Álvaro Uribe Vélez, cabeza y fundador del Centro Democrático.
Aunque solo se necesita del aval de la cámara alta para que Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) comience a operar con reglamentos y herramientas sólidas, las fuerzas mayoritarias del Senado, ahora volcadas a favor del presidente electo, Iván Duque, y lideradas por el uribismo, continúan dilatando la votación de la ley de procedimiento de esta justicia transicional.
Ante ello, la Misión de Verificación de la ONU llamó
este martes a los principales actores del Gobierno a remover “los
obstáculos que siguen impidiendo que el proceso de paz en Colombia
cumpla con sus compromisos con la justicia y el derecho de las
víctimas”, argumentando que “las víctimas siguen esperando que se realicen las primeras audiencias”, ahora estancadas debido al laberíntico y lento trámite de esta ley en el Congreso, que empezó con faltas de quórum y hoy se justifica con nuevos impedimentos y condiciones por parte del Centro Democrático.
El partido respondió la solicitud de la organización
intergubernamental diciendo que “rechaza y no acepta sus
exigencias”, argumentando que sus propuestas “no pueden ser calificadas
como obstáculos” sino como reflejo al “deseo de la mayoría de los
colombianos que así lo han manifestado en dos ocasiones: la victoria del No en el plebiscito de 2016 y la elección de Iván Duque como presidente con el compromiso de hacer correcciones a los Acuerdo”.
Fundamentalmente, la colectividad uribista quiere incluir tres
modificaciones precisas para, ahí sí, darles luz verde en el Senado a
las normas para que opere la JEP y convencer a su nueva coalición de que
la vote favorablemente: limitar la participación en política de los
responsables de los crímenes más graves, establecer un procedimiento
especial para los terceros involucrados en el conflicto y crear una sala especial para juzgar a los miembros de la Fuerza Pública.
Esta última condición ha sido tajantemente rechazada por el Gobierno y las mismas cabezas militares, pues
dejaría en el limbo jurídico a los más de 2.300 militares que se han
sometidos a la JEP y podría ponerlos en el radar de la Corte Penal
Internacional, como lo han advertido el ministro de Defensa,
Luis Carlos Villegas, el del Interior, Guillermo Rivera, y el senador
Armando Benedetti, que recientemente renunció a ser ponente de la ley de
procedimiento de la JEP debido a la imposibilidad de llegar a un acuerdo en el Legislativo.
Este miércoles la plenaria del Senado tendrá que votarla, cumpliendo el ultimátum advertido por Rivera y poniendo a prueba los intereses del Congreso frente al actual y nuevo Gobierno.
