Por: Santiago Martínez. El Espectador
17 de Mayo 2013
La decisión se tomó el pasado 28 de
febrero. El procurador delegado para la defensa de derechos humanos,
Rafael José Durán Mantilla, resolvió cerrar la investigación contra los
soldados profesionales Yelson Pérez Castillo, Jhon Fredy Ortiz Bautista y
Julio César Carvajal Rodríguez porque estableció que, de acuerdo con el
material probatorio, la muerte del líder campesino “se vería más como
un daño colateral por el accionar del Ejército ante la ejecución de una
orden de operaciones debidamente planeada a efectos de controlar el
área, sin que se tuviera conocimiento de que allí había civiles”.
Según el Ministerio Público,
persisten las dudas de los motivos por los cuales Uribe Chacón se
encontraba en la zona de combate donde el Ejército asegura que existía
un campamento guerrillero. Esta información la obtuvo la Fuerza Pública
gracias a las declaraciones de un desmovilizado de las Farc, que señaló
que la casa donde habitaba en ese entonces Uribe, junto a profesores que
enseñaban en la escuela de Mina Gallo, era un resguardo de guerrilleros
del ELN. Durante la operación, que se denominó ‘Araña’, los militares
afirmaron que al llegar al lugar comenzaron a disparar y que Uribe cayó
“víctima del fuego cruzado”.
Pero para los familiares de
Uribe Chacón, representados por el abogado Jorge Molano, la historia es
completamente distinta. Apoyados en las pruebas forenses y en la
necropsia, explican que Uribe falleció después de recibir seis impactos
de bala: uno en el cuello, otro en el antebrazo izquierdo, dos más en el
muslo derecho y el último en los glúteos. Dos de esos disparos, según
el informe de balística, “fueron a corta distancia, es decir, a menos de
un metro y medio se encontraban la víctima y el victimario”. En otras
palabras: a quemarropa.
Medicina Legal inspeccionó el cadáver
del líder campesino también y encontró que no había “gránulos de
pólvora cruda ni esquirlas metálicas”. Es decir, que Alejandro Uribe no
disparó ningún arma en la noche de su muerte. La Fiscalía tampoco
comprobó la tesis de los militares y por eso llamó a juicio en
septiembre de 2010 al capitán Álvaro Enrique Ramírez Flórez, al sargento
Segundo Villafrades Pérez Rubio y a los soldados Julio César Carvajal
Rodríguez y Yelson Pérez Castillo. El juicio no ha concluido aún.
Para
Jorge Molano, la Procuraduría “no tuvo en cuenta las pruebas de
carácter técnico y sólo soportó la decisión con testigos. Además, no
tomó el análisis de las distancias de los disparos, que era
importantísimo en este proceso, pues los militares afirmaron que el
combate se dio a 25 metros de distancia y no pudieron explicar por qué
los disparos se realizaron a medio metro de distancia”.
En el
expediente de Uribe Chacón aparecen 10 testigos. Cinco desmovilizados,
que afirman haber conocido a Uribe con el alias de ‘Andrés’; y cinco
civiles, entre ellos su padre y su hermano, así como miembros de la
Federación Agrominera del Sur del Bolívar (Fedeagromisbol), que
aseguraron que Alejandro Uribe jamás fue reconocido por su pertenencia a
grupos guerrilleros sino como un defensor de la minería artesanal en
Bolívar. Los testigos de Fedeagromisbol agregaron que la víctima había
sido amenazada por miembros del Ejército previamente, y que habían
llegado “al punto de que en una ocasión botaron al suelo un cadáver al
frente de la casa de Uribe”.
En desarrollo de la
investigación se presentó un hecho particular en febrero de 2007: en el
Batallón Nueva Granada de Barrancabermeja (Santander), los tres soldados
objeto de la decisión de la Procuraduría, por orden de un superior,
incineraron el chaleco en el que se guardaba munición que supuestamente
pertenecía a Uribe. La razón que dieron los uniformados fue que en el
almacén de armas decomisadas no se podía tener material de intendencia y
explosivos. Molano, sin embargo, reclama que el Ejército quemó las
pruebas que estaban bajo custodia para que “no se hiciera las pruebas de
que solicitamos para confirmar si en realidad Alejandro usó ese
chaleco”.
La decisión de 19 páginas de la Procuraduría
confirma la versión castrense: que la muerte de Uribe Chacón se dio en
medio de un combate entre la guerrilla y el Ejército; que los soldados
no obraron contra la Ley; que según las versiones y el estudio
topográfico los impactos de bala corresponden a una ubicación de fuego
cruzado; y que no había nuevos elementos probatorios que demostraran la
responsabilidad de los militares. “Nos preocupa que se trate de una
política del Ministerio Público para procurar la impunidad y encubrir
falsos positivos”, señaló Molano.
La familia de este líder
minero del sur de Bolívar mantiene sus esperanzas en el proceso penal
que se sigue en contra de los cuatro exmilitares. De los tres soldados
que eximió la Procuraduría, el único que no está a punto de enfrentar
juicio es Jhon Fredy Ortiz. El resto, junto con el capitán y el
sargento, empiezan en agosto el juicio oral por este caso que, resaltó
Molano, fue presentado como emblemático dentro del informe de Amnistía
Internacional de 2007 sobre los casos de asesinatos a sindicalistas.
