Dos oficiales y seis soldados profesionales fueron cobijados con medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación, por su presunta responsabilidad en el asesinato a sangre fría de un civil, informó la fiscalía.
Según el ente investigador el crimen fue perpetrado el 1 de julio de 2005 cuando los presuntos criminales pertenecientes a la Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas, Afeur, del Ejército Nacional dieron muerte a sangre fría a Edgar Antonio Carrasquilla Hernández.
La Fiscalía pudo establecer que en el intento de “legalizar” el crimen, los
bandidos adujeron que Carrasquilla portaba un ‘changón’ con el que le disparó a
los uniformados cuando estos se identificaron como miembros del Ejército.
Los presuntos terroristas del régimen fueron identificados como. Jorge
Eliécer Valle y Jesús María Pineda Castaño, sargentos segundos; y los soldados
profesionales Danilo Hernández Rodríguez Osorio, Sande Mauricio Amariles
Maldonado, Edison de Jesús Villada Castañeda, Fredy Alberto Zapata, Luis
Eduardo Ramírez Godoy y Hernando García García.
Por otro lado el soldado profesional Andrés de Jesús Jiménez Rico, fue
asegurado con detención preventiva por el presunto asesinato a sangre fría de
un indígena Wayúu.
El crimen fue perpetrado el 12 de septiembre de 2002, en la ranchería
Pasajera, cuando el presunto terrorista
perteneciente al Batallón de Infantería Mecanizada No. 6 asesinó a
sangre fría a Laureano Bonivento Uriana.
El bandido argumentó que mató al indígena porque este pretendió atacarlo
con una escopeta, versión que fue desmentoda en la investigación de la
Fiscalía.
El fiscal del caso se abstuvo de imponerles medida de aseguramiento a otros
cuatro militares procesados por el delito de favorecimiento.
Actualmente el gobierno del presidente Santos, el ministro de Defensa Juan
Carlos Pinzón, altos mandos castrenses, congresistas inescrupulosos y la
derecha fascista del país,-impulsan una reforma a la Constitución para ampliar
el fuero penal militar, con lo cual los crímenes cometidos por agentes de las
Fuerzas militares y de la Policía quedarán en la impunidad.