La Habana-Junio 22- 2013
PRIMER
INFORME CONJUNTO DE LA MESA DE CONVERSACIONES ENTRE EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE
COLOMBIA-EJERCITO DEL PUEBLO, FARC-EP
La Habana, 21 de junio de 2013
TABLA DE CONTENIDO
1. Introducción
2. Descripción de funcionamiento de la mesa – mecánica
3. Descripción de los avances y acuerdos en el marco de mecanismos de comunicación con la sociedad y difusión
2.1.Comunicados conjuntos
2.2.Recepción de propuestas
2.3.Mecanismo de participación directa
2.4.Estrategia de Difusión
2.5.Foros de participación
4. Descripción de los avances sobre el punto 1 “Política de desarrollo agrario integral” de la Agenda del Acuerdo General
1. Introducción
El Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo, en cumplimiento de lo
establecido en el punto 3 del numeral VI del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera del 26 de agosto de 2012, informan que:
Luego de 7 meses de conversaciones hemos alcanzado una
serie de acuerdos. En primer lugar sobre el punto 1 de la Agenda del
Acuerdo General, que hemos denominado “Hacia un nuevo campo colombiano:
Reforma Rural Integral”; y también sobre diferentes temas de la Mesa y
de la participación ciudadana. Durante los primeros meses concretamos,
por una parte, aspectos de procedimiento y por otra, concertamos lo
relacionado con la puesta en marcha de la página web, los formularios
escritos, los foros para los puntos 1 y 2 de la Agenda, y la consulta
directa para el punto 1, establecidos en el Acuerdo General, como se
detalla más adelante. Y ya empezamos la discusión sobre el punto 2 de
la Agenda “Participación Política”.
Como se informó en el comunicado conjunto del 26 de mayo,
lo convenido hasta ahora en el primer punto de la Agenda forma parte de
lo que sería el Acuerdo Final, un acuerdo más amplio que esperamos
lograr en los próximos meses desarrollando los 5 puntos de la Agenda que
aún quedan pendientes de discusión. Es por eso que uno de los
principios que guían estas conversaciones es que "nada está acordado
hasta que todo esté acordado". Esto quiere decir que los acuerdos que
hemos ido construyendo están condicionados a que lleguemos al Acuerdo
Final sobre la totalidad de la Agenda y, también, que en la medida en
que se avance en la discusión se puedan ajustar y complementar los
acuerdos sobre cada uno de los sub puntos ya que todos están
interrelacionados.
Con este informe queremos profundizar en los anuncios
realizados durante el pasado ciclo, sobre lo que consideramos un
importante acuerdo, que permitirá lograr una reforma rural integral, una
vez tengamos el Acuerdo Final.
2. Descripción de funcionamiento de la Mesa
Desde el inicio de las Conversaciones se han llevado a
cabo 10 ciclos de reuniones. En cumplimiento de lo acordado cada ciclo
tiene una duración de 11 días. No obstante lo anterior y atendiendo
cuestiones coyunturales que obedecen a solicitudes expresas de
cualquiera de las delegaciones, algunos ciclos se han abreviado y otros
se han extendido para lograr un trabajo ininterrumpido, tal como se
propuso en el Acuerdo General de la Habana. El tiempo entre cada ciclo
se define atendiendo solicitudes de las delegaciones, con el fin único
de agotar reuniones y consultas internas para asegurar la preparación de
los puntos y optimizar el uso del tiempo durante los ciclos.
La Mesa cuenta con tres mecanismos de apoyo con tareas
específicas. Cada mecanismo está conformado en principio por un delegado
de cada una de las partes, así:
a. Mecanismo de comunicación con la sociedad:
- Recibe las propuestas físicas y electrónicas de la sociedad a la Mesa, y la entrega a las dos delegaciones.
- Propone estrategias para la promoción de la participación de la sociedad a través de los mecanismos establecidos.
- Administración del contenido de la Página Web.
b. Mecanismo de difusión:
- Por instrucción de la Mesa, elabora los comunicados conjuntos que son sometidos a aprobación de los jefes de delegación.
- Divulga los comunicados de la Mesa, a través de los canales acordados.
- Organiza ruedas de prensa de la Mesa.
- Garantiza la difusión de la información que emita la Mesa a los medios de comunicación, con especial atención a los medios locales, alternativos y de menor cubrimiento, en aras de la equidad.
- Diseña estrategias de difusión eficaz de la información de la Mesa.
c. Mecanismo de apoyo administrativo:
- Planea y tramita las solicitudes y necesidades logísticas para el correcto funcionamiento de la Mesa.
- Organiza y tramita la logística de los invitados de la Mesa.
Para abordar el primer punto de la Agenda, se convino un
sistema de trabajo que consiste en presentar en plenaria de la Mesa de
Conversaciones las visiones de cada delegación sobre los puntos de la
Agenda. Posteriormente y con el fin de concretar en un texto único los
acuerdos que vamos alcanzando, se reúnen comisiones técnicas de
redacción compuestas por entre 4 y 5 miembros de cada delegación, que
son las encargadas de redactar los borradores conjuntos de acuerdos.
3. Descripción de los avances y acuerdos en el marco de mecanismos de comunicación con la sociedad y difusión
En el marco de lo establecido en el numeral VI “Reglas de Funcionamiento” del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera,
los comités de participación y comunicaciones que cuentan con
delegados del Gobierno Nacional y de las FARC-EP, trabajaron en el
desarrollo de los siguientes puntos:
- Establecimiento de un mecanismo para dar a conocer conjuntamente los avances de la Mesa.
- Establecimiento de un mecanismo de recepción de propuestas sobre los puntos de la agenda de ciudadanos y organizaciones.
- Implementación de una estrategia de difusión eficaz.
3.1.Comunicados conjuntos
Para dar a conocer conjuntamente los avances de la Mesa,
se definió realizar comunicados conjuntos de las delegaciones dando a
conocer a la opinión pública los avances de las conversaciones. A lo
largo de los pasados seis meses de funcionamiento de la Mesa de
Conversaciones se han elaborado 17 comunicados conjuntos.
3.2.Recepción de propuestas
Como parte de la estrategia de recepción de propuestas de
la sociedad civil, luego de un intercambio de propuestas sobre el
diseño y contenido se acordó, y en el mes de diciembre de 2012 fue
puesta en funcionamiento, la página web de la Mesa de Conversaciones www.mesadeconversaciones.com.co.
Esta página posibilita la recepción de propuestas sobre
los puntos de la Agenda y comentarios a través del formulario de
participación virtual. Adicionalmente en la página es posible descargar
el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una paz Estable y Duradera, y consultar documentos y comunicados conjuntos de la Mesa de Conversaciones.
Desde enero de 2013, la página cuenta adicionalmente con
un visor del estado de propuestas para que la sociedad civil verifique
su número y si fue leída por las partes.
A la fecha, la página web ha recibido 34.101 visitas, de
las cuales 23.878 son por primera vez. Del total de visitas, 24.013 se
han realizado desde Colombia y el restante desde países como Estados
Unidos, España, Venezuela, Canadá, Argentina, Alemania y Reino Unido.
Adicionalmente, la página web ha recibido 3.620 propuestas, de las
cuales se ha determinado que 858 corresponden a propuestas reales y el
restante a “spam”. La participación ha incrementado de manera estable en
un promedio de 25 propuestas semanales. Para evitar el “spam” se
incorporó un mecanismo de seguridad.
Por otro lado, en el mes de diciembre de 2012, se
imprimieron 600.000 copias del formulario físico. Esta versión del
formulario cuenta con los campos para la presentación de propuestas y
comentarios integrados en un mismo cuadernillo. Los formularios fueron
repartidos en alcaldías y gobernaciones.
En el mes de marzo de 2013 se desarrolló el módulo de
digitalización de propuestas enviadas por medios físicos. Desde el mes
de abril de 2013 se implementó este módulo a través del cual la
Editorial José Martí de Cuba, ha digitalizado hasta la fecha 210
propuestas físicas aproximadamente.
3.3.Mecanismo de participación directa
Cumpliendo con lo establecido en el punto 6 del numeral VI
del Acuerdo General y con el objetivo de conocer de primera mano
opiniones, experiencias y análisis sobre la situación en el campo
colombiano, las delegaciones acordaron invitar un conjunto de personas
que enriquecieran las visiones de Gobierno y FARC-EP sobre el punto. La
Mesa contó con la participación de expertos del tema agrario y su
problemática, y con líderes y miembros de asociaciones de campesinos.
3.4.Estrategia de Difusión
- En el mes de diciembre de 2012 se imprimieron 4.000.000 de copias del Acuerdo General en versión cuadernillo, que se han venido distribuyendo en diferentes espacios de divulgación.
- Este mismo mes se publicó en página completa el Acuerdo General en los principales diarios nacionales y regionales del país.
- El 11 de enero de 2013 fue promulgada la Directiva presidencial 001 de 2013, mediante la cual se convoca a Gobernadores y Alcaldes para que contribuyan de manera activa en la promoción del mecanismo de participación ciudadana por medio de los formularios físicos.
- Durante el mes de enero de 2013 se envió a todas las Gobernaciones y principales Alcaldías de las ciudades capitales la Directiva Presidencial para su conocimiento y aplicación.
- Desde el mes de Noviembre de 2012 se han entregado copias físicas del Acuerdo General y los formularios de participación física en las siguientes instituciones y espacios de participación:
-
A partir del mes de diciembre de 2012 se enviaron a todas las
gobernaciones y alcaldías de las ciudades capitales los siguientes
materiales por cada institución: 100 Acuerdos Generales, 1.000
formularios de participación físicos y 5 afiches para que promocionaran
el mecanismo de participación.
- Igualmente se distribuyeron a
los municipios restantes (1.000 municipios aprox.) a través de la
empresa de correos 4-72 a cada una de las alcaldías, 2.500 acuerdos, 500
formularios y 5 afiches para que promocionaran el mecanismo de
participación
- A partir del 12 de diciembre hasta el 31 de diciembre de 2012, se difundió en los principales periódicos nacionales y regionales el aviso acordado en la Mesa de conversaciones sobre el Mecanismo de participación de la página web y los formularios. En total el anuncio apareció en 52 medios escritos.
- Durante el mismo periodo, se difundió la cuña radial acordada por la Mesa de conversaciones durante 3 semanas en emisoras nacionales. En total se difundieron por 2 emisoras nacionales un total de 30 cuñas.
- Asimismo se difundió durante 4 semanas en todos los departamentos del país con emisoras regionales que tienen cobertura en las ciudades y municipios de cada departamento. Se difundió la cuña en 978 emisoras regionales para un total de 63,840 apariciones de la cuña en las regiones.
- Actualmente está en ejecución una nueva fase del plan de divulgación que incluye cuñas de televisión diarias durante los meses de junio y julio, lo mismo que cuñas de radio en varias emisoras regionales.
- Entre los meses de marzo y abril de 2013 se diseñaron los siguientes productos de promoción de la Mesa de Conversaciones: cartilla para ciudadanos y organizaciones y video promocional de participación.
- 3.5.Foros de participación
En desarrollo del mecanismo de participación acordado en
el Acuerdo General, que establece “delegar en un tercero la organización
de espacios de participación”, la Mesa de Conversaciones delegó la
realización de dos foros nacionales al Sistema de Naciones Unidas en
Colombia y a la Universidad Nacional-Centro de Pensamiento y Seguimiento
al Diálogo de Paz.
El primer Foro Nacional sobre Política de desarrollo
Agrario Integral (Enfoque Territorial), fue realizado durante tres (3)
días 17, 18 y 19 de diciembre de 2012, a solicitud de la Mesa de
Conversaciones, que en su comunicado conjunto del 25 de noviembre de
2012, les pidió a las dos instituciones convocar, organizar y servir de
relatores de los debates y de sus conclusiones.
En el Foro participaron 1.314 ciudadanos de 522
organizaciones de los 32 departamentos del país, en representación de
organizaciones campesinas, gremios, empresarios, afrodescendientes,
indígenas, mujeres, víctimas, iniciativas de paz y otros sectores.
También se recogieron las propuestas de 411 personas que intervinieron
oralmente en las mesas de trabajo.
Durante los primeros dos días del foro se organizaron 21
mesas de base en las cuales las organizaciones presentaron sus
propuestas sobre los 6 sub-puntos del primer punto de la agenda,
posteriormente las relatorías de estas mesas fueron compiladas y
depuradas en 10 mesas de socialización. Durante el tercer día se
presentaron un total de 546 propuestas en plenaria.
El segundo foro sobre Participación Política, se realizó
los días 28, 29 y 30 de abril de 2013 por solicitud de la Mesa de
Conversaciones, como se anunció en el comunicado número 12, en el cual
"las delegaciones le pidieron a la Oficina de la Organización de
Naciones Unidas en Colombia y al Centro de Pensamiento para la Paz de la
Universidad Nacional que inicien la preparación de un nuevo foro sobre
el siguiente punto de la Agenda, Participación Política".
El foro fue realizado durante tres días en la ciudad de
Bogotá y contó con la participación de 1600 personas, representantes de
los 32 departamentos. El 70% de los participantes pertenecen a las
diferentes regiones del país, el 30% son de Bogotá. Las organizaciones
más representadas se distribuyeron así: 154 personas de partidos
políticos, 166 personas de movimientos políticos, 143 organizaciones
campesinas y 139 organizaciones de mujeres.
En total participaron
representantes de movimientos sociales y políticos; partidos políticos;
gremios y del sector empresarial; de organizaciones y movimientos
campesinos; indígenas; afro-descendientes; defensoras de derechos
humanos; víctimas; desplazados; raizales; jóvenes; LGBTI; de centrales y
organizaciones sindicales; de Programas de Desarrollo y Paz e
iniciativas nacionales y territoriales de paz; de Iglesias; del sector
académico, de universidades y centros de investigación; de espacios
institucionales de participación ciudadana; de organizaciones no
gubernamentales vinculadas a los temas relacionados con la participación
política; de medios de comunicación y sus asociaciones.
En el primer día se realizaron cuatro paneles: el primero
con partidos políticos con personería jurídica, movimientos políticos y
sociales del país, el segundo sobre experiencias internacionales
dedicado a la transición de grupos armados a fuerzas políticas, con
expertos de El Salvador, Filipinas, Uruguay y Sudáfrica. El tercer panel
con académicos y el cuarto con representantes de medios de
comunicación. En el segundo día se realizaron 20 mesas de trabajo con
organizaciones de base. El tercer día se realizaron 5 mesas de
socialización para depurar las propuestas de las mesas de base, que
luego fueron presentadas en 4 grandes relatorías.
También es importante mencionar que el primer día del Foro
se trasmitió el mensaje de apoyo al proceso de conversaciones de cinco
premios Nobel de Paz: Adolfo Pérez Esquivel, de Argentina; el obispo
Desmond Tutu, de Sudáfrica; el ex presidente de Costa Rica, Óscar Arias;
la presidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf; y Rigoberta Menchú, de
Guatemala. A ellos se sumaron el ex secretario general de Naciones
Unidas, Kofi Annan; el presidente de Uruguay, José Mujica, y Louise
Arbour, ex Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas y
actual presidenta de International Crisis Group.
Tanto el Foro sobre “Política de desarrollo agrario
integral (enfoque territorial)” como el Foro de “Participación Política”
se desarrollaron en un ambiente de respeto por las opiniones
contrarias, y de disposición a escucharse mutuamente. De esa manera los
Foros no solo han contribuido con aportes sustantivos y fundamentales
para el desarrollo de los puntos de la Agenda, sino han sido un ejemplo
de deliberación pluralista y democrática, como corresponde en un proceso
de paz.
4. Descripción del acuerdo sobre el punto 1 “Política de Desarrollo Agrario Integral” de la Agenda del Acuerdo General
El Gobierno Nacional y las FARC-EP luego de algunos meses
de conversaciones en los que se intercambiaron visiones y propuestas
sobre los sub puntos del punto 1 de la Agenda del Acuerdo General y tal
como se anunció el pasado 26 de mayo, hemos llegado a un acuerdo sobre
el primer punto de la Agenda contenida en el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una paz Estable y Duradera, que acordamos denominar “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral”.
La Reforma Rural Integral (RRI) debe ser el inicio de
transformaciones estructurales de la realidad rural y agraria de
Colombia con equidad y democracia, contribuyendo así a la no repetición
del conflicto y a la construcción de una paz estable y duradera.
La RRI está centrada en el bienestar y buen vivir de la
gente del campo, de las comunidades campesinas, indígenas, negras,
afrodescendientes, palenqueras y raizales, y de la gente que habita en
los espacios interétnicos e interculturales, y pretende lograr la
integración de las regiones, la erradicación de la pobreza, la promoción
de la igualdad, el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad, la
protección y disfrute de los derechos de la ciudadanía y la reactivación
del campo, especialmente de la economía campesina, familiar y
comunitaria.
Lo acordado reconoce y se centra en el papel fundamental
de la economía campesina, familiar y comunitaria en el desarrollo del
campo, la promoción de diferentes formas de asociación y cooperativismo,
la generación de ingresos y empleo, la dignificación y formalización
del trabajo, la producción de alimentos y la preservación del medio
ambiente. Lo anterior sin perjuicio de la necesaria articulación entre
esta y otras formas de producción agrícola y pecuaria como condición
para garantizar el desarrollo rural. La RRI se adelantará en un contexto
de globalización y de políticas de inserción en ella por parte del
Estado que demandan atención especial de la producción agropecuaria
nacional y especialmente de la producción campesina, familiar y
comunitaria.
Con el propósito de democratizar el acceso a la tierra en
beneficio de los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, y de
las comunidades rurales más afectadas por la miseria, el abandono y el
conflicto, se ha acordado la creación de un Fondo de Tierras de
distribución gratuita. Este proceso apuntará a regularizar los derechos
de propiedad y en consecuencia, desconcentrar y promover una
distribución equitativa de la tierra.
El Fondo se alimentará principalmente de tierras que han
sido indebida e ilegalmente adquiridas, y para ello se fortalecerá y
aplicará la extinción judicial del dominio y se recuperarán baldíos
apropiados y ocupados contraviniendo la legislación vigente, sin
perjuicio de los campesinos que puedan ser beneficiarios de programas de
formalización; igualmente de la aplicación de otros procesos
contemplados en la legislación como la extinción administrativa de
dominio para tierras inexplotadas que incumplan la función social y
ecológica de la propiedad, de la adquisición de tierras o la
expropiación con indemnización por motivos de interés social o de
utilidad pública, de tierras donadas, y de aquellas con vocación
agropecuaria que resulten de la actualización de las zonas de reserva
forestal. La sustracción de tierras provenientes de la actualización,
delimitación y fortalecimiento de la reserva forestal, está condicionada
a la formulación, con la participación comunitaria, de planes que
garanticen sostenibilidad social y ambiental.
El acuerdo reconoce que el acceso a la tierra es una
condición necesaria pero no suficiente para garantizar el bienestar de
los habitantes del campo y el desarrollo eficiente de la producción. No
se trata simplemente de brindar acceso a la tierra, sino de asegurar el acceso integral; es
decir que junto con las tierras hay que proveer los medios y
capacidades para hacer uso de ellas (como capital semilla, riego donde
sea necesario, asistencia técnica, vivienda y crédito), así como crear
un entorno que contribuya a la productividad y el bienestar mediante la
provisión de bienes y servicios públicos como vías, salud, educación,
agua potable, y apoyo a diferentes formas de asociatividad solidaria y
cooperativismo y a la comercialización de productos.
Como complemento al Fondo se ha acordado que se fortalecerán otros mecanismos de acceso a tierras por parte de la población campesina: el subsidio integral para compra y la creación de líneas especiales de crédito.
En adición a la distribución de tierras, lo acordado reconoce el papel de la formalización de la propiedad rural
como mecanismo de acceso y en esa medida se ha convenido impulsar un
plan masivo de formalización de la pequeña y mediana propiedad, que
proteja y fortalezca los derechos de los legítimos poseedores de tierra.
Esta formalización tiene el propósito de titular progresivamente la
totalidad de los predios que ocupan o poseen los campesinos en
Colombia, con sujeción al ordenamiento constitucional y legal. Para ello
se adecuará un programa de formalización masiva y se adelantarán las
reformas normativas y operativas pertinentes, garantizando la
participación de las comunidades y sus organizaciones. Adicionalmente se
acordó que se garantizará la gratuidad de la formalización de la
pequeña propiedad rural.
Los beneficiarios de los planes de adjudicación gratuita,
subsidio integral y crédito especial, serán trabajadores con vocación
agraria sin tierra o con tierra insuficiente (incluidos los
beneficiarios del programa de formalización), priorizando a la mujer
cabeza de familia y a la población desplazada.
Para garantizar la efectiva protección de los derechos de propiedad en el campo, se acordó la creación de una jurisdicción agraria
que tenga cobertura y capacidades regionales. Además, se acordó
fortalecer mecanismos que garanticen el acceso ágil y oportuno a la
justicia, en especial para los más pequeños e indefensos, y que de esa
manera sean también una garantía contra el despojo. En forma
complementaria a los instrumentos judiciales, se acordó ampliar y
fortalecer los mecanismos alternativos de conciliación y resolución de conflictos, incluyendo los tradicionales, propios de las comunidades rurales.
Adicionalmente y como condición necesaria para facilitar
la implementación de los planes de acceso a tierras y regularizar los
derechos de propiedad, así como promover un uso adecuado de la tierra y
la desconcentración de la propiedad rural improductiva, se acordó que el
Gobierno Nacional pondrá en marcha un plan para formar y actualizar el catastro rural junto con las entidades territoriales y con la participación efectiva de las comunidades.
Como complemento de lo anterior se brindará la asesoría
para la implementación de un adecuado sistema de cobro y recaudo del
predial, adoptando las medidas necesarias para que las tarifas se fijen
en desarrollo del principio constitucional de progresividad: el que más
tiene más paga, fundamentado en la equidad y la justicia social. La
actualización del catastro y un recaudo efectivo del impuesto predial
permitirán, adicionalmente, ayudar a fortalecer las finanzas de los
municipios. Se acordó que se crearán incentivos y transferencias a los
municipios, para que adopten exenciones al impuesto predial para los
beneficiarios de los programas de acceso y para los pequeños
productores.
Como medidas adicionales para dar un buen uso a la tierra, el Gobierno Nacional definirá lineamientos generales de uso del suelo
que tengan en cuenta su vocación, el bien común y las visiones
territoriales construidas en el marco de las instancias de participación
comunitaria, entre otros criterios. También creará incentivos para
promover la reconversión productiva, y fortalecerá la participación de
la ciudadanía a nivel local en la planificación y ordenamiento del
territorio.
Para prevenir los conflictos por el uso de la tierra y de
manera complementaria a la jurisdicción agraria y los mecanismos
alternativos de resolución de conflictos, se acordó impulsar
instrumentos de diálogo entre gobierno, comunidades y empresas privadas.
Pensando en las futuras generaciones de colombianos, y en
la necesidad de garantizar un desarrollo sostenible con especial
atención a la importancia de proteger y preservar el agua y el medio
ambiente, el acuerdo establece un plan para delimitar la frontera agrícola y proteger las áreas de especial interés ambiental que incluyen las zonas de reserva forestal,
generando alternativas para los pobladores que colindan con ellas o las
ocupan y garantizando los principios de participación de las
comunidades rurales y de desarrollo sostenible.
El acuerdo reconoce que las Zonas de Reserva Campesina
son una figura que tiene el Estado para promover la economía
campesina, y contribuir al cierre de la frontera agrícola y la
producción de alimentos. Por tal razón, se estableció que el Gobierno
Nacional hará efectivo el apoyo a los planes de desarrollo de las zonas
constituidas y de las que se constituyan, en respuesta a las iniciativas
de las comunidades y de las organizaciones agrarias que éstas
consideren representativas, siguiendo lo dispuesto en las normas
vigentes, y promoverá la participación activa de las comunidades en la
ejecución de estos planes.
La RRI requiere de la implementación de planes nacionales sectoriales
que, en conjunto, deberán lograr una reducción radical de la pobreza
rural, en especial de la pobreza extrema, y una disminución de la
desigualdad. Estos planes están orientados a proveer bienes y servicios
públicos en infraestructura, desarrollo social y estímulos a la economía
campesina, familiar y comunitaria.
En infraestructura se ejecutarán planes para: a) reconstruir la red de vías terciarias, para permitir a los habitantes rurales un mayor acceso a los mercados y a los servicios sociales; b) corregir el déficit en electrificación y conectividad en comunicaciones que ampliarán la cobertura y calidad de los servicios de energía e internet en las zonas rurales; y c) ampliar y recuperar la infraestructura de riego y drenaje de la economía campesina, familiar y comunitaria,
con el fin de incrementar la productividad de la agricultura familiar y
estabilizar sus ingresos. Todos estos planes contarán con una activa
participación de las comunidades en la priorización, ejecución y
seguimiento de las obras de infraestructura.
Por su parte, los planes para proveer bienes y servicios
sociales buscarán disminuir las brechas entre el campo y la ciudad,
aumentando las capacidades y generando oportunidades para los habitantes
del campo. Las medidas para erradicar la pobreza y disminuir la
desigualdad en el marco de la RRI, deben crear una tendencia hacia la
convergencia en mejores niveles de vida en la ciudad y en el campo.
En salud, se acordó un nuevo modelo
especial que atienda, con un enfoque diferencial, zonas rurales
dispersas con pertinencia y énfasis en prevención, que acerque el
servicio a los hogares o lugares de trabajo de la población rural. Esto
sin perjuicio de las inversiones necesarias para mejorar la
infraestructura y dotación, incluyendo personal calificado, para mejorar
la calidad y cobertura de la atención.
En educación, el plan tiene como
propósito brindar atención integral a la primera infancia, garantizar la
cobertura, calidad y pertinencia de la educación y erradicar el
analfabetismo en las áreas rurales. De igual forma, buscará promover la
permanencia productiva de los jóvenes en el campo y asegurar que los
niños y jóvenes estudien en condiciones dignas. Se hará especial énfasis
en promover una educación técnica, tecnológica y superior pertinente y
articulada a las necesidades del sector productivo, adoptando medidas
para garantizar el acceso de más jóvenes del campo. Como complemento de
lo anterior se acordó fortalecer y promover la investigación, la
innovación y el desarrollo científico y tecnológico, para el sector
agropecuario en áreas como agroecología, biotecnología, suelos, etc.
El plan de vivienda, agua y saneamiento básico
mejorará las condiciones de salud y de habitabilidad en el campo
mediante la disminución del déficit de vivienda rural y la provisión de
soluciones tecnológicas apropiadas para las necesidades y el contexto
rural, en materia de acceso a agua potable y eliminación de residuos,
con el fin de garantizar condiciones de vida digna de los habitantes
rurales. La pertinencia y sostenibilidad de estas soluciones estará
garantizada por una activa participación de las comunidades en el diseño
de los proyectos así como en su administración y operación.
En cuanto a los estímulos a la economía campesina, familiar y comunitaria, se acordó, en primer lugar, un plan para fomentar la economía solidaria y cooperativa rural
que fortalezca la capacidad de las comunidades rurales organizadas para
comercializar productos, acceder a bienes y servicios y, en general,
mejorar sus condiciones de vida, trabajo y producción.
En segundo lugar, se acordó un plan de asistencia integral
técnica, tecnológica y de impulso a la investigación, esencial para
estimular procesos de innovación tecnológica y mejorar la sostenibilidad
de los proyectos productivos de la economía campesina, familiar y
comunitaria. Este plan incluye un sistema de seguimiento y evaluación de
calidad con participación de la comunidad. Adicionalmente incluye la
promoción y protección de las semillas nativas y los bancos de semillas
para que las comunidades puedan acceder a material de siembra óptimo, y
la estricta regulación socio-ambiental y sanitaria de los transgénicos,
propiciando el bien común. Lo anterior en el marco de la obligación
inquebrantable del Estado de tomar las medidas y usar las herramientas
necesarias para salvaguardar el patrimonio genético y la biodiversidad
como recursos soberanos de la Nación.
En tercer lugar, se acordó poner en marcha un plan
para apoyar y consolidar la generación de ingresos de la economía
campesina, familiar y comunitaria, y de los medianos productores con
menores ingresos, que ofrecerá, dependiendo de las
características de los potenciales beneficiarios, líneas de crédito
blandas, esquemas de garantías, recursos de capital semilla y seguros de
cosecha.
En cuarto lugar, se acordó un plan con el fin de promover condiciones adecuadas para la comercialización de
los productos provenientes de la producción de la economía campesina,
familiar y comunitaria y mejorar su disponibilidad. Esto implicará
apoyar la asociatividad, la generación de valor agregado, la información
de precios, la infraestructura de comercialización (centros de acopio) y
adoptar mecanismos de compras públicas de las entidades y programas
institucionales que contribuyan a absorber la producción de esta
economía campesina, familiar y comunitaria.
Por último, se convino fortalecer el sistema de protección y seguridad social de la población rural
y garantizar condiciones laborales dignas y la protección de los
derechos de los trabajadores agrarios. Esto significa promover formas
asociativas adecuadas para el contexto rural que faciliten el acceso a
la seguridad social por parte de los trabajadores agrarios; fortalecer
los mecanismos de vigilancia y control para promover y garantizar el
cumplimiento de las normas laborales en el área rural; y capacitar a
trabajadores y empresas en derechos y obligaciones laborales.
Adicionalmente se acordó promover y fortalecer la implementación de
soluciones que atiendan las particularidades del trabajo rural con el
fin de garantizar la protección y seguridad social de los trabajadores
del campo.
Con el objetivo de dinamizar el empleo rural y promover la
participación de las comunidades, la ejecución de los planes se hará
con el concurso de la mano de obra de estas.
La RRI, en materia de alimentación y nutrición,
pretende asegurar para todos los ciudadanos, disponibilidad y acceso
suficiente en oportunidad, cantidad, calidad y precio a los alimentos
necesarios para una buena nutrición. Como complemento al incremento
progresivo en la producción de alimentos por parte de la economía
campesina, familiar y comunitaria y de la creación de condiciones que
permitan a los trabajadores del campo mejorar sus ingresos, hemos
convenido la necesidad de articular la oferta estatal en el territorio a
través de un sistema de alimentación y nutrición para la población
rural. Para ello se desarrollarán planes departamentales y locales de
alimentación y nutrición culturalmente apropiados, con la participación
activa de las comunidades, la sociedad, el gobierno nacional y los
gobiernos departamentales y locales.
Adicionalmente se crearán consejos departamentales y
locales, así como un consejo nacional de alimentación y nutrición para
que defina los lineamientos y coordine la puesta en marcha de las
políticas en los diferentes niveles. Estos consejos contarán con
representación de comunidades, la sociedad y los gobiernos.
Teniendo en cuenta la situación especial de vulnerabilidad
en la que se encuentran los niños y niñas, las mujeres gestantes y
lactantes, y los hombres y mujeres de la tercera edad, y en general la
población en condiciones de miseria, se implementarán programas
especiales para la erradicación del hambre en la población rural.
Se acordó la realización de campañas orientadas a promover
la producción y el consumo de alimentos con un alto contenido
nutricional, el manejo adecuado de los alimentos y la adopción de buenos
hábitos alimenticios, que tenga en cuenta las características del
territorio y fomente la producción y el consumo de alimentos nacionales.
La RRI es de aplicación universal y su ejecución
prioriza los territorios más afectados por el conflicto, por los
niveles de pobreza, por la presencia de cultivos de uso ilícito y de
otras economías ilegítimas y con menor presencia institucional. Para
ello, se acordó la puesta en marcha de programas de desarrollo con enfoque territorial que
permitirán implementar con mayor celeridad y recursos los planes
nacionales, sobre la base de un plan de acción para la transformación
regional que contará con una amplia participación de las comunidades en
su formulación, ejecución y seguimiento.
Las acciones que se diseñen y ejecuten en todos los planes
y programas del acuerdo tendrán en cuenta las necesidades,
características y particularidades de los territorios y las comunidades
rurales y estarán orientadas, de manera especial, a promover la
participación de las comunidades y a fortalecer las capacidades
organizativas de las comunidades para garantizar su sostenibilidad.
La RRI acordada debe llevar a una transformación
estructural del campo colombiano y a la creación de condiciones de
bienestar para sus habitantes, en especial para los más desfavorecidos.
El Gobierno considera que debe contribuir a reversar los efectos nocivos
del conflicto. Y las FARC-EP consideran que la Reforma Rural Integral
debe contribuir a solucionar las causas históricas del mismo.
No obstante haber llegado a un acuerdo sobre el punto 1 de
la Agenda, según el criterio de cada delegación hay temas pendientes,
que se discutirán más adelante en la Mesa, siempre teniendo en cuenta el
principio de que nada está acordado hasta que todo esté acordado.
El Gobierno Nacional y las FARC-EP agradecen especialmente
a los países garantes Cuba y Noruega por su apoyo decidido a este
proceso, que ha permitido avanzar en la construcción de este acuerdo en
un ambiente de confianza y seriedad. Así como a los países acompañantes
Venezuela y Chile por su permanente apoyo.
Por último, las delegaciones agradecen a los colombianos
por su participación través de los diferentes mecanismos de la Mesa. Sus
contribuciones han sido insumo de gran importancia para el trabajo. Las
delegaciones los invitan a continuar enviando propuestas a la Mesa de
Conversaciones.
Este informe no varía lo acordado.
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Por la delegación del Gobierno de Colombia
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Por la delegación de Paz de las FARC-EP
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http://www.pazfarc-ep.org/acuerdos/tierras
