La Habana Mayo 17- 2014
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Las Delegaciones del Gobierno y las FARC-EP informan que:
Hemos llegado a un acuerdo, sobre el cuarto punto de la Agenda
contenida en el "Acuerdo General para la terminación del conflicto y la
construcción de una paz estable y duradera", tercero en discusión,
denominado “Solución al problema de las drogas ilícitas”
Hemos logrado acuerdo sobre los tres sub puntos del punto 4 del Acuerdo General:
- Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Planes integrales de desarrollo con participación de las comunidades en el diseño, ejecución y evaluación de los programas de sustitución y recuperación ambiental de las áreas afectadas por dichos cultivos.
- Programas de prevención del consumo y salud pública.
- Solución al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos.
Consideramos que:
El conflicto interno en Colombia tiene una larga historia de varias
décadas, que antecede y tiene causas ajenas al surgimiento de los
cultivos de uso ilícito y a la producción y comercialización de drogas
ilícitas en el territorio.
La persistencia de los cultivos está ligada en parte a la existencia
de condiciones de pobreza, marginalidad, débil presencia institucional,
además de la existencia de organizaciones criminales dedicadas al
narcotráfico.
Para contribuir al propósito de sentar las bases para la construcción
de una paz estable y duradera es necesario, entre otros, encontrar una
solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, incluyendo los
cultivos de uso ilícito y la producción y comercialización de drogas
ilícitas.
La producción y comercialización de drogas ilícitas y las economías
criminales ha tenido graves efectos sobre la población colombiana,
afectando el goce y ejercicio de sus derechos y libertades.
El cultivo, la producción y comercialización de las drogas ilícitas
también han atravesado, alimentado y financiado el conflicto interno.
El fin del conflicto debe representar una oportunidad para construir
una solución conjunta e integral al problema de las drogas ilícitas.
Es necesario diseñar una nueva visión que atienda las causas y
consecuencia de este fenómeno, especialmente presentando alternativas
que conduzcan a mejorar las condiciones de bienestar y buen vivir de las
comunidades en los territorios afectados por los cultivos de uso
ilícito; que aborde el consumo con un enfoque de salud pública y que
intensifique la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al
narcotráfico, incluyendo actividades relacionadas como las finanzas
ilícitas, el lavado de activos, el tráfico de precursores y la lucha
contra la corrupción, desarticulando toda la cadena de valor del
narcotráfico.
Esta nueva visión implica buscar nuevas alternativas basadas en la
evidencia, que diferencie en su tratamiento el fenómeno del consumo y el
problema de los cultivos de uso ilícito, del problema de la
criminalidad organizada asociada al narcotráfico.
Aspiramos a un país en paz y sin el problema de las drogas ilícitas y
somos conscientes de que lograr tal propósito depende también de
consensos y definiciones de alcance global por parte de todos los
estados, en particular por aquellos que de manera directa o indirecta se
han visto afectados por este problema de carácter transnacional.
Esas políticas deben regirse por el ejercicio de los principios de
igualdad soberana y no intervención en los asuntos internos de otros
estados y deben asegurar la acción coordinada en el marco de la
cooperación internacional, en la medida en que la solución al problema
de las drogas ilícitas es responsabilidad colectiva de todos los
Estados.
Hemos acordado que para construir soluciones sostenibles, garantizar
los derechos de los ciudadanos y el no resurgimiento del problema, la
política que se emprenda debe tener un enfoque territorial basado en la
participación ciudadana y en la presencia y el fortalecimiento, en
términos de efectividad, eficiencia y transparencia, especialmente de
las instituciones responsables de la atención social y de las
responsables de la seguridad y protección de las comunidades, ambas con
un enfoque de derechos humanos.
Que esas políticas darán un tratamiento especial a los eslabones más
débiles de la cadena del narcotráfico que son los cultivadores y los
consumidores de drogas ilícitas, e intensificarán los esfuerzos de
desarticulación de las organizaciones criminales.
Que la política debe mantener el reconocimiento de los usos
ancestrales y tradicionales de la hoja de coca, como parte de la
identidad cultural de la comunidad indígena y la posibilidad de la
utilización de cultivos de uso ilícito, para fines médicos y científicos
y otros usos lícitos que se establezcan.
Frente al primer sub-punto Programas de sustitución de cultivos de
uso ilícito hemos acordado que el Gobierno Nacional creará y pondrá en
marcha un nuevo Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de
Uso Ilícito-PNIS, como parte de la transformación estructural del campo
que busca la Reforma Rural Integral, y con el fin de generar
condiciones materiales e inmateriales de bienestar y buen vivir para las
poblaciones afectadas por cultivos de uso ilícito, en particular para
las comunidades campesinas en situación de pobreza que en la actualidad
derivan su subsistencia de esos cultivos, y de esa manera encontrar
también una solución sostenible y definitiva al de problema de los
cultivos de uso ilícito y a todos los problemas asociados a ellos en el
territorio.
Acordamos que la transformación de los territorios y las alternativas
para las comunidades afectadas por los cultivos de uso ilícito,
partirán de la construcción conjunta y participativa entre estas y las
autoridad es nacionales, departamentales y municipales, de la solución
al problema de los cultivos de uso ilícito y la superación de las
condiciones de pobreza.
El Programa requiere la más amplia participación de las comunidades,
incluyendo las directamente involucradas con el cultivo, para formular,
ejecutar y hacer seguimiento a los Planes integrales municipales y
comunitarios de sustitución y desarrollo alternativo, mediante un
proceso de planeación participativa.
Se garantizará la participación de la mujer.
Un fundamento indiscutible de la solución definitiva al problema de
los cultivos de uso ilícito se encuentra en el carácter voluntario y
concertado y, por tanto, en la manifiesta voluntad de las comunidades de
transitar caminos alternativos a los cultivos de uso ilícito, y el
compromiso del Gobierno de generar y garantizar condiciones dignas de
vida y de trabajo para el bienestar y buen vivir.
Acordamos que las diferentes propuestas de las asambleas comunitarias
serán la base para la construcción de los planes municipales integrales
de sustitución y desarrollo alternativo para las zonas afectadas por
cultivos de uso ilícito, el cual se elaborará e implementará con la
participación activa de las comunidades, incluidas sus organizaciones
sociales territoriales. En el marco del plan municipal y teniendo en
cuenta las propuestas de las respectivas asambleas, se elaborarán los
planes comunitarios, que serán parte integral del mismo. Tanto los
planes municipales como los comunitarios se construyen entre las
comunidades, las autoridades nacionales, departamentales y municipales, y
el Programa, como autoridad nacional competente.
El plan municipal que integra las propuestas de las comunidades y
está constituido por los planes comunitarios será la base para la
ejecución del Programa.
Para la ejecución de los planes de sustitución se privilegiará la
contratación de las organizaciones comunitarias y se promoverá la
generación de empleo en las áreas de aplicación del mismo.
Las medidas de apoyo por parte del Programa estarán condicionadas al
cumplimiento del cronograma de compromisos adquiridos por los
cultivadores en el marco de los acuerdos de sustitución y no resiembra.
Lo anterior en el entendido de que el proceso de sustitución y su
sostenibilidad requieren del apoyo del Gobierno en los términos
acordados con las comunidades. En todo caso deberá existir un compromiso
pleno de no cultivar ni de estar involucrado en labores asociadas al
cultivo, ni de participar en las comercialización ilegal de las materias
primas derivadas de los cultivos de uso ilícito.
En los casos donde, en el marco de la suscripción de los acuerdos con
las comunidades en el marco del Programa, haya algunos cultivadores
que no manifiesten su decisión de sustituir los cultivos de uso ilícito
o incumplan los compromisos adquiridos sin que medie caso fortuito o
fuerza mayor a pesar de los esfuerzos del Programa y de las comunidades
de persuadirlos, el Gobierno procederá a su erradicación manual, previo
un proceso de socialización e información con las comunidades.
En los casos en los que no haya acuerdo con las comunidades, el
Gobierno procederá a la erradicación de los cultivos de uso ilícito,
priorizando la erradicación manual donde sea posible, teniendo en cuenta
el respeto por los derechos humanos, el medio ambiente y el buen vivir.
Las FARC-EP consideran que en cualquier caso en que haya erradicación
esta debe ser manual.
La protección de las comunidades, la garantía de derecho a la vida y
el bienestar de la población rural, requiere también asegurar el
desminado,para lo cual el Gobierno Nacional, tras la firma del Acuerdo
Final y en el marco de su implementación, pondrá en marcha un programa
de desminadoy limpieza de las áreas del territorio nacional que hubiesen
sido afectadas por la ubicación de minas antipersonal y municiones sin
explotar.
Este es un propósito mancomunado al que contribuirán Gobierno y
FARC-EP por diferentes medios y en lo que le corresponda a cada cual,
incluyendo el suministro de informaciónen los términos que se consignen
en el Acuerdo Final y como parte del compromiso mutuo con el fin del
conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.
En cuanto al segundo sub-punto de la Agenda Programas de prevención
del consumo y salud pública acordamos que la solución requiere del
compromiso y el trabajo conjunto entre las autoridades, la comunidad y
la familia en torno a una política de promoción en salud, prevención,
atención integrale inclusión social, con especial énfasis en niños,
niñas y adolescentes.
La política frente al consumo de drogas ilícitas debe ser una
prioridad y una política de Estado que requiere, entre otros, el
fortalecimiento de las capacidades, tanto nacionales como territoriales,
en el marco del sistema de protección social, y la disposición
correspondiente de recursos.
Acordamos que el Gobierno creará el Programa Nacional de Intervención
Integral frente al Consumo de Drogas Ilícitas como una instancia de
alto nivel, para articular las instituciones con competencia en la
materia y coordinar un proceso participativo de revisión, ajuste y
puesta en marcha de la política frente al consumo.
La política nacional frente al consumo de drogas ilícitas tendrá un
enfoque de derechos humanos y de salud pública, un enfoque diferencial y
de género, se fundamentará en la evidencia y se construirá e
implementará con participación de las comunidades.
Para garantizar la revisión y el ajuste participativo de la política
frente al consumo con base en los principios antes descritos, el
Gobierno creará una instancia nacional con representantes de las
autoridades con competencia en el tema, instituciones científicas,
centros especializados, instituciones educativas, asociaciones de padres
de familia, comunidades religiosas y consumidores.
Acordamos también diseñar y poner en marcha un Sistema Nacional de
Atención al Consumidor de Drogas Ilícitas que incluya acciones
complementarias de rehabilitación e inserción social.
Con base en la política y los análisis territoriales sobre el consumo
de drogas ilícitas, el Programa promoverá el desarrollo de capacidades
de las autoridades locales y las apoyará en la formulación y ejecución
participativa de planes de acción departamentales y municipales frente
al consumo, de acuerdo con las particularidades de los territorios y
diferentes grupos poblacionales.
En cuanto al tercer sub-punto Solución al fenómeno de producción y
comercialización de narcóticos acordamos que como parte del compromiso
de intensificación de la lucha contra el crimen organizado y sus redes
de apoyoen el marco del fin del conflicto y con el objetivo de proteger
tanto a las comunidades y el buen desarrollo del Programa Nacional
Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, como la
implementación de los acuerdos en el territorio de la amenaza del crimen
organizado, y en general de desarticular las redes de estas
organizaciones, el Gobierno Nacional pondrá en marcha una estrategia de
política criminal, en forma paralela a la implementación de una
estrategia integral de lucha contra la corrupción, que fortalezca y
cualifique la presencia y efectividad institucional y concentre sus
capacidades en la investigación, judicialización y sanción de los
delitos asociados a cualquier organización o agrupación criminal
relacionados con la producción y comercialización de drogas ilícitas,
siempre considerando el tratamiento diferenciado que se debe dar a los
campesinos y pobladores rurales vinculados a la explotación de los
cultivos de uso ilícito.
Acordamos la puesta en marcha de una nueva estrategia contra los
activos involucrados en el narcotráfico y el lavado de activos que
incluye la identificación de la cadena de valor del narcotráfico
mediante un proceso de mapeo del delito por parte de un grupo de
expertos, la formulación de un nuevo estatuto de prevención y lucha
contra las finanzas ilícitas que permita, entre otros, adecuar donde sea
necesario, o definir y articular la normatividad referida a esta
materia, la cualificación y el fortalecimiento y donde sea necesario el
rediseño o creación de instancias de investigación, supervisión o
control financiero y de lavado de activos, la puesta en marcha de una
nueva estrategia para garantizar la aplicación efectiva de la extinción
de dominio, y por último la implementación de una nueva campaña nacional
que promueva valores, alerte sobre nuevas modalidades de lavado y
fomente la participación y capacidad ciudadana en el espíritu del punto 2
del Acuerdo General.
Acordamos también que el Gobierno Nacional revisará y establecerá
estrictos controles estatales sobre la producción, importación y
comercialización de insumos y precursores químicos.
Acordamos que en el marco de la estrategia integral de lucha contra
la corrupción se desarrollará una estrategia específica de lucha contra
la corrupción asociada al narcotráfico, sobre la base de las
recomendaciones de expertos que incluya el establecimiento de grupos
interinstitucionales para atacar las distintas expresiones de la
corrupción y sus responsables y contribuir a mejorar el desempeño
institucional.
En el marco del fin del conflicto y con el propósito de contribuir a
la superación definitiva del problema de las drogas ilícitas, acordamos
que el Gobierno Nacional promoverá una Conferencia Internacional en el
marco de la Organización de Naciones Unidas para reflexionar, hacer una
evaluación objetiva de la política de lucha contra las drogas y avanzar
en la construcción de consensos en torno a los ajustes que sea necesario
emprender, teniendo en cuenta la discusión y los nuevos desarrollos
internacionales en la materia, así como la perspectiva de los países
consumidores y productores, en especial las experiencias y las lecciones
aprendidas en Colombia e identificando buenas prácticas basadas en la
evidencia.
Por último, acordamos que todo lo anterior solo es posible con el compromiso efectivo de todos:
- El compromiso del Gobierno Nacional de poner en marcha las políticas y programas de este punto, de intensificar y enfrentar de manera decidida la lucha contra la corrupción en las instituciones causada por el problema de las drogas ilícitas, y de liderar un proceso nacional eficaz para romper de manera definitiva cualquier tipo de relación de este flagelo con los diferentes ámbitos de la vida pública.
- El compromiso de las FARC-EP de contribuir de manera efectiva, con la mayor determinación y de diferentes formas y mediante acciones prácticas con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, y en un escenario de fin del conflicto, de poner fin a cualquier relación, que en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno.
- El Gobierno Nacional y las FARC-EP manifiestan su firme compromiso con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas.
- El compromiso de toda la sociedad en su conjunto, incluyendo sus diferentes formas de organización política o social, de rechazar toda relación con el problema de las drogas ilícitas y los dineros provenientes del mismo.
- La construcción de una paz estable y duradera supone la disposición por parte de todos de contribuir con el esclarecimiento de la relación entre el conflicto y el cultivo, la producción y la comercialización de drogas ilícitas y el lavado de activos derivados de este fenómeno, para que jamás el narcotráfico vuelva a amenazar el destino del país.
Lo convenido hasta ahora forma parte de un acuerdo más amplio que esperamos lograr prontamente el cual contiene seis puntos.
Recordamos que uno de los principios que guían La Mesa de
Conversaciones es que "Nada está acordado hasta que todo esté acordado".
Esto significa que los acuerdos que se construyen, están condicionados a
un pacto sobre la totalidad de la Agenda y que se pueden ajustar y
complementar.
Resaltamos el aporte de la Oficina de Naciones Unidas en Colombia y
el Centro de Pensamiento Para la paz de la Universidad Nacional en la
organización de los foros que se realizaron sobre este tema de cultivos
ilícitos.
Agradecemos a los miles de colombianos y colombianas, y
organizaciones sociales que nos han hecho llegar sus propuestas y
opiniones sobre los puntos de la Agenda a través de los foros, la Página
Web o los formularios que están disponibles en alcaldías y
gobernaciones. Todas y cada una de estas propuestas han sido recibidas,
leídas y tenidas en cuenta por las delegaciones en La Habana.
Queremos agradecer a Cuba y Noruega, países garantes de este proceso,
por su apoyo y por el ambiente de confianza que propician. Igualmente
agradecemos a Chile y Venezuela, países acompañantes, a quienes las
delegaciones informan periódicamente sobre la marcha de los diálogos.
Valoramos de manera especial, su gestión, al igual que agradecemos las
expresiones de apoyo de otras naciones, organismos y líderes
internacionales.
Estos acuerdos fundamentales son el resultado del intenso trabajo
realizado a fondo por ambas Delegaciones, pensando siempre en el anhelo
de paz de los colombianos.
