El espectador De Junio 27 de 2016.
El pasado 20 de junio, 161 profesores colombianos y extranjeros
vinculados a universidades públicas, especialmente a la Nacional, y a
universidades privadas firmamos una carta que quiero presentar a los
lectores de El Espectador.
Y lo hago en este periódico porque, con su tradicional talante
democrático, nos ofrece la oportunidad de dar otra opinión distinta de
la que han vertido algunos colegas en pasados comunicados así como en
varias columnas de opinión. (Vea la carta)
La
controversia a la que me refiero tuvo origen en el reconocimiento que
en los 50 años de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad
Nacional se le dio al egresado Miguel Ángel Beltrán en medio de otras
menciones a más egresados, a estudiantes, profesores, pensionados y
personal administrativo. Ante ese hecho y desconociendo la aclaración de
las directivas de la Facultad de que el reconocimiento se le otorgaba
como egresado y no como profesor, 32 colegas publicaron una carta de
protesta por concederle a una persona acusada de rebelión y destituida
por la Procuraduría una condecoración académica.
Luego
siguieron algunas columnas de opinión en El Espectador y otros
periódicos, además de un cubrimiento noticioso por otros medios que no
fue siempre imparcial. Por lo común esas opiniones asumen que Miguel
Ángel Beltrán es culpable y por lo tanto la Universidad no puede
otorgarle ningún reconocimiento por esa condición. Quienes firmamos la
nueva carta y gran parte de la comunidad universitaria del país tenemos
dudas sobre el proceso judicial y confiamos en que pronto se esclarezca
su inocencia. En todo caso, aun si está en prisión, como decimos en la
carta, él “no ha perdido sus derechos morales ni ha cesado su producción
académica”. Y esta última fue la que se reconoció en los 50 años de la
Facultad de Ciencias Humanas.
Pero la intención de
la nueva carta no era profundizar la polarización de la Facultad, algo
que viene de antes y que no necesariamente es un signo negativo, sino
tocar los temas de fondo que este debate merece: el papel de las
universidades públicas, y especialmente de la Nacional, en el
pos-acuerdo. Quienes se han opuesto a cualquier reconocimiento de Miguel
Ángel Beltrán, suelen esgrimir dos argumentos que nuestra comunicación
busca controvertir.
De una parte se dice que con
ese acto, la universidad –o al menos la Facultad– ha sido capturada por
intereses políticos ajenos a nuestra institución. El trasfondo toca un
debate de larga duración y que difícilmente se va a resolver en este
momento: la relación entre la academia y la política. Es cierto que son
campos de acción humana diferentes, con instituciones, actores y reglas
de comportamiento particulares. Pero no son ajenos, máxime en un momento
como el que atraviesa hoy el país.
En la carta enumeramos muchas de las
tareas “políticas” que la academia debe abocar en la actual coyuntura y
que de hecho está enfrentando no solo para aclimatar los acuerdos de La
Habana, sino en el acompañamiento a las víctimas y a la sociedad en
general en labores de memoria, reparación y búsqueda de la verdad, para
solo citar algunas. Pero además la crítica a la supuesta captura
política de la academia hace eco del viejo positivismo que reclamaba no
solo la supuesta neutralidad de la ciencia sino que consideraba como una
actividad inferior y casi inmoral a la política.
El
otro tema con el que polemizamos se refiere al diagnostico que los
colegas opositores a cualquier reconocimiento a Miguel Ángel Beltrán
hacen de los peligros que corre hoy la universidad pública, y en
especial para la Universidad Nacional, tema con el que cierran su carta.
A su juicio, la inminente reinserción de grupos insurgentes puede
llevar a una infiltración (extremo)izquierdista de las instituciones
universitarias que podría transformarlas en “un mero órgano de
propaganda y adoctrinamiento cuyo papel ya no sería la
institucionalización del estado de derecho, sino el debilitamiento, esta
vez directo y proactivo, de los ideales de una sociedad abierta y más
democrática”. No solo no dicen nada de las amenazas de los paramilitares
a miembros de la comunidad académica –esas sí un verdadero
debilitamiento de la academia y de nuestra democracia– sino que evanden
discutir los problemas de fondo de nuestras universidades públicas que, a
nuestro juicio giran en torno a “la penuria presupuestal, el pasivo
pensional, el deterioro de planta física para no hablar de la creciente
precariedad de la nómina”, entre los más prominentes.
Decimos
que en esta coyuntura la universidad debe mostrar hechos de grandeza.
Ella no es un corralito intelectual aislado de la sociedad. En esa
dirección debe afrontar, como el conjunto de los colombianos, diálogos
con quienes se van a desmovilizar, así como con otros “diferentes”. La
carta firmada, por ahora, por 161 profesores universitarios llama
precisamente a debatir sobre los problemas del país y de la universidad
en el escenario del pos acuerdo. Invitamos a su lectura.
Han
seguido llegando adhesiones en forma tal que hoy en día somos casi 200
los firmantes. Si quiere sumarse entre a la siguente dirección:
Por: Mauricio Archila, Historiador y Profesor Titular de la Universidad Nacional.
https://www.youtube.com/user/nolascopresiga/videos
