Audiencia pública restitución de tierras: disyuntivas entre la norma y la realidad
Bogotá, Colombia, 18 de julio de 2012
En primer lugar quiero presentar mi saludo de reconocimiento y solidaridad a las organizaciones que integran la “Campaña Nacional e Internacional: Tierra, Vida y Dignidad” que han convocado esta jornada de reflexión, denuncia y fortalecimiento del Movimiento de Personas en situación de Desplazamiento Forzado en Colombia.
En tercer lugar quiero referirme a una de las causas estructurantes del conflicto social y armado que padece el país por más de 5 décadas, que como ha sido analizado suficientemente por académicos e investigadores, se ha centrado especialmente en la propiedad de la tierra, cuya tenencia y posesión ha sido disputada por diferentes actores desde los orígenes de la nacionalidad.
Aunque las estimaciones varían, la magnitud de la crisis de la tierra en Colombia, es claramente enorme. En 2011 por ejemplo, CODHES estableció que entre los años 1980 y 2010, 6.6 millones de hectáreas de tierra fueron abandonadas o usurpadas; en tanto que Acción Social, como organismo gubernamental la estima en 6.8 millones de hectáreas, mientras el MOVICE sitúa esta cifra en aproximadamente 10 millones de hectáreas, de donde se puede concluir que la cantidad de tierra despojada, se constituye en un factor evidente de la profundidad de la crisis humanitaria que ha dado lugar a la existencia de 4.5 millones de desplazados internos, que hacen de Colombia el país con mayor número de personas desplazadas del mundo, después de Sudán, Irak y Afganistán.
Igualmente no debemos perder de vista, que con anterioridad a la crisis de desplazamiento masivo de los últimos 40 años, la propiedad de la tierra estaba altamente concentrada, razón por la cual en Colombia se levantó con mucha fuerza, la urgente necesidad de realizar una Reforma Agraria, que en los años 60 es reivindicada por el Movimiento Agrario que dio lugar al surgimiento de la insurgencia, ante los efectos devastadores de la violencia promovida por los terratenientes en los años 50, que hoy recupera su validez y vigencia, frente a la contrarreforma de facto que se ha impuesto al agro colombiano.
Como ha sido reportado por Francis Deng , el desplazamiento no sucedió únicamente por razones de orden público, sino que también fue utilizado como herramienta para la “adquisición de tierras” con la finalidad de realizar megaproyectos de extracción de minerales, de agroindustria a gran escala y de infraestructura, especialmente en determinadas regiones del país, como la región Pacífica, donde el gobierno norteamericano tenía proyectado el Plan “Puebla Panamá” y la propuesta de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA)
En desarrollo de esta contrarreforma, Castaño declaró en alguna oportunidad: “En Urabá tenemos cultivos de palma. Yo mismo conseguí los empresarios para invertir en esos proyectos” . El líder paramilitar hacía referencia a los territorios de propiedad colectiva de Curvaradó y Jiguamiandó, donde 29,000 hectáreas fueron robadas a las comunidades afrocolombianas, de las cuales 7,000 fueron plantadas ilegalmente con palmas africanas de aceite.
Así, el cultivo de palma fue una de las estrategias económicas promovidas por los paramilitares y utilizadas para el control territorial. Según Castaño, comandantes paramilitares “formaron alianzas” y aconsejaron a muchos políticos y también tuvieron a sus “amigos” ubicados dentro de las empresas. Este modelo de complicidad entre paramilitares, políticos e intereses empresariales se ha repetido en otras áreas del país.
Este hecho ha sido verificado por la Fiscalía General de la Nación, cuando luego de varias investigaciones, en el año 2011 acusó formalmente a 15 compañías de palma y ganaderos de esta región, de participar activamente con los paramilitares en el desplazamiento forzado y violento de las comunidades afrocolombianas de Jiguamiandó y Curvaradó, con la finalidad de apropiarse de sus tierras para el cultivo de palma. En suma, esta es la realidad que pesa sobre la viabilidad y aplicación de la Ley de Victimas y Restitución de Tierras, como medida de reparación del inmenso daño causado al tejido social de la nación.
Por esta razón, considero pertinente el propósito de esta audiencia, de establecer la disyuntiva entre la realidad y la normativa vigente sobre protección de los derechos de las víctimas del desplazamiento forzado en Colombia, por cuanto de acuerdo a los postulados consagrados en la Constitución y en la ley, el Estado debe garantizar los derechos de propiedad sobre la tierra y el territorio a las comunidades originarias de la nacionalidad, como un derecho vital y consustancial a su dignidad humana; pero parecería que los derechos de estas comunidades son derechos “incómodos” y las leyes que se promulgaron para protegerlos, son igualmente incómodas a los grandes intereses económicos de quienes han expropiado sus tierras, no quedando claro si el gobierno está actuando “como árbitro o cómo parte interesada” en la implementación de los grandes proyectos de extracción, que sin lugar a dudas, se han constituido en un factor de crecimiento del desplazamiento forzado en Colombia.
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Representante del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los Desplazados Internos.
La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana - IIRSA - consiste en la participación de la inversión privada en los sectores de energía, telecomunicaciones y transporte por ferrocarril y carretera, para lo que los países deberían adoptar una legislación que facilite la interconexión y el funcionamiento integral de la energía, el transporte y los sistemas de comunicaciones. La IIRSA tiene 41 proyectos de infraestructura en Colombia.
“Habla Vicente Castaño”, Revista Semana, N° 1.025, 5 de junio de 2005.
Declaración de la Experta Independiente de las Naciones Unidas sobre Cuestiones de las Minorías, Señora Gay McDougall. Conclusiones Preliminares de su visita oficial a Colombia, 1º al 12 de febrero de 2010, pág. 5.
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Esto se evidencia en el contenido y alcance del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno colombiano, que bajo la presidencia de Uribe Vélez, puso fuerte énfasis en los proyectos extractivos a gran escala a favor de las multinacionales, a través de concesiones mineras, que el gobierno del Presidente Santos las tiene como una de las locomotoras de su Plan de Desarrollo. Es así como, durante una conferencia llevada a cabo en Canning House, Londres, el viernes 28 de enero de 2011, el Ministro de Hacienda colombiano Juan Carlos Echeverry, destacó el plan de Colombia de focalizarse en el incremento de la explotación de todos los recursos naturales del país; ejemplo de ello, la compañía AngloGold Ashanti, registrada en la Bolsa de Valores de Londres, que tiene un millón de hectáreas de tierra concesionada en 16 departamentos de Colombia .
Esta concesión masiva a compañías extractivas multinacionales de los derechos sobre la exploración y explotación de los recursos minero energéticos y agrícolas que posé el país, está ocurriendo en un momento en el que las tierras robadas no han sido restituidas a quienes les han sido despojadas violentamente. En consecuencia, las empresas comprometidas en estos negocios, están adquiriendo tierras robadas a estas comunidades y se están beneficiando de los efectos que produce el delito del desplazamiento forzado, con las consiguientes violaciones a los derechos humanos. Mientras tanto, las solicitudes de las comunidades sobre la restitución y restablecimiento de sus derechos y de su patrimonio, yacen en la oscuridad de los anaqueles judiciales o administrativos y en algunos casos, a pesar de que la tierra ha sido identificada para ser restituida, las comunidades desplazadas descubren que no tienen derechos plenos sobre la tierra, debido a que ha sido sembrada con palma aceitera, como es el caso de Cocomopoca o vendida por testaferros a adquirentes de buena fe.
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Mesa Nacional de Garantías: Mesa Temática sobre la situación de defensores, defensoras, víctimas y organizaciones que reclaman sus derechos a la tierra, los territorios y la restitución.
COCOMOPOCA es una organización autónoma étnicoterritorial que representa a la población afrocolombiana en las municipalidades de Atrato, Bagadó, Cértegui y Lloró en la región de la costa Pacífica colombiana. Su territorio está ubicado en una región de importancia geoestratégica para el acceso a megaproyectos e inversiones continentales, minerales y potenciales recursos hidroeléctricos. Desde diciembre de 1999, las comunidades han estado buscando el reconocimiento de su derecho de propiedad colectiva amparado por la Ley 70 (sancionada en 1993). Cuando solicitaron su título a la propiedad colectiva de 172.000 hectáreas, su número ascendía a 30.000 habitantes. Hoy, casi diez años después, sólo quedan 17.000 personas; el resto ha sido desplazado forzosamente por grupos paramilitares y guerrilleros con intereses en la tierra, en la minería o en la obtención de rutas terrestres o fluviales para el transporte de coca.
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Ante esta grave e insostenible situación, en el derecho internacional de los derechos humanos, las víctimas de la violencia de origen político tienen derecho al conocimiento de la verdad sobre los hechos violentos sufridos, a la justicia, a la reparación y a la no repetición de dichos hechos, en donde la clave de este proceso es la restitución de la tierra, especialmente a las comunidades indígenas, afro-descendientes y campesinos que han habitado tierras ricas en biodiversidad, pero que dada su importancia estratégica para la dinámica del conflicto interno, el narcotráfico y los grandes negocios de la locomotora minero energética, desconocen las graves violaciones que se producen a sus derechos humanos y sociales fundamentales.
Ahora bien, mientras el gobierno habla de los avances significativos de la Ley de Víctimas, los asesinatos selectivos y sistemáticos de líderes vinculados a los procesos de restitución de sus propiedades aumentan y ocurren como un desafío de las bandas paramilitares a la política de choque anunciada por el gobierno, de restituir 2 millones de hectáreas en los próximos 4 años, de los 6.6 millones de hectáreas que les fueron arrebatadas a más de 600 mil familias, esto es 4.5 millones de desplazados desde el año de 1980 y hasta el 30 de junio del año 2010, sin que ello represente un verdadero obstáculo que vuelve nugatorios los propósitos de la ley.
Este desafío lanzado por las bandas criminales ha ocurrido en aquellas regiones del país en que se produjo el mayor despojo de la propiedad agraria de los campesinos desplazados, que contó y sigue contando con la complicidad de algunas autoridades, tanto civiles como militares. En la región de Urabá, por ejemplo, se calcula que un 10% del total de la tierra cultivada, unas 150 mil hectáreas según la Superintendencia de Notariado y Registro que lleva oficialmente los registros de la propiedad inmobiliaria en Colombia, fueron despojadas con la complicidad de jueces, notarios e integrantes de la fuerza pública.
Desde el asesinato en el 2005 de YOLANDA IZQUIERDO, dirigente campesina que lideraba la lucha de los campesinos de Córdoba despojados por Carlos Castaño y su familia, los asesinatos a líderes de población desplazada alcanza hoy la cifra de 68 víctimas, esto sin contar con las amenazas, hostigamientos y nuevos desplazamientos a comunidades que han sido restituidas o que han tomado la decisión de retornar a sus territorios por su propia cuenta, a pesar de los inminentes riesgos para su vida y su integridad personal, que no han merecido la atención y la adopción oportuna y eficaz de las medidas de protección de las víctimas, las que han resultado tardías o simplemente inocuas, en razón de lo cual, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su informe de marzo de 2011 sobre Colombia, declaró “especialmente preocupantes han sido los asesinatos de líderes y lideresas, campesinos y desplazados que adelantaban procesos de restitución de tierras” .
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Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, A/HRC/16/22, 3 de febrero de 2011.
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Asimismo, muchos líderes comunitarios y defensores de derechos humanos que acompañan a las víctimas en sus demandas relacionadas con la propiedad de la tierra, han sido objeto de una estigmatización sistemática, diseñada para deslegitimizar su trabajo y, en consecuencia, desensibilizar a la opinión pública sobre la trascendencia de los atentados y asesinatos cometidos contra estos líderes. La estigmatización ha sido llevada a cabo por funcionarios del gobierno, asesores presidenciales, el ex presidente Uribe y oficiales del ejército, como es el caso del Comandante de las Fuerzas Armadas, General Alejandro Navas, quien en marzo de 2011 declaró ante los medios de comunicación, que los pueblos indígenas eran parte de la guerra que la guerrilla perpetúa contra el ejército .
A pesar de que los grupos paramilitares fueron supuestamente desmovilizados bajo el gobierno anterior, continúan operando en connivencia con las fuerzas armadas y de seguridad del Estado, coadyuvando a la consolidación de los intereses de sectores económicos poderosos que se mueven tras la expropiación de la tierra y el desplazamiento. Muchos de los comandantes paramilitares de mediano rango no se comprometieron con el Proceso de Justicia y Paz, pero reformaron y lideraron grupos paramilitares con nuevos nombres como las “águilas negras”, “los rastrojos”, “nueva generación”, entre otros, que continúan desarrollando su accionar criminal asociado al tráfico de drogas, el control de territorio y el despojo de tierras y territorios, sin que haya una acción efectiva del Estado para combatirlas y someterlas al rigor de la justicia.
En la cartografía de la empresa criminal que desarrollan las denominadas “bacrim”, han resultado afectados casi todos los departamentos del país; sin embargo, es necesario plantear la grave situación que atraviesan departamentos como el Atlántico, Sucre, Cesar, Bolívar, Córdoba, Antioquia y Chocó, que según la Comisión de Seguimiento de la Política Pública frente al Desplazamiento Forzado, en estos dos últimos, se ha producido el despojo en la siguiente proporción: desde el año de 1980 y hasta el 30 de junio de 2010 había en esta región 117.171 familias desplazadas inscritas en el RUPD, las cuales habían sido despojadas de 1.652.261 hectáreas de tierra, que corresponde al 27% del total de la tierra arrebatada a las familias desplazadas en todo el país, lo que explica la virulencia de la confrontación en torno a las reclamaciones sobre la propiedad de la tierra.
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Ver: www.ejercito.mil.co/idcategoria=279193, “Los indígenas son manipulados por los grupos armados ilegales para su protección, que los toman como escudo para su protección, también son instrumentos de la guerra jurídica que los ponen contra la tropa. De igual manera el modus operandi de estos grupos es disparar desde las casas y utilizando niños”. Posteriormente, se indica más en la página web del ejército que los indígenas no son cómplices de la guerrilla, sino víctimas de la guerrilla. Sin embargo, la declaración expresa que él hizo, realmente acusa a los pueblos indígenas de ser instrumentos en una guerra legal contra las tropas.
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Entretanto, en la región constituida por los departamentos de Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba que ocupan el cuarto lugar en el tamaño del despojo detrás de la región sur del país, han sido desplazadas en este mismo período 58.727 familias lo que representa el 13.5% del total de familias desplazadas en el país y les habían sido arrebatadas 749.968 hectáreas en estos mismos años. Haciendas como la de Las Pavas, Veracruz, El Nilo, San Francisco; los Montes de María; los Playones de Pivijay y María La Baja, entre tantas otras extensiones de tierra, han sido el escenario de la más abominable empresa criminal que se haya podido urdir contra quienes reclaman su derecho a la tierra.
No obstante la gravedad de los hechos que han prevalecido ante las demandas de exigibilidad y justiciabilidad del derecho a la propiedad y a la posesión de la tierra por sus legítimos propietarios, tras seis meses de implementación de la Ley de Víctimas, aún se desconoce el plan de acción para la ejecución de la misma, los criterios de accesibilidad, focalización y priorización de las victimas a reparar y sobre todo, la forma de su participación efectiva, de conformidad con los ordenamientos proferidos por la Corte Constitucional mediante el Auto 383 de 2009, que considera que la participación además de efectiva debe ser significativa, en orden a garantizar el acceso y el goce efectivo de los derechos de la población desplazada.
En este punto es pertinente reiterar que la Ley de Reparación a las Víctimas del conflicto colombiano, no compensa en lo más mínimo todo el daño causado por el despojo y, por el contrario, provoca indignidad, revictimiza a los desplazados y no permite superar los niveles de pobreza e indigencia en la que han sido colocados.
De ahí que con justipreciada razón, las organizaciones de víctimas del desplazamiento forzado en Colombia, exijan del gobierno nacional, la implementación de una verdadera y efectiva RESTITUCIÓN y REPARACIÓN, que les permita reconstruir su proyecto de vida, restablecer en el tejido moral y social de sus comunidades, más aún, en tratándose de comunidades cuya cosmovisión comporta una serie de valores y constructos psicosociales que hacen parte consustancial de la existencia misma, que al afectarse, se estaría vulnerando el derecho fundamental a la vida, a la integridad y a la seguridad como personas y como sujetos colectivos.
Así mismo, esta audiencia debe pronunciarse de forma contundente, en la exigencia de otorgamiento de las garantías de seguridad necesarias, para que las víctimas del desplazamiento forzado en Colombia que lideren los procesos organizativos y de movilización hacia la restitución de sus tierras, sus territorios y sus bienes patrimoniales, puedan ejercer sus derechos, en orden a impedir que la empresa criminal de los ejércitos “anti restitución”, cumplan con sus cometidos de silenciar las voces o apagar las vidas de quienes se atreven a reclamarlos y a ejercerlos.
Sobre este asunto de vital urgencia para la prevención del crimen contra las víctimas del desplazamiento forzado y la protección de quienes se encuentren amenazados, la Unidad Nacional de Protección que está bajo la jurisdicción del Ministerio del Interior, deberá actuar con la prontitud y eficacia que impone el alto riesgo a que están expuestas las personas que lideran la lucha por la restitución de tierras, aparte de que se debe revisar los estándares de valoración de riesgo, a fin de que las medidas que se adopten garanticen efectivamente la preservación de su vida, su integridad personal y el goce efectivo de sus derechos.
En relación con las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación sobre los asesinatos selectivos y sistemáticos que se han presentado en los departamentos de Bolívar, Sucre, Cesar, Córdoba, Antioquia, Chocó, Cauca, Arauca, Meta, Santander, Tolima , Putumayo, y Nariño de luchadores sociales involucrados en los procesos de restitución de tierras, es preocupante la lentitud con que avanzan, razón por la cual, acompañamos la solicitud de creación de una Unidad Especial en la Fiscalía General de la Nación, e incluso, la creación de una Jurisdicción Especial que conozca de los crímenes perpetrados contra las víctimas de la violencia política en Colombia.
Una de las preguntas que el gobierno nacional debe responder de forma clara y precisa a esta Audiencia Pública, es si su locomotora Mineroenergética garantiza la ejecución real y efectiva del Programa de Reparación y Restitución de Tierras que ordena la Ley de Víctimas; porque de no ser así, las tierras que han sido despojadas a sangre y fuego o mediante engaños a los campesinos, indígenas y afrodescientes durante los últimos 40 años por quienes ostentan el poder político y económico, legal e ilegal, o que han sido entregadas mediante contratos leoninos de concesión a empresas transnacionales, para la exploración y/o explotación de los recursos naturales durante tiempos a veces inconmensurables, no podrían ser jamás restituidas a sus verdaderos dueños y poseedores ancestrales, dejando en la más absoluta impunidad su derecho a la realización de la verdad, la justicia, la reparación integral y el compromiso de no repetición.
Finalmente, la lucha que las organizaciones sociales de desplazados libran en el país, por su derecho a la Tierra, al Territorio y, sobre todo, por su derecho inalienable a la realización de un Proyecto de Vida Digna, está indisolublemente ligado a la lucha por LA SOLUCIÓN POLÍTICA NEGOCIADA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO QUE PONGA FIN A LA GUERRA y a los efectos devastadores sobre la vida y sobre la necesidad imperiosa de abrirle caminos a la construcción de la Paz, la realización de la Justicia y la profundización de la Democracia Política y Social.
Por estas sopesadas razones, acompañamos con el debido reconocimiento, la presencia de todas y todos ustedes en esta jornada de reflexión, de denuncia y fortalecimiento de la heroica lucha que han venido librando en Colombia, por el derecho a tener derechos, en un país donde la recuperación de su altura moral, requiere con urgencia, entre otros aspectos, de la superación de los disimiles “estados de cosas inconstitucionales” que resultan insoportables a la dignidad de la persona humana, como es el caso de los 4.5 millones de desplazados internos, resultado de la violencia social y política que prevalece en el país por ya casi medio siglo y a la que hay que ponerle fin y por ello, incansablemente seguiremos trabajando.
POR UNA VERDADERA RESTITUCIÓN DE TIERRAS Y DE BIENES DESPOJADOS A LAS Y LOS DESPLAZADOS DE COLOMBIA
¡¡¡VIVA LA CAMPAÑA NACIONAL E INTERNACIONAL “TIERRA, VIDA Y DIGNIDAD”!!!
Bogotá, D.C., 15 de julio de 2012
http://www.pacocol.org/index.php/noticias/435-intervencion-de-la-senadora-gloria-ines-ramirez-rios-sobre-restitucion-de-tierras
