El Espectador. 14 de Enero 2014.
La Comisión Interamericana (CIDH) debería conceder medidas cautelares al
alcalde Gustavo Petro e incluir dentro de sus medidas una petición
formal al Estado colombiano para la pronta reforma de la Procuraduría,
conforme a los estándares internacionales.
El Gobierno podría entonces liderar un rápido proceso en el Congreso
que ponga fin de una vez por todas a la comedia de errores generada
desde la Procuraduría, como lo propuso el abogado Rodrigo Uprimny en una
columna anterior suya publicada en este diario.
Las acciones de
la Procuraduría han enlodado ya la imagen internacional de la
institucionalidad colombiana, al poner en duda ante propios y extraños
su capacidad para defender el espíritu democrático frente a quienes
abusan de la letra de la ley. Una ley, dicho sea de paso, que tirios y
troyanos reconocen fallida en su diseño.
Si lo anterior es cierto,
entonces nadie puede poner en duda el hecho de que las motivaciones del
grupo de funcionarios involucrados en dicho abuso son de carácter
político-teológico, en el sentido dado a ese término por el principal
jurista del régimen nazi, Carl Schmitt.
Así entendida, la teología
política ha sido denunciada como una manifestación de “fascismo
clerical”, en la afortunada frase de Jürgen Habermas, contraria a la
democracia liberal. Amparados en ella, unos cuantos se otorgan a sí y
ante sí la misión de mantener a toda costa el orden dado del cual ellos
se benefician, como si se tratase de uno ordenado por una fuente
textual. Dicha fuente habría sido revelada tan sólo a ellos en su forma
canónica, frente a la cual todos los demás deberíamos rendirnos como
frente a un ídolo.
Un grupo de clérigo-fascistas disfrazados de
letrados, para los cuales los derechos humanos y la paz son un embeleco
de ateos y comunistas, que amenaza tomarse por asalto la
institucionalidad democrática y legal para retorcerla contra sí misma y
suprimir a sus hijos.
Al hacerlo, continúan un patrón presente en
Guatemala y Paraguay de manera reciente, razón válida para que la CIDH
asuma con seriedad el caso. Pero sus verdaderos precursores están entre
los golpistas chilenos del 73 y los falangistas españoles, a quienes
admiran.
La religiosidad que los anima es pues una farsa, pues lo
suyo es en últimas el poder, y para obtenerlo están dispuestos a someter
la democracia al fuego inquisitorial y la sacratio, como ya sucedió en
España y Chile.
Frente a dicha amenaza, la democracia y los
electores tienen el deber de responder con la mayor firmeza, así ello
implique desobedecer la letra de la ley. No hacerlo sería demostrar la
debilidad de la democracia, que los clérigo-fascistas aceptan como
artículo de fe.
Dicha firmeza opone la flexibilidad de la democracia y su capacidad de reforma al dogma y la coerción de la cual ésta depende.
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