La semana que comenzó el lunes 30 con un paro nacional
indefinido del formidable movimiento Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y
Popular, bien puede terminar con un acuerdo sobre el final de la guerra
con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).
Parte
de la dirigencia de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular,
durante el anuncio de la Minga Nacional indefinida a partir del 30 de
mayo de 2016, en la sede de la Organización Nacional Indígena de
Colombia, en Bogotá. Crédito: Constanza Vieira/IPS
Constanza Vieira
El sábado 4 de junio el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos,
estará en La Habana para asistir a una cumbre caribeña. El hombre que ha
sacrificado su capital político para hacer la paz con la guerrilla de
las FARC aparentemente no piensa perderse un anuncio histórico.
Y es que la semana que comenzó el lunes 30 con un paro nacional
indefinido del formidable movimiento Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y
Popular, bien puede terminar con un acuerdo sobre el final de la guerra
con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).
Cierto, todavía falta pedalear el proceso de paz con el mucho menos
pragmático Ejército de Liberación Nacional (ELN), que mantuvo en su
poder la semana precedente a tres periodistas durante seis días y estuvo
a punto de echarlo todo a perder.
El inminente acuerdo de cese al fuego y de hostilidades definitivo
entre las FARC y las fuerzas gubernamentales, que se especula que será
anunciado durante el viaje de Santos a la cumbre de la Asociación de
Estados del Caribe, incluye el destino que tendrán las armas
insurgentes.
Esto marcará el final de la guerra con esta guerrilla comunista y campesina, surgida el 27 de mayo hace 52 años.
En torno a este punto ya ha habido medidas de un llamado
“desescalamiento”, como el cese al fuego unilateral de las FARC, la
suspensión de los bombardeos y operaciones piloto conjuntas de
desminado.
También, el 16 de mayo se anunció la exclusión de las filas de las
FARC de los combatientes menores de 18, tres años por encima de la
exigencia del Derecho Internacional Humanitario, que considera menores
de edad a quienes no han cumplido 15 años.
Las conversaciones llevan un poco más de un lustro. A partir de la
fase pública, que fue iniciada en Oslo en octubre de 2012 y se
desarrolla en La Habana desde un mes después, el gobierno y las FARC han
llegado a acuerdos en cuatro de los seis puntos de la agenda.
Los puntos de acuerdo se refieren a reformas para el desarrollo
agrario integral y la apertura política, que son ambos los orígenes del
conflicto armado y factores para su permanencia desde los años cuarenta
del siglo pasado.
También incluyen soluciones en todos los eslabones de la cadena de
las drogas; y el denominado acuerdo sobre víctimas, que incluye verdad,
justicia transicional con privación de libertad para delitos atroces, y
reparación.
Una vez decidido el fin a las hostilidades, quedan por resolver
conjuntamente los mecanismos de refrendación popular de los acuerdos. Al
respecto ya se libra una intensa batalla legal y política en Colombia,
ante todo en el Congreso legislativo y en la Corte Constitucional.
De hecho, la Corte decide actualmente la constitucionalidad de una
ley estatutaria (de mayor jerarquía) que regula el plebiscito para
refrendar el acuerdo final de paz con las FARC.
Santos estuvo ya en otra ocasión en La Habana, desde el comienzo de
los diálogos, el 23 de septiembre de 2015, para participar en el anuncio
del acuerdo alcanzado en el crucial tema de la justicia transicional y
se dio un apretón de manos con Rodrigo Londoño, alias Timochenko, máximo
líder de las FARC, en un histórico gesto que simbolizó un punto de no
retorno para el proceso de paz.
Entonces, se dio como fecha para completar el acuerdo de paz al 23 de
marzo, lo que no pudo cumplirse, pero el sábado 4 todo anticipa que el
gobierno y las FARC darán un paso definitivo al poner cese bilateral a
las hostilidades.
Mensajes agrarios a negociadores
El primer día del paro nacional, denominado con la voz quechua
“minga” (trabajo colectivo para el bien común), movilizó, según la
Cumbre Agraria, a 200.000 personas en más de un centenar de puntos del
país y en 27 de las 33 divisiones administrativas (32 departamentos más
el Distrito Capital).
La Cumbre Agraria es una unidad inédita, nacida en 2013, de indígenas
y comunidades negras tradicionales, campesinos y trabajadores agrícolas
con reivindicaciones en torno a la tierra, pero también de comunidades
rurales y urbanas organizadas contra la depredación ambiental de sus
territorios por parte de mineras, petroleras y megaproyectos
hidroeléctricos.
El gobierno consideró que el paro es “injustificado”, pues ya hay en
marcha una serie de convenios sobre proyectos productivos que son
ejecutados por las propias comunidades, un hecho “sin precedentes”, dijo
el ministro del Interior Juan Fernando Cristo.
Cristo añadió que los manifestantes tienen garantías, siempre y
cuando no bloqueen por completo las vías ni causen daño en bienes
ajenos.
Con todo, la Minga Nacional parece un mensaje de la Cumbre Agraria a
la guerrilla de las FARC: los organizadores aducen, como primera razón
de la protesta, que el gobierno no cumple los acuerdos pactados en los
paros agrarios nacionales de 2013 y 2014. Llevan casi tres años
conversando y la crisis del campo empeora.
Aunque el gobierno dice que ha invertido el equivalente a 82 millones
de dólares, los dirigentes reclaman, como primera medida, inversiones
“sustanciales” para fortalecer la economía campesina.
“Es que eso incluso ya esta acordado en La Habana y debiera avanzar”,
dijo a IPS el dirigente Andrés Gil, de la Asociación Campesina del
Valle del Cimitarra y uno de los portavoces de la Cumbre Agraria.
Indígenas y comunidades negras tienen derecho, respectivamente, a
resguardos y territorios colectivos, pero los campesinos de la Cumbre
Agraria aun están luchando por obtener el estatus de zonas de reserva
campesina, a pesar de que estas están previstas en una ley de 1994.
Por eso, el segundo reclamo común de estos tres sectores en paro es
respetar, fortalecer y apoyar sus propuestas sobre territorio.
Y el tercero es abordar los efectos de la megaminería en el
desplazamiento forzado de comunidades y en el medio ambiente, un tema
que el gobierno se niega a discutir con la Cumbre, mientras la gente
sospecha que, sin guerrilla, las compañías transnacionales tendrán vía
libre para depredar.
Editado por Estrella Gutiérrez
https://www.youtube.com/user/nolascopresiga/videos
