Por: Delegación de paz de las FARC-EP-
07 de Febrero de 2014
zquierda a derecha: Comandantes Laura Villa, Andrés París y Jesús Santrich.
La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, Febrero 7 de 2014
Desmilitarización de la política antidrogas, no intervencionismo y descriminalización de los pobres del campo
En desarrollo los lineamientos generales de la “Política
antidrogas para la soberanía y el buen vivir de los pobres del campo”,
las FARC-EP presentan las siguientes cuatro propuestas mínimas
correspondiente al punto seis sobre “Desmilitarización de la política
antidrogas, no intervencionismo imperialista y descriminalización de los
pobres del campo”:
Desmilitarización de los territorios y de la política antidrogas.
- No intervencionismo, autonomía y autodeterminación de la política antidrogas.
- Política antidrogas participativa y con enfoque de derechos humanos integrales
- Descriminalización de los productores y los trabajadores de los cultivos y de los consumidores de drogas sicoactivas.
6.1. Desmilitarización de los territorios y de la política antidrogas
La desmilitarización constituye uno de los pilares de una
nueva política antidrogas. Ello implica desligarla de las políticas y
estrategias contrainsurgentes; el cese inmediato de las pretensiones de
dominio y control sobre territorios campesinos, indígenas y
afrodescendientes, y de disciplinamiento social basadas en la ocupación
militar y la represión sobre la población. Conlleva por tanto poner fin a
la “Política nacional de consolidación territorial” y a los “Planes de
consolidación territorial”, así como el cierre definitivo de la Unidad
Administrativa Especial de la Consolidación Territorial. Y en lugar de
ello, formular y ejecutar “Planes Territoriales de construcción de paz”,
cuyo eje serán los “Planes de desarrollo alternativo” formulados por
las comunidades campesinas y afrodescendientes, o los “Planes de vida”
concebidos por las comunidades y pueblos indígenas. La desmilitarización
debe extenderse igualmente a los centros urbanos y conlleva por tanto
el cese de estrategias de control y represión sobre zonas pobres y
deprimidas de las ciudades con el argumento de la “guerra contra las
drogas”
6.2. No intervencionismo, autonomía y autodeterminación de la política antidrogas
Debe cesar de inmediato la injerencia y participación
directa de los Estados Unidos, así como de sus empresas y agencias
mercenarias en la política antidrogas. Se debe poner fin al negocio
transnacional de la llamada guerra contra las drogas. La nueva política
antidrogas que demanda el país ha de fundamentarse en los principios de
la soberanía, la autonomía y la autodeterminación de la Nación,
desligarse por tanto de los dictámenes de los Departamentos de Estado y
de Defensa, del Comando Sur, de la CIA y de otras centrales de
inteligencia británica e israelí, sustraerse de los enfoques
geopolíticos imperialistas de la “dominación de espectro completo” sobre
Nuestra América y, de manera específica, de la doctrina de la seguridad
nacional y de la guerra contrainsurgente.
6.3. Política antidrogas participativa y con enfoque de derechos humanos integrales
La “Comisión para el diseño y el seguimiento de una
política nacional antidrogas democrática y participativa”, instancia de
la formulación de la política antidrogas, enmarcará y adelantará sus
labores atendiendo de manera estricta el enfoque de derechos humanos.
Tal enfoque conlleva el reconocimiento de la naturaleza socioeconómica y
cultural de la problemática de las drogas, y constituirá el referente
de toda acción para enfrentarla. Se proscribirán, por tanto, los
enfoques prohibicionistas y de interdicción y toda acción o práctica que
vulnere derechos civiles, políticos, económicos, sociales y ambientales
de la población en nombre de la “guerra contra de las drogas”, lo cual
implica además una redefinición de la actual política criminal.
Campesinos productores y trabajadores de cultivos, así como consumidores
de drogas sicoactivas, sometidos hasta ahora a la violación permanente
de sus derechos, merecerán tratamiento especial en atención al carácter
socioeconómico y de salud pública del problema.
6.4. Descriminalización de los productores y los trabajadores de los cultivos y de los consumidores de drogas sicoactivas
La redefinición de la política antidrogas exige una nueva
política criminal del Estado que concentre sus esfuerzos en la
persecución y el encarcelamiento de los principales beneficiarios del
mercado de drogas ilícitas, así como en el desmantelamiento de las redes
transnacionales de tráfico y de lavado de activos. La persecución, la
estigmatización y la criminalización de los pobres del campo, de las
comunidades campesinas, de las familias que las conforman y de los
trabajadores de los cultivos, incluidos sus organizaciones y líderes,
debe cesar de inmediato. En igual sentido, se procederá con los
consumidores de drogas sicoactivas. Como parte de las labores de la
“Comisión para el diseño de una política nacional antidrogas democrática
y participativa”, se conformará un Grupo de Trabajo con académicos y
expertos que formule los lineamientos generales para una nueva política
criminal del Estado en esta materia. Las acciones de cooperación
internacional contra el crimen organizado transnacional en ningún
momento se llevará a cabo con menoscabo a la soberanía y la
autodeterminación.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
