- Escrito por Delegación de Paz de las FARC-EP-
AVANCES DE LA DISCUSION DEL PUNTO 5:
COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICIÓNEl Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, en cumplimiento de lo establecido en el punto 3 del numeral VI del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera del 26 de agosto de 2012, presentan este Informe Conjunto sobre los avances y acuerdos alcanzados respecto del Punto 5 de la Agenda -“Víctimas”.
El fin del conflicto constituye una oportunidad única para satisfacer
uno de los mayores deseos de la sociedad colombiana y de las víctimas
en particular: que se esclarezca y conozca la verdad sobre lo ocurrido
en el conflicto.
En este nuevo escenario será posible aportar a la construcción y
preservación de la memoria histórica y lograr un entendimiento amplio de
las múltiples dimensiones de la verdad del conflicto, incluyendo la
dimensión histórica, de tal forma que no sólo se satisfaga el derecho a
la verdad sino que también se contribuya a sentar las bases de la
convivencia, la reconciliación, y la no repetición.
Con este propósito el Gobierno Nacional y las FARC-EP hemos alcanzado
un acuerdo para que se ponga en marcha, una vez firmado el Acuerdo
Final, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y
la No repetición (en adelante la Comisión), que será un mecanismo
independiente e imparcial de carácter extra-judicial.
La Comisión hará parte del sistema integral de verdad, justicia,
reparación y no repetición que se ha de acordar en la Mesa para
satisfacer los derechos de las víctimas, terminar el conflicto y
alcanzar la paz. Por ello, el acuerdo logrado sobre la Comisión no puede
entenderse ni definitivamente cerrado, ni aislado del sistema que
estamos comprometidos a construir y que aún no se ha concluido.
Continuaremos trabajando para acordar otros mecanismos que nos permitan
garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justica y la
reparación, además de contribuir a garantizar a los colombianos y las
colombianas la no repetición del conflicto. En el marco de la discusión
sobre la integralidad del sistema y sus mecanismos judiciales y
extrajudiciales, se acordarán los temas cuya concreción depende de la
relación entre los diferentes mecanismos del sistema.
La Comisión deberá cumplir tres objetivos fundamentales.
En primer lugar, la Comisión deberá contribuir al esclarecimiento de
lo ocurrido, de acuerdo con los elementos del mandato que se describen
más adelante, y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del
conflicto, de tal forma que se promueva un entendimiento compartido en
la sociedad, en especial de los aspectos menos conocidos del conflicto.
En este sentido saludamos la visita y el
pronunciamiento
efectuado durante este ciclo, por Zainab Bangura, Representante
Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Violencia
Sexual en Conflictos, y nos comprometemos a atender sus recomendaciones.
En segundo lugar, la Comisión deberá promover y contribuir al
reconocimiento. Eso significa el reconocimiento de las víctimas como
ciudadanos que vieron sus derechos vulnerados; el reconocimiento
voluntario de responsabilidades individuales y colectivas por parte de
todos quienes de manera directa o indirecta participaron en el conflicto
como una contribución a la verdad, a la justicia, a la reparación y a
la no repetición; y en general el reconocimiento por parte de toda la
sociedad de ese legado de violaciones e infracciones como algo que
merece el rechazo de todos y que no se debe ni se puede repetir.
Y en tercer lugar, la Comisión deberá promover la convivencia en los
territorios. Para ello promoverá un ambiente de diálogo y creará
espacios en los que las víctimas se vean dignificadas, se hagan
reconocimientos individuales y colectivos de responsabilidad, y en
general se consoliden el respeto y la confianza ciudadana en el otro, la
cooperación y la solidaridad, la justicia social, la equidad de género,
y una cultura democrática que cultive la tolerancia, y nos libre de la
indiferencia frente a los problemas de los demás. Así se sentarán las
bases de la no repetición, la reconciliación y la construcción de una
paz estable y duradera. Por esas razones es necesario entender la
construcción de la verdad también como una parte esencial de la
construcción de la paz.
El éxito de la Comisión dependerá del compromiso de todos los
sectores de la sociedad con el proceso de construcción de la verdad, y
del reconocimiento de responsabilidades por parte de quienes de manera
directa e indirecta participaron en el conflicto. Por eso, tanto el
Gobierno Nacional, como las FARC-EP se comprometen a contribuir de
manera decidida al esclarecimiento de la verdad sobre todo lo ocurrido
en el conflicto, incluyendo las graves violaciones a los derechos
humanos e infracciones al DIH.
1. Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición
Criterios orientadores:
Centralidad de las víctimas:
Los esfuerzos de la Comisión estarán centrados en garantizar la
participación de las víctimas del conflicto, asegurar su dignificación y
contribuir a la satisfacción de su derecho a la verdad en particular, y
en general de sus derechos a la justicia, la reparación integral y las
garantías de no repetición, siempre teniendo en cuenta el pluralismo y
la equidad. Todo lo anterior debe contribuir además a la transformación
de sus condiciones de vida.
Imparcialidad e independencia: La
Comisión será un mecanismo imparcial e independiente con plena
autonomía para el desarrollo de su mandato y el cumplimiento de sus
funciones.
Carácter transitorio:
La Comisión será excepcional y funcionará durante un tiempo limitado de
tal forma que sus conclusiones y recomendaciones puedan contribuir de
manera efectiva a la construcción de una paz estable y duradera.
Participación: La
Comisión pondrá en marcha un proceso de participación amplia,
pluralista y equilibrada en el que se oirán las diferentes voces y
visiones, en primer lugar de las víctimas del conflicto que lo hayan
sido por cualquier circunstancia relacionada con este, tanto
individuales como colectivas, y también de quienes participaron de
manera directa e indirecta en el mismo, así como de otros actores
relevantes.
Enfoque territorial:
La Comisión será una entidad de nivel nacional pero tendrá un enfoque
territorial con el fin de lograr una mejor comprensión de las dinámicas
regionales del conflicto y de la diversidad y particularidades de los
territorios afectados, y con el fin de promover el proceso de
construcción de verdad y contribuir a las garantías de no repetición en
los diferentes territorios. El enfoque territorial tendrá en cuenta
también a las personas y poblaciones que fueron desplazadas forzosamente
de sus territorios.
Enfoque diferencial y de género: En
el desarrollo de su mandato y de sus funciones, la Comisión tendrá en
cuenta las distintas experiencias, impacto diferencial y condiciones
particulares de las personas en razón del sexo, género, edad, etnia, o
situación de discapacidad, y de las poblaciones o sectores en
condiciones de vulnerabilidad o especialmente afectados por el
conflicto, entre otras. Habrá especial atención a la victimización
sufrida por las mujeres.
Coordinación con otras medidas de construcción de paz:
La Comisión se coordinará con los mecanismos que se pongan en marcha
para la implementación del Acuerdo Final. En particular, se coordinará,
donde haya lugar, con los planes y programas de construcción de paz que
se pongan en marcha en los territorios, como consecuencia de la
implementación del Acuerdo Final.
Reglas de procedimiento: La
Comisión establecerá previamente procedimientos que aseguren a quienes
participan en ella las debidas garantías, y un trato justo, digno y no
discriminatorio.
Garantías para los comisionados y las comisionadas:
Respecto de su trabajo en la Comisión, los/as comisionados/as no
estarán obligados/as a declarar en procesos judiciales, estarán
exentos/as del deber de denuncia, y sus opiniones y conclusiones no
podrán ser cuestionadas judicialmente.
Condiciones de seguridad:
La Comisión valorará las condiciones de seguridad necesarias para el
desarrollo de sus actividades y coordinará, con las autoridades del
Estado, la puesta en marcha de las medidas de seguridad necesarias tanto
para los/as comisionados/as como para quienes participen en las
actividades de la Comisión.
Convivencia y reconciliación: Para
contribuir al objetivo de la no repetición y la reconciliación, las
actividades de la Comisión, en desarrollo de su mandato, estarán
orientadas a promover la convivencia entre los colombianos, en especial
en los territorios más afectados por el conflicto y la violencia. Para
ello, la Comisión velará porque los espacios o audiencias que establezca
sirvan para fortalecer el respeto y la tolerancia, la confianza
ciudadana en el otro y en las normas que garantizan la vigencia y el
respeto de los derechos humanos. De esta forma la Comisión ayudará
también a sentar bases sólidas para la construcción de la paz.
Metodología: La
Comisión tomará todas las medidas necesarias para garantizar la mayor
objetividad e imparcialidad posible para el desarrollo de sus
actividades, para lo cual adoptará procedimientos para contrastar y
verificar la calidad de la información que recolecte, incluyendo su
confiabilidad, y para identificar la información falsa que pudiera haber
sido suministrada de mala fe a la Comisión. La Comisión hará pública su
metodología.
Mecanismo extra-judicial: La
Comisión será un mecanismo extra-judicial. En este sentido, sus
actividades no tendrán carácter judicial, ni podrán implicar la
imputación penal de quienes comparezcan ante ella. La información que
reciba o produzca la Comisión no podrá ser trasladada por esta a
autoridades judiciales para ser utilizada con el fin de atribuir
responsabilidades en procesos judiciales o para tener valor probatorio;
ni las autoridades judiciales podrán requerírsela.
Mandato:
La Comisión tendrá como mandato esclarecer y promover el reconocimiento de:
- Prácticas y hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), en particular aquellas que reflejen patrones o tengan un carácter masivo, que tuvieron lugar con ocasión del conflicto, así como la complejidad de los contextos y las dinámicas territoriales en las que estos sucedieron.
- Las responsabilidades colectivas del Estado, incluyendo del Gobierno, y los demás poderes públicos, de las FARC-EP, de los paramilitares, así como de cualquier otro grupo, organización o institución, nacional o internacional que haya tenido alguna participación en el conflicto, por las prácticas y hechos a los que se refiere el párrafo anterior.
- El impacto humano y social del conflicto en la sociedad, incluyendo el impacto sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y las formas diferenciadas en las que el conflicto afectó a las mujeres, a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores, a las personas en situación de discapacidad, a los pueblos indígenas, a las comunidades campesinas, a las poblaciones afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales, a la población LGBTI, a las personas desplazadas y exiliadas, a los/as defensores/as de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, agricultores, ganaderos/as, comerciantes y empresarios/as, entre otros.
- El impacto del conflicto sobre el ejercicio de la política y el funcionamiento de la democracia en su conjunto, incluyendo el impacto sobre los partidos y movimientos políticos y sociales, en particular los de oposición.
- El impacto del conflicto sobre quienes participaron directamente en él como combatientes y sobre sus familias y entornos.
- El contexto histórico, los orígenes y múltiples causas del conflicto, teniendo en cuenta como insumo los informes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, entre otros.
- Los factores y condiciones que facilitaron o contribuyeron a la persistencia del conflicto, teniendo en cuenta como insumo los informes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, entre otros.
- El desarrollo del conflicto, en particular la actuación del Estado, de las guerrillas, de los grupos paramilitares y el involucramiento de diferentes sectores de la sociedad.
- Los procesos de fortalecimiento del tejido social en las comunidades y las experiencias de resiliencia individual o colectiva.
- Los procesos de transformación positiva de las organizaciones e instituciones a lo largo del conflicto.
Período objeto de estudio de la Comisión (ámbito temporal):
Para abordar los distintos elementos de su mandato la Comisión tendrá
como ámbito temporal el período del conflicto. Como ello supone un
marco temporal extenso, será necesario que la Comisión establezca dentro
de éste prioridades de su investigación. No obstante, para efectos de
cumplir con el propósito de esclarecer plenamente los orígenes y
múltiples causas del conflicto la Comisión podrá explorar eventos
históricos anteriores a éste, teniendo en cuenta como insumo básico,
entre otros, los informes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus
Víctimas.
Funciones:
Para el cumplimiento de su mandato la Comisión tendrá las siguientes funciones principales:
- Investigar sobre todos los elementos del mandato a través de las metodologías y formas de recolección y análisis de información que sean necesarias para tal efecto, considerando las generalmente aceptadas por las ciencias sociales, contando con un enfoque de género, y teniendo en cuenta los anteriores esfuerzos de construcción de la verdad, incluyendo como insumo básico, entre otros, los informes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas.
- Crear espacios en los ámbitos nacional, regional y territorial, en especial audiencias públicas temáticas, territoriales, institucionales, de organizaciones y de situaciones y casos emblemáticos, entre otras, con el fin de escuchar las diferentes voces, en primer lugar las de las víctimas, tanto las individuales como las colectivas, y de promover la participación de los diferentes sectores de la sociedad para contribuir a una reflexión conjunta sobre lo ocurrido y las causas y efectos de la grave violencia vivida por Colombia.
- Esos espacios podrán incluir escenarios públicos de discusión y reflexión o ceremonias culturales, para que quienes hayan participado de manera directa o indirecta en el conflicto, puedan hacer actos de reconocimiento de responsabilidad y pedir perdón, en sus diversas dimensiones, tanto por el daño y el sufrimiento causado en las personas, como por los impactos políticos y sociales de sus actos; y en consecuencia ofrecer explicaciones sobre los actos realizados, contribuir a la reparación, asumir compromisos de no repetición y de construcción de la paz, entre otros. De esta manera se deberá contribuir a conocer la verdad y a la convivencia pacífica en los territorios.
- Elaborar un informe final que tenga en cuenta los diferentes contextos, refleje las investigaciones en torno a todos los componentes del mandato y contenga las conclusiones y recomendaciones de su trabajo.
- Orientar a las víctimas y a las comunidades victimizadas que participen en la Comisión sobre la oferta institucional y otras, para la satisfacción de sus derechos y los mecanismos para exigirlos.
- Relaciones entre la Comisión y las víctimas y sus organizaciones: Diseñar y poner en marcha una estrategia de relacionamiento activo con las víctimas y sus organizaciones.
- Implementar una estrategia de difusión, pedagogía y relacionamiento activo con los medios de comunicación para dar cuenta, durante su funcionamiento, de los avances y desarrollos en el cumplimiento de todas las funciones de la Comisión, y asegurar la mayor participación posible. El Gobierno adoptará las medidas necesarias para que la Comisión cuente con amplio acceso a medios de comunicación públicos. El informe final, en particular, tendrá la más amplia y accesible difusión, incluyendo el desarrollo de iniciativas culturales y educativas, como por ejemplo la promoción de exposiciones y recomendar su inclusión en el pensum educativo.
- Adoptar medidas para el archivo de la información recolectada en el marco de sus funciones y al término de su mandato, tomar las medidas necesarias para asegurar su preservación. La Comisión definirá la entidad que será depositaria de estos archivos y los custodiará.
- Asegurar la transversalidad del enfoque de género en todo el ámbito de trabajo de la Comisión, con la creación de un grupo de trabajo de género que contribuya con tareas específicas de carácter técnico, de investigación, preparación de audiencias de género, entre otras. Este grupo de trabajo no será el único en tratar el tema, pero sí debe responsabilizarse de la revisión de metodologías para que todos los instrumentos de la Comisión tengan un enfoque de género, y de la coordinación con organizaciones de mujeres y LGBTI. Lo anterior sin perjuicio de la necesaria autonomía de la Comisión en la definición de su estructura y metodología de trabajo.
- Rendir cuentas a la sociedad de manera periódica, al menos semestralmente, sobre las actividades y gestiones desarrolladas para el cumplimiento de todas sus funciones.
- Establecer su propio reglamento y programa de trabajo.
Proceso de escogencia:
La Comisión estará conformada por 11 comisionados/as. Para su
escogencia se pondrá en marcha un procedimiento de postulación y
selección que ofrezca garantías de legitimidad, imparcialidad e
independencia a toda la sociedad colombiana y en particular a las
víctimas. El proceso de postulación de candidatos será amplio y
pluralista, asegurando que todos los sectores de la sociedad, incluyendo
las organizaciones de víctimas, entre otros, puedan postular
candidatos.
Los/as comisionados/as serán elegidos por un comité de escogencia.
Este comité estará compuesto por 9 integrantes. El Gobierno y las
FARC-EP, de común acuerdo, seleccionarán a través del mecanismo que
acordemos 6 de los/as integrantes del comité de escogencia. Los/as 3
integrantes restantes serán los/as delegados/as de 3 personas u
organizaciones que acordemos en la Mesa. Todos los integrantes del
comité de escogencia deberán inspirar confianza en la ciudadanía.
La selección se basará exclusivamente en las postulaciones y la
elección tendrá en cuenta criterios de selección individuales como la
idoneidad ética, la imparcialidad, la independencia, el compromiso con
los derechos humanos y la justicia, la ausencia de conflictos de
interés, y el conocimiento del conflicto armado, del Derecho
Internacional Humanitario y de los derechos humanos, y la reconocida
trayectoria en alguno de estos campos. La selección de los/as
comisionados/as también deberá tener en cuenta criterios colectivos como
la equidad de género, el pluralismo, la interdisciplinariedad y la
representación regional.
El comité de escogencia podrá seleccionar comisionados/as extranjeros/as pero estos en todo caso no podrán ser más de 3.
El comité de escogencia tendrá hasta 3 meses para la selección de
los/as comisionados/as, contados a partir del cierre de la fase de
postulaciones.
La selección de los/as comisionados/as deberá adoptarse por mayoría de 2/3 de los integrantes del comité de escogencia.
Presidente/a de la Comisión:
El/la presidente de la Comisión deberá ser colombiano/a y será
elegido/a de común acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP por
el mecanismo que acordemos. El/la presidente de la Comisión será su
principal vocero público, coordinará la labor de los/as comisionados/as,
facilitará el buen funcionamiento interno, y dirigirá las tareas de
esta, preferiblemente buscando el consenso en el proceso interno de toma
de decisiones. El papel del/de la presidente de la Comisión es
importante porque constituye al mismo tiempo un referente nacional e
internacional.
Duración:
La Comisión tendrá una duración de 3 años incluyendo la elaboración
del informe final. La Comisión contará con 6 meses para preparar todo lo
necesario para su funcionamiento. La publicación del informe final se
realizará durante el mes siguiente a la conclusión de los trabajos de la
Comisión.
Compromisos de contribución al esclarecimiento
El Gobierno Nacional, como poder ejecutivo, y las FARC-EP se
comprometen a contribuir decididamente en el proceso de esclarecimiento
de la verdad y a reconocer sus respectivas responsabilidades ante la
Comisión.
El Gobierno adoptará todas las medidas necesarias para garantizar la
contribución de otras entidades del Estado y promoverá la participación
de terceros en la Comisión, con el fin de que contribuyan al
esclarecimiento y al reconocimiento de responsabilidades, como parte de
las garantías necesarias para la no repetición.
De conformidad con las leyes aplicables, el Gobierno se compromete a
facilitar la consulta de la información que requiera la Comisión para el
cumplimiento de sus funciones, y la Comisión, por su parte, le dará el
tratamiento legal correspondiente.
Financiación:
El Gobierno Nacional se compromete a garantizar la financiación
oportuna de todo el funcionamiento de la Comisión, de tal forma que
pueda cumplir plenamente con su mandato y funciones de manera autónoma e
ininterrumpida, incluyendo la publicación y difusión masiva del informe
final. La Comisión deberá adoptar las medidas necesarias para que la
ejecución de sus recursos se haga de manera transparente procurando
garantizar la austeridad en el gasto. Se promoverá la veeduría ciudadana
sobre la ejecución de los recursos, brindando las garantías necesarias
para ello.
Comité de seguimiento y monitoreo a la implementación de las recomendaciones de la Comisión:
Se creará un comité de seguimiento y monitoreo a la implementación de
las recomendaciones de la Comisión que entrará en funcionamiento una
vez se haya publicado el informe final. Para el cumplimiento de su tarea
se facilitará la interlocución con diferentes entidades y
organizaciones de víctimas y de derechos humanos, entre otras. Este
comité estará integrado por representantes de distintos sectores de la
sociedad, incluyendo organizaciones de víctimas y de derechos humanos,
entre otras. La Comisión establecerá el tiempo durante el cual
funcionará el comité. El comité rendirá informes periódicos de
seguimiento a las recomendaciones. Estos informes deberán contar con un
enfoque territorial, diferencial y de género. El comité tomará las
medidas necesarias para difundir sus informes ampliamente en los medios
de comunicación de ámbito nacional y regional. El Gobierno garantizará
la financiación del comité para el cumplimiento de sus funciones.
2. Mecanismo de búsqueda
Con el fin de contribuir a satisfacer el derecho de las víctimas y de
la sociedad en su conjunto a la verdad, y sin perjuicio de los
procedimientos de esclarecimiento que existan o se puedan adelantar
durante el proceso de conversaciones de paz, acordamos que a la
terminación del conflicto es necesario multiplicar los esfuerzos de
búsqueda, ubicación, identificación y recuperación de restos de personas
muertas o dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del
conflicto, bajo cualquier circunstancia. Para ello trabajaremos en un
nuevo mecanismo que funcionará en coordinación con la Comisión.
3. La participación de las víctimas y la sociedad en relación con el Punto 5
Dentro de los 10 principios para la discusión del Punto 5 –
“Víctimas”, acordados en la Mesa, la “participación de las víctimas”
ocupa un lugar muy importante. Estamos convencidos de que la
construcción de la paz requiere de una activa participación de las
víctimas, y en general de las comunidades en los territorios, que en
últimas son quienes se verán beneficiadas por las transformaciones que
persiguen los acuerdos que hemos alcanzado.
Para la Mesa ha sido un objetivo fundamental lograr la mayor
participación posible y la recepción de el mayor número de propuestas
relacionadas con la discusión del Punto 5. Los avances en el acuerdo del
Punto 5 que presentamos hoy se han basado justamente en oír a las
víctimas que vinieron directamente a la Mesa y en leer las propuestas de
las miles de personas que nos las han hecho llegar a través de los
distintos mecanismos de participación.
En primer lugar y por primera vez en el marco de un proceso de paz,
la Mesa de Conversaciones escuchó de manera directa y recibió las
propuestas de un grupo de víctimas del conflicto. El proceso de
selección de estas víctimas estuvo a cargo de la ONU y de la Universidad
Nacional, con acompañamiento de la Conferencia Episcopal, quienes bajo
los principios de pluralismo, equilibrio y sindéresis, buscaron reflejar
todo el universo de violaciones a los derechos humanos e infracciones
al DIH que han tenido lugar en el conflicto, teniendo en cuenta los
diferentes sectores sociales y poblaciones, y el enfoque regional. Las
delegaciones estuvieron compuestas por 12 víctimas y la Mesa oyó a una
delegación por cada ciclo, durante los ciclos 27, 28, 29, 30 y 31 de
conversaciones.
Entre los hechos victimizantes representados se oyeron testimonios
sobre desplazamiento forzado, homicidio, tortura, desaparición forzada,
secuestro, violencia sexual, ejecuciones extrajudiciales y reclutamiento
forzado de menores, entre otros. Todas las personas víctimas que
visitaron La Habana con el fin de expresar sus testimonios, sus
propuestas y sus expectativas frente al proceso de paz y la
implementación de los acuerdos ante las dos delegaciones en la Mesa de
Conversaciones, coincidieron en resaltar la necesidad de ponerle fin al
conflicto.
Adicionalmente entre julio y agosto de 2014 se organizaron 3 foros
regionales (en Villavicencio, Barrancabermeja y Barranquilla) y un Foro
Nacional en Cali sobre el Punto 5. Participaron 3.162 personas de las
cuales el 51,7% eran hombres y el 48,3% mujeres. A estos foros
asistieron más de 600 organizaciones de víctimas.
Finalmente, a la fecha hemos recibido 24.324 aportes sobre el punto
de víctimas, con más de 59.000 referencias a los diferentes aspectos de
este Punto, incluidas más de 8.600 respecto al tema de “verdad”.
