Desde el pasado 20 de marzo, Prisioneros Políticos de varios establecimientos carcelarios del país se encuentran realizando una HUELGA DE HAMBRE, con el propósito de exigir del gobierno nacional y de las autoridades carcelarias, su reconocimiento como personas privadas de la libertad por razones políticas, a quienes el sistema penal y penitenciario les da el tratamiento de “enemigo interno”, como forma adicional de castigo a los tratamientos crueles, inhumanos y degradantes a que son sometidos por parte del cuerpo de custodia y de las autoridades carcelarias, quienes utilizan la tortura, el aislamiento, el regimen de alta seguridad, el traslado o la amenaza de traslado, el sometimiento a investigaciones disciplinarias arbitrarias, el distanciamiento familiar, la estigmatización, el hostigamiento, la discriminación y la represalia, tendiente a menguar su fortaleza moral y la identidad propia de tal condición.
Estos hechos que hacen parte de la grave crisis humanitaria que afecta el Sistema Penitenciario y Carcelario del país, fue declarada en 1998 por la Corte Constitucional como un “estado de cosas inconstitucional”, debido a la violación masiva, estructural e histórica de los derechos humanos fundamentales de los reclusos, que luego de 14 años no ha podido ser superada, dada la incuria administrativa del Estado y sus instituciones, la corrupción imperante y la ausencia de una política, que antes que penalizar a los ciudadanos, reivindique la vigencia de los derechos humanos, civiles y políticos, económicos, sociales y culturales.
Ante esta situación, en el marco del FORO “COLOMBIA ENTRE REJAS: EN BÚSQUEDA DE UN CAMINO PARA LA LIBERTAD Y LA PAZ” que tuvo lugar el pasado mes de febrero con la presencia de destacadas personalidades del Movimiento de Derechos Humanos de varios países, a instancias del Movimiento de Mujeres “Gestoras del Mundo por la Paz”, se propuso la constitución de una Comisión Internacional de Observación de los Derechos Humanos en Reclusiones Colombianas, con el fin de verificar la situación en que se encuentran las personas privadas de la libertad por razones políticas.
Como es de conocimiento de la opinión pública, la solicitud elevada por varios parlamentarios al Ministro de Justicia y del Derecho, de autorizar el ingreso a las cárceles de dicha Comisión, fue respondida con una negativa rotunda de que en Colombia NO EXISTEN PRISIONEROS POLÍTICOS Y DE GUERRA, que se debía demostrar la naturaleza jurídica de tal comisión y los alcances de su visita humanitaria, que luego de haber sido concedida, es revocada bajo el argumento que sus propósitos tenían una intensión diferente a la incoada inicialmente y, que en consecuencia, dicha autorización era de competencia del Presidente de la República, dadas las declaraciones y compromisos del Secretariado de las FARC-EP, de hacer entrega unilateral de 10 militares retenidos y de proponer al alto gobierno la apertura al diálogo y la negociación política del conflicto, entre cuyos actores se debe considerar a esta categoría de personas privadas de la libertad.
La tozudez del Ministro de Justicia al igual que la del Vicepresidente, en desconocer la existencia de más de 7.500 Prisioneros Políticos y de Guerra, ha dado lugar a la realización de la protesta legítima que se viene desarrollando en 8 de los centros carcelarios de diferentes regiones, que demanda del Movimiento Popular y Democrático de país, su acompañamiento por la justeza de sus motivaciones y por la trascendencia que ella tiene frente a la persistencia de criminalizar la protesta social, de judicializar a los luchadores sociales y de imponer una política punitiva a los hechos sociales resultado de la negativa permanente de los derechos humanos de la población.
En razón de lo anterior,
Expresamos nuestro SALUDO DE SOLIDARIDAD Y CONSECUENCIA con la acción de protesta que lideran en las cárceles colombianas los Colectivos de Prisioneros Políticos y de Guerra;
Demandamos de las autoridades carcelarias y penitenciarias, el respeto y las garantías para su ejercicio, de conformidad con los criterios establecidos en la Sentencia T-571 de 2008 de la Corte Constitucional y,
Exigimos del gobierno nacional la AUTORIZACIÒN DE INGRESO con plenas garantías a la COMISIÒN INTERNACIONAL DE VERIFICACIÒN DE LOS DERECHOS HUMANOS de las personas privadas de la libertad por razones políticas en Colombia.
UNIDAD DE TRABAJO LEGISLATIVO
H. Senadora Gloria Inés Ramírez Ríos
H. Senadora Gloria Inés Ramírez Ríos
Bogotá, Colombia, marzo 21 de 2012
