Por: Delegación de paz de las FARC-EP
Diciembre 8 de 2013.
La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, Diciembre 8 de 2013
Política antidrogas integral, soberana, democrática y participativa,
orientada a los pobres del campo y a los consumidores
orientada a los pobres del campo y a los consumidores
En desarrollo de los lineamientos
generales de la “Política antidrogas para la soberanía y el buen vivir
de los pobres del campo”, las FARC-EP presentan un conjunto de
propuestas correspondiente a la “Política antidrogas integral, soberana,
democrática y participativa, orientada a los pobres del campo y a los
consumidores”.
1. Política antidrogas de carácter integral y diferenciado
El diseño y la implementación de la
política antidrogas será de carácter integral y diferenciado. Ello
implica la superación de enfoques reduccionistas que tienden a
privilegiar políticas centradas en la interdicción y la criminalización
de los eslabones más débiles del proceso de producción, es decir, los
campesinos productores de hoja de coca, amapola y marihuana, y los
consumidores de drogas ilícitas. La situación de los campesinos
productores será tratada como problemática social; la de los
consumidores como problema de salud pública. Considerando que los
análisis de impacto económico demuestran que las rentabilidades
extraordinarias se encuentran en las fases de la circulación, la
distribución y en la incorporación de las ganancias generadas en los
circuitos legales de la economía a través del lavado de activos, la
política antidrogas privilegiará acciones y medidas orientadas a su
persecución y desarticulación. La política criminal del Estado se
encauzará en esa exclusiva dirección.
2. Política antidrogas soberana
En atención al fracaso de la política
antidrogas impuesta por el imperialismo de los Estados Unidos, a sus
negativos efectos sociales y ambientales, a su incidencia sobre la
prolongación del conflicto social y armado, entre otros, se diseñará e
implementará una políticas antidrogas que contemple los principios de
soberanía y autodeterminación. Ello compromete diseños en consonancia
con la especificidad y la naturaleza socioeconómica del problema tal y
como se presenta en el territorio nacional, incluido el reconocimiento
de la capacidad de administración de justicia en la jurisdicción
nacional.
3. Política antidrogas democrática y participativa
En la medida en que la política
antidrogas impacta sobre el conjunto de la sociedad, su diseño e
implementación debe ser democrático y participativo, e involucrar a
representantes del conjunto de fuerzas políticas y sociales de la Nación
que se ocupen de la problemática. De manera especial, debe incluir a
representantes de productores de comunidades campesinas, indígenas y
afrodescendientes, a los consumidores organizados, así como a
instituciones y organizaciones no gubernamentales especializadas. Se
conformará un “Comisión para el diseño y el seguimiento de una política
nacional antidrogas democrática y participativa”.
4. Aportes de la comunidad académica, científica e internacional
El diseño de una política nacional
antidrogas democrática y participativa deberá apoyarse en los aportes de
las comunidad académica y científica nacional e internacional. Para tal
efecto, se conformará una “Misión de expertos” encargada de producir
lineamientos, propuestas y recomendaciones, a ser tenidos en cuenta por
la “Comisión para el diseño y el seguimiento de una política nacional
antidrogas democrática y participativa”. De manera especial, se invitará
a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC)para que presente sus aportes y experiencias y asesore en el
diseño de políticas contra el tráfico de drogas ilícitas y, en
particular, contra el lavado de activos.
5. Protecciones especiales a los productores de hoja de coca y consumidores de drogas ilícitas
Teniendo en cuenta que los productores
de hoja de coca y los consumidores de drogas ilícitas, antes que
beneficiarios, son víctimas de la empresa capitalista transnacional del
narcotráfico, la política antidrogas contemplará un capítulo de
protecciones especiales. Las protecciones especiales se refieren al
conjunto de condiciones políticas, económicas, sociales, y jurídicas,así
como a los diseños institucionales, que deben ser provistos por el
Estado a fin de garantizar que productores y consumidores no sean
estigmatizados, perseguidos y criminalizados, sino más bien se
constituyan en sujetos de política pública para la superación de su
situación de pobreza y miseria, o de tratamiento terapéutico de la
adicción, según el caso.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
