Escrito por Delegacion de Paz de las FARC EP
Sabado 28 de Mayo de 2016.
LA LUCHA GUERRILLERA Y EL ACUERDO DE PAZ.
Camaradas asistentes a la conferencia del Comité Distrital del Partido Comunista Colombiano, Mario Upegui Hurtado.
Desde la Delegación de Paz de las
FARC-EP en la Mesa de Conversaciones de la Habana les extendemos nuestro
saludo cálido, revolucionario y el deseo de éxitos en el desarrollo de
este importante certamen.
52 años después de que la agresión
militar del Plan LASO diera origen a nuestro levantamiento en armas, con
la esperanza hoy de un pronto Acuerdo de Paz cuya conquista ya se ve
clara en el horizonte, es para nosotros grato poder presentar opiniones
sobre el tema de las resistencias y la lucha por la paz, en este
conversatorio inaugural de la Conferencia Distrital de Bogotá de los
camaradas del Partido Comunista Colombiano.
Nuestro combate armado, desde sus orígenes y su mismo inicio ha sido una lucha sostenida por la paz.
La construcción de la paz, ya empezada
en el proceso de La Habana, es sin duda una gesta para potenciar las
resistencias contra la guerra y contra todo aquello que la ha
engendrado.
Por ello, vemos continuidad entre la
resistencia y la paz, entre la paz y la resistencia. Nada más equivocado
que ver contradicción entre estas dos banderas del pueblo colombiano.
Pero, obviamente, el tránsito histórico hacia una sociedad sin conflicto
armado, implicará necesariamente una auténtica ola de transformaciones
para las que el movimiento popular y revolucionario debe prepararse
En 1.949 el Comité Central del Partido
Comunista Colombiano, logró reconocer tempranamente la justeza y la
necesidad de la táctica de la autodefensa de masas para enfrentar la
represión y la violencia bipartidista. Del desarrollo de esta política
fundida con la creciente resistencia de las comunidades agrarias, surgió
hace ya más de 5 décadas la actual etapa de lucha guerrillera, ante la
tozudez del establecimiento de bombardear con aviones de la Fuerza
Pública las justas reivindicaciones del campesinado.
La lucha insurgente colombiana no
hubiese podido resistir medio siglo si no correspondiese a necesidades
históricas de nuestro pueblo. Los informes de la Comisión Histórica del
Conflicto y sus Víctimas arrojan mucha claridad en este sentido, ligando
nuestro surgimiento como guerrilla, a causalidades sociales en la
cuestión agraria y en la exclusión política, lo que derruye tesis
falseadas sobre nuestro origen y desarrollo como movimiento
revolucionario armado.
Nadie puede hoy desconocer, que desde el
mismo Programa Agrario del 20 de julio de 1964, el llamado de las FARC
fue por el diálogo y la construcción de vías incruentas para la
resolución del conflicto social armado que sembró entre nosotros la
oligarquía.
Pero Tuvieron que pasar 20 años para que
el Gobierno Nacional bajo el mandato de Belisario Betancurt, se
decidiese por primera vez a establecer conversaciones de paz.
Hoy tras 32 años de búsqueda de la
salida política y 3 procesos cancelados por las negativas del
establecimiento, en La Habana se ha logrado labrar un camino que nos
está conduciendo efectivamente a la finalización de la guerra.
Sin duda podemos decir que en esta
ocasión, hemos avanzado más que en cualquier otra oportunidad, pese a
los escollos que aún quedan por sortear.
A nuestro juicio, el mayor logro de La
Habana hasta ahora, ha sido asestarle una importante derrota al
paradigma de la salida militarista a la crisis, que tanto embrujó al
establecimiento colombiano y global en épocas recientes.
Para esto, hubo que soportar todos las
campañas militares desatadas en contra nuestra, desde los imperialistas
planes LASO y plan Colombia, hasta el llamado Estatuto de Seguridad de
Turbay, la Guerra Integral de Gaviria, el Plan Patriota, el Plan Espada
de Honor el Plan de consolidación y la mal llamada Seguridad Democrática
de Uribe.
Nunca antes, en Nuestra América, una
guerrilla había tenido que enfrentar tal tenaza militar de
desproporcionado pie de fuerza estatal, ingente apoyo extranjero, y la
utilización de fuerzas irregulares privadas como política de Estado, en
un intensidad a la que pudimos responder saliendo airosos en el campo de
batallas, porque siempre contamos con el invaluable apoyo del pueblo
humilde y empobrecido que nos ha acompañado.
La insurgencia que declararon vencida
una y mil veces en los medios del establecimiento, continuó firme pese a
los golpes recibidos, porque sus bases se enraízan en la lucha
emancipatoria de las masas, que aún tiene innumerables problemas por
resolver, pues los bombardeos no distribuyeron la tierra, ni los aviones
fantasma abrieron espacios de participación política; por ello, podemos
expresar con profundo convencimiento, que la guerra que ha seguido
hasta hoy, no es la solución.
Jamás se ha visto que un Estado, por
débil que sea, se siente con el total consenso de la comunidad
internacional, de la Casa Blanca y hasta del El Vaticano, a construir
reformas sociales y políticas con una cuadrilla de malhechores, o con un
grupo vencido militarmente y en la bancarrota política.
Siempre hemos dicho que no viajamos a
Cuba a rendirnos ni a entregarnos: En La Habana, hemos conversado y
construido solidas bases para dar inicio a importantes transformaciones
de nuestro país.
Se ha convenido por ejemplo, la reforma
rural integral que abra el camino para dejar atrás la ignominiosa
concentración de la tierra y la rampante miseria de nuestra población
rural; hemos acordado los lineamientos centrales para la apertura
democrática que requiere la paz, dando mayor impulso a la participación
política de los excluidos, en medio de garantías para las expresiones
políticas y sociales que han sufrido la negación histórica por parte del
sistema.
Fruto de los debates en la Mesa ha
quedado en tela de juicio la equivocada política de “guerra contra las
drogas” impuesta por Washington, con sus acentos punitivistas y agresor.
En su relevo necesario, se construyeron
programas alternativos para la sustitución voluntaria y el tratamiento
del consumo como un problema de salud pública.
También ha quedado fuera de escena, el
cuestionado ius poniendo, o la capacidad de impartir justicia del Estado
colombiano, dando paso a una nueva Jurisdicción Especial para la Paz,
dentro de un gran Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No
Repetición, que reemplazará las verdades contrahechas y a un aparato
judicial ilegítimo que ha servido de instrumento de guerra, de impunidad
para los corruptos y de garrote para la gente humilde y el movimiento
social. Todos estos cambios se han hecho pensando principalmente en los
derechos de las víctimas.
Hemos logrado también pactar con el
gobierno, compromisos serios para el desmantelamiento de esa política de
Estado que es el paramilitarismo de viejo y de nuevo cuño, con una
estrategia múltiple, que logre combatir no solo a los últimos eslabones
de la cadena, sino a sus operadores políticos, económicos e ideológicos,
al tiempo que se atacan simultáneamente todas sus expresiones.
No sobra recomendar, una revisión
rigurosa de los Acuerdos parciales, sus asteriscos y salvedades a fin de
tener mayor claridad sobre la dimensión de lo discutido y lo
trascendente de lo ya definido para el beneficio de las mayorías;
considerando eso sí, que aún hay importantes aspectos por consensuar;
uno de ellos, la implementación misma de lo que hasta ahora solamente
está en el papel, pero es necesario hacer realidad.
No menos importante es el entendimiento
recientemente conseguido entre las partes sobre el carácter de Acuerdo
Especial de todo lo firmado. Este acuerdo, ha sido un verdadero candado
jurídico que incorpora los acuerdos de paz al orden jurídico nacional e
internacional, en total armonía con los Convenios de Ginebra que rigen
el desarrollo de la guerra y los cuales el Estado colombiano ha
suscrito.
Por esta vía, se ha abierto la ruta más
segura y expedita para que los importantes alcances de la mesa de La
Habana, no queden al garete de los avatares parlamentarios, ni en meras
promesas del ejecutivo sin posibilidad legal de hacerse realidad.
Solo las partes podrían eventualmente
modificar lo acordado y no habría que esperar a los paquidérmicos
trámites ordinarios propios del poder constituido, el tratado de paz que
pretendemos.
No obstante, no podemos perder de vista
que, frente a una historia de sempiternos incumplimientos a las justas
reivindicaciones de esa otra colombia olvidada que constituye las
mayorías nacionales, requerimos no solamente de seguridad jurídica para
la paz, sino también y ante todo, de seguridad política.
Esta seguridad solo puede provenir de un
creciente apoyo de los sectores populares al proceso de paz, y a la
suma de las más diversas expresiones políticas al consenso de los
acuerdos.
Es en este terreno donde es fundamental
el papel de las compañeras y los compañeros comprometidos en la lucha
por la solución política, para activar esta gran ola que abrace la Mesa
de diálogos y haga posible la culminación de los puntos restantes, su
pronta realización y su cristalización en la práctica.
Aun restan importantes debates sobre
puntos esenciales sobre el punto 3 Fin del conflicto que deberán
establecer los marcos de definición de asuntos como el Cese al Fuego
bilateral y definitivo, lo mismo que sobre el tema de la dejación de
armas, la Reincorporación de las FARC-EP en lo político, lo económico y
lo social, las 42 salvedades a los acuerdos parciales, la implementación
y el presupuesto para el cumplimiento de lo ya acordado, así como el
mecanismo de refrendación, asuntos todos estos, que solo pueden lograrse
en medio del acompañamiento popular y democrático, para que las salidas
a los mismos no sean imposiciones gubernamentales, sino consenso de
las partes que prioricen el concurso de la sociedad.
Valga la oportunidad para hacer dos claridades respecto a la recta final del proceso:
Ratificar que las FARC-EP en ningún
momento ha negado la posibilidad de un mecanismo de una refrendación que
incluya la consulta al electorado.
En lo que hemos sido enfáticos es en la improcedencia del llamado Plebiscito por la Paz.
Por tres razones: a) por cuanto somete
un fin mismo de la nación y derecho fundamental, al escrutinio de las
urnas, yendo en contravía de la misma constitución, porque es que la paz
no es plebiscitable;
2-Por su improcedencia legal, ya que
otorga al plebiscito potestades aprobatorias sobre materias que nos son
resorte del ejecutivo como el cúmulo de reformas constitucionales y
legales derivadas de los acuerdos; y,
3 por cuanto ha sido una propuesta no
definida por la Mesa, que entraría en contradicción con la ya aprobada
categoría del Acuerdo Especial.
Tambien, es bueno aclarar que la
aprobación de la categoría de Acuerdo Especial o la exploración de los
mecanismos de refrendación, no significan que hayamos retirado la
bandera de la ANC.
La Asamblea Nacional Constituyente no es
un instrumento refrendatorio, sino que es un punto de llegada del
proceso de paz, un paso necesario para la implementación de lo acordado y
para la participación plena del constituyente primario, redoblando así
la seguridad jurídica y política, mas el efectivo desarrollo de los
acuerdos.
No estamos hablando de una ANC para
aprobar el Acuerdo Final, que ya tendría fuerza vinculante con la mera
firma de las partes, sino que es un ejercicio de poder constituyente
para adaptar la institucionalidad del país a esta nueva etapa histórica
para la que se está preparado: la paz.
¿Cómo se piensa entonces resolver el
numeral 3.5 de la Agenda que trata sobre las reformas y ajustes
institucionales necesarios para la paz, sino es a través de una ANC?
Tampoco es cierto que sea una ANC para
las FARC, sino para posibilitar la participación efectiva del más
variado espectro de expresiones sociales y políticas hoy excluidas del
régimen vigente, para lo cual deberán acordarse las medidas del caso
para que todos estemos representados, y en cuya construcción esperamos
encontrarnos con todos los sempiternamente excluidos y con todos los
amigos de la paz.
Con estas dos claridades, dos comentarios finales sobre el escenario del post-acuerdo:
No hemos librado una lucha de más de
medio siglo para quedarnos encerrados en cárceles a cielo abierto, ni
para hacer política en recónditos parajes con dantas y churucos.
En la Mesa está en discusión nuestra
reincorporación política, económica y social, no nuestra exclusión de la
vida política, económica y social del país.
Así que, se equivocan los que en su afán
editorial se apresuran a despedirse de nosotros y decirle “Adiós a las
FARC”, porque de lo que se trata de construir en el Acuerdo Final, es
darnos la bienvenida para que en medio de garantías y condiciones de
igualdad, podamos disputar el poder político al establecimiento.
Hemos sido claros, las FARC no se
desmovilizan, se transforman, se movilizarán ya sin armas, en tránsito a
un nuevo movimiento político enraízado en las masas populares de campos
y de ciudades, que espera confluir con el conjunto del movimiento
democrático, rompiendo prevenciones y sectarismos, en una gran
convergencia que prontamente sea alternativa para gobernar el país,
fortaleciendo los cambios introducidos por los acuerdos de La Habana y
produciendo las transformaciones democráticas que nuestro reclama.
Por otra parte, el proceso de
implementación de los acuerdos no puede entenderse como una dádiva
arrancada al Estado y sometida por ello a sus dinámicas burocráticas.
Todos los componentes de la
implementación, -incluidos los recursos- que permitan concretar lo
acordado, debe ser definidos bilateralmente y con la participación
protagónica de las comunidades.
Estamos en mora, que el arduo trabajo
labrado en la Mesa, reciba el enriquecimiento y la concreción de los
movimientos sociales y políticos para que se apropien y desarrollen lo
acordado.
Y en este sentido, sin duda Bogotá,
capital que concentra las principales estructuras de poder que requieren
ser democratizadas para poner fin al conflicto armado, ha de ser
escenario privilegiado para la implementación de los acuerdos.
Esperamos el concurso del Comité Distrital Mario Upegui y de todas las fuerzas populares para poderlo llevar a cabo.
Bogotá no ha sido ajena a los
padecimientos de la guerra y no puede estar fuera de la paz. Es nuestro
deber colectivo construir un proyecto de ciudad incluyente para un país
en paz.
Agradeciendo inmensamente esta
posibilidad de compartir nuestras reflexiones con Uds, cerramos esta
intervención recordando a todos nuestros camaradas caídos en las
diversas formas de lucha, comunistas y revolucionarios que en la montaña
o en la ciudad, en la acción de masas y en la clandestinidad, labraron
este proceso de cambio, esta Nueva Colombia que empieza a nacer.
En su honor ganaremos la paz, y en la
paz seguiremos luchando por un nuevo gobierno democrático y popular, sin
renunciar nunca a los principios por los que ellos, ustedes y nosotros
hemos puesto en juego la vida: La Nueva Colombia, la Patria Grande y el
Socialismo.
Muchas gracias.
Paro campesino en el Catatumbo. Foto: Notimundo.
Paro campesino en el Catatumbo. Foto: Camilo Raigozo.Notimundo.
