11 Mayo 2013
La justicia colombiana, tan corrompida como la política, necesita la urgente intervención de la ONU.
El portal La Silla Vacía denunció que Alberto Rojas Ríos, candidato a
la Corte Constitucional, había asesorado profesionalmente a un cercano
amigo del jefe paramilitar Salvatore Mancuso y recibió por sus servicios
casi 500 millones de pesos, de los que solo declaró y pagó impuestos
por 8,5. Es, además, amigo personal y político de una exparlamentaria
vinculada al paramilitarismo.
A pesar de semejante hoja de vida y del clamor de numerosos
ciudadanos, políticos y periodistas para que el parlamento se abstuviera
de llevarlo a la Corte, los senadores, en un vulgar desafío a la
opinión pública, lo eligieron magistrado, de modo que ejercerá la
delicada misión de impartir justicia durante los próximos ocho años.
¿Puede denominarse esto transparencia?
El Procurador General, denodado perseguidor de las mujeres que
abortan legalmente y de los homosexuales –a los que califica de
“bestias”–, forma parte de un grupúsculo religioso de extrema derecha
que niega el Holocausto. Según los negacionistas, Hitler no masacró a
judíos, gitanos y otras minorías étnicas: esas son patrañas fabricadas
por la propaganda judía. Semejante actitud es en Europa un delito tan
grave que está penado por 16 legislaciones. Ningún país civilizado
permitiría que ocupara un alto cargo público quien no reconozca a gritos
la atroz matanza perpetrada por los nazis. Pero el procurador Alejandro
Ordóñez guarda bochornoso silencio cuando los periodistas le preguntan
si niega los horrores del III Reich. Hasta donde sé, solo en privado ha
ofrecido tímidas disculpas a unos dirigentes judíos colombianos, cuando
hablamos de uno de los más escalofriantes crímenes de la historia, cuya
tolerancia afecta la dignidad de todos los seres humanos, judíos o no
judíos.
Ahora, llevado por un odio enfermizo a los homosexuales, amenaza con
destituir a los notarios que, delegados por la ley, se atrevan a unir en
matrimonio a las parejas del mismo sexo, e incita a estos funcionarios a
obstruir con sus objeciones religiosas el imperio de la ley y la
jurisprudencia.
¿Puede llamarse a esto justicia?
Un magistrado elegido pese a su vergonzoso pasado y un Procurador que
no repudia en público la matanza nazi… Agreguen a ellos los
‘carruseles’ de pensiones de la magistratura (por fortuna desmontados
esta semana); la ligereza con ciertos delitos cometidos por militares
(‘Tolemaida’ viene de ‘tolerancia’); los asesinatos sin castigo de
líderes de la restitución de tierras; los atentados contra periodistas;
las decenas de parlamentarios encarcelados; los placenteros viajes de
paramilitares y mafiosos en busca del paraíso gringo de la impunidad;
los gobernadores no ejemplares, como el de La Guajira; la soberbia y el
desmadre en los gastos de la Contralora; las interminables noticias
sobre el saqueo de Bogotá durante la administración Moreno…
¿Es esto digno de un país que se hace llamar democrático?
Me aterra que no caigamos en cuenta de que Colombia atraviesa un
estado brutal de descomposición, de que uno solo de estos escándalos
encendería la luz roja en una sociedad que se respete, y de que todos
los síntomas sumados retratan un grado de corrupción que exige medidas
radicales e inmediatas.
Lo malo es que no se ve quién ni cómo podría llevar a cabo la labor
de limpieza dentro de los estrictos cauces legales. Al Gobierno le falta
liderazgo: le teme al Procurador (se lo lleva de paseo con la familia
al Vaticano) y fue incapaz de criticar la elección del magistrado venal.
La justicia es uno de los resortes más afectados. Por eso me atrevo a
sugerir que se solicite la intervención de las Naciones Unidas a través
de su Relatoría Especial sobre la Independencia de los Magistrados y
los Abogados en el Mundo. Ignoro las minucias protocolarias que activan
esta monitoría. Pero ha sido clave para denunciar el amaño de poderes en
Argentina, y podría exhibir lo que rehusamos aceptar en Colombia: que
aquí la justicia es un enfermo terminal.
Daniel Samper Pizano
