Por: El Espectador.
16 de Diciembre de 2013.
Foto: Gabriel Aponte.
Argumentan que el jefe del Ministerio Público se ha
extralimitado en sus funciones constitucionales y legales.
El abogado Jorge Eliécer Molano presentó una acción ante la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado para que se suspenda inmediatamente al procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado de su cargo.
Esto mientras se adelantan las indagaciones anunciadas por el fiscal General, Eduardo Montealegre en contra del jefe del Ministerio Público por presunta extralimitación en sus funciones y verificar si el fallo con el que se destituyó e inhabilitó por 15 años al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro fue desproporcionado.
Igualmente se pidió el nombramiento de una Corte Suprema y un Consejo de Estado ad hoc con el fin de que se cumplan con las pretensiones establecidas en la acción jurídica. "Que se procesa la suspensión y se evite un traumatismo para el país".
"Conforme al derecho internacional el procurador Alejandro Ordóñez no podía llegar a ese tipo de decisiones que violan de derechos de los ciudadanos de Bogotá por lo cual estos tienen que ser restablecidos", explicó Molano.
Igualmente señaló que el jefe del organismo disciplinario debe ser consciente de la situación y con el fin de evitarle un “desgaste a la justicia” debe renunciar inmeditamante a su cargo.
Vale recordar que en contra de la elección de Alejandro Ordóñez Maldonado como Procurador General para un segundo periodo se adelanta un proceso en el Consejo de Estado. El alto tribunal ha ordenado la práctica de pruebas para la audiencia que será fijada en enero del próximo año.
Por su parte el exfiscal General, Mario Iguarán, quien defiende los intereses jurídicos del alcalde en el proceso penal aseguró que en el caso del alcalde de Bogotá no se aplicó de manera coherente el principio de oportunidad ya que la sanción es a todas luces "desproporcionada".
Igualmente manifestó que espera que la Fiscalía archive en los próximos días las dos investigaciones que adelanta en contra del burgomaestre por el presunto daño ambiental y las irregularidades en la contratación en la ejecución del programa Basuras Cero.
Por su parte el exfiscal General, Mario Iguarán, quien defiende los intereses jurídicos del alcalde en el proceso penal aseguró que en el caso del alcalde de Bogotá no se aplicó de manera coherente el principio de oportunidad ya que la sanción es a todas luces "desproporcionada".
Igualmente manifestó que espera que la Fiscalía archive en los próximos días las dos investigaciones que adelanta en contra del burgomaestre por el presunto daño ambiental y las irregularidades en la contratación en la ejecución del programa Basuras Cero.
