Intervención de la senadora Gloria Inés Ramirez sobre restitución de tierras

Audiencia pública restitución de tierras: disyuntivas entre la norma y la realidad

Bogotá, Colombia, 18 de julio de 2012

En primer lugar quiero presentar mi saludo de reconocimiento y solidaridad a las organizaciones que integran la “Campaña Nacional e Internacional: Tierra, Vida y Dignidad” que han convocado esta jornada de reflexión, denuncia y fortalecimiento del Movimiento de Personas en situación de Desplazamiento Forzado en Colombia.

En tercer lugar quiero referirme a una de las causas estructurantes del conflicto social y armado que padece el país por más de 5 décadas, que como ha sido analizado suficientemente por académicos e investigadores, se ha centrado especialmente en la propiedad de la tierra, cuya tenencia y posesión ha sido disputada por diferentes actores desde los orígenes de la nacionalidad.

Aunque las estimaciones varían, la magnitud de la crisis de la tierra en Colombia, es claramente enorme. En 2011 por ejemplo, CODHES estableció que entre los años 1980 y 2010, 6.6 millones de hectáreas de tierra fueron abandonadas o usurpadas; en tanto que Acción Social, como organismo gubernamental la estima en 6.8 millones de hectáreas, mientras el MOVICE sitúa esta cifra en aproximadamente 10 millones de hectáreas, de donde se puede concluir que la cantidad de tierra despojada, se constituye en un factor evidente de la profundidad de la crisis humanitaria que ha dado lugar a la existencia de 4.5 millones de desplazados internos, que hacen de Colombia el país con mayor número de personas desplazadas del mundo, después de Sudán, Irak y Afganistán.

Igualmente no debemos perder de vista, que con anterioridad a la crisis de desplazamiento masivo de los últimos 40 años, la propiedad de la tierra estaba altamente concentrada, razón por la cual en Colombia se levantó con mucha fuerza, la urgente necesidad de realizar una Reforma Agraria, que en los años 60 es reivindicada por el Movimiento Agrario que dio lugar al surgimiento de la insurgencia, ante los efectos devastadores de la violencia promovida por los terratenientes en los años 50, que hoy recupera su validez y vigencia, frente a la contrarreforma de facto que se ha impuesto al agro colombiano.

Como ha sido reportado por Francis Deng , el desplazamiento no sucedió únicamente por razones de orden público, sino que también fue utilizado como herramienta para la “adquisición de tierras” con la finalidad de realizar megaproyectos de extracción de minerales, de agroindustria a gran escala y de infraestructura, especialmente en determinadas regiones del país, como la región Pacífica, donde el gobierno norteamericano tenía proyectado el Plan “Puebla Panamá” y la propuesta de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA)

En desarrollo de esta contrarreforma, Castaño declaró en alguna oportunidad: “En Urabá tenemos cultivos de palma. Yo mismo conseguí los empresarios para invertir en esos proyectos” . El líder paramilitar hacía referencia a los territorios de propiedad colectiva de Curvaradó y Jiguamiandó, donde 29,000 hectáreas fueron robadas a las comunidades afrocolombianas, de las cuales 7,000 fueron plantadas ilegalmente con palmas africanas de aceite.

Así, el cultivo de palma fue una de las estrategias económicas promovidas por los paramilitares y utilizadas para el control territorial. Según Castaño, comandantes paramilitares “formaron alianzas” y aconsejaron a muchos políticos y también tuvieron a sus “amigos” ubicados dentro de las empresas. Este modelo de complicidad entre paramilitares, políticos e intereses empresariales se ha repetido en otras áreas del país.

Este hecho ha sido verificado por la Fiscalía General de la Nación, cuando luego de varias investigaciones, en el año 2011 acusó formalmente a 15 compañías de palma y ganaderos de esta región, de participar activamente con los paramilitares en el desplazamiento forzado y violento de las comunidades afrocolombianas de Jiguamiandó y Curvaradó, con la finalidad de apropiarse de sus tierras para el cultivo de palma. En suma, esta es la realidad que pesa sobre la viabilidad y aplicación de la Ley de Victimas y Restitución de Tierras, como medida de reparación del inmenso daño causado al tejido social de la nación.

Por esta razón, considero pertinente el propósito de esta audiencia, de establecer la disyuntiva entre la realidad y la normativa vigente sobre protección de los derechos de las víctimas del desplazamiento forzado en Colombia, por cuanto de acuerdo a los postulados consagrados en la Constitución y en la ley, el Estado debe garantizar los derechos de propiedad sobre la tierra y el territorio a las comunidades originarias  de la nacionalidad, como un derecho vital y consustancial a su dignidad humana; pero parecería que los derechos de estas comunidades son derechos “incómodos” y las leyes que se promulgaron para protegerlos, son igualmente incómodas a los grandes intereses económicos de quienes han expropiado sus tierras, no quedando claro si el gobierno está actuando “como árbitro o cómo parte interesada” en la implementación de los grandes proyectos de extracción, que sin lugar a dudas, se han constituido en un factor de crecimiento del desplazamiento forzado en Colombia.

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Representante del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los Desplazados Internos.
La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana - IIRSA - consiste en la participación de la inversión privada en los sectores de energía, telecomunicaciones y transporte por ferrocarril y carretera, para lo que los países deberían adoptar una legislación que facilite la interconexión y el funcionamiento integral de la energía, el transporte y los sistemas de comunicaciones. La IIRSA tiene 41 proyectos de infraestructura en Colombia.
“Habla Vicente Castaño”, Revista Semana, N° 1.025, 5 de junio de 2005.
Declaración de la Experta Independiente de las Naciones Unidas sobre Cuestiones de las Minorías, Señora Gay McDougall. Conclusiones Preliminares de su visita oficial a Colombia, 1º al 12 de febrero de 2010, pág. 5.

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Esto se evidencia en el contenido y alcance del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno colombiano, que bajo la presidencia de Uribe Vélez, puso fuerte énfasis en los proyectos extractivos a gran escala a favor de las multinacionales, a través de concesiones mineras, que el gobierno del Presidente Santos las tiene como una de las locomotoras de su Plan de Desarrollo. Es así como, durante una conferencia llevada a cabo en Canning House, Londres, el viernes 28 de enero de 2011, el Ministro de Hacienda colombiano Juan Carlos Echeverry, destacó el plan de Colombia de focalizarse en el incremento de la explotación de todos los recursos naturales del país; ejemplo de ello, la compañía AngloGold Ashanti, registrada en la Bolsa de Valores de Londres, que tiene un millón de hectáreas de tierra concesionada en 16 departamentos de Colombia .

Esta concesión masiva a compañías extractivas multinacionales de los derechos sobre la exploración y explotación de los recursos minero energéticos y agrícolas que posé el país, está ocurriendo en un momento en el que las tierras robadas no han sido restituidas a quienes les han sido despojadas violentamente. En consecuencia, las empresas comprometidas en estos negocios, están adquiriendo tierras robadas a estas comunidades y se están beneficiando de los efectos que produce el delito del desplazamiento forzado, con las consiguientes violaciones a los derechos humanos. Mientras tanto, las solicitudes de las comunidades sobre la restitución y restablecimiento de sus derechos y de su patrimonio, yacen en la oscuridad de los anaqueles judiciales o administrativos y en algunos casos, a pesar de que la tierra ha sido identificada para ser restituida, las comunidades desplazadas descubren que no tienen derechos plenos sobre la tierra, debido a que ha sido sembrada con palma aceitera, como es el caso de Cocomopoca  o vendida por testaferros a adquirentes de buena fe.

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Mesa Nacional de Garantías: Mesa Temática sobre la situación de defensores, defensoras, víctimas y organizaciones que reclaman sus derechos a la tierra, los territorios y la restitución.
COCOMOPOCA es una organización autónoma étnicoterritorial que representa a la población afrocolombiana en las municipalidades de Atrato, Bagadó, Cértegui y Lloró en la región de la costa Pacífica colombiana. Su territorio está ubicado en una región de importancia geoestratégica para el acceso a megaproyectos e inversiones continentales, minerales y potenciales recursos hidroeléctricos. Desde diciembre de 1999, las comunidades han estado buscando el reconocimiento de su derecho de propiedad colectiva amparado por la Ley 70 (sancionada en 1993). Cuando solicitaron su título a la propiedad colectiva de 172.000 hectáreas, su número ascendía a 30.000 habitantes. Hoy, casi diez años después, sólo quedan 17.000 personas; el resto ha sido desplazado forzosamente por grupos paramilitares y guerrilleros con intereses en la tierra, en la minería o en la obtención de rutas terrestres o fluviales para el transporte de coca.

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Ante esta grave e insostenible situación, en el derecho internacional de los derechos humanos, las víctimas de la violencia de origen político tienen derecho al conocimiento de la verdad sobre los hechos violentos sufridos, a la justicia, a la reparación y a la no repetición de dichos hechos, en donde la clave de este proceso es la restitución de la tierra, especialmente a las comunidades indígenas, afro-descendientes y campesinos que han habitado tierras ricas en biodiversidad, pero que dada su importancia estratégica para la dinámica del conflicto interno, el narcotráfico y los grandes negocios de la locomotora minero energética, desconocen las graves violaciones que se producen a sus derechos humanos y sociales fundamentales.

Ahora bien, mientras el gobierno habla de los avances significativos de la Ley de Víctimas, los asesinatos selectivos y sistemáticos de líderes vinculados a los procesos de restitución de sus propiedades aumentan y ocurren como un desafío de las bandas paramilitares a la política de choque anunciada por el gobierno, de restituir 2 millones de hectáreas en los próximos 4 años, de los 6.6 millones de hectáreas que les fueron arrebatadas a más de 600 mil familias, esto es 4.5 millones de desplazados desde el año de 1980 y hasta el 30 de junio del año 2010, sin que ello represente un verdadero obstáculo que vuelve nugatorios los propósitos de la ley.

Este desafío lanzado por las bandas criminales ha ocurrido en aquellas regiones del país en que se produjo el mayor despojo de la propiedad agraria de los campesinos desplazados, que contó y sigue contando con la complicidad de algunas autoridades, tanto civiles como militares. En la región de Urabá, por ejemplo, se calcula que un 10% del total de la tierra cultivada, unas 150 mil hectáreas según la Superintendencia de Notariado y Registro que lleva oficialmente los registros de la propiedad inmobiliaria en Colombia, fueron despojadas con la complicidad de jueces, notarios e integrantes de la fuerza pública.

Desde el asesinato en el 2005 de YOLANDA IZQUIERDO, dirigente campesina que lideraba la lucha de los campesinos de Córdoba despojados por Carlos Castaño y su familia, los asesinatos a líderes de población desplazada alcanza hoy la cifra de 68 víctimas, esto sin contar con las amenazas, hostigamientos y nuevos desplazamientos a comunidades que han sido restituidas o que han tomado la decisión de retornar a sus territorios por su propia cuenta, a pesar de los inminentes riesgos para su vida y su integridad personal, que no han merecido la atención y la adopción oportuna y eficaz de las medidas de protección de las víctimas, las que han resultado tardías o simplemente inocuas, en razón de lo cual, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su informe de marzo de 2011 sobre Colombia, declaró “especialmente preocupantes han sido los asesinatos de líderes y lideresas, campesinos y desplazados que adelantaban procesos de restitución de tierras” .
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Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, A/HRC/16/22, 3 de febrero de 2011.
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Asimismo, muchos líderes comunitarios y defensores de derechos humanos que acompañan a las víctimas en sus demandas relacionadas con la propiedad de la tierra, han sido objeto de una estigmatización sistemática, diseñada para deslegitimizar su trabajo y, en consecuencia, desensibilizar a la opinión pública sobre la trascendencia de los atentados y asesinatos cometidos contra estos líderes. La estigmatización ha sido llevada a cabo por funcionarios del gobierno, asesores presidenciales, el ex presidente Uribe y oficiales del ejército, como es el caso del Comandante de las Fuerzas Armadas, General Alejandro Navas, quien en marzo de 2011 declaró ante los medios de comunicación, que los pueblos indígenas eran parte de la guerra que la guerrilla perpetúa contra el ejército .

A pesar de que los grupos paramilitares fueron supuestamente desmovilizados bajo el gobierno anterior, continúan operando en connivencia con las fuerzas armadas y de seguridad del Estado, coadyuvando a la consolidación de los intereses de sectores económicos poderosos que se mueven tras la expropiación de la tierra y el desplazamiento. Muchos de los comandantes paramilitares de mediano rango no se comprometieron con el Proceso de Justicia y Paz, pero reformaron y lideraron grupos paramilitares con nuevos nombres como las “águilas negras”, “los rastrojos”, “nueva generación”, entre otros, que continúan desarrollando su accionar criminal asociado al tráfico de drogas, el control de territorio y el despojo de tierras y territorios, sin que haya una acción efectiva del Estado para combatirlas y someterlas al rigor de la justicia.

En la cartografía de la empresa criminal que desarrollan las denominadas “bacrim”, han resultado afectados casi todos los departamentos del país; sin embargo, es necesario plantear la grave situación que atraviesan departamentos como el Atlántico, Sucre, Cesar, Bolívar, Córdoba, Antioquia y Chocó, que según la Comisión de Seguimiento de la Política Pública frente al Desplazamiento Forzado, en estos dos últimos, se ha producido el despojo en la siguiente proporción: desde el año de 1980 y hasta el 30 de junio de 2010 había en esta región 117.171 familias desplazadas inscritas en el RUPD, las cuales habían sido despojadas de 1.652.261 hectáreas de tierra, que corresponde al 27% del total de la tierra arrebatada a las familias desplazadas en todo el país, lo que explica la virulencia de la confrontación en torno a las reclamaciones sobre la propiedad de la tierra.

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Ver: www.ejercito.mil.co/idcategoria=279193, “Los indígenas son manipulados por los grupos armados ilegales para su protección, que los toman como escudo para su protección, también son instrumentos de la guerra jurídica que los ponen contra la tropa. De igual manera el modus operandi de estos grupos es disparar desde las casas y utilizando niños”. Posteriormente, se indica más en la página web del ejército que los indígenas no son cómplices de la guerrilla, sino víctimas de la guerrilla. Sin embargo, la declaración expresa que él hizo, realmente acusa a los pueblos indígenas de ser instrumentos en una guerra legal contra las tropas.

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Entretanto, en la región constituida por los departamentos de Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba que ocupan el cuarto lugar en el tamaño del despojo detrás de la región sur del país, han sido desplazadas en este mismo período 58.727 familias lo que representa el 13.5% del total de familias desplazadas en el país y les habían sido arrebatadas 749.968 hectáreas en estos mismos años. Haciendas como la de Las Pavas, Veracruz, El Nilo, San Francisco; los Montes de María; los Playones de Pivijay y María La Baja, entre tantas otras extensiones de tierra, han sido el escenario de la más abominable empresa criminal que se haya podido urdir contra quienes reclaman su derecho a la tierra.

No obstante la gravedad de los hechos que han prevalecido ante las demandas de exigibilidad y justiciabilidad del derecho a la propiedad y a la posesión de la tierra por sus legítimos propietarios, tras seis meses de implementación de la Ley de Víctimas, aún se desconoce el plan de acción para la ejecución de la misma, los criterios de accesibilidad, focalización y priorización de las victimas a reparar y sobre todo, la forma de su participación efectiva, de conformidad con los ordenamientos proferidos por la Corte Constitucional mediante el Auto 383 de 2009, que considera que la participación además de efectiva debe ser significativa, en orden a garantizar el acceso y el goce efectivo de los derechos de la población desplazada.

En este punto es pertinente reiterar que la Ley de Reparación a las Víctimas del conflicto colombiano, no compensa en lo más mínimo todo el daño causado por el despojo y, por el contrario, provoca indignidad, revictimiza a los desplazados y no permite superar los niveles de pobreza e indigencia en la que han sido colocados.

De ahí que con justipreciada razón, las organizaciones de víctimas del desplazamiento forzado en Colombia, exijan del gobierno nacional, la implementación de una verdadera y efectiva RESTITUCIÓN y REPARACIÓN, que les permita reconstruir su proyecto de vida, restablecer en el tejido moral y social de sus comunidades, más aún, en tratándose de comunidades cuya cosmovisión comporta una serie de valores y constructos psicosociales que hacen parte consustancial de la existencia misma, que al afectarse, se estaría vulnerando el derecho fundamental a la vida, a la integridad y a la seguridad como personas y como sujetos colectivos.

Así mismo, esta audiencia debe pronunciarse de forma contundente, en la exigencia de otorgamiento de las garantías de seguridad necesarias, para que las víctimas del desplazamiento forzado en Colombia que lideren los procesos organizativos y de movilización hacia la restitución de sus tierras, sus territorios y sus bienes patrimoniales, puedan ejercer sus derechos, en orden a impedir que la empresa criminal de los ejércitos “anti restitución”, cumplan con sus cometidos de silenciar las voces o apagar las vidas de quienes se atreven a reclamarlos y a ejercerlos.

Sobre este asunto de vital urgencia para la prevención del crimen contra las víctimas del desplazamiento forzado y la protección de quienes se encuentren amenazados, la Unidad Nacional de Protección que está bajo la jurisdicción del Ministerio del Interior, deberá actuar con la prontitud y eficacia que impone el alto riesgo a que están expuestas las personas que lideran la lucha por la restitución de tierras, aparte de que se debe revisar los estándares de valoración de riesgo, a fin de que las medidas que se adopten garanticen efectivamente la preservación de su vida, su integridad personal y el goce efectivo de sus derechos.

En relación con las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación sobre los asesinatos selectivos y sistemáticos que se han presentado en los departamentos de Bolívar, Sucre, Cesar, Córdoba, Antioquia, Chocó, Cauca, Arauca, Meta, Santander, Tolima , Putumayo, y Nariño de luchadores sociales involucrados en los procesos de restitución de tierras, es preocupante la lentitud con que avanzan, razón por la cual, acompañamos la solicitud de creación de una Unidad Especial en la Fiscalía General de la Nación, e incluso, la creación de una Jurisdicción Especial que conozca de los crímenes perpetrados contra las víctimas de la violencia política en Colombia.

Una de las preguntas que el gobierno nacional debe responder de forma clara y precisa a esta Audiencia Pública, es si su locomotora Mineroenergética garantiza la ejecución real y efectiva del Programa de Reparación y Restitución de Tierras que ordena la Ley de Víctimas; porque de no ser así, las tierras que han sido despojadas a sangre y fuego o mediante engaños a los campesinos, indígenas y afrodescientes durante los últimos 40 años por quienes ostentan el poder político y económico, legal e ilegal, o que han sido entregadas mediante contratos leoninos de concesión a empresas transnacionales, para la exploración y/o explotación de los recursos naturales durante tiempos a veces inconmensurables, no podrían ser jamás restituidas a sus verdaderos dueños y poseedores ancestrales, dejando en la más absoluta impunidad su derecho a la realización de la verdad, la justicia, la reparación integral y el compromiso de no repetición.

Finalmente, la lucha que las organizaciones sociales de desplazados libran en el país, por su derecho a la Tierra, al Territorio y, sobre todo, por su derecho inalienable a la realización de un Proyecto de Vida Digna, está indisolublemente ligado a la lucha por LA SOLUCIÓN POLÍTICA NEGOCIADA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO QUE PONGA FIN A LA GUERRA y a los efectos devastadores sobre la vida y sobre la necesidad imperiosa de abrirle caminos a la construcción de la Paz, la realización de la Justicia y la profundización de la Democracia Política y Social.

Por estas sopesadas razones, acompañamos con el debido reconocimiento, la presencia de todas y todos ustedes en esta jornada de reflexión, de denuncia y fortalecimiento de la heroica lucha que han venido librando en Colombia, por el derecho a tener derechos, en un país donde la recuperación de su altura moral, requiere con urgencia, entre otros aspectos, de la superación de los disimiles “estados de cosas inconstitucionales” que resultan insoportables a la dignidad de la persona humana, como es el caso de los 4.5 millones de desplazados internos, resultado de la violencia social y política que prevalece en el país por ya casi medio siglo y a la que hay que ponerle fin y por ello, incansablemente seguiremos trabajando.

POR UNA VERDADERA RESTITUCIÓN DE TIERRAS Y DE BIENES DESPOJADOS A LAS Y LOS DESPLAZADOS DE COLOMBIA

¡¡¡VIVA LA CAMPAÑA NACIONAL E INTERNACIONAL “TIERRA, VIDA Y DIGNIDAD”!!!

Bogotá, D.C., 15 de julio de 2012

http://www.pacocol.org/index.php/noticias/435-intervencion-de-la-senadora-gloria-ines-ramirez-rios-sobre-restitucion-de-tierras 

Más de 7.000 campesinos se Movilizan por el departamento del Putumayo

"Hacemos el llamado a no  callar mas, a rechazar las políticas  y acciones  que generan terror, desolación, pobreza en nuestros campos, hambre y final mente el desplazamiento de las comunidades a las ciudades en donde reina el desempleo la inseguridad y la desigualdad social".

Por: Oficina Prensa Marcha Patriótica

Este 19 de Julio llegaran a Mocoa, donde se realizara el acto de apertura del Consejo Patriótico Departamental y de la Constituyente por la Paz.

Desde el pasado 14 de Julio, campesinos e indigenas de todo el departamento del Putumayo se desplazan en Marcha por la vida, el territorio, la soberanía y la dignidad hacia la ciudad de Mocoa, donde se hará el lanzamiento de la Constituyente por la Paz y el Consejo Patriótico Departamental.

En Marcha desde las 13 Cabeceras municipales y acompañados de cantos y bailes, se escucha el grito de la paz. En pancartas y carteles se lee: "la paz solo será posible cuando todos y todas luchemos por ella con responsabilidad, verdad y justicia social"
Esta Marcha que lleva como nombre "Herman Henry Diaz" en conmemoración del lider político de la Marcha Patriótica desaparecido el pasado mes de Abril, se realiza en un momento en que las políticas de extracción aplicadas por el gobierno nacional en el marco de las "Locomotoras Mineras" han generado amplios margenes de desigualdad, estigmatizacion y señalamiento a las comunidades. "el Putumayo esta siendo saqueado y militarizado, nos cansamos de ver el robo de nuestros recursos y de soportar estigmatizacion y  persecución estatal" dijo uno de los lideres de la marcha. Denuncian provocaciones y solicitan solidaridad y acompañamiento nacional e internacional.

Oficina Prensa Marcha Patriótica  2012-07-18

http://www.pacocol.org/index.php/noticias/432-mas-de-7-000-campesinos-se-movilizan-por-el-departamento-del-putumayo 

EXPEDIENTE URIBE: ¿Santo yo?

Defensoría del Pueblo confirmó que un indígena murió en vías del Cauca

Se trata de establecer cuáles fueron las circunstancias en las que el indígena perdió la vida.

Defensoría del pueblo indicó que un indígena murió entre Pescador y Sibera (Cauca), por herida de arma de fuego. Señaló que se trata de Fabián Quepia y de acuerdo con los líderes indígenas habría resultado muerto por no obedecer un retén militar en esa zona.

James Yacacué, Consejero Mayor de la Asociación de Cabildos Indígenas del Cauca (Acin), señaló que el indígena, del resguardo La Laguna de Caldono, "iba para su trabajo en su parcela y los soldados le dispararon y lo mataron. Esos soldados pertenecen a la Brigada 19 de Popayán", sostuvo.

Esta versión está siendo verificada tanto por la Defensoría del Pueblo como por las autoridades locales.

REDACCIÓN JUSTICIA.

http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=AME&pagina=http://www.eltiempo.com 

Indígenas reportan 23 heridos en cerro de Toribío

Esta madrugada el Escuadrón Antidisturbios (Esmad), con el Ejército, desalojaron a indígenas.

Sigifredo Paví, líder indígena de Toribío, dijo que tienen 23 heridos en los enfrentamientos con la Policía que los desalojó de la cima cerro Las Torres, en las afueras de Toribío, de donde habían desplazado ayer a 100 soldados del Batallón de Alta Montaña N° 8.

Paví dijo que entre los heridos hay tres de gravedad, uno de ellos identificado como Nelson Calavanchín y pidió que pueda subir al cerro una misión médica para atenderlos. Los gases lacrimógenos llegan hasta la parte baja del cerro.

Este miércoles se ha vivido una pugna en el cerro Berlín o Las Torres, a unas dos horas de camino desde la cabecera urbana del municipio de Toribío. La Policía ya tiene el control del lugar.

El martes, cientos de indígenas sacaron a los militares que estaban asentados en el cerro Berlín o 'La Torre', a dos horas de camino desde la cabecera urbana de este municipio del norte del Cauca. Fue una jornada de choques, empujones y que provocó el rechazo del presidente Juan Manuel Santos.

En la madrugada de este miércoles policías y militares regresaron a ocupar ese cerro. Autoridades indígenas dijeron que hubo disparos, explosiones y al menos  tres nativos resultaron lesionados.

Desde ese mismo momento cientos de indígenas emprendieron camino al cerro con la idea de volver a ocupar ese espacio que consideran sagrado.

La Policía y el Ejército mantienen un dispositivo y en el sector se sienten los gases lacrimógenos, en medio de algunas explosiones y detonaciones.

Toribío (Cauca).

http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=AME&pagina=http://www.eltiempo.com 

PIEDAD CORDOBA LLEVA LA VOZ Y LA SOLIDARIDAD DE LA MARCHA PATRIOTICA A LOS CAMPESINOS DE MIRANDA CAUCA QUE RESISTEN A LA MILITARIZACION Y LA REPRESION POR PARTE DEL ESTADO COLOMBIANO

LOS NULE SIGUEN DIRIGIENDO LA CORRUPCCION EN LA ALCALDIA DE PETRO

DESCARADA INTERVENCION DE URIBE EN EL PROCESO ELECTORAL DE VENEZUELA

Carta de Piedad Córdoba y Carlos Lozano Guillén a Atilio Boron: Audacia, entereza y compromiso

2012-07-13abpnoticias-Piedad Córdoba * y Carlos Lozano Guillén-Estimado Atilio Boron: recibe un fraterno abrazo de las y los miembros de Marcha Patriótica. Agradecemos tu artículo de opinión en el que presentas un balance a la opinión pública internacional, sobre la XVIII edición del Foro de San Pablo, realizado del 4 al 6 de julio pasados en Caracas.

En tu escrito planteas un análisis crítico de lo allí discutido, como un aporte que no dudamos está inspirado en el espíritu de reflexión que nos llevará a mejores condiciones para resistir y transformar el modelo económico hegemónico, como lo haces junto a otros prestigiosos intelectuales y dirigentes de América latina, cuya apuesta es la dignidad de los pueblos, su derecho a la vida, su afirmación de un proceso de liberación y poder que, como señaló Simón Bolívar, y nos lo recordó el presidente Hugo Chávez el viernes 7 de julio, represente la posibilidad de la mayor suma de felicidad para la humanidad.

Tu texto generó la respuesta del secretario ejecutivo del Foro, Valter Pomar, sobre varios puntos, uno de los cuales concierne a nuestra presencia en Caracas, participando de las deliberaciones del Foro, en medio de la inmensa acogida y el manifiesto apoyo a nuestra labor como expresión del anhelo del pueblo colombiano en la búsqueda y construcción de la justicia y la paz.

Si bien fue para nosotras y nosotros una experiencia enriquecedora, de otro lado fue también frustrante, por las limitaciones que impidieron, por esta vez, que la Marcha Patriótica fuera aceptada como miembro de tan importante escenario de la izquierda mundial. Efectivamente, nuestra expectativa era ser recibidos como miembro con pleno derecho, comprendiendo que para ello debe surtirse un trámite, cumpliendo unas reglas que en esta ocasión por diversas circunstancias no pudieron verificarse.

Fue por eso que atentos a las difíciles condiciones bajo las cuales se desenvuelve la vida política colombiana insistimos no sólo sobre nuestra membresía sino también en la necesidad de recurrir a cuantos medios estén a nuestro alcance para comprometer a las y los humanistas, a organizaciones de la izquierda continental y mundial, en iniciativas de análisis, debate y acompañamiento de propuestas que nos ayuden a superar la cruenta guerra que se vive en Colombia. Cuando nuestra representante en el Foro, Piedad Córdoba Ruiz, propuso redoblar esfuerzos, concretar y caracterizar una misión para ser enviada a Colombia, desde la Secretaría del Foro se le impidió formalizar esta solicitud y dar a conocer los términos para la misma. No sólo se le impuso que adicionalmente debería hablar con un diputado latinoamericano, que aprobara la inclusión previa de unos párrafos sino que también se le negó el uso de la palabra, con la excusa de que si se le otorgaba a ella habría también que dársela a otras personas de Colombia, cuando existía un amplio consenso para que nuestra representante fuera escuchada.

En su frustrada intervención Piedad Córdoba Ruiz deseaba a agradecer en nombre de Colombianas y Colombianos por la Paz , y de organizaciones y grupos comprometidos en la búsqueda de caminos que permitan la finalización del conflicto armado, las gestiones de la presidenta Dilma Rousseff y del ex presidente Lula, de Brasil, quienes facilitaron las liberaciones de personas cautivas en poder de la insurgencia, y al presidente Hugo Chávez su preocupación por la paz en Colombia, además de desearle su pronta recuperación.

Manifestamos también que el elemental pero importante resultado debatido y resuelto allí sobre la realidad de Colombia, que consiste en organizar una delegación o comisión del Foro a nuestro país para comprobar la situación política, las propuestas existentes y la forma de contribuir a las más sólidas formulaciones de construir una paz basada en el diálogo y la justicia, es una propuesta que directamente nos compete, así como al Congreso de los Pueblos, al Polo Democrático, a Izquierda Liberal en Marcha y a otras expresiones sociales y políticas que ha forjado y forjará con un horizonte de unidad el pueblo colombiano. En dicha iniciativa de antemano nos comprometemos para su concreción y frutos.

Agradecemos la reiterada solidaridad que tantas personas y organizaciones han expresado hacia nuestra naciente formación, hacia el Congreso de los Pueblos y otras, que hacen parte del tejido que ya existe y se está fortaleciendo para la lucha por la dignidad y los derechos del pueblo y la nación colombiana. Asimismo, saludamos el espíritu crítico y despierto que levanta la voz de los pueblos y que resignifican los más costosos e imprescindibles valores y principios de la izquierda para confrontar con lucidez el actual estado de barbarie del mundo, en esta encrucijada de crisis que trae consigo el capitalismo y la guerra.

* Ex senadora colombiana.

* * Vocero de Marcha Patriótica.

http://www.abpnoticias.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=1616:carta-de-piedad-c%C3%B3rdoba-y-carlos-lozano-guill%C3%A9n-a-atilio-boron-audacia-entereza-y-compromiso&Itemid=56 

Vargas Lleras y exjefe de campaña de Uribe en Casanare fueron mencionados por paramilitares

Reacciones sobre creación del movimiento Puro Centro Democrático

Demandan a Emilio Otero por contrato de tiquetes aéreos

Autoridades investigan propiedades de la senadora Dilian Francisca Toro

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20 años de impunidad

Por: Alberto Bermúdez.

Si hay algo importante en un buen dirigente, es asomarse al alma del pueblo y entrar en contacto con la gente, justamente eso es a lo que le teme el establecimiento y le pone tantas cortapisas a la oposición.

Fue en aquella rica y bella pero olvidada región magangueleña donde el ardiente sol de esa mañana del 7 de julio de 1992 ya iba saludando la tarde,  terminada la nutrida reunión con campesinos del sector, el compañero JOSÉ RAMÍREZ,  se disponía a trasladarse hasta su lugar de residencia una finca ubicada en el corregimiento de Henequén, fue perseguido desde el municipio en una autentica carrera contra la muerte, sus agresores se movilizaban en una potente motocicleta de alto cilindrage y fuertemente armados, dándole alcance  y de manera rápida y certera  descargan muchos impactos de bala sobre su humanidad, un asesinato más en la larga lista de opositores de este régimen, sobre todo de militantes de la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano; El pueblo al enterarse del asesinato corría la voz, mataron a jose….. mataron a jose…….. Pero el comandante del batallón Nariño del ejército en magangue coronel Manuel María Nieto, así como hoy al asesinato de los dirigentes sindicales o campesinos salen a decir era guerrillero, hacen 20 años atrás ese comandante también corrió a la prensa mediática declarando que se había dado de baja a un guerrillero.

JOSÉ RAMÍREZ, presidente de la Junta Directiva Departamental del Sindicato  de Pequeños Agricultores del Departamento de Bolívar (SINPABOL) afiliado a la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia Subdirectiva de Bolívar (CUT), destacado dirigente agrario del Departamento de Bolívar que adelantaba tareas importantes en el sur de este Departamento como integrante de la Unión patriótica, fue un ejemplar militante del Partido Comunista Colombiano en Bolívar, uno de los más destacados, uno de los más honestos, joven, eterno vives, comunero de antaño, no hemos estado solos desde tu muerte, hemos estado con los que algún día veremos realizado tu sueño, tu ejemplo sigue vivo, luchando, luchando por la justicia y la verdad de este crimen de estado.    

http://www.pacocol.org/index.php/noticias/355-20-anos-de-impunidad 

Muere preso en Guaduas luego de tres meses de aislamiento prolongado y fuertes golpizas como castigo impuestos por el INPEC

Por FCSPP.- La muerte del preso social Jeisson Jair Benvidez Suarez puede estar relacionada con trastornos de conducta, encierro carcelario, aislamiento prolongado por más de tres meses, y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes propinados por guardianes del INPEC como forma de castigo contra el recluso.

El día de hoy, 12 de julio, tras comunicación con nuestra Fundación, internos de la cárcel de Guaduas, patio 1, denuncian que Jaisson Jair fue golpeado y gaseado torturantemente por los guardianes: Dragoneantes Rocha, asignado como Pabellonero de la UT; y el Dragoneante Guio, Pabellonero de patio 1. "Luego de golpearlo y gasearlo lo encerraron en la celda, sacando a su compañero hacia otra celda del patio. En horas de la tarde Jaison estaba encerrado y empezó hacer ruido golpeando una parte de la celda para que lo sacaran, la respuesta de la guardia fue entrar a la celda y volver a golpearlo".


Jaisson Jair Benavidez Suarez, con el TD. 431 del Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional "La Pola", ubicado en Guaduas Cundinamarca, padecía de ciertos trastornos en su comportamiento, que ligados al encierro carcelario y al aislamiento prolongado al que fue sometido, lo llevaron a entrar en un estado de profunda depresión desde su traslado de la cárcel el Barne en agosto del 2011, hacia Guaduas.

Cuando los detenidos llegaron a la cárcel de Guaduas, esta no se encontraba terminada, muchos de los servicios no estaban activados entre ellos el servicio médico, por lo que no existe examen de ingreso de ningún detenido al centro de reclusión, razón por la cual no sabían el estado de salud de los reclusos. Producto de estas condiciones los detenidos protestaron fuertemente para ser trasladados del penal. La respuesta del establecimiento fue aislar a la totalidad de los detenidos por más de tres meses, obligándolos a permanecer encerrados todo el tiempo en sus celdas, desde ese momento Jaison Jair empezó a presentar comportamientos extraños, lo que obligó a que su familia, en enero del 2012, junto con el interno iniciaran una serie de solicitudes con el fin de que se le brindara la atención médica y le fuera suspendido el castigo, por medio de aislamiento prolongado, que el INPEC le había impuesto tras las huelgas realizadas.

El 02 de febrero del 2012, la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos solcito a la dirección general del INPEC, y a la dirección de la cárcel de Guaduas, se le brindara de manera urgente la tención en salud, toda vez que habían antecedentes de agresión contra sí mismo y su comportamiento estaba empezando a afectar a la totalidad de los internos.

El 09 de marzo del 2012 una abogada de la Fundación fue a la cárcel y conversó con el recluso, el cual denotaba un alto grado de trastorno mental, y quien manifestó haber sido agredido por parte de otros detenidos con connivencia de la guardia del penal. Días antes de la visita de nuestra Fundación el Jair había intentado fugarse por el techo del patio, pero al salir corriendo salió a correr para el lado donde estaba la garita de la guardia lo que demostraba su inestabilidad mental.

Ese mismo día la abogada del comité conversó con el director del penal, William Andrés Martínez, quien aseguró que JAIR no tenían ningún tipo de trastorno mental, y que había sido valorado por un médico psiquiatra quien ordenó la suspensión de medicamentos siquiátricos. Ante dicha afirmación la Fundación solicitó a la dirección de la cárcel fuera tenida en cuenta una segunda opinión, con el fin de evitar que la salud mental del joven Jair empeorara, la dirección de la cárcel se comprometió de palabra a poner especial atención en el caso, lo cual nunca sucedió.

El resultado de la cadena de violaciones a los derechos de los presos fue que el 11 de julio del 2012, ante la completa omisión de parte de la dirección del penal y el cuerpo médico del establecimiento, JAISON JAIR BENAVIDEZ SUAREZ, apareció sin vida en su celda, al parecer el joven murió por ahogamiento.

http://www.pacocol.org/index.php/noticias/369-muere-preso-en-guaduas-luego-de-tres-meses-de-aislamiento-prolongado-y-fuertes-golpizas-como-castigo-impuestos-por-el-inpec

Duro choque entre Uribe y Vargas Lleras

Expresidente y Ministro de Vivienda revivieron confrontación por relaciones con 'paras'.

El expresidente Álvaro Uribe salió en defensa de su hermano, Santiago Uribe, luego de que el ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, lo acusara de tejer un supuesto complot para relacionar al funcionario con grupos paramilitares.

Uribe, en declaraciones a La W, afirmó que Vargas Lleras “es un engaño y una estafa al país, es una apariencia de moral cuando en el fondo es todo lo contrario”, y agregó que “detrás de semejante pose de estadista hay maldad”. (Lea: 'Que se indague si tras denuncias está Santiago Uribe': Vargas Lleras).

Para el exmandatario es “extraño” que no se haya adelantado desde antes la investigación al hoy Ministro de Vivienda por presuntos nexos con ‘paras’. “Vargas Lleras está en mora de que lo investiguen por muchas cosas, (…) por sus relaciones con paramilitares del Casanare y por sus relaciones con Macuso”, afirmó.

De inmediato, el ministro Vargas Lleras le respondió por Twitter a Uribe y aseguró que “ya el expresidente Uribe, en una oportunidad, quiso relacionarme con Mancuso. En hechos que el propio Mancuso desvirtuó”. Y agregó: “Que recuerde el expresidente Uribe que a quien sí vinculó expresamente fue a él. Fue directamente a él. ¿Qué pasa con esa investigación?”.

No obstante, Uribe siguió con sus acusaciones en la entrevista y afirmó que “Vargas estimulaba cualquier clase de fechorías clientelistas desde el Congreso”, y recordó que “esas acusaciones infames que se han hecho contra él (Santiago Uribe), para hacerle daño a mi familia y a mí, todas se han ido cayendo”.

“Lo grave es que le den una chequera para que se vuelva candidato presidencial a una persona que no tiene calidades morales”, precisó Uribe.

Pero el contrapunteo no paró ahí. Vargas siguió desde la red social respondiéndole a Uribe y afirmó que “las fechorías burocráticas de las que habla el dr. Uribe fueron los ofrecimientos a parlamentarios de Cambio Radical para comprarles la conciencia para la segunda reelección”.

Finalmente se hizo dos preguntas: “¿O porqué es que están acusados varios de sus ministros (de Uribe) y funcionarios si no es por prevaricato? ¿Las actuaciones de Santiago Uribe las conoce Álvaro Uribe?”.

REDACCIÓN POLÍTICA

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PRESIDENTE DE URUGUAY REGAÑO AL MUNDO

"Una constituyente implica grave riesgo de regresión"

Por: Cecilia Orozco Tascón/Especial para El Espectador

El exmagistrado de la Corte y excandidato presidencial, Carlos Gaviria Díaz, analiza jurídica y políticamente el caos institucional.

Cecilia Orozco Tascón.- Los amigos políticos del expresidente Uribe intentan conducir el movimiento de los indignados con la reforma a la justicia hacia la celebración de una asamblea constituyente ¿Irán tras una sustitución de la Carta para permitir, entre otras cosas, una nueva elección del expresidente aunque lo nieguen?

Exmagistrado Carlos Gaviria Díaz.- Parece tan obvio, que cualquier especulación es redundante. Además hay que observar que una asamblea constituyente, por definición, no está temáticamente limitada. Lo que la distingue de otros mecanismos de participación ciudadana es que no se le puede circunscribir al tratamiento de determinados puntos. Puede tratar lo que le venga en gana.

C.O.T.- Me sorprende que el uribismo critique la reforma de Santos porque ésta tiene continuidad respecto de la reforma a la justicia propuesta por ese sector en el gobierno pasado. Además, los parapolíticos detenidos en la Picota – muchos de los cuales fueron aliados de Uribe – hubieran sido los beneficiarios principales de este acto legislativo ¿Cómo analiza usted tal paradoja?

C.G.D.- Lo mejor para entender enredos de esta clase es analizar esos cambios de actitud como propósitos guiados por la conveniencia del momento. Lo que al uribismo le importa es desacreditar a Santos como un traidor a su causa y para ese fin valen incluso las transgresiones a la lógica. Para muchos, en eso consiste el juego político.

C.O.T.- Ya me ha respondido implícitamente pero no dejo de formularle la pregunta: una asamblea constituyente ¿es viable y conveniente?

C.G.D.- Más viable que conveniente. Me produce repulsión ese permanente juego con la Constitución, al amaño de los intereses partidistas y sectoriales.

C.O.T.- ¿cuáles son los peligros que puede entrañar esa propuesta de convertirse en realidad?

C.G.D.- El establecimiento, que en una buena parte aplaudió la expedición de la Carta del 91 porque pensó que era inocua, empezó a preocuparse cuando algunos operadores jurídicos la tomaron en serio. Desde entonces, no ha cesado en su tarea de desvertebrarla y desvirtuarla. Los ciudadanos de a pie la han defendido. Pero quienes ejercen el poder tienen a su disposición tantos y tan eficaces medios de manipulación para revertir algunos logros democráticos que una convocatoria de esa clase, hecha por ellos, siempre implica un grave riesgo de regresión.

C.O.T.- Hundir un acto legislativo como la reforma a la justicia en sesiones extras del Congreso después de que hiciera trámite en Senado y Cámara y luego de terminarse el periodo ordinario ¿violó la Constitución?

C.G.D.- El derecho no es una ciencia exacta sino un exigente ejercicio dialéctico en el cual uno tiene que llenarse de buenas razones para respaldar su punto de vista y escuchar las del otro para ver qué tan fuertes son. A primera vista uno podría decir que es violatorio de la Constitución, pero profundizando el análisis, yo me inclino a pensar que el mecanismo al que acudió el gobierno encuentra fundamento constitucional. Se necesita, eso sí, imaginación y firmeza argumentativa, y es eso lo que un buen constitucionalista debe hacer.

C.O.T.- Otros expertos constitucionalistas opinan que el Presidente no tenía la facultad de forzar el hundimiento de la reforma ¿Se podía permitir la presunta actuación ilegal del mandatario y del Congreso por moralidad y sanidad públicas o, como se ha dicho, por “razones de Estado”?

C.G.D.- Nunca en un Estado de derecho puede justificarse el desconocimiento de la Constitución por motivos, como usted dice, de moralidad, de sanidad pública o por “razones de Estado”.Hay que asumir que en la observancia de la Constitución están implícitas todas esas motivaciones y que invocarlas para actuar al margen de ella es sustituir el acatamiento del derecho objetivo por el criterio subjetivo del gobernante, o por su capricho. Eso es despotismo.

C.O.T.- De todas maneras el gobierno quiso impedir un mal mayor impidiendo la puesta en vigencia de la reforma ¿Esta es una razón “superior” que terminó volviendo aceptable en el consenso social esa decisión gubernamental por necesidad?

C.G.D.- No hay campos tan afines como los de la política y el derecho Constitucional. Le voy a hacer una conjetura política: para un hombre como Juan Manuel Santos, sin duda ya en trance de reelección, nada tan catastrófico como un deterioro de su popularidad cuando más la necesita. No contaba con una respuesta tan negativa de la opinión y esto le obligó a reaccionar. Fue suya la iniciativa de la reforma pero cuando se dio cuenta del rechazo que tenía, el episodio vergonzoso de la conciliación le llegó como una tabla de salvación. Concluyó entonces que había que hundirla. Así ratificó su destreza en deshacer los entuertos que él mismo ha creado para que la gente olvide lo primero y se quede con lo segundo.

C.O.T.- ¿En cuál caso Santos ha logrado que la gente “olvide lo primero que hizo para quedarse con lo segundo”?

C.G.D.- Recuerde su hostilidad hacia Chavez que contribuyó a deteriorar las relaciones con Venezuela. Luego, como presidente, procedió a recomponerlas, y esto último es lo que la mayoría de la gente retiene. Actuó igual cuando bajo su responsabilidad como ministro de Defensa se ejecutó la operación Fénix, violatoria de la soberanía del Ecuador. Después como presidente, arregló la situación con ese país, y esto fue lo que quedó en la memoria colectiva. En el tema que nos ocupa, él no aparece hoy como el autor, en connivencia con su bancada, de una reforma a la justicia desorientada y nociva, sino como quien salvó al país de tal despropósito.

C.O.T.- ¿Reviviría la reforma si se presentan demandas contra la manera como se hundió y la Corte Constitucional encuentra que los demandantes tienen razón?

C.G.D.- Ya el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias, por ser un acto administrativo, se demandó ante el Consejo de Estado. Si este lo declara inconstitucional, en sana lógica carecerían de fundamento jurídico tales sesiones y regresaríamos a la situación en la cual solo faltaba la promulgación del acto de reforma. Pero el mismo Consejo de Estado debería precisar los alcances de su decisión. Me parece improbable que las actuaciones que terminaron con el archivo de la reforma se declaren sin efecto. Otro tanto puede decirse si la demanda se promueve contra la decisión del Congreso de archivar el proyecto. En ese caso sí sería la Corte Constitucional la competente para decidir. También veo difícil que la reforma viva por ese camino.

C.O.T.- Según el trámite y las propuestas que se incluyeron en esa reforma ¿esta era exequible o la Corte hubiera encontrado vicios insalvables de forma y fondo?

C.G.D.- Advirtiendo que soy alérgico a las afirmaciones categóricas y que no tuve ocasión de seguir paso a paso el procedimiento en el Congreso, puedo afirmar que episodios como el de la conciliación revelan vicios de forma, y los propios congresistas afirman que hubo muchos otros. En mi opinión, existen también vicios sustanciales, trasgresores de lo que el constituyente del 91 se propuso y plasmó en la Carta. Le cito algunos: justicia onerosa, abogados y notarios con funciones jurisdiccionales y congresistas cada vez más blindados frente a la acción de la justicia.

C.O.T.- ¿Por cuál razón concreta esas propuestas trasgreden el espíritu de la Constitución?

C.G.D.- Cada uno de esos puntos exige una cuidadosa argumentación que haría muy extensa mi respuesta pero le doy un ejemplo: fortalecer de manera tan notoria el fuero de los congresistas contradice los propósitos de un Estado de derecho dentro de los cuales es prioritaria la igualdad ante las normas y la ley.

C.O.T.- El referendo popular que han promovido espontáneamente los ciudadanos ¿perdió vigencia por falta de materia, una vez hundida la reforma?

C.G.D.- El referendo de iniciativa popular es un valioso instrumento de participación ciudadana y utilizable como mecanismo derogatorio. Algunos querían, precisamente, que la reforma entrara en vigencia para acudir a él. Yo no dejaría lo cierto por lo incierto: no podría realizarse en menos de un año y eso, superando una cantidad de dificultades que podrían dilatarlo o frustrarlo. De todas maneras, hundida la reforma, el referendo revocatorio carece de sentido por sustracción de materia.

C.O.T.- En lugar del referendo contra la reforma ¿es posible adelantar otro referendo para derogar el acto legislativo de noviembre de 2011 que tumbó el régimen de impedimentos y conflictos de interés de los congresistas y que les permitió a los que estaban en esa situación, contribuir con sus votos a darle aprobación a la reforma?

C.G.D.- El acto legislativo al que se refiere su pregunta constituye carta en blanco para dar prioridad a intereses particulares sobre el interés general, es decir, para cometer trasgresiones impunes a la ética pública. Debería derogarse por esa vía, pero implica un asunto un tanto técnico y con menor carga emocional para mover al electorado a votarlo, en contraste con el caso específico de esta reforma a la justicia.

C.O.T.- ¿Es posible continuar con la recolección actual de firmas (ya hay 30 mil, según informes de prensa) para impulsar un referendo con este otro objetivo o habría que empezar de cero?

C.G.D.- Al archivarse el proyecto de acto legislativo de la reforma, este dejó de existir y como el referendo se convocaba para derogarlo, dicho referendo carece de objeto, como ya dije. Otra cosa es que a las firmas se les de un sentido de protesta contra las actuaciones reprochables del gobierno y del Congreso.

C.O.T.- Algunos indignados han propuesto adelantar un referendo para revocar el Congreso ¿Ese propósito es legal o podría derrumbar el sistema democrático del país?

C.G.D.- Esa revocatoria se dio al expedirse la Constitución del 91. Al poco tiempo fueron elegidos los mismos congresistas o sus cónyuges, sus hijos o hermanos. Aquí lo que hace falta es crear conciencia ciudadana, tarea a largo plazo que ningún gobierno ha acometido, pues la confusión y la falta de memoria son pilares de esta seudodemocracia que solemos magnificar.

C.O.T.- Desde el punto de vista del análisis político: ¿Juan Manuel Santos perdió sus mayorías parlamentarias teniendo en cuenta las mutuas acusaciones entre Congreso y Ejecutivo por el escándalo de lo aprobado?

C.G.D.- Santos pertenece a esa clase de personas que saben para qué es el poder es astuto y conoce muy bien sus intereses. Con mayor sutileza que Uribe, busca lo mismo y mucha gente ni siquiera lo advierte. Solo puede perder sus mayorías en el Congreso cuando tenga el sol en la espalda, es decir a comienzos de 2018.

C.O.T.- Es decir ¿usted da por hecho que Santos será reelegido?

C.G.D.- Conociendo su astucia, el poder que un presidente tiene y la clase política que lo rodea, parece razonable hacer esa previsión.

C.O.T.- ¿Por qué esta reforma despertó tanta ira?

C.G.D.- La gente se hizo cargo de que se iba a atender una necesidad sentida: la facilidad de acceder a la justicia y de obtener respuestas prontas. Pero cuando percibió el engendro, su desilusión se tornó en indignación. Un episodio curioso en el que a Santos le faltó sutileza y la ciudadanía mostró conciencia alerta.

“La deshonestidad repugna a la Constitución”

Cecilia Orozco.- Legislar para favorecer intereses personales con el fin de disminuir o eliminar los controles penales y disciplinarios que tienen los congresistas ¿Es permitido por la Constitución?

Carlos Gaviria.- Ese propósito es repulsivo y palmariamente trasgresor de la Constitución y de la más incipiente conciencia ética.

C.O.- Si usted fuera todavía miembro de la Corte ¿encontraría exequible la ampliación de los periodos y edad de retiro de los actuales magistrados?

C.G.- Es deshonesto y pienso que la deshonestidad política también repugna a la Constitución de 1991. En el predicamento que usted me propone, me llenaría de buenas razones para demostrar que ese sentimiento de repulsión encuentra sólidas bases en las normas y en los principios de la Carta del 91. Por el profundo respeto por la ética, que es mi mayor preocupación, no me atrevo a erigirme en juez de nadie pero me satisface que en casos como éste, sea posible demostrar que el texto de la Carta avala los sentimientos que comparte cualquier persona decente.

C.O.- ¿Por qué el trámite de la reforma a la justicia terminó generando este caos institucional?

C.G.- El exceso de ambición y de sacar victoriosos intereses particulares fue demasiado notorio y la desilusión de la gente al percibirlo, se tornó en indignación. Este es sin duda un buen síntoma social.

“Mi opinión difiere de la del Polo”

C.O.- ¿Cree que los parlamentarios de su colectividad que decidieron no asistir a las sesiones extras del Congreso para hundir la reforma por considerarlas inconstitucionales, hicieron lo correcto?

C.G.- Puedo hablar con más propiedad en materia de derecho que en materia política, pero en este terreno mi opinión difiere de la actitud del Polo: no creo que la convocatoria a sesiones extras fuera inconstitucional de pleno derecho. Al contrario, gozaba de presunción de legalidad, y participando en ellas se podía contribuir al archivo de una reforma dañina para el país. Tal archivo resultaba entonces en armonía con el interés general aunque beneficiara a Santos.

C.O.- ¿Piensa que el Polo no fue a las sesiones extras por no ayudar a Santos?

C.G.- Al ponderar las dos situaciones mi partido le dio prioridad al descrédito del presidente así la vigencia de la reforma ocasionara perjuicios irreversibles al país. Yo, mal político al fin y al cabo, hubiera preferido evitar los daños inminentes aunque dejando una constancia contundente en ese sentido. Sin duda tienen razón quienes piensan que el antecedente contribuye a acentuar un presidencialismo excesivo, pero esa circunstancia puede superarse introduciendo una norma inequívoca. En cambio los efectos nocivos que se seguirían con la vigencia de la reforma, no podían contrarrestarse tan simplemente.

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