VOZ: 09 de Mayo 2013.
Intervención de Sergio de Zubiría Samper en el panel de académicos del Foro de Participación Política.
Postular ciertas reformas políticas que puedan aclimatar la paz en Colombia
debe partir de algunas premisas necesarias. Un conjunto de postulados teóricos
que puedan orientar reflexivamente este importante desafío en la hora actual.
Recordemos al maestro Orlando Fals Borda, quien reiteraba: “El valor de las
premisas es su condición de ser siempre debatibles”.
En los procesos políticos contemporáneos, experimentamos una profunda
paradoja, destacada por distintos investigadores sociales latinoamericanos. Por
un lado, la práctica política se encuentra sub-teorizada, al limitarse por
momentos al activismo, el inmediatismo y la racionalidad instrumental.
Por el otro, existen manifestaciones de una teoría política ciega a las
prácticas sociales emergentes, más preocupada por los modelos, los datos y las
formas, que por la investigación de las prácticas concretas de los movimientos
sociales y organizaciones políticas concretas. Necesitamos discutir y
reflexionar los problemas políticos actuales, en una dimensión más amplia, para
enfrentar la anterior paradoja.
Sugerimos, como punto de partida, cuatro premisas que nos pueden aconsejar
en la búsqueda de los ámbitos o dimensiones de aquellas reformas políticas que
puedan ir aclimatando la paz en nuestra patria.
Premisas
Primera premisa: Ratificar la necesaria distinción entre la firma del
acuerdo para el fin del conflicto y la construcción de las bases para una paz
estable y duradera. La terminación del conflicto social-armado no equivale, de
forma mecánica, a una sociedad en paz; es un paso necesario en un largo y
complejo proceso. Las reformas políticas para finiquitar este conflicto son de
una temporalidad y profundidad distinguible con las reformas políticas para una
paz profunda, que podemos denominar “reformas estructurales”.
Segunda: Reiterar la necesidad de reconocer que, en el origen y
persistencia del conflicto colombiano, la exclusión política y las deficiencias
democráticas, han desempeñado un papel determinante. Aunque pueden existir
diversas interpretaciones y múltiples controversias, es central subrayar la
existencia de causas políticas profundas. No compartimos la visión de algunos
académicos, quienes consideran que el país está “sobrediagnosticado”, sino
postulamos que parte del proceso de paz es continuar realizando rigurosas
investigaciones nacionales, regionales y locales sobre las causas políticas estructurales
de nuestro conflicto.
Tercera: Subrayar cómo el texto del acuerdo general, tanto en el preámbulo
como en todos sus puntos, remite a los profundos déficits del ejercicio de la
política en Colombia. En sus formulaciones se ubican ejes transversales de las
necesarias reformas políticas, que no se limitan al punto dos de esa agenda.
En el preámbulo se hace mención a consideraciones políticas, importantes
para orientar las conversaciones. Dos alusiones son directas: La construcción
de la paz es asunto de la sociedad en su conjunto que “requiere de la
participación de todos, sin distinción”, y es ineludible “ampliar la
democracia” como condición para sembrar las bases sólidas de la paz. No se
trata de una inquietud exclusiva de las partes, gobierno e insurgencias; toda
la sociedad de forma participativa tiene que implicarse en la búsqueda de esta
esperanza colectiva.
Tampoco es una simple petición de ingresar a la rutina electoral por parte
de las insurgencias. La “ampliación de la democracia” constituye una condición
imperativa para arraigar la paz en Colombia por dos motivos profundos. El
primero, los límites democráticos son, también, una de las causas del
agravamiento del conflicto colombiano. Segundo, sólo profundizando la
democracia podremos cultivar unas bases seguras para una paz duradera.
El punto dos de la agenda está dedicado a “participación política” y es
desglosado en tres numerales, para priorizar ciertos campos de la vida política
colombiana. Cada numeral contiene subtemas implícitos. En una enumeración
provisional, son los siguientes:
1. Ejercicio de la oposición política;
2. Garantías para la emergencias y sostenibilidad de nuevos movimientos
sociales y políticos;
3. Posibilidades reales de acceso a los medios de comunicación de forma
democrática;
4. Profundización de la participación ciudadana;
5. Incremento de la participación directa de las comunidades;
6. Participación en todos los escenarios de la política nacional, regional
y local;
7. Atención a las poblaciones vulnerables;
8. Igualdad real en las condiciones de participación;
9. Garantías de seguridad a las personas y organizaciones sociales.
Cuarta: Asumir con sinceridad las profundas dificultades que enfrenta la
teoría y la acción política. Investigadores importantes del campo de la
política, la caracterizan como una “contracción” (García Linera),
“debilitamiento” (Flores), “malestar” (Lanz), “desideologización” (Vallespín) o
“crisis” (Mires) de los campos de la política y la participación.
No podemos evadir o minimizar la profunda crisis de la política y los
procesos de participación. Existe un clamor planetario por la “repolitización”
o “refundación” de la vida política, y un alto malestar con las formas
actualmente existentes. Los millones de campesinos, indígenas, mujeres,
jóvenes, etc., que se levantan en Nuestra América, están clamando por
modificaciones estructurales en las formas de “hacer política”.
Ámbitos
Las premisas anteriores nos indican la existencia de cinco ámbitos o
dimensiones para afianzar las bases de la terminación del conflicto colombiano.
Las podríamos denominar las reformas políticas que pueden garantizar un acuerdo
y que transitan en vía de sembrar las bases futuras de reformas políticas
estructurales.
Podemos agruparlas en cinco ámbitos o dimensiones políticas: 1. Reformas
relativas al campo estatal y se sitúan en lo que ciertos investigadores llaman
la necesidad de la “refundación del Estado” en la región; 2. Reformas para
ampliar la participación política; 3. Reformas para la profundización de la
democracia; 4. Reformas para la creación de un poder electoral independiente y
democrático; 5. Reformas para adquirir confianza y legitimidad política en los
acuerdos del finalización del conflicto.
Primer ámbito: Reformas estatales.
Para fortalecer y reformar el Estado, desde una perspectiva democrática,
son necesarias las siguientes transformaciones:
-Primera, mejorar la acción estatal en la dimensión territorial-regional en
cinco campos prioritarios: a) fomento del desarrollo social; b) realización
efectiva de los derechos humanos; c) justicia pronta y garantista; d)
incremento de la participación de las comunidades en las decisiones centrales;
y e) garantías y transparencia en los procesos eleccionarios.
-Segunda, tomar medidas concretas para controlar el crónico
“presidencialismo” y centralismo en las decisiones de la política
local-regional.
-Tercera, modificaciones en la elección nacional y regional de los
organismos de control (Contralorías, Procuradurías, Defensorías, etc.) a través
del voto directo de las comunidades.
-Cuarta, implementación de procesos de planificación participativa en todos
los escenarios de la vida económica, social, política, cultural y ecológica.
Segundo: Reformas para la participación política.
En primer lugar, la vigencia plena del ejercicio de la oposición política y
la protesta social, entre cuyas decisiones está la construcción del estatuto de
la oposición y el desmonte del antidemocrático “estatuto de seguridad”.
En segundo lugar, la consolidación de garantías efectivas para nuevos
partidos y movimientos políticos que surjan de la terminación del conflicto,
con criterios amplios para sus personerías jurídicas y permitan su
perdurabilidad.
Tercero, la promoción de grupos sociales y ciudadanos que puedan participar
e incidir en los escenarios políticos.
Cuarto, profundizar la descentralización con un enfoque democrático que
exija la participación de las organizaciones políticas y sociales en las
decisiones regionales y locales sobre todas las políticas públicas.
Quinto, establecer veedurías de iniciativa popular y ciudadana para
acompañar los procesos de participación política.
Sexto, crear una “circunscripción especial para la paz”, de naturaleza
temporal, para garantizar la participación política de la insurgencia en todas
las instancias de participación política.
Séptimo, establecimiento del financiamiento estatal de las campañas
políticas y garantizar el acceso a los medios de comunicación masiva para todos
los partidos y movimientos políticos.
Octavo, crear espacios temporales de deliberación (cabildos,
constituyentes, etc.) para enfrentar colectivamente los grandes temas políticos
y sociales de la construcción de país.
Tercero: Reformas para la profundización de la democracia.
La “ampliación” y profundización de la democracia implica acciones en
ámbitos centrales del escenario político colombiano.
En primer lugar, mayor atención a los procesos de democracia directa y
democracia participativa. Que los mecanismos de la directa no sean una
excepción, sino un modo de vida permanente.
Segundo, la creación de formas atenuadas de representación y procesos más
expeditos de revocatoria del mandato en todos los poderes públicos (ejecutivo;
legislativo; judicial; electoral; órganos de control; etc).
Tercero, construcción de la verdadera democracia social (“desde la escuela
hasta la fábrica”, Bobbio) que incluya ámbitos centrales como las políticas
públicas en descentralización, presupuesto, regalías, erradicación de la
pobreza, vivienda, salud, educación, cultura, ecología, género, órganos de
control, etc.
Cuarto, mayor atención a los procesos democráticos a escala regional y
local, para combatir vicios históricos como el clientelismo, el populismo y el
asistencialismo.
Quinto, mayor y más equitativa distribución del poder económico, político,
social, regional, comunicacional y cultural.
Cuarto: Reformas hacia la consolidación de un poder electoral independiente
y transparente.
Las reformas electorales deben orientarse en vías de cualificar su
legitimidad, representatividad y transparencia. Abarcando todos los escenarios
de participación política y social. Se ha iniciado un debate nacional sobre las
profundas limitaciones del sistema electoral colombiano y el progresivo cierre
jurídico a la diversidad política y cultural. Hay que reconocer como mecanismos
electorales deficitarios afectan sensiblemente el ejercicio de la política
democrática.
La polémica hasta ahora se inicia, y encontramos posiciones que llaman la
atención, desde la eliminación de la reelección presidencial por sus efectos en
el equilibrio de poderes hasta la necesidad de centralizar la autoridad
electoral en un sólo organismo, como Registraduría Nacional del Estado Civil,
suprimiendo el Consejo Nacional Electoral. También se subrayan las dificultades
en los costos de las campañas y los profundos problemas de financiamiento en
las actuales condiciones. Todos son debates abiertos por la representatividad y
legitimidad democrática de la política en Colombia.
Quinto: Reformas para adquirir confianza y legitimidad política en los
acuerdos de finalización del conflicto.
El modo, tipo y actores de la refrendación de los acuerdos adquiere cada
día mayor importancia política. No es un simple asunto administrativo o
jurídico, porque determinará el incremento de la confianza democrática y la
legitimidad política de la paz futura. En el horizonte ya aparece una
importante discusión sobre la necesidad de refrendar los acuerdos por algún
mecanismo de soberanía popular.
Los motivos para anticipar este debate son sinceramente profundos y van más
allá de una simple polémica formal o jurídica. La primera razón es el
reconocimiento que la solución del conflicto y los caminos de la paz no son
“propiedad” de un gobierno o de la insurgencia. La paz con justicia social es
potestad indelegable del pueblo colombiano y sólo con el ejercicio de su
participación directa es posible esa paz estable, duradera y democrática. Un
acuerdo entre “dos” partes no representa la soberanía plena del poder
constituyente.
El segundo motivo es ratificar, que el tipo y actores de refrendación de
los acuerdos es determinante para garantizar, profundizar y legitimar todo el
proceso de finalización del conflicto, porque la institución de refrendación es
fundamental. Si se suplanta la soberanía popular, se pierde, necesariamente,
poder vinculante y legitimidad.
Dejar, por ejemplo, a un “marco jurídico” o al Congreso de la República o
al Poder Judicial, la prioridad de otorgar legalidad al acuerdo, tendría
consecuencias negativas, como: pérdida tendencial de legitimidad y eficacia;
identificación exclusiva con determinado gobierno o gobernante; falta de
compromiso y participación; desconocimiento de la soberanía popular; excusas
para los saboteadores de la paz; etc.
El tercer motivo es la necesidad de analizar, con rigor, que esta tarea
histórica exige una amplia discusión sobre las virtudes y defectos de los
diferentes mecanismos democráticos de validación.
Consideramos, que es un falso dilema oponer el referendo a la asamblea
constituyente, como si fueran completamente opuestos. Un referendo puede ser
convocado para aprobar una asamblea constituyente. Para dar el “sí” ya sea a
una asamblea general constituyente, o también, para abrir el paso a asambleas constituyentes
de carácter temático.
