El Espectador Enero 23 de 2016.
Un grupo de militares y de exfuncionarios uribistas, encabezado por el
general (r) Rito Alejo del Río, se ha reunido en dos ocasiones con los
abogados de las Farc Álvaro Leyva y Enrique Santiago.
Los encuentros fueron hace menos de dos semanas
General (r) Rito Alejo del Río, el abogado Enrique Santiago, General
(r) Lelio Suárez T, excongresista Luis A. Ramos, Álvaro Leyva Durán y
el exministro Diego Palacio. /Fotos: Archivo
Un par de peculiares encuentros se dieron en el Cantón Norte de
Bogotá hace no más de dos semanas. En éstos participaron dos de los
abogados que asesoraron a las Farc en la construcción del acuerdo de
justicia con el Gobierno: Álvaro Leyva Durán y el español Enrique
Santiago. Del otro lado de la mesa estuvieron sentados los generales
retirados Rito Alejo del Río y Lelio Suárez Tocarruncho.
También el
exministro Diego Palacio y el excongresista Luis Alfredo Ramos.
El propósito: discutir los alcances de la Jurisdicción Especial para la
Paz. “Las reuniones han sido duras, francas y productivas”, le dijo uno
de los asistentes a El Espectador.
La iniciativa fue de los
militares en líos con la justicia, y surgió justo después de que se
conociera completo el acuerdo entre las Farc y el Gobierno, en diciembre
pasado. La vocería la asumió el general (r) Rito Alejo del Río, quien
está condenado a 25 años de prisión por el asesinato de un campesino
chocoano. También estuvo el general (r) Lelio Suárez Tocarruncho,
llamado a juicio por su supuesta responsabilidad en la falsa
desmovilización del frente de las Farc Cacica la Gaitana. No se trata
sólo de ellos dos: casos como el del general (r) Mario Montoya, el mayor
(r) César Maldonado y el recién condenado coronel (r) Róbinson González
del Río también han sido traídos a colación.
El tema central de
las reuniones ha sido el impacto que podría tener la Jurisdicción
Especial para la Paz sobre sus procesos y uno de los puntos de mayor
interés ha sido la excarcelación. Por eso se mencionaron dos figuras
jurídicas que podrían jugar a su favor: suspensión de penas para los
enfermos y conmutación de sentencias. La primera ya está contemplada en
la justicia ordinaria y sería el equivalente a los indultos
presidenciales gracias a los cuales 16 guerrilleros acaban de recobrar
la libertad y 14 más lo harán antes de que termine enero. La segunda
dependería de que los interesados se sometan a las exigencias del
Tribunal Especial para la Paz.
Precisamente, la libertad que recobrarán 30
guerrilleros en total ha dejado un sinsabor en un número importante de
militares investigados, condenados o incluso de la reserva activa. Aun
más porque han sido las Farc, y no el Gobierno, quienes han sugerido que
uniformados presos en malas condiciones de salud deberían ser
beneficiados con una medida de esta naturaleza. Para el Gobierno, sin
embargo, este tema es un dolor de cabeza monumental: la presión
internacional y el esquema de la justicia nacional no da espacio para
que, por ejemplo, un militar condenado por falsos positivos se vaya a su
casa de un día para otro.
La intención de discutir la
Jurisdicción Especial para la Paz con Álvaro Leyva y con Enrique
Santiago fue enviar un mensaje a La Habana: que las Farc no se opongan a
otorgar beneficios jurídicos a los integrantes de la Fuerza Pública y
que las propuestas de la guerrilla no incluyan, de ningún modo,
sanciones que atenten contra lo que ellos llaman la dignidad militar: se
resume en que no pierdan los grados obtenidos (que un general no deje
de ser general) y que se mantenga el trato diferenciado entre agentes
del Estado y guerrilleros.
En el primer encuentro, le contó a El Espectador
uno de los presentes, el general (r) Rito Alejo del Río y el abogado de
las Farc Enrique Santiago fueron presentados por Álvaro Leyva, quien le
dijo a Del Río que Santiago venía de una familia española de militares.
“No me extraña. Muchos guerrilleros vienen de familias de militares”,
respondió el general (r). “Yo sí soy de izquierda, pero no subversivo”,
replicó Enrique Santiago. La reunión siguió su curso y, al final, los
militares concluyeron que la información que manejaban Álvaro Leyva y
Enrique Santiago no era la misma que les daban los altos mandos
militares o que se ha divulgado en medios de comunicación.
Desde
el comienzo del proceso de paz, octubre de 2012, el Gobierno y las Farc
han buscado la manera de vincular al expresidente Álvaro Uribe a la mesa
de diálogo. Los intentos han sido infructuosos. Ante su negativa
rotunda, la estrategia ha sido dividir a su círculo más cercano. “Un
sector del uribismo cree que el acuerdo de paz se va a firmar, que lo
mejor es sacarle partido y usarlo para devolverles la libertad a los
aliados del expresidente. Esta postura molesta mucho a Uribe y ha creado
cierta división”, le dijo a este diario una persona cercana al
exmandatario. Álvaro Leyva se ha convertido en el mediador entre el
Gobierno y el uribismo.
Leyva también fue el hombre que buscó al
general (r) Jaime Ruiz Barrera, presidente de Acore (Asociación de
Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares), en septiembre del año
pasado, antes de que se conocieran los primeros puntos del acuerdo de
justicia pactado en La Habana. Llegó con Enrique Santiago. “Les dijimos
que entendemos que la justicia transicional es el único mecanismo
posible y lo aceptamos, siempre y cuando sea lo suficientemente
diferenciada: que no nos metan en el mismo saco que a las Farc. ¿Tantos
años de perseguirlos para terminar igual que ellos?”, expresó el general
(r) Ruiz Barrera en entrevista con este diario.
Así, mientras en
La Habana se avanza hacia la firma del acuerdo final, que tiene como
fecha estipulada el próximo 23 de marzo, en las guarniciones militares
los integrantes de la Fuerza Pública se cuestionan por su futuro
jurídico y buscan explicaciones más allá de las jerarquías que los
rigen.
