viernes, 15 de enero de 2016

FARC-EP: Primer informe Conjunto de la mesa de conversaciones

Por. Delegación de Paz de las FARC-EP-
La Habana-Junio 22- 2013

Primer informe Conjunto de la mesa de conversaciones
 


PRIMER INFORME CONJUNTO DE LA MESA DE CONVERSACIONES ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE  COLOMBIA Y LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA-EJERCITO DEL PUEBLO, FARC-EP

La Habana, 21 de junio de 2013
TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción
2. Descripción de funcionamiento de la mesa – mecánica
3. Descripción de los avances y acuerdos en el marco de mecanismos de comunicación con la sociedad y difusión

2.1.Comunicados conjuntos
2.2.Recepción de propuestas
2.3.Mecanismo de participación directa
2.4.Estrategia de Difusión
2.5.Foros de participación
 
4. Descripción de los avances sobre el punto 1 “Política de desarrollo agrario integral” de la Agenda del Acuerdo General 
 

1. Introducción
 
El Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo, en cumplimiento de lo establecido en el punto 3 del numeral VI del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera del 26 de agosto de 2012, informan que:
 
 Luego de 7 meses de conversaciones hemos alcanzado una serie de acuerdos. En primer lugar sobre el punto 1 de la Agenda del Acuerdo General, que hemos denominado “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral”; y también sobre diferentes temas de la Mesa y de la participación ciudadana. Durante los primeros meses concretamos, por una parte, aspectos de procedimiento y por otra, concertamos lo relacionado con la puesta en marcha de la página web, los formularios escritos, los foros para los puntos 1 y 2 de la Agenda, y la consulta directa para el punto 1, establecidos en el Acuerdo General, como se detalla más adelante.  Y ya empezamos la discusión sobre el  punto 2 de la Agenda “Participación Política”.

Como se informó en el comunicado conjunto del 26 de mayo, lo convenido hasta ahora en el primer punto de la Agenda forma parte de lo que sería el Acuerdo Final, un acuerdo más amplio que esperamos lograr en los próximos meses desarrollando los 5 puntos de la Agenda que aún quedan pendientes de discusión. Es por eso que uno de los principios que guían estas conversaciones es que "nada está acordado hasta que todo esté acordado". Esto quiere decir que los acuerdos que hemos ido construyendo están condicionados a que lleguemos al  Acuerdo Final sobre la totalidad de la Agenda y, también, que en la medida en que se avance en la discusión se puedan ajustar y complementar los acuerdos sobre cada uno de los sub puntos ya que todos están interrelacionados. 

Con este informe queremos profundizar en los anuncios realizados durante el pasado ciclo, sobre lo que consideramos un importante acuerdo, que permitirá lograr una reforma rural integral, una vez tengamos el Acuerdo Final.

2. Descripción de funcionamiento de la Mesa 

Desde el inicio de las Conversaciones se han llevado a cabo 10 ciclos de reuniones. En cumplimiento de lo acordado cada ciclo tiene una duración de 11 días. No obstante lo anterior y atendiendo cuestiones coyunturales que obedecen a solicitudes expresas de cualquiera de las delegaciones, algunos ciclos se han abreviado y otros se han extendido para  lograr un trabajo ininterrumpido, tal como se propuso en el Acuerdo General de la Habana. El tiempo entre cada ciclo se define  atendiendo solicitudes de las delegaciones, con el fin único de agotar reuniones y consultas internas para asegurar la preparación de los puntos y optimizar el uso del tiempo durante los ciclos.
La Mesa cuenta con tres mecanismos de apoyo con tareas específicas. Cada mecanismo está conformado en principio por un delegado de cada una de las partes, así: 

a. Mecanismo de comunicación con la sociedad:
  • Recibe las propuestas físicas y electrónicas de la sociedad a la Mesa, y la entrega a las dos delegaciones.
  • Propone estrategias para la promoción de la participación de la sociedad a través de los mecanismos establecidos.
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  • Administración del contenido de la Página Web. 
b. Mecanismo de difusión:
  • Por instrucción de la Mesa, elabora los comunicados conjuntos que son sometidos a aprobación de los jefes de delegación.
  • Divulga los comunicados de la Mesa, a través de los canales acordados. 
  • Organiza ruedas de prensa de la Mesa.
  • Garantiza la difusión de la información que emita la Mesa a los medios de comunicación, con especial atención a los medios locales, alternativos y de menor cubrimiento, en aras de la equidad.
  • Diseña estrategias de difusión eficaz de la información de la Mesa.
c. Mecanismo de apoyo administrativo:
  • Planea y tramita las solicitudes y necesidades logísticas para el correcto funcionamiento de la Mesa.
  • Organiza y tramita la logística de los invitados de la Mesa.
Para abordar el primer punto de la Agenda, se convino un sistema de trabajo que consiste en presentar en plenaria de la Mesa de Conversaciones las visiones de cada delegación sobre los puntos de la Agenda. Posteriormente y con el fin de concretar en un texto único los acuerdos que vamos alcanzando, se reúnen comisiones técnicas de redacción compuestas por entre 4 y 5 miembros de cada delegación, que son las encargadas de redactar los borradores conjuntos de acuerdos.
  
3. Descripción de los avances y acuerdos en el marco de  mecanismos de comunicación con la sociedad y difusión

En el marco de lo establecido en el numeral VI “Reglas de Funcionamiento” del  Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera,  los comités de  participación y comunicaciones que cuentan con delegados del Gobierno Nacional y de las FARC-EP, trabajaron en el desarrollo de los siguientes puntos:
  • Establecimiento de un mecanismo para dar a conocer conjuntamente los avances de la Mesa.
  • Establecimiento de un mecanismo de recepción de propuestas sobre los puntos de la agenda de ciudadanos y organizaciones. 
  • Implementación de una estrategia de difusión eficaz. 
3.1.Comunicados conjuntos

Para dar a conocer conjuntamente los avances de la Mesa, se definió realizar comunicados conjuntos de las delegaciones dando a conocer a la opinión pública los avances de las conversaciones.  A lo largo de los pasados seis meses de funcionamiento de la Mesa de Conversaciones se han elaborado 17 comunicados conjuntos.

3.2.Recepción de propuestas

Como parte de la estrategia de recepción de propuestas de la sociedad civil, luego de un  intercambio de propuestas sobre el diseño y contenido se acordó, y en el mes de diciembre de 2012 fue puesta en funcionamiento, la página web de la Mesa de Conversaciones www.mesadeconversaciones.com.co.

Esta página posibilita la recepción de propuestas sobre los puntos de la Agenda  y comentarios a través del formulario de participación virtual. Adicionalmente en la página es posible descargar el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una paz Estable y Duradera, y consultar documentos y comunicados conjuntos de la Mesa de Conversaciones.

Desde enero de 2013, la página cuenta adicionalmente con un visor del estado de propuestas para que la sociedad civil verifique su número y si fue leída por las partes. 
A la fecha, la página web ha recibido  34.101 visitas, de las cuales 23.878 son por primera vez. Del total de visitas, 24.013 se han realizado desde Colombia y el restante desde países como Estados Unidos, España, Venezuela, Canadá, Argentina, Alemania y Reino Unido. Adicionalmente, la página web ha recibido 3.620 propuestas, de las cuales se ha determinado que 858 corresponden a propuestas reales y el restante a “spam”. La participación ha incrementado de manera estable en un promedio de 25 propuestas semanales. Para evitar el “spam” se incorporó un mecanismo de seguridad.

Por otro lado, en el mes de diciembre de 2012, se imprimieron 600.000 copias del formulario físico. Esta versión del formulario cuenta con los campos para la presentación de propuestas y  comentarios integrados en un mismo cuadernillo. Los formularios fueron repartidos en alcaldías y gobernaciones.
En el mes de marzo de 2013 se desarrolló el módulo de digitalización de propuestas enviadas por medios físicos. Desde el mes de abril de 2013 se implementó este módulo a través del cual la Editorial José Martí de Cuba, ha digitalizado hasta la fecha 210 propuestas físicas aproximadamente.

3.3.Mecanismo de participación directa

Cumpliendo con lo establecido en el punto 6 del numeral VI del Acuerdo General  y con el objetivo de conocer de primera mano opiniones, experiencias y análisis sobre la situación en el campo colombiano, las delegaciones  acordaron invitar un conjunto de personas que enriquecieran las visiones de Gobierno y FARC-EP sobre el punto. La Mesa contó con la participación de expertos del tema agrario y su problemática, y con  líderes y  miembros de asociaciones de campesinos. 

3.4.Estrategia de Difusión
  • En el mes de diciembre de 2012 se imprimieron 4.000.000 de copias del Acuerdo General en versión cuadernillo, que se han venido distribuyendo en diferentes espacios de divulgación.
  • Este mismo mes se publicó en página completa el Acuerdo General en los principales diarios nacionales y regionales del país.
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  • El 11 de enero de 2013 fue promulgada la Directiva presidencial 001 de 2013, mediante la cual se convoca a Gobernadores y Alcaldes para que contribuyan de manera activa en la promoción del mecanismo de participación ciudadana por medio de los formularios físicos.
  • Durante el mes de enero de 2013 se envió a todas las Gobernaciones y principales Alcaldías de las ciudades capitales la Directiva Presidencial para su conocimiento y aplicación.
  • Desde el mes de Noviembre de 2012 se han entregado copias físicas del Acuerdo General y los formularios de participación física en las siguientes instituciones y espacios de participación:
- A partir del mes de diciembre de 2012 se enviaron a todas las gobernaciones y alcaldías de las ciudades capitales los siguientes materiales por cada institución: 100 Acuerdos Generales, 1.000 formularios de participación físicos y 5 afiches para que promocionaran el mecanismo de participación.
- Igualmente se distribuyeron a los municipios restantes (1.000 municipios aprox.) a través de la empresa de correos 4-72 a cada una de las alcaldías, 2.500 acuerdos, 500 formularios y 5 afiches para que promocionaran el mecanismo de participación
  • A partir del 12 de diciembre hasta el 31 de diciembre de 2012,  se difundió en los principales periódicos nacionales y regionales el aviso acordado en la Mesa de conversaciones sobre el Mecanismo de participación de la página web y los formularios. En total el anuncio apareció en 52 medios escritos. 
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  • Durante el mismo periodo, se difundió la cuña radial acordada por la Mesa de conversaciones durante 3 semanas en emisoras nacionales. En total se difundieron por  2 emisoras nacionales un total de 30 cuñas.
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  • Asimismo se difundió  durante 4 semanas en todos los departamentos del país con emisoras regionales que tienen cobertura en las ciudades y municipios de cada departamento. Se difundió la cuña en 978 emisoras regionales para un total de 63,840 apariciones de la cuña en las regiones.
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  • Actualmente está en ejecución una nueva fase del plan de divulgación que incluye cuñas de televisión diarias durante los meses de junio y julio, lo mismo que cuñas de radio en varias emisoras regionales.
  • Entre los meses de marzo y abril de 2013 se diseñaron los siguientes productos de promoción de la Mesa de Conversaciones: cartilla para ciudadanos y organizaciones y video promocional de participación.


  • 3.5.Foros de participación
En desarrollo del mecanismo de participación acordado en el Acuerdo General, que establece “delegar en un tercero la organización de espacios de participación”, la Mesa de Conversaciones delegó la realización de dos foros nacionales al Sistema de Naciones Unidas en Colombia y a la Universidad Nacional-Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz.

El primer Foro Nacional sobre Política de desarrollo Agrario Integral (Enfoque Territorial),  fue realizado durante tres (3) días 17, 18 y 19 de diciembre de 2012, a  solicitud de la Mesa de Conversaciones, que en su comunicado conjunto del 25 de noviembre de 2012, les pidió a las dos instituciones convocar, organizar y servir de relatores de los debates y de sus conclusiones.

En el Foro participaron 1.314 ciudadanos de 522 organizaciones de los 32 departamentos del país, en representación de organizaciones campesinas, gremios, empresarios, afrodescendientes, indígenas, mujeres, víctimas, iniciativas de paz y otros sectores. También se recogieron las propuestas de 411 personas que intervinieron oralmente en las mesas de trabajo.

Durante los primeros dos días del foro se organizaron 21 mesas de base en las cuales las organizaciones presentaron sus propuestas sobre los 6 sub-puntos del primer punto de la agenda, posteriormente las relatorías de estas mesas fueron compiladas y depuradas en 10 mesas de socialización. Durante el tercer día se presentaron un total de 546 propuestas en plenaria.

El segundo foro sobre Participación Política, se realizó los días 28, 29 y 30 de abril de 2013 por solicitud de la Mesa de Conversaciones, como se anunció en  el comunicado número 12, en el cual "las delegaciones le pidieron a la Oficina de la Organización de Naciones Unidas en Colombia y al Centro de Pensamiento para la Paz de la Universidad Nacional que inicien la preparación de un nuevo foro sobre el siguiente punto de la Agenda, Participación Política".

El foro fue realizado durante tres días en la ciudad de Bogotá y contó con la participación de 1600 personas, representantes de los 32 departamentos. El 70% de los participantes pertenecen a las diferentes regiones del país, el 30% son de Bogotá. Las organizaciones más representadas se distribuyeron así: 154 personas de partidos políticos, 166 personas de movimientos políticos, 143 organizaciones campesinas y 139 organizaciones de mujeres. 

En total participaron representantes de movimientos sociales y políticos; partidos políticos; gremios y del sector empresarial; de organizaciones y movimientos campesinos; indígenas; afro-descendientes; defensoras de derechos humanos; víctimas; desplazados; raizales; jóvenes; LGBTI; de centrales y organizaciones sindicales; de Programas de Desarrollo y Paz e iniciativas nacionales y territoriales de paz; de Iglesias; del sector académico, de universidades y centros de investigación; de espacios institucionales de participación ciudadana; de organizaciones no gubernamentales vinculadas a los temas relacionados con la participación política; de medios de comunicación y sus asociaciones.

En el primer día se realizaron cuatro paneles: el primero con partidos políticos con personería jurídica, movimientos políticos y sociales del país, el segundo sobre experiencias internacionales dedicado a la transición de grupos armados a fuerzas políticas, con expertos de El Salvador, Filipinas, Uruguay y Sudáfrica. El tercer panel con académicos y el cuarto con representantes de medios de comunicación. En el segundo día se realizaron 20 mesas de trabajo con organizaciones de base.  El tercer día se realizaron 5 mesas de socialización para depurar las propuestas de las mesas de base, que luego fueron presentadas en 4 grandes relatorías. 

También es importante mencionar que el primer día del Foro se trasmitió el mensaje de apoyo al proceso de conversaciones de cinco premios Nobel de Paz: Adolfo Pérez Esquivel, de Argentina; el obispo Desmond Tutu, de Sudáfrica; el ex presidente de Costa Rica, Óscar Arias; la presidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf; y Rigoberta Menchú, de Guatemala. A ellos se sumaron el ex secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan; el presidente de Uruguay, José Mujica, y Louise Arbour, ex Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas y actual presidenta de International Crisis Group. 

Tanto el Foro sobre “Política de desarrollo agrario integral (enfoque territorial)” como el Foro de “Participación Política” se desarrollaron  en un ambiente de respeto por las opiniones contrarias, y de disposición a escucharse mutuamente. De esa manera los Foros no solo han contribuido con aportes sustantivos y fundamentales para el desarrollo de los puntos de la Agenda, sino han sido un ejemplo de deliberación pluralista y democrática, como corresponde en un proceso de paz.

4. Descripción del  acuerdo sobre el punto 1 “Política de Desarrollo Agrario Integral” de la Agenda del Acuerdo General

El Gobierno Nacional y las FARC-EP luego de algunos meses de conversaciones en los que se intercambiaron visiones y propuestas sobre los sub puntos del punto 1 de la Agenda del Acuerdo General y tal como se anunció el pasado 26 de mayo, hemos llegado a un acuerdo sobre el primer punto de la Agenda contenida en el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una paz Estable y Duradera, que acordamos denominar “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral”.

La Reforma Rural Integral (RRI)  debe ser  el inicio de transformaciones estructurales de la realidad rural y agraria de Colombia con equidad y democracia, contribuyendo así a la no repetición del conflicto y a la construcción de una paz estable y duradera.

La RRI está centrada en el bienestar y buen vivir de la gente del campo, de las comunidades campesinas, indígenas, negras, afrodescendientes, palenqueras y raizales, y de la gente que habita en los espacios interétnicos e interculturales,  y pretende lograr la integración de las regiones, la erradicación de la pobreza, la promoción de la igualdad, el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad, la protección y disfrute de los derechos de la ciudadanía y la reactivación del campo, especialmente de la economía campesina, familiar y comunitaria.

Lo acordado reconoce y se centra en el papel fundamental de la economía campesina, familiar y comunitaria en el desarrollo del campo, la promoción de diferentes formas de asociación y cooperativismo, la generación de ingresos y empleo, la dignificación y formalización del trabajo, la producción de alimentos y la preservación del medio ambiente. Lo anterior sin perjuicio de la necesaria articulación entre esta y otras formas de producción agrícola y pecuaria como condición para garantizar el desarrollo rural. La RRI se adelantará en un contexto de globalización y de políticas de inserción en ella por parte del Estado que demandan atención especial de la producción agropecuaria nacional y especialmente de la producción campesina, familiar y comunitaria.

Con el propósito de democratizar el acceso a la tierra en beneficio de  los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, y de las comunidades rurales más afectadas por la miseria, el abandono y el conflicto, se ha acordado la creación de un Fondo de Tierras de distribución gratuita. Este proceso apuntará a regularizar los derechos de propiedad y en consecuencia, desconcentrar y promover una distribución equitativa de la tierra.

El Fondo se alimentará principalmente de  tierras que han sido indebida e ilegalmente adquiridas, y para ello se fortalecerá y aplicará la extinción judicial del dominio y se recuperarán baldíos  apropiados y ocupados contraviniendo la legislación vigente, sin perjuicio de los campesinos que puedan ser beneficiarios de programas de formalización; igualmente de la aplicación de otros procesos contemplados en la legislación como la extinción administrativa de dominio para tierras inexplotadas que incumplan la función social y ecológica de la propiedad, de la adquisición de tierras o la expropiación con indemnización por motivos de interés social o de utilidad pública, de tierras donadas, y de aquellas con vocación agropecuaria que resulten de la actualización de las zonas de reserva forestal. La sustracción de tierras provenientes de la actualización, delimitación y fortalecimiento de la reserva forestal, está condicionada a la formulación, con la participación comunitaria, de planes que garanticen sostenibilidad social y ambiental. 

El acuerdo reconoce que el acceso a la tierra es una condición necesaria pero no suficiente para garantizar el bienestar de los habitantes del campo y el desarrollo eficiente de la producción. No se trata simplemente de brindar acceso a la tierra, sino de asegurar el acceso integral; es decir que junto con las tierras hay que proveer los medios y capacidades para hacer uso de ellas (como capital semilla, riego donde sea necesario, asistencia técnica, vivienda y crédito), así como crear un entorno que contribuya a la productividad y el bienestar mediante la provisión de bienes y servicios públicos como vías, salud, educación, agua potable, y apoyo a diferentes formas de asociatividad solidaria y  cooperativismo y a la comercialización de productos. 

Como complemento al Fondo se ha acordado que se fortalecerán otros mecanismos de acceso a tierras por parte de la población campesina: el subsidio integral para compra y la creación de líneas especiales de crédito.

En adición a la distribución de tierras, lo acordado reconoce  el papel de la formalización de la propiedad rural como mecanismo de acceso y en esa medida se ha convenido impulsar un plan masivo de formalización de la pequeña y mediana propiedad, que proteja y fortalezca los derechos de los legítimos poseedores de tierra. Esta formalización tiene el propósito de titular progresivamente la totalidad de los predios  que ocupan o poseen los campesinos en Colombia, con sujeción al ordenamiento constitucional y legal. Para ello se adecuará un programa de formalización masiva y se adelantarán las reformas normativas y operativas pertinentes, garantizando la participación de las comunidades y sus organizaciones. Adicionalmente se acordó que se garantizará la gratuidad de la formalización de la pequeña propiedad rural. 

Los beneficiarios de los planes de adjudicación gratuita, subsidio integral y crédito especial, serán trabajadores con vocación agraria sin tierra o con tierra insuficiente (incluidos los beneficiarios del programa de formalización), priorizando a la mujer cabeza de familia y a la población desplazada.
Para garantizar la efectiva protección de los derechos de propiedad en el campo, se acordó la creación de una jurisdicción agraria que tenga cobertura y capacidades regionales. Además, se acordó fortalecer mecanismos que garanticen el acceso ágil y oportuno a la justicia, en especial para los más pequeños e indefensos, y que de esa manera sean también una garantía contra el despojo. En forma complementaria a los instrumentos judiciales, se acordó ampliar y fortalecer los mecanismos alternativos de conciliación y resolución de conflictos, incluyendo los tradicionales, propios de las comunidades rurales.

Adicionalmente y como condición necesaria para facilitar la implementación de los planes de acceso a tierras y regularizar los derechos de propiedad, así como promover un uso adecuado de la tierra y la desconcentración de la propiedad rural improductiva, se acordó que el Gobierno Nacional pondrá en marcha un plan para formar y actualizar el catastro rural junto con las entidades territoriales y con la participación efectiva de las comunidades.

Como complemento de lo anterior se brindará la asesoría para la implementación de un adecuado sistema de cobro y recaudo del predial, adoptando las medidas necesarias para que las tarifas  se fijen en desarrollo del principio constitucional de progresividad: el que más tiene más paga, fundamentado en la equidad y la justicia social.  La actualización del catastro y un recaudo efectivo del impuesto predial permitirán, adicionalmente, ayudar a fortalecer las finanzas de los municipios. Se acordó que se crearán  incentivos  y transferencias a los municipios, para que adopten exenciones al impuesto predial  para los beneficiarios de los programas de acceso y para los pequeños productores.
Como medidas adicionales para dar un buen uso a la tierra, el Gobierno Nacional definirá lineamientos generales de uso del suelo que tengan en cuenta su vocación,  el bien  común y las visiones territoriales construidas en el marco de las instancias de participación comunitaria, entre otros criterios. También creará incentivos para promover la reconversión productiva, y fortalecerá la participación de la ciudadanía a nivel local en la planificación y ordenamiento del territorio.

Para prevenir los conflictos por el uso de la tierra y de manera complementaria a la jurisdicción agraria y los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, se acordó impulsar instrumentos de diálogo entre gobierno, comunidades y empresas privadas.

Pensando en las futuras generaciones de colombianos, y en la necesidad de garantizar un desarrollo sostenible con especial atención a la importancia de proteger y preservar el agua y el medio ambiente, el acuerdo establece un plan para delimitar la frontera agrícola y proteger las áreas de especial interés ambiental que incluyen las zonas de reserva forestal, generando alternativas para los pobladores que colindan con ellas o las ocupan y garantizando los principios de participación de las comunidades rurales y de desarrollo sostenible.

El acuerdo reconoce que las Zonas de Reserva Campesina son una figura que tiene el Estado para promover  la economía campesina, y contribuir al cierre de la frontera agrícola y la producción de alimentos. Por tal razón, se estableció que el Gobierno Nacional hará efectivo el apoyo a los planes de desarrollo de las zonas constituidas y de las que se constituyan, en respuesta a las iniciativas de las comunidades y de las organizaciones agrarias que éstas consideren representativas, siguiendo lo dispuesto en las normas vigentes, y promoverá la participación activa de las comunidades en la ejecución de estos planes.

La RRI requiere de la implementación de planes nacionales sectoriales que, en conjunto, deberán lograr una reducción radical de la pobreza rural, en especial de la pobreza extrema, y una disminución de la desigualdad. Estos planes están orientados a proveer bienes y servicios públicos en infraestructura, desarrollo social y estímulos a la economía campesina, familiar y comunitaria.
En infraestructura se ejecutarán planes para: a) reconstruir la red de vías terciarias, para permitir a los habitantes rurales un mayor acceso a los mercados y a los servicios sociales; b) corregir el déficit en electrificación y conectividad en comunicaciones que ampliarán la cobertura y calidad de los servicios de energía e internet en las zonas rurales; y c) ampliar y recuperar la infraestructura de riego y drenaje de la economía campesina, familiar y comunitaria, con el fin de incrementar la productividad de la agricultura familiar y estabilizar sus ingresos. Todos estos planes contarán con una activa participación de las comunidades en la priorización, ejecución y seguimiento de las obras de infraestructura.

Por su parte, los planes para proveer bienes y servicios sociales buscarán disminuir las brechas entre el campo y la ciudad, aumentando las capacidades y generando oportunidades para los habitantes del campo. Las medidas para erradicar la pobreza y disminuir la desigualdad en el marco de la RRI, deben crear una tendencia hacia la convergencia en mejores niveles de vida en la ciudad y en el campo.

En salud, se acordó un nuevo modelo especial que atienda, con un enfoque diferencial, zonas rurales dispersas con pertinencia y énfasis en prevención, que acerque el servicio a los hogares o lugares de trabajo de la población rural. Esto sin perjuicio de las inversiones necesarias para mejorar la infraestructura y dotación, incluyendo personal calificado, para mejorar la calidad y cobertura de la atención.

En educación, el plan tiene como propósito brindar atención integral a la primera infancia, garantizar la cobertura, calidad y pertinencia de la educación y erradicar el analfabetismo en las áreas rurales. De igual forma, buscará promover la permanencia productiva de los jóvenes en el campo y asegurar que los niños y jóvenes estudien en condiciones dignas. Se hará especial énfasis en promover una educación técnica, tecnológica y superior pertinente y articulada a las necesidades del sector productivo, adoptando medidas para garantizar el acceso de más jóvenes del campo. Como complemento de lo anterior se acordó fortalecer y promover la investigación, la innovación  y el desarrollo científico y tecnológico, para el sector agropecuario en áreas como agroecología, biotecnología,  suelos, etc.

El plan de vivienda, agua y saneamiento básico mejorará las condiciones de salud y de habitabilidad en el campo mediante la disminución del déficit de vivienda rural y la provisión de soluciones tecnológicas apropiadas para las necesidades y el contexto rural, en materia de acceso a agua potable y eliminación de residuos, con el fin de garantizar condiciones de vida digna de los habitantes rurales. La pertinencia y sostenibilidad de estas soluciones estará garantizada por una activa participación de las comunidades en el diseño de los proyectos así como en su administración y operación.

En cuanto a los estímulos a la economía campesina, familiar y comunitaria, se acordó, en primer lugar, un plan para fomentar la economía solidaria y cooperativa rural que fortalezca la capacidad de las comunidades rurales organizadas para comercializar productos, acceder a bienes y servicios y, en general, mejorar sus condiciones de vida, trabajo y producción.

En segundo lugar, se acordó un plan de asistencia integral técnica, tecnológica y de impulso a la investigación, esencial para estimular procesos de innovación tecnológica y mejorar la sostenibilidad de los proyectos productivos de la economía campesina, familiar y comunitaria. Este plan incluye un sistema de seguimiento y evaluación de calidad con participación de la comunidad. Adicionalmente incluye la promoción y protección de las semillas nativas y los bancos de semillas para que las comunidades puedan acceder a material de siembra óptimo, y la estricta regulación socio-ambiental y sanitaria de los transgénicos, propiciando el bien común. Lo anterior en el marco de la obligación inquebrantable del Estado de tomar las medidas y usar las herramientas necesarias para salvaguardar el patrimonio genético y la biodiversidad como recursos soberanos de la Nación.

En tercer lugar, se acordó poner en marcha un plan para apoyar y consolidar la generación de ingresos de la economía campesina, familiar y comunitaria, y de los medianos productores con menores ingresos, que ofrecerá, dependiendo de las características de los potenciales beneficiarios, líneas de crédito blandas, esquemas de garantías, recursos de capital semilla y seguros de cosecha.

En cuarto lugar, se acordó un plan con el fin de promover condiciones adecuadas para la comercialización de los productos provenientes de la producción de la economía campesina, familiar y comunitaria y mejorar su disponibilidad. Esto implicará apoyar la asociatividad, la generación de valor agregado, la información de precios, la infraestructura de comercialización (centros de acopio) y adoptar mecanismos de compras públicas de las entidades y programas institucionales que contribuyan a absorber la producción de esta economía campesina, familiar y comunitaria.

Por último, se convino fortalecer el sistema de protección y seguridad social de la población rural y garantizar condiciones laborales dignas y la protección de los derechos de los trabajadores agrarios. Esto significa promover formas asociativas adecuadas para el contexto rural que faciliten el acceso a la seguridad social por parte de los trabajadores agrarios; fortalecer los mecanismos de vigilancia y control para promover y garantizar el cumplimiento de las normas laborales en el área rural; y capacitar a trabajadores y empresas en derechos y obligaciones laborales. Adicionalmente se acordó promover y fortalecer la implementación de soluciones que atiendan las particularidades del trabajo rural con el fin de garantizar la protección y seguridad social de los trabajadores del campo.
Con el objetivo de dinamizar el empleo rural y promover la participación de las comunidades, la ejecución de los planes se hará con el concurso de la mano de obra de estas. 

La RRI, en materia de alimentación y nutrición, pretende asegurar para todos los ciudadanos, disponibilidad y acceso suficiente en oportunidad, cantidad, calidad y precio a los alimentos necesarios para una buena nutrición. Como complemento al incremento progresivo en la producción de alimentos por parte de la economía campesina, familiar y comunitaria y de la  creación de condiciones que permitan a los trabajadores del campo mejorar sus ingresos, hemos convenido la necesidad de articular la oferta estatal en el territorio a través de un sistema de alimentación y nutrición para la población rural. Para ello se desarrollarán planes departamentales y locales de alimentación y nutrición culturalmente apropiados, con la participación activa de las comunidades, la sociedad, el gobierno nacional y los gobiernos departamentales y locales.

Adicionalmente se crearán consejos departamentales y locales, así como un consejo nacional de alimentación y nutrición para que defina los lineamientos y coordine la puesta en marcha de las políticas en los diferentes niveles. Estos consejos contarán con representación de comunidades, la sociedad y los gobiernos.

Teniendo en cuenta la situación especial de vulnerabilidad en la que se encuentran los niños y niñas, las mujeres gestantes y lactantes, y los hombres y mujeres de la tercera edad, y en general la población en condiciones de miseria, se implementarán programas especiales para la erradicación del hambre en la población rural.

Se acordó la realización de campañas orientadas a promover la producción y el consumo de alimentos con un alto contenido nutricional, el manejo adecuado de los alimentos y la adopción de buenos hábitos alimenticios, que tenga en cuenta las características del territorio y fomente la producción y el consumo de alimentos nacionales.

La  RRI es de aplicación universal y su ejecución  prioriza  los territorios más afectados por el conflicto, por los niveles de pobreza, por la presencia de cultivos de uso ilícito y de otras economías ilegítimas y con menor presencia institucional. Para ello, se acordó la puesta en marcha de programas de desarrollo con enfoque territorial que permitirán implementar con mayor celeridad y recursos los planes nacionales, sobre la base de un plan de acción para la transformación regional que contará con una amplia participación de las comunidades en su formulación, ejecución y seguimiento.

Las acciones que se diseñen y ejecuten en todos los planes y programas del acuerdo tendrán en cuenta las necesidades, características y particularidades de los territorios y las comunidades rurales y estarán orientadas, de manera especial, a promover la participación de las comunidades y a fortalecer las capacidades organizativas de las comunidades para garantizar su sostenibilidad.
La RRI acordada debe llevar a una transformación estructural del campo colombiano y a la creación de condiciones de bienestar para sus habitantes, en especial para los más desfavorecidos. El Gobierno considera que debe contribuir a reversar los efectos nocivos del conflicto. Y las FARC-EP consideran que la Reforma Rural Integral debe contribuir a solucionar las causas históricas del mismo.

No obstante haber llegado a un acuerdo sobre el punto 1 de la Agenda, según el criterio de cada delegación hay temas pendientes, que se discutirán más adelante en la Mesa, siempre teniendo en cuenta el principio de que nada está acordado hasta que todo esté acordado.
El Gobierno Nacional y las FARC-EP agradecen especialmente a los países garantes Cuba y Noruega por su apoyo decidido a este proceso, que ha permitido avanzar en la construcción de este acuerdo  en un ambiente de confianza y seriedad. Así como a los países acompañantes Venezuela y Chile por su permanente apoyo. 

Por último, las delegaciones agradecen a los colombianos por su participación través de los diferentes mecanismos de la Mesa. Sus contribuciones han sido insumo de gran importancia para el trabajo. Las delegaciones los invitan a continuar enviando propuestas  a la Mesa de Conversaciones.
Este informe no varía lo acordado.


Por la delegación del Gobierno de Colombia
Por la delegación de Paz de las FARC-EP
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http://www.pazfarc-ep.org/acuerdos/tierras