retirado de la policía y su madre ha dedicado toda su vida a
las labores del hogar. Su formación académica la recibió inicialmente en
la Universidad Distrital, en donde recibió el título de licenciado en
Ciencias Sociales, y en la Universidad Nacional de Colombia donde
concluyó la carrera de sociología. Además realizó una maestría en
historia. Terminó otra maestría en la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (Flacso) en México y se doctoró en Estudios
Latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de ese mismo país.
—Profesor Miguel Ángel, ¿cómo fue su juventud y de qué manera se empapó del panorama político del país?
—Desde mis tempranos años universitarios inicié militancia política
en las filas de la Juventud Comunista (JUCO); y desde allí hice muy
pronto mi ingreso al Partido Comunista Colombiano (PCC). Fue en estas
dos organizaciones donde recibí mi formación política inicial y donde
entendí la necesidad de luchar por construir un modelo de sociedad más
justo y equitativo.
En 1984, con la emergencia de la Unión Patriótica, como resultado de
los acuerdos de cese al fuego, tregua y paz, firmados entre las FARC y
el gobierno del entonces presidente Belisario Betancur, me comprometí de
lleno con este nuevo movimiento amplio, hasta que fuimos eliminados, a
sangre y fuego, del escenario político colombiano.
Amenazas y persecuciones
—¿Cuándo empiezan las amenazas? ¿Ha tenido antes de la detención vetos académicos o de otro tipo?
—En Colombia ser parte de la oposición política y social conlleva
persecuciones, estigmatizaciones y amenazas contra la vida, muchas de
las cuales se hacen efectivas. En los tiempos de mi trabajo con la Unión
Patriótica fui varias veces detenido arbitrariamente e incluso en
alguna ocasión permanecí varias semanas privado de la libertad en la
cárcel Nacional Modelo. Más recientemente, ya como profesor de la
Universidad Nacional, fui objeto de hostigamiento por parte de los
organismos de inteligencia del Estado que presionaron mi salida del país
en el 2008.
—¿Cómo fue su detención, cuándo, y por qué cargos? ¿Cuánto tiempo estuvo detenido?
—En realidad no se trató de una detención sino un secuestro que
ocurrió en las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM) en
ciudad de México, donde me encontraba adelantando una estancia
posdoctoral por invitación del Centro de Estudios Latinoamericanos
(CELA), de la Universidad Autónoma de México (UNAM). Estos hechos
ocurrieron el 22 de mayo de 2009. Ese mismo día fui ilegalmente
expulsado del país y entregado a las autoridades colombianas que
“legalizaron” mi captura bajo los cargos de rebelión y concierto para
delinquir con fines terroristas.
El proceso judicial se prolongó durante más de dos años, tiempo en el
cual permanecí detenido en pabellones de alta seguridad, de la Cárcel
Nacional Modelo, la Picota y el Establecimiento de Orden Nacional de
Bogotá (ERON) hasta que fui absuelto en primera instancia por una juez
de la República.
Perseguido político
—¿Se considera un perseguido político?
—Sin duda. El reciente fallo de la Procuraduría que me destituye de
mi cargo como profesor de la Universidad Nacional y me inhabilita por 13
años para ejercer cargos públicos, luego de que la Justicia colombiana
hubiese declarado mi inocencia, es la mejor prueba de ello.
—¿Cómo califica su sanción por parte de la Procuraduría?
—Ante todo se trata de un fallo injusto y arbitrario, hecho con base
en pruebas que han sido señaladas de ilegales por la Corte Suprema y que
fueron superadas en el juicio penal que se adelantó en mi contra. Pero,
por otra parte, es también un atentado contra la libertad de cátedra,
de pensamiento y una flagrante violación al principio de autonomía
universitaria, al punto que si yo fuese profesor de una universidad
privada, el procurador no podría imponerme ningún tipo de sanción.
Cabe advertir que esto fue posible gracias a la complicidad de las
directivas universitarias, en cabeza del actual rector, Ignacio
Mantilla, que nada hicieron para evitar que se consumara esta
arbitrariedad.
—¿Qué hace un perseguido político como usted cuando se le han cerrado las puertas del trabajo en cargos públicos?
—Estas decisiones -como las emitidas por el actual Procurador- buscan
la muerte política y laboral de aquellos servidores públicos que por
sus posturas críticas resultan incómodos al Establecimiento. Así lo
ilustran los fallos en contra de la senadora Piedad Córdoba, el alcalde
de Bogotá, Gustavo Petro, y otros funcionarios más. En mi caso
particular, la labor educativa e investigativa crítica no se
circunscribe al sector público, por lo que mi propósito es continuar
desarrollando estas actividades en otros espacios vinculados al
movimiento social ya sea dentro o fuera del país.
La educación convertida en mercancía
—¿Cómo ve la educación en Colombia?
—En un estado crítico, como resultado de la aplicación de las
políticas neoliberales, que han convertido el derecho a la educación en
una mercancía más, y de la indolencia de un Estado que durante décadas
ha malgastado buena parte del presupuesto público en financiar una
guerra, que sólo ha traído miseria y desolación para el pueblo
colombiano.
—¿Teme por su vida?
—Temo por mi vida y por la de mis familiares. No dejo de pensar en el
caso de mi colega, el profesor Alfredo Correa de Andreis, quien fuera
objeto de un montaje judicial similar al mío, y pocas semanas después de
recobrar su libertad, luego de que la Justicia lo absolviera, cayó
asesinado muy cerca de su casa. Como se logró establecer posteriormente,
se trató de un crimen de Estado, en el que participaron miembros del
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
—¿Quisiera enviar un mensaje a otros perseguidos políticos que están pasando por la misma circunstancia que usted pasó?
—En nuestro país hay más de nueve mil prisioneros polítics, privados
de la libertad en las cárceles colombianas, que viven en situaciones de
hacinamiento y a los cuales se les violan los más mínimos derechos. A
estos hombres y mujeres les hago llegar mi voz de aliento, y la
convicción de que, a pesar de estas indignantes condiciones, es posible
seguir construyendo caminos de resistencia, mediante el estudio, la
acción colectiva y la denuncia de la injusticia, siempre en la
perspectiva de mantener viva la llama de la utopía, y la posibilidad de
edificar una Colombia nueva en la que se dignifique la vida humana.
