Por: Delegacion de PAZ de las FARC EP
26 de mayo de 2016
Con la esperanza en la reconciliación de
la patria saludamos a los organizadores y asistentes de la Audiencia
Pública en la Cámara de Representantes sobre “REFORMA POLÍTICA Y
GARANTÍAS DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN
COLOMBIA”.
Por el carácter restringido que durante
décadas ha tenido la democracia en nuestro país, cruzándose en su
desenvolvimiento el horror de la guerra sucia y el terrorismo de Estado,
la Participación Política, es uno de los temas principales de la Agenda
de La Habana. De su discusión surgió en noviembre de 2013 el segundo
acuerdo que denominamos Participación política: apertura democrática
para construir la paz. Por la complejidad que reviste esta problemática
que hace parte del conflicto armado de más de medio siglo, 14 asuntos
fundamentales quedaron como salvedades, por lo cual el acuerdo es
parcial. Sin embargo el acuerdo contempla medidas efectivas para la
transformación del régimen político, como las garantías de seguridad
para el ejercicio de la política y la participación social, las reformas
para la promoción y protección al pluralismo político, la Misión
Especial para la Reforma Electoral, o las Circunscripciones
Territoriales de Paz.
Todas estas medidas democratizadoras,
requieren de una pronta reglamentación e implementación, que solo puede
hacerse con la más amplia participación de todos los sectores políticos,
especialmente de aquellos que hemos estado sistemáticamente excluidos.
Los acuerdos de La Habana no pueden
correr la misma suerte de la Constitución de 1991, donde los ímpetus
progresistas del constituyente primario y el principio universal del
pacta sunt servanda fueron prontamente burlados por una legislación
restrictiva elaborada a la medida de un parlamento que mayoritariamente
ha estado a espaldas a la apertura democrática.
Recordamos que en este mismo recinto,
hace 23 años, el entonces Congresista, Manuel Cepeda Vargas, presentó un
proyecto para hacer realidad el Estatuto de la Oposición ordenado por
la Carta del 91, pero su empeño fue rechazado por las mayorías
parlamentarias. Poco después el senador de la oposición fue vilmente
asesinado por el régimen de la intolerancia que aún impera. Casi un
cuarto de siglo después y tras 11 proyectos legislativos archivados,
sigue sin cumplirse la disposición constitucional, cuya concreción, hoy
más que nunca es un requisito urgente para la construcción de la
verdadera democracia y la inclusión política.
Por ello, el Acuerdo de Participación
Política forjado en La Habana ha convocado a todos los partidos y
movimientos políticos a construir conjuntamente una propuesta de
Estatuto reglamentario que otorgue plenas garantías para que las fuerzas
políticas y sociales puedan oponerse democráticamente a los gobiernos a
nivel nacional y local, participen en equidad de condiciones en la
justa política y les posibilite proyectarse como alternativa de poder.
Inevitablemente las diferentes propuestas que desde diversos espacios
vienen construyéndose al respecto, están llamadas a integrarse
prontamente en una nueva normatividad que acorde a esta etapa histórica
de fin del conflicto de una vez por todas cumpla con el postergado
compromiso de 1991.
Un Estatuto de Oposición para un país en
paz, no puede versar meramente sobre las reglas formales para
procedimientos parlamentarios, debe reconocer al conjunto de expresiones
sociales y políticas que desarrollen oposición, garantizar el acceso al
espectro electromagnético propiedad de la nación, y ofrecer espacios
reales de participación dentro del conjunto de los órganos del Estado.
Todo ello partiendo, obviamente de asegurar el más elemental de los
derechos para los opositores, la vida y la integridad personal, con un
sólido y efectivo Sistema de Seguridad, ya que solo en 2015 fueron 682
los opositores agredidos.
No se trata de dádivas misericordiosas,
la oposición requiere es de las simetrías de poder propias de una
auténtico régimen democrático, donde los pesos y contrapesos no derivan
solo de la estructura del Estado, sino del reconocimiento de las fuerzas
que éste debe representar. La esencia misma de una reglamentación de la
oposición, no es eternizar a quienes la ejercen en este bando, sino
brindar elementos de incidencia y de perfilamiento para un futuro
ejercicio de gobierno, abriendo las posibilidades de alternancia en el
poder, como parte del juego democrático. Instancias como la Junta
Directiva del Banco de la República, la Comisión Asesora de Relaciones
Exteriores, el CONPES, el CONFIS y el CNE, deben contar con la
participación de la oposición, si en verdad se aspira algún día a
desarrollar políticas de Estado, y no instituciones de bolsillo de los
gobiernos de turno o inestables al vaivén de las coyunturas políticas.
De igual forma, nada fortalecería más a la democracia colombiana y a la
transparencia, que consagrar en este mismo Estatuto, que el Contralor
General de la Nación será elegido de terna presentada por los partidos
de oposición, y garantizar mecanismos efectivos de veeduría y control de
ésta sobre el Ministerio Público, hoy deformado en poderes omnímodos.
Además del Estatuto, la posibilidad de
dar un soporte político al esquema gobierno-oposición en Colombia que
redunde en el afianzamiento de un régimen democrático, se basa en el
fortalecimiento de un sistema de partidos de cara a la paz. Ha llegado
el momento de pasar la larga y vergonzosa página de la historia de
cacicazgos bipartidistas, franquicias electorales, transfuguismos,
parapolíticos, “lentejas” y “mermelada”. A las disposiciones ya
definidas en el numeral 2.3.1 del Acuerdo parcial de Participación
Política para promover el pluralismo, el acceso al sistema político y la
igualdad de condiciones para la competencia electoral, que requieren
una clara normatización e importantes cambios de la legislación vigente,
es fundamental desarrollar una auténtica reforma política que
democratice y cohesione a los mismos partidos, garantice la plena
financiación estatal a éstos y elimine la política “prepago”, con la que
mafias legales e ilegales han elegido gobernantes desde el fin del
Frente Nacional. Disposiciones especiales deben contemplarse para la
participación de las minorías políticas o expresiones políticas
regionales, como parte del variopinto de voces necesarias en un régimen
democrático, así también como políticas para la participación
protagónica de la mujer, la juventud, los pueblos indígenas y
afrodescendientes, particularmente marginados dentro de la política
tradicional. Reformar la política, significa inevitablemente renovar a
quienes hacen política.
A este nuevo universo político propio de
un país en paz, es al que queremos entrar a aportar las FARC-EP
transformados en un nuevo movimiento político y sumados a la mas amplia
convergencia democrática que afiance el proceso de reconciliación
nacional iniciado en los acuerdos de La Habana. Pero para realizar este
tránsito de organización política en armas, a organización política
legal, se requiere algo más que nuestra inquebrantable disposición de
paz. Además de las obvias garantías de seguridad para nuestro ejercicio
político, si de lo que se trata es de cambiar nuestros instrumentos de
lucha, de balas por votos, se requieren reformar las reglas de juego
para hacer posible una equilibrada contienda electoral.
El vigente sistema electoral, gestado
con la reforma de 2003, fue diseñado por un parlamento del que el
narco-paramilitar Salvatore Mancuso se vanagloriaba de controlar más de
un tercio. El Congreso de los escándalos de la parapolítica fue el que
determinó el voto preferente que favorece la corrupción, el excluyente
umbral y otras normas hechas a la medida para que las mafias coparan el
parlamento, mantengan ventajosos beneficios y se cercenen las
alternativas políticas. Para la paz, y para la participación electoral,
no solo de las FARC-EP, sino de la inmensa mayoría de colombianos y
colombianas que hoy no acude a las urnas, urgen pues medidas efectivas
de inclusión, modernización y transparencia electoral.
Señalemos lo mas simple e irrefutable.
Todos sabemos que los principales escollos para la modernización de las
técnicas electorales y la implementación del voto electrónico ya
aprobado hace 5 años, son los emporios clientelares que han cabalgado
históricamente sobre el fraude y los ingentes intereses económicos de
los consorcios que se han lucrado con la contratación privada de los
comicios y la adulteración de los resultados electorales.
Hemos propuesto al país una profunda
reforma que incorpore la creación de un Poder Electoral como rama de
poder público independiente, realice un proceso efectivo de
identificación de la ciudadanía en medio de la veeduría de todos los
sectores políticos nacionales y la verificación internacional, repiense
el ordenamiento electoral, le abra camino a una Cámara Territorial
otorgándole otro sentido a la representación de las comunidades de toda
Colombia, al tiempo que se desarrollen todos los procedimientos propios
del siglo XXI para otorgarle pulcritud y transparencia a los comicios.
Sabemos que quienes se han beneficiado
del viciado sistema electoral que ha imperado durante el conflicto,
difícilmente harán la reforma política que requiere la paz. Pero con la
misma esperanza con la que construimos acuerdos entre quienes hemos
combatido en la guerra, estamos seguros que la firma del Acuerdo Final,
activará una gran ola de transformaciones que con el concurso del poder
constituyente del pueblo soberano, podrá contribuir a forjar un nuevo
sistema político incluyente y democrático para la reconciliación
nacional, que nos permita por fin llegar a dignificar el ejercicio de la
política en nuestro país.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
