El 4 de diciembre de 2012, representantes de organizaciones sociales
provenientes de Nariño, Cauca, Caquetá, Putumayo, Guaviare, Vaupés y Magdalena,
así como indígenas y campesinos, junto con representantes de ONGs del nivel
nacional y de entidades internacionales de Europa, Norteamérica, región andina
y cono sur, nos reunimos para analizar y sacar conclusiones alrededor de los
cultivos y cultivadores declarados ilícitos y las alternativas que se
implementan en esos territorios, como parte de la estrategia antidrogas. Esta
reunión fue posible gracias, entre otras, al apoyo del Transnational Institute
TNI.
DECLARACION
1. Invitamos a las instancias de decisión y organización de las Conferencias Latinoamericanas a incorporar de manera más equilibrada y visible, los contextos y situaciones asociadas a la producción, tráfico, lavado de activos, violencias relacionadas con estos fenómenos, así como los gravísimos impactos sociales, económicos, ambientales y en derechos humanos, que se generan en la aplicación de políticas antinarcóticos, aspectos todos definitivos en los balances periódicos de lo que son en la práctica las políticas vigentes.
2. Notamos con preocupación el duro contraste entre el agravamiento de las
situaciones socioeconómicas, de la paz y la seguridad, en el equilibrio
ambiental, que presentan los territorios catalogados de manera criminalizante
como “cocaleros”, y la manera como gobiernos e instancias multilaterales han
tratado los temas asociados al llamado Desarrollo Alternativo, negando el
reconocimiento de las voces de comunidades y organizaciones sociales,
configurando así una hegemonía que excluye la participación de la sociedad
civil en esas decisiones.
Esta afirmación se desprende del resultado que arroja
el intento que adelanta NNUU en el llamado proceso ICAD (International Conference
on Alternative Develpement), iniciado en Tailandia en 2011 y continuado en Lima
en noviembre de 2012. En su última declaración, el “Desarrollo Alternativo” se
sigue asociando a la reducción compulsiva de cultivos con fines ilícitos
ignorando el contexto amplio de desarrollo social, económico y cultural. Allí
mismo, el papel del Estado se enfatiza en el control y la aplicación de la ley
cuando debería situarse de modo prioritario en el papel de promotor del
desarrollo humano garantizando derechos fundamentales en las zonas con cultivo
problemático.
Igualmente, entendemos que la reducción de cultivos debe ser una
consecuencia del desarrollo integral rural, que garantice el derecho al acceso
y uso de la tierra por parte de los pequeños agricultores y el respeto a la
autonomía de los territorios colectivos. Igualmente, reclamamos un explicito
reconocimiento del derecho al uso tradicional de las plantas declaradas
ilícitas.
3. Señalamos que las políticas agrarias de los países desarrollados basadas
en subsidios a la producción y exportación agrícola, han causado crisis en las
sociedades rurales de los países del tercer mundo, trayendo como consecuencia
la expansión de cultivos como la coca. Por ello denunciamos los impactos que
empiezan a mostrar los tratados de libre comercio de nuestros países con las
grandes economías del mundo dado el desequilibrio en las condiciones de acceso
a mercados para nuestro sector rural, la inestabilidad de los precios de
productos catalogados de alternativos como el café y el cacao, la prevalencia
de un modelo de desarrollo rural basado en productos “bandera” cuyas economías
se ven favorecidas por modelos de monocultivo, con gran concentración de la
estructura de tenencia de la tierra y exclusión de las economías campesinas
catalogadas como “inviables” en contextos de economía abierta.
Esta situación
se agrava por las grandes inversiones en economías extractivas mineras y de
recursos energéticos que afectan seriamente la vida de los territorios donde se
asienta gran parte de la población rural, todo lo cual estimulará la
continuidad del desplazamiento forzado con graves consecuencias económicas y
sociales, generando un ambiente propicio para salidas desesperadas en la
economía ilegal de los cultivos de uso ilícito.
4. El ambiente inversionista en zonas donde no se garantiza la seguridad de
sus habitantes ni la vigencia del estado social de derecho estimula la
presencia de grupos de criminalidad que buscan acceder a las rentas de economías
extractivas, a la vez que sirven de mecanismo expedito para controlar
violentamente la protesta social, siendo la economía de las drogas una fuente
de sostenibilidad complementaria a la vigencia de esas estructuras. En
Colombia, el estado no ha establecido una diferenciación entre cultivadores y
grupos de criminalidad, y descarga sobre aquellos su política de erradicación
forzosa, criminalización de productores pobres en nombre del combate a las
drogas y de militarización de la democracia local; situación que genera el
círculo vicioso expresado en el continuo traslado de los cultivos de uso
ilícito.
5. Reivindicamos la vigencia de la hoja de coca y sus usos tradicionales
como fuente de afirmación cultural y de resistencia, lo mismo que la producción
y comercialización de bienes derivados de ella; apoyamos las iniciativas de
autocultivo como parte de las medidas de regulación del cannabis, así mismo, su
aporte como otra expresión cultural y de comprobados usos terapéuticos;
manifestamos nuestro apoyo a los esfuerzos de regulación del cannabis en
Uruguay, lo que constituye un punto de referencia en el nuevo contexto de
cuestionamiento a la actual estrategia antidrogas; Observamos con interés los
desarrollos que tengan en EEUU los referendos de Washington y Colorado;
Rechazamos el intento legislativo de penalizar la dosis personal en Colombia y
reclamamos que el nuevo estatuto de estupefacientes descriminalice a los
productores y garantice condiciones básicas de calidad de vida. Siendo víctimas
de las fumigaciones declaramos nuestro rechazo a dicho programa, único en el
mundo, por lo que exigimos una inmediata suspensión de las mismas.
Valoramos que el Presidente Santos se manifieste en favor de la
reformulación de las políticas de drogas, pero lo invitamos a dejar atrás la
metáfora de la “bicicleta estática” y pasar a la acción a nivel interno,
estableciendo programas hacia los productores que sean concertados y basados en
evidencia científica. Así mismo, señalamos que los diálogos de paz entre el
gobierno colombiano y las FARC requieren la participación de la sociedad civil,
entre otros, en el tema de la “solución al problema de las drogas ilícitas” que
forma parte del acuerdo general para la terminación del conflicto y la
construcción de una paz estable y duradera.
Bajo estas condiciones y reflexiones, nos proponemos la realización de un
Encuentro Nacional de Productores de Cultivos Declarados Ilícitos en Colombia
en el primer semestre de 2013 como parte de los esfuerzos para generar espacios
propios de participación de las comunidades organizadas que sufren la
aplicación de una política injusta, inequitativa e ineficaz. Invitamos desde ya
a las organizaciones internacionales interesadas en este tema a acompañar y
apoyar su realización.
Bogotá, Diciembre 6 de 2012
