Por: Diana Carolina Durán Núñez. El Espectador
Mayo 14 2013
Un juez federal decidirá si el gobierno de EE.UU. revela o no los
documentos que la multinacional entregó como parte de su acuerdo con la
justicia de ese país.
La multinacional enfrenta diez procesos por financiar el terror paramilitar
Un juez federal decidirá si el gobierno
de EE.UU. revela o no los documentos que la multinacional entregó como
parte de su acuerdo con la justicia de ese país.
Los documentos que dan cuenta de los
pagos de Chiquita Brands a grupos armados ilegales colombianos deben
mantenerse clasificados, porque su divulgación perjudicaría
“irremediablemente” su derecho a un juicio justo e imparcial tanto en
Colombia como en Estados Unidos. Si el National Security Archive y el
público en general se vieran afectados por esa reserva, más afectada se
verá Chiquita si la reserva se levanta. La Corte debe ordenarle a la
Securities and Exchange Commission (SEC) que no desclasifique los
documentos. La Corte debe ignorar la decisión de la SEC por “caprichosa,
arbitraria” o, al fin y al cabo, “contraria a la ley”.
Esos
son los argumentos que, desde hace un mes, estudia un juez de la Corte
del Distrito de Columbia, ante la cual la multinacional Chiquita Brands
presentó un recurso legal el pasado 4 de abril buscando que se ponga
freno de mano a la decisión que la SEC tomó en diciembre de 2012:
desclasificar, a petición del National Security Archive (NSA), buena
parte de los documentos que la propia Chiquita le entregó al
Departamento de Justicia de EE.UU., a cambio de ser sancionada (en 2007)
con una multa de US$25 millones, la orden de implementar un programa de
ética y permanecer cinco años en período de prueba.
Hoy la
multinacional, por cuenta de sus pagos ilegales a grupos paramilitares,
pelea en diez frentes de batalla, nueve procesos en Estados Unidos y uno
en Colombia, y ha enfilado sus baterías en evitar que la información
que le entregó al Departamento de Justicia sea divulgada. Según se
arguyó ante la Corte de Columbia, si el NSA obtiene los expedientes, “se
puede esperar una campaña mediática para influir en el proceso MDL y el
proceso en la Fiscalía colombiana”. Porque, según Chiquita, el National
Security Archive “está aliado y asiste” a demandantes de una acción
civil contra Chiquita en Florida, que es el mismo proceso MDL.
“Con
el único propósito de que se establezca la verdad y se garantice la
imparcialidad de los procesos judiciales en curso, la compañía ha
solicitado que los documentos sean revelados bajo la normativa
estadounidense”, le dijeron a este diario voceros de Chiquita Brands.
“La preocupación es que el National Security Archive utilice
documentación a la que sus socios en el litigio no tienen derecho para
tergiversar los hechos”, agregaron, haciendo énfasis en que fueron ellos
quienes denunciaron las “extorsiones” de las que habían sido objetivo
muchos años por parte primero de la guerrilla y luego de los ‘paras’.
Fuentes
de la Fiscalía le confirmaron a este diario que, efectivamente, la
desclasificación de esos documentos podría alterar el cauce de la
investigación que se está realizando en Colombia, donde, en octubre del
año pasado, el despacho del vicefiscal general reabrió el proceso en
contra de varios exejecutivos de la bananera, luego de que una Fiscalía
de Medellín lo cerrara en marzo de 2012. Pero si los documentos se
mantienen en reserva y no se difunden tampoco en juicio, a la Fiscalía
sólo le quedaría recurrir al Departamento de Justicia para que los
entregue voluntariamente. “No hay manera de presionar”, dijo una fuente
del organismo.
El Espectador conoció los documentos que
reposan en la Corte del Distrito de Columbia relacionados con la
petición de no desclasificar los “Chiquita Payment Documents”
(documentos de pago de Chiquita) por el interés “tendencioso” que
tendría en ellos el National Security Archive. En 2011 el NSA logró, por
primera vez, que el gobierno norteamericano entregara documentación
reservada relacionada con Chiquita Brands. Su análisis fue que,
contrario a lo que Chiquita y el Departamento de Justicia habían
afirmado en su acuerdo, Chiquita no había sido extorsionada, sino que
había hecho transacciones con grupos ilegales para beneficio propio.
“Esta
es la primera vez en casi 30 años que una multinacional como Chiquita
intenta bloquear la difusión de récords al National Security Archive”,
le dijo a este diario Michael Evans, investigador del NSA, quien explicó
que la misión de la organización en la que trabaja es abrir archivos
secretos relacionados con la política exterior de EE.UU. Evans agregó:
“Este es probablemente el conjunto más grande de información que se haya
organizado sobre vínculos corporativos con el terrorismo. Fue una
investigación extensa que resultó en la primera y, hasta ahora, única
condena contra una compañía estadounidense gigante por financiar un
grupo terrorista”.
El abogado que representa al NSA ante la
Corte de Columbia, Jeffrey Gutman, desmintió además la aseveración de la
multinacional: “El NSA no es parte en ningún caso contra Chiquita”. El
Espectador revisó también en el sistema de información pública de cortes
estadounidenses lo respectivo al proceso MDL en Florida, sin encontrar
evidencia de que el National Security Archive fuera parte del litigio.
Gutman explicó que el NSA pidió la información basado en la Ley de
Libertad de Información (FOIA, en inglés), tal como se ha hecho en el
pasado, y detalló que la disputa es por 44 páginas que la SEC determinó
no eran confidenciales.
“Si otras partes están interesadas en
usar en juicios los documentos que nosotros obtenemos, eso depende de
ellos y es potestad de los jueces admitirlos o no como evidencia. Pero
quiero ser claro: el NSA no usa estos documentos en cortes. No ha
demandado ni demandará a Chiquita. El NSA es un centro de
investigación”. “Esta es una oportunidad para que Chiquita haga lo
correcto y confiese sus vínculos con el terrorsimo”, concluyó Michael
Evans. Los voceros de Chiquita, por su parte, dijeron que confiaban en
“la imparcialidad de las autoridades colombianas”.
