Marcha Patriotica 28 de Junio de 2016.
“Los pocos que hoy se oponen a la paz, lo hacen con la única
intención de mantener sus privilegios, seguir gobernando con la fuerza
del terror y no con el debate de las ideas.”
Con gran entusiasmo, colombianas y colombianos desde todos los rincones
del país reconocemos en los recientes acuerdos entre gobierno nacional y
las FARC-EP, avances trascendentales para concretar a partir del fin
del conflicto armado, el inicio de un tránsito histórico que permita
hacer realidad nuestros sueños de una Colombia en Paz.
Sin lugar a dudas, el anuncio de las partes del consenso alrededor del
cese al fuego y a las hostilidades de carácter bilateral y definitivo,
se constituye en un paso definitivo hacia la terminación de una guerra
entre hermanos que ha desangrado generaciones completas de hombres y
mujeres que hoy se muestran cada vez más dispuestas a apostarle a la
reconciliación y a la construcción de un nuevo país, sin negar de esta
manera, por supuesto, los enormes desafíos que restan a la consolidación
de la anhelada Paz; y es precisamente el contenido del segundo de los
acuerdos hechos públicos a finales de la semana pasada, el que
representa uno de los retos más significativos de cara a la
materialización de la intención que de uno y otro lado de las
delegaciones se puso de manifiesto durante la firma de ambos acuerdos:
la renuncia de manera definitiva a la utilización de las armas en la
política y la promoción de organizaciones violentas como el
paramilitarismo.
Lo acordado al respecto es desde todo punto de vista, la expresión de
un escenario de negociación en el que ha quedado demostrado que la
utilización de la vía armada no ha sido en la historia de nuestra
patria, herramienta exclusiva de la insurgencia. Por el contrario, el
Estado colombiano asume, como puede concluirse de la integralidad del
acuerdo sobre garantías de seguridad, la lucha contra las
organizaciones criminales y las denominadas sucesoras del
paramilitarismo, el cual ha contado con el apoyo y respaldo económico,
político y militar de funcionarios públicos, instituciones, amplios
sectores de la Fuerza Pública y clase política dirigente, responsables
de primer orden en la promoción, consolidación y mantenimiento de
estructuras paramilitares que alcanzaron niveles de control y
consolidación política, militar, económica y social en vastos
territorios del país.
Así las cosas, el acuerdo parte de la vinculación material entre lo
acordado en materia de participación política y las necesidades de un
contexto en que el ejercicio de la política y especialmente el de la
oposición política, han estado ligados al silenciamiento mediante la
violencia. La seguridad concebida a partir del respeto de la dignidad
humana, la promoción y respeto de los Derechos Humanos y la defensa de
los valores democráticos, en particular en la protección de los
derechos y libertades de quienes ejercen la política implica la
transformación ideológica de la doctrina inserta hoy, tanto en las
Fuerzas Militares como en el sistema judicial.
La creación del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la
política y su desarrollo a través del acuerdo sobre garantías de
seguridad y lucha contra las organizaciones criminales que incluye a las
denominadas como sucesoras del paramilitarismo, y la persecución de las
conductas que amenacen la implementación de los acuerdos y la
construcción de la paz, concibe la adopción de medidas que requieren
correspondencia con la finalidad de desmontar modelos de justicia
privada que han sido responsables, bajo la doctrina de la guerra
contrainsurgente y del enemigo interno, de los capítulos más oscuros de
la violencia sociopolítica en Colombia.
El sistema, que contempla entre otros la adopción de políticas públicas
que promuevan, a partir de un Pacto Nacional, la desvinculación del
paramilitarismo de todas las formas de hacer política, incorpora la
creación de una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que entre
otras funciones tendrá la de coordinar el plan de gobierno nacional para
la desarticulación, desmantelamiento y persecución de estas
organizaciones criminales. De la misma manera crea una Unidad Especial
de investigación que con reforzadas atribuciones de policía judicial y
estando por fuera de la Jurisdicción Especial para la Paz, tendrá como
mandato la investigación, persecución y acusación no solamente de los
responsables de la promoción de las estructuras paramilitares sino
también de quienes sean responsables de homicidios, masacres, hechos de
violencia sistemática de género, o que atentan contra defensores/as de
derechos humanos, miembros de movimientos sociales o movimientos
políticos, además de aquellos que lleven a cabo conductas criminales que
amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.
Otros componentes como la Instancia de Alto Nivel del Sistema Integral
de Seguridad, la Subdirección especializada de seguridad y protección al
interior de Unidad Nacional de Protección con su respectiva mesa
técnica y los Lineamientos y Criterios del Plan Estratégico de Seguridad
y Protección, hacen parte del mecanismo definido específicamente con el
propósito de garantizar la vida e integridad de los miembros de las
FARC-EP, que conformen el nuevo movimiento o partido político a partir
de la firma del acuerdo final.
Sin embargo, y pese a la enorme importancia de lo acordado en relación a
las garantías para el ejercicio de la política, la situación que
continúan enfrentando organizaciones sociales, populares y defensoras de
Derechos Humanos, evidencia lo trascendental que resultará para la
consolidación de la Paz, el desmonte efectivo del paramilitarismo y a su
vez, una profunda transformación al interior de las instituciones del
Estado que permita la renuncia definitiva a la persecución a través de
diversos métodos a quienes ejercen la política desde posturas de
oposición.
En este contexto de avance y de reconocimiento político de la
diferencia como pilar fundamental del ideal democrático, es imposible no
valorar con desconcierto situaciones que siguen dando cuenta de la
sistematicidad de la persecución contra dirigentes sociales y sus
organizaciones. La condena proferida un día antes de los importantes
anuncios desde La Habana, de 22 años de cárcel, contra 4 jóvenes en el
Departamento del Huila, procesados y puestos en prisión desde el Paro
Nacional Agrario del año 2013, por un delito que jamás ha existido, no
permite dudar sobre la vigencia de la determinación política de
silenciar por la fuerza (en este caso del Derecho Penal del enemigo) a
quienes representen ideas divergentes.
De la misma manera, amenazas proferidas por organizaciones de las que
precisamente habla el reciente acuerdo y a quienes entre líneas
caracteriza como auténticos enemigos del Proceso de Paz en curso, siguen
forzando el silencio mediante el terror a través de hechos como los que
el día de ayer a las 2:00 de la madrugada, pusieron en grave riesgo la
vida de Arnobis Zapata, un dirigente campesino integrante de la Marcha
Patriótica y responsable de organización de este Movimiento político en
el Departamento de Córdoba.
El año 2016, caracterizado por avances sustanciales para la
construcción de la paz y el anuncio del Cese al Fuego Bilateral y
Definitivo, ha sido también uno de los años más álgidos en relación a
las agresiones y muertes de dirigentes y miembros de organizaciones
sociales y populares. Amenazas, atentados y señalamientos, son el pan de
cada día. Nada distinto puede decirse del sostenimiento de cientos de
procesos judiciales, las capturas masivas y los montajes que
desconociendo derechos y garantías fundamentales, siguen siendo verdugos
de los luchadores sociales.
Las garantías para el ejercicio de la oposición política, son las
garantías para la Paz. El fin de la horrible noche debe ser para los
opositores políticos en Colombia, el mensaje contundente del fin de la
persecución, de la estigmatización y la sentencia de muerte que les ha
significado por décadas el cuestionar el ejercicio de una política
degenerada en clientelismo, criminalidad y corrupción. No puede existir
mejor sustento para la Paz que la certeza absoluta de poder pensar,
proponer, disentir y aportar en la construcción de una Nueva Colombia en
medio de la decisión de garantizar la vigencia de los Derechos Humanos y
el ejercicio de las libertades democráticas.
Campaña Nacional e Internacional “YO TE NOMBRO LIBERTAD”
Comisión Nacional de Derechos Humanos del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica
28 de junio de 2016
