Por: El Tiempo
11 de Mayo 2013
Magistrada de ese tribunal logró pensión de 15 millones de pesos, superior al sueldo de un general.
Las polémicas pensiones
millonarias no se dan solo en las altas cortes y en el Congreso. En la
Justicia Penal Militar, fuertemente cuestionada por su falta de
resultados, también hay jubilaciones de escándalo.
Un fallo
del Consejo de Estado sentó un polémico precedente en esa instancia: una
mayor del Ejército –integrante de la Justicia Penal Militar– que con
menos de 50 años logró que su mesada pensional quedara en 15 millones de
pesos, al mismo nivel que la de un general de tres soles con más de 35
años de servicio.
Pasaron tan solo 19 meses desde su
nombramiento como magistrada del Tribunal Superior Militar para que la
mayor Maricel Plaza Arturo pidiera, en agosto del 2007, la baja del
Ejército y empezara a tramitar el pago de su asignación de retiro.
La
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (Cremil) ordenó el
reconocimiento de la pensión en noviembre del 2007, pero lo hizo
teniendo en cuenta el rango: en el caso de un mayor del Ejército el
básico era 3.864.759 pesos. Sin embargo, la uniformada pidió que se le
reliquidara la pensión tomando como base el sueldo que había recibido
desde su nombramiento como magistrada, que es superior a los 15
millones.
La Caja rechazó la petición y el caso llegó al
Consejo de Estado. Y esa alta corte –cuyos fallos, según el Gobierno y
la Contraloría, abrieron grandes huecos fiscales incluso en contravía
con anteriores mandatos de la Corte Constitucional– le dio la razón a la
mayor Plaza Arturo.
La sentencia ordenó que se le pagara lo
que la oficial había dejado de percibir entre 2007 y 2011 y que se
mantuviera el pago de su mesada teniendo en cuenta su sueldo como
magistrada.
El fallo plantea serias dudas. El primero, que la
mayor se pensionó con doble beneficio, pues lo hizo con el de los 20
años de servicio (sin importar la edad) que cobija a los miembros de la
Fuerza Pública, pero logró también las gabelas que tienen los
magistrados.
De hecho, la Caja de Retiro sostuvo –y su tesis
no tuvo eco en el Consejo de Estado– que para recibir la pensión debería
tener la edad de pensión de los demás integrantes de los tribunales del
país. La mayor terminará su periodo en el Tribunal en diciembre y
seguirá disfrutando de su millonaria jubilación.
El director
de la Cremil, el general en retiro Édgar Ceballos, calificó el caso de
atípico, pero advierte: “El Consejo de Estado dio una orden, y nosotros
acatamos la decisiones judiciales”.
No avanza proceso en la Comisión
Hace
año y medio la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes
intentó quitarle a la Contraloría la investigación que abrió por el
escándalo del llamado ‘carrusel’ de las pensiones en el Consejo de la
Judicatura. Mientras el ente de control llamó, en noviembre del 2012, a
juicio fiscal a varios magistrados considerados como presuntos
responsables, en la Comisión hasta ahora el proceso está en etapa
preliminar.
Allí se indagan denuncias contra 209 magistrados
de las altas cortes. La principal cobija a cuatro togados del Consejo de
la Judicatura: Julia Emma Garzón, Ovidio Claros, Pedro Alonso Sanabria y
Henry Villarraga, todos magistrados de la Sala Disciplinaria del alto
tribunal.
De acuerdo con la investigación de la Contraloría,
las pensiones millonarias que habrían obtenido irregularmente
magistrados auxiliares, entre otros, le han significado al fisco 6.718
millones de pesos.
¿Habrá ‘choque de trenes’?
Con
posiciones diametralmente opuestas al fallo de la Corte Constitucional
que puso fin a las megapensiones, magistrados del Consejo de Estado no
descartan que en el futuro decisiones relacionadas con este espinoso
tema terminen en un choque de trenes.
Aunque el presidente
del Consejo, el magistrado Alfonso Vargas, dijo que es respetuoso del
fallo y afirmó que debía acatarse, entre sus colegas crece la
preocupación por los alcances que pueda tener la decisión.
Según
algunos de ellos, lo más grave de esa sentencia es el desconocimiento
de los derechos adquiridos, considerados uno de los pilares del sistema
jurídico colombiano.
Muchos se aventuraron a decir que, con
una tesis similar, se podría desconocer el derecho a la propiedad y
acudir a la expropiación en aras de satisfacer las necesidades de los
sectores más desprotegidos.
Por lo pronto, los magistrados
esperan analizar en detalle la sentencia y no se descarta que encuentren
esguinces para apartarse de lo establecido por la Corte Constitucional.
Así
sucedió con un fallo de 1999 que ordenaba que cada reclamo de pensión
se tramitara de acuerdo con la situación individual del excongresista, y
la Sección Segunda del Consejo de Estado abrió las puertas para entrar a
liquidar con mayores gabelas a los congresistas.
Los excongresistas no descartan ir a tribunales internacionales
Heraclio
Fernández, además de excongresista fue alcalde de Tunja y exgobernador
de Boyacá. Desde 1991 está pensionado por Fonprecón, que le gira
mensualmente 20 millones de pesos.
Fernández, quien ya supera
los 70 años, es además el vicepresidente de la Asociación Nacional de
Parlamentarios Pensionados (Anppe).
¿Qué opinión les merece en Anppe la decisión de la Corte?
En
Anppe creíamos que se iban a respetar los derechos adquiridos, que la
decisión sería a futuro. Había confianza en que no se meterían con
nuestros derechos adquiridos.
Y ahora, ¿qué van a hacer?
Por ahora solo se conoce el boletín de prensa, tenemos que conocer la sentencia completa para revisar qué podemos hacer.
¿Esa revisión puede implicar acudir a otras instancias?
Indudablemente, todo lo que nos permitan tanto la Constitución como nuestras leyes es apenas normal que se analice y se estudie.
¿Incluso llegar a instancias internacionales?
Indudablemente
se evaluarán todas las salidas jurídicas, y esa es una que no
descartamos y que ya algunos han planteado. Es más, muchos están
buscando abogados internacionalistas para revisar el tema. Por el
momento exploramos posibilidades mientras conocemos el fallo en su
totalidad.
¿Sienten que los golpearon con esta decisión?
Si
hay un monto de una pensión adquirida legalmente y en un momento dado
se disminuye, pues es apenas obvio que los parlamentarios pensionados
nos sintamos afectados. Es normal.
¿Ya tiene un cálculo de en cuánto le va a quedar su pensión?
No, todavía no, porque no conocemos el fondo de la sentencia. Además tenemos muchos descuentos.
De todas maneras su pensión se va a reducir. ¿Ya decidió qué gastos va a restringir?
Naturalmente que tenemos compromisos, gastos, desplazamientos, y creo que a nosotros nos va a tocar restringirlos.
Los atajos para inflar jubilaciones
1. Pensión por libros
Al
menos 40 congresistas lograron pensionarse por una ley que validaba dos
años de trabajo por cada libro publicado y aceptado como texto
educativo. Esto permitió que algunos de ellos lograran su jubilación
antes de cumplir la edad para ello. Una revisión del Fondo de Pensiones
del Congreso encontró aparentes vicios, pues muchas obras no tenían la
calidad para ser material pedagógico. Aunque algunos desistieron de que
los libros fueran usados para completar la edad, hubo seis casos que se
debieron llevar a la justicia, procesos que siguen vigentes.
2. Viajes y viáticos
A muchos excongresistas se les aplicó como factor de liquidación pensional sus viáticos y pasajes. Por cuenta de esto, hasta mayo del 2012 el excongresista Jesús Antonio García Cabrera tuvo la pensión más alta del sector estatal: $ 31 millones. Ante esto, el Fondo de Pensiones del Congreso demandó ante el Tribunal Administrativo del Huila, que le dio la razón, pero García apeló al Consejo de Estado, que luego ordenó que su pensión quedara en $ 21 millones. Los magistrados determinaron que, aplicando el principio de buena fe, García no devolviera la plata que se le pagó de más.
A muchos excongresistas se les aplicó como factor de liquidación pensional sus viáticos y pasajes. Por cuenta de esto, hasta mayo del 2012 el excongresista Jesús Antonio García Cabrera tuvo la pensión más alta del sector estatal: $ 31 millones. Ante esto, el Fondo de Pensiones del Congreso demandó ante el Tribunal Administrativo del Huila, que le dio la razón, pero García apeló al Consejo de Estado, que luego ordenó que su pensión quedara en $ 21 millones. Los magistrados determinaron que, aplicando el principio de buena fe, García no devolviera la plata que se le pagó de más.
3. El carrusel
El Congreso aprobó una ley que extendía sus condiciones de pensión a magistrados, fiscales y procuradores. Casi dos décadas después se destapó el escándalo del ‘carrusel’ de pensiones en la Judicatura, por el que la Contraloría llamó a juicio fiscal a 13 personas. En la Sala Disciplinaria de ese tribunal se hicieron nombramientos de magistrados auxiliares que apenas duraron semanas, pero que les permitieron a los beneficiarios multiplicar hasta cinco veces sus pensiones –algunas de solo 3 millones de pesos– al tomar como base de liquidación el sueldo de ese último cargo de poca duración.
El Congreso aprobó una ley que extendía sus condiciones de pensión a magistrados, fiscales y procuradores. Casi dos décadas después se destapó el escándalo del ‘carrusel’ de pensiones en la Judicatura, por el que la Contraloría llamó a juicio fiscal a 13 personas. En la Sala Disciplinaria de ese tribunal se hicieron nombramientos de magistrados auxiliares que apenas duraron semanas, pero que les permitieron a los beneficiarios multiplicar hasta cinco veces sus pensiones –algunas de solo 3 millones de pesos– al tomar como base de liquidación el sueldo de ese último cargo de poca duración.
4. Demandas
Otra puerta que se cierra la abrieron varios fallos del Consejo de Estado, algunos del exmagistrado y hoy procurador Alejandro Ordóñez. En esas sentencias se reconocieron derechos a pensión tomando como base el salario que ganaba un congresista hasta más de una década después. Por la misma vía, decenas de excongresistas y magistrados reclamaron reajuste y lograron multiplicar sus mesadas. Ellos pretendían y consiguieron que sus pagos no se ajustaran al mejor salario del último año de cotización, sino al promedio de lo que ganaba un congresista en el año en el que recibieron la pensión.
Otra puerta que se cierra la abrieron varios fallos del Consejo de Estado, algunos del exmagistrado y hoy procurador Alejandro Ordóñez. En esas sentencias se reconocieron derechos a pensión tomando como base el salario que ganaba un congresista hasta más de una década después. Por la misma vía, decenas de excongresistas y magistrados reclamaron reajuste y lograron multiplicar sus mesadas. Ellos pretendían y consiguieron que sus pagos no se ajustaran al mejor salario del último año de cotización, sino al promedio de lo que ganaba un congresista en el año en el que recibieron la pensión.
