En
primer lugar quiero presentar mi saludo de reconocimiento y solidaridad
a las organizaciones que integran la “Campaña Nacional e Internacional:
Tierra, Vida y Dignidad” que han convocado esta jornada de reflexión,
denuncia y fortalecimiento del Movimiento de Personas en situación de
Desplazamiento Forzado en Colombia.
En tercer lugar quiero referirme a
una de las causas estructurantes del conflicto social y armado que
padece el país por más de 5 décadas, que como ha sido analizado
suficientemente por académicos e investigadores, se ha centrado
especialmente en la propiedad de la tierra, cuya tenencia y posesión ha
sido disputada por diferentes actores desde los orígenes de la
nacionalidad.
Aunque las estimaciones varían, la magnitud de la
crisis de la tierra en Colombia, es claramente enorme. En 2011 por
ejemplo, CODHES estableció que entre los años 1980 y 2010, 6.6 millones
de hectáreas de tierra fueron abandonadas o usurpadas; en tanto que
Acción Social, como organismo gubernamental la estima en 6.8 millones de
hectáreas, mientras el MOVICE sitúa esta cifra en aproximadamente 10
millones de hectáreas, de donde se puede concluir que la cantidad de
tierra despojada, se constituye en un factor evidente de la profundidad
de la crisis humanitaria que ha dado lugar a la existencia de 4.5
millones de desplazados internos, que hacen de Colombia el país con
mayor número de personas desplazadas del mundo, después de Sudán, Irak y
Afganistán.
Igualmente no debemos perder de vista, que con
anterioridad a la crisis de desplazamiento masivo de los últimos 40
años, la propiedad de la tierra estaba altamente concentrada, razón por
la cual en Colombia se levantó con mucha fuerza, la urgente necesidad de
realizar una Reforma Agraria, que en los años 60 es reivindicada por el
Movimiento Agrario que dio lugar al surgimiento de la insurgencia, ante
los efectos devastadores de la violencia promovida por los
terratenientes en los años 50, que hoy recupera su validez y vigencia,
frente a la contrarreforma de facto que se ha impuesto al agro
colombiano.
Como ha sido reportado por Francis Deng , el
desplazamiento no sucedió únicamente por razones de orden público, sino
que también fue utilizado como herramienta para la “adquisición de
tierras” con la finalidad de realizar megaproyectos de extracción de
minerales, de agroindustria a gran escala y de infraestructura,
especialmente en determinadas regiones del país, como la región
Pacífica, donde el gobierno norteamericano tenía proyectado el Plan
“Puebla Panamá” y la propuesta de la Iniciativa para la Integración de
la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA)
En desarrollo
de esta contrarreforma, Castaño declaró en alguna oportunidad: “En Urabá
tenemos cultivos de palma. Yo mismo conseguí los empresarios para
invertir en esos proyectos” . El líder paramilitar hacía referencia a
los territorios de propiedad colectiva de Curvaradó y Jiguamiandó, donde
29,000 hectáreas fueron robadas a las comunidades afrocolombianas, de
las cuales 7,000 fueron plantadas ilegalmente con palmas africanas de
aceite.
Así, el cultivo de palma fue una de las estrategias
económicas promovidas por los paramilitares y utilizadas para el control
territorial. Según Castaño, comandantes paramilitares “formaron
alianzas” y aconsejaron a muchos políticos y también tuvieron a sus
“amigos” ubicados dentro de las empresas. Este modelo de complicidad
entre paramilitares, políticos e intereses empresariales se ha repetido
en otras áreas del país.
Este hecho ha sido verificado por la
Fiscalía General de la Nación, cuando luego de varias investigaciones,
en el año 2011 acusó formalmente a 15 compañías de palma y ganaderos de
esta región, de participar activamente con los paramilitares en el
desplazamiento forzado y violento de las comunidades afrocolombianas de
Jiguamiandó y Curvaradó, con la finalidad de apropiarse de sus tierras
para el cultivo de palma. En suma, esta es la realidad que pesa sobre la
viabilidad y aplicación de la Ley de Victimas y Restitución de Tierras,
como medida de reparación del inmenso daño causado al tejido social de
la nación.
Por esta razón, considero pertinente el propósito de
esta audiencia, de establecer la disyuntiva entre la realidad y la
normativa vigente sobre protección de los derechos de las víctimas del
desplazamiento forzado en Colombia, por cuanto de acuerdo a los
postulados consagrados en la Constitución y en la ley, el Estado debe
garantizar los derechos de propiedad sobre la tierra y el territorio a
las comunidades originarias de la nacionalidad, como un derecho vital y
consustancial a su dignidad humana; pero parecería que los derechos de
estas comunidades son derechos “incómodos” y las leyes que se
promulgaron para protegerlos, son igualmente incómodas a los grandes
intereses económicos de quienes han expropiado sus tierras, no quedando
claro si el gobierno está actuando “como árbitro o cómo parte
interesada” en la implementación de los grandes proyectos de extracción,
que sin lugar a dudas, se han constituido en un factor de crecimiento
del desplazamiento forzado en Colombia.
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Representante del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los Desplazados Internos.
La
Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional
Suramericana - IIRSA - consiste en la participación de la inversión
privada en los sectores de energía, telecomunicaciones y transporte por
ferrocarril y carretera, para lo que los países deberían adoptar una
legislación que facilite la interconexión y el funcionamiento integral
de la energía, el transporte y los sistemas de comunicaciones. La IIRSA
tiene 41 proyectos de infraestructura en Colombia.
“Habla Vicente Castaño”, Revista Semana, N° 1.025, 5 de junio de 2005.
Declaración
de la Experta Independiente de las Naciones Unidas sobre Cuestiones de
las Minorías, Señora Gay McDougall. Conclusiones Preliminares de su
visita oficial a Colombia, 1º al 12 de febrero de 2010, pág. 5.
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Esto
se evidencia en el contenido y alcance del Plan Nacional de Desarrollo
del gobierno colombiano, que bajo la presidencia de Uribe Vélez, puso
fuerte énfasis en los proyectos extractivos a gran escala a favor de las
multinacionales, a través de concesiones mineras, que el gobierno del
Presidente Santos las tiene como una de las locomotoras de su Plan de
Desarrollo. Es así como, durante una conferencia llevada a cabo en
Canning House, Londres, el viernes 28 de enero de 2011, el Ministro de
Hacienda colombiano Juan Carlos Echeverry, destacó el plan de Colombia
de focalizarse en el incremento de la explotación de todos los recursos
naturales del país; ejemplo de ello, la compañía AngloGold Ashanti,
registrada en la Bolsa de Valores de Londres, que tiene un millón de
hectáreas de tierra concesionada en 16 departamentos de Colombia .
Esta
concesión masiva a compañías extractivas multinacionales de los
derechos sobre la exploración y explotación de los recursos minero
energéticos y agrícolas que posé el país, está ocurriendo en un momento
en el que las tierras robadas no han sido restituidas a quienes les han
sido despojadas violentamente. En consecuencia, las empresas
comprometidas en estos negocios, están adquiriendo tierras robadas a
estas comunidades y se están beneficiando de los efectos que produce el
delito del desplazamiento forzado, con las consiguientes violaciones a
los derechos humanos. Mientras tanto, las solicitudes de las comunidades
sobre la restitución y restablecimiento de sus derechos y de su
patrimonio, yacen en la oscuridad de los anaqueles judiciales o
administrativos y en algunos casos, a pesar de que la tierra ha sido
identificada para ser restituida, las comunidades desplazadas descubren
que no tienen derechos plenos sobre la tierra, debido a que ha sido
sembrada con palma aceitera, como es el caso de Cocomopoca o vendida
por testaferros a adquirentes de buena fe.
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Mesa
Nacional de Garantías: Mesa Temática sobre la situación de defensores,
defensoras, víctimas y organizaciones que reclaman sus derechos a la
tierra, los territorios y la restitución.
COCOMOPOCA es una
organización autónoma étnicoterritorial que representa a la población
afrocolombiana en las municipalidades de Atrato, Bagadó, Cértegui y
Lloró en la región de la costa Pacífica colombiana. Su territorio está
ubicado en una región de importancia geoestratégica para el acceso a
megaproyectos e inversiones continentales, minerales y potenciales
recursos hidroeléctricos. Desde diciembre de 1999, las comunidades han
estado buscando el reconocimiento de su derecho de propiedad colectiva
amparado por la Ley 70 (sancionada en 1993). Cuando solicitaron su
título a la propiedad colectiva de 172.000 hectáreas, su número ascendía
a 30.000 habitantes. Hoy, casi diez años después, sólo quedan 17.000
personas; el resto ha sido desplazado forzosamente por grupos
paramilitares y guerrilleros con intereses en la tierra, en la minería o
en la obtención de rutas terrestres o fluviales para el transporte de
coca.
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Ante esta grave e insostenible situación, en
el derecho internacional de los derechos humanos, las víctimas de la
violencia de origen político tienen derecho al conocimiento de la verdad
sobre los hechos violentos sufridos, a la justicia, a la reparación y a
la no repetición de dichos hechos, en donde la clave de este proceso es
la restitución de la tierra, especialmente a las comunidades indígenas,
afro-descendientes y campesinos que han habitado tierras ricas en
biodiversidad, pero que dada su importancia estratégica para la dinámica
del conflicto interno, el narcotráfico y los grandes negocios de la
locomotora minero energética, desconocen las graves violaciones que se
producen a sus derechos humanos y sociales fundamentales.
Ahora
bien, mientras el gobierno habla de los avances significativos de la
Ley de Víctimas, los asesinatos selectivos y sistemáticos de líderes
vinculados a los procesos de restitución de sus propiedades aumentan y
ocurren como un desafío de las bandas paramilitares a la política de
choque anunciada por el gobierno, de restituir 2 millones de hectáreas
en los próximos 4 años, de los 6.6 millones de hectáreas que les fueron
arrebatadas a más de 600 mil familias, esto es 4.5 millones de
desplazados desde el año de 1980 y hasta el 30 de junio del año 2010,
sin que ello represente un verdadero obstáculo que vuelve nugatorios los
propósitos de la ley.
Este desafío lanzado por las bandas
criminales ha ocurrido en aquellas regiones del país en que se produjo
el mayor despojo de la propiedad agraria de los campesinos desplazados,
que contó y sigue contando con la complicidad de algunas autoridades,
tanto civiles como militares. En la región de Urabá, por ejemplo, se
calcula que un 10% del total de la tierra cultivada, unas 150 mil
hectáreas según la Superintendencia de Notariado y Registro que lleva
oficialmente los registros de la propiedad inmobiliaria en Colombia,
fueron despojadas con la complicidad de jueces, notarios e integrantes
de la fuerza pública.
Desde el asesinato en el 2005 de YOLANDA
IZQUIERDO, dirigente campesina que lideraba la lucha de los campesinos
de Córdoba despojados por Carlos Castaño y su familia, los asesinatos a
líderes de población desplazada alcanza hoy la cifra de 68 víctimas,
esto sin contar con las amenazas, hostigamientos y nuevos
desplazamientos a comunidades que han sido restituidas o que han tomado
la decisión de retornar a sus territorios por su propia cuenta, a pesar
de los inminentes riesgos para su vida y su integridad personal, que no
han merecido la atención y la adopción oportuna y eficaz de las medidas
de protección de las víctimas, las que han resultado tardías o
simplemente inocuas, en razón de lo cual, la Alta Comisionada de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su informe de marzo de
2011 sobre Colombia, declaró “especialmente preocupantes han sido los
asesinatos de líderes y lideresas, campesinos y desplazados que
adelantaban procesos de restitución de tierras” .
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Informe
de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, A/HRC/16/22, 3
de febrero de 2011.
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Asimismo, muchos líderes comunitarios y
defensores de derechos humanos que acompañan a las víctimas en sus
demandas relacionadas con la propiedad de la tierra, han sido objeto de
una estigmatización sistemática, diseñada para deslegitimizar su trabajo
y, en consecuencia, desensibilizar a la opinión pública sobre la
trascendencia de los atentados y asesinatos cometidos contra estos
líderes. La estigmatización ha sido llevada a cabo por funcionarios del
gobierno, asesores presidenciales, el ex presidente Uribe y oficiales
del ejército, como es el caso del Comandante de las Fuerzas Armadas,
General Alejandro Navas, quien en marzo de 2011 declaró ante los medios
de comunicación, que los pueblos indígenas eran parte de la guerra que
la guerrilla perpetúa contra el ejército .
A pesar de que los
grupos paramilitares fueron supuestamente desmovilizados bajo el
gobierno anterior, continúan operando en connivencia con las fuerzas
armadas y de seguridad del Estado, coadyuvando a la consolidación de los
intereses de sectores económicos poderosos que se mueven tras la
expropiación de la tierra y el desplazamiento. Muchos de los comandantes
paramilitares de mediano rango no se comprometieron con el Proceso de
Justicia y Paz, pero reformaron y lideraron grupos paramilitares con
nuevos nombres como las “águilas negras”, “los rastrojos”, “nueva
generación”, entre otros, que continúan desarrollando su accionar
criminal asociado al tráfico de drogas, el control de territorio y el
despojo de tierras y territorios, sin que haya una acción efectiva del
Estado para combatirlas y someterlas al rigor de la justicia.
En
la cartografía de la empresa criminal que desarrollan las denominadas
“bacrim”, han resultado afectados casi todos los departamentos del país;
sin embargo, es necesario plantear la grave situación que atraviesan
departamentos como el Atlántico, Sucre, Cesar, Bolívar, Córdoba,
Antioquia y Chocó, que según la Comisión de Seguimiento de la Política
Pública frente al Desplazamiento Forzado, en estos dos últimos, se ha
producido el despojo en la siguiente proporción: desde el año de 1980 y
hasta el 30 de junio de 2010 había en esta región 117.171 familias
desplazadas inscritas en el RUPD, las cuales habían sido despojadas de
1.652.261 hectáreas de tierra, que corresponde al 27% del total de la
tierra arrebatada a las familias desplazadas en todo el país, lo que
explica la virulencia de la confrontación en torno a las reclamaciones
sobre la propiedad de la tierra.
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Ver:
www.ejercito.mil.co/idcategoria=279193, “Los indígenas son manipulados
por los grupos armados ilegales para su protección, que los toman como
escudo para su protección, también son instrumentos de la guerra
jurídica que los ponen contra la tropa. De igual manera el modus
operandi de estos grupos es disparar desde las casas y utilizando
niños”. Posteriormente, se indica más en la página web del ejército que
los indígenas no son cómplices de la guerrilla, sino víctimas de la
guerrilla. Sin embargo, la declaración expresa que él hizo, realmente
acusa a los pueblos indígenas de ser instrumentos en una guerra legal
contra las tropas.
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Entretanto, en la región
constituida por los departamentos de Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba
que ocupan el cuarto lugar en el tamaño del despojo detrás de la región
sur del país, han sido desplazadas en este mismo período 58.727
familias lo que representa el 13.5% del total de familias desplazadas en
el país y les habían sido arrebatadas 749.968 hectáreas en estos mismos
años. Haciendas como la de Las Pavas, Veracruz, El Nilo, San Francisco;
los Montes de María; los Playones de Pivijay y María La Baja, entre
tantas otras extensiones de tierra, han sido el escenario de la más
abominable empresa criminal que se haya podido urdir contra quienes
reclaman su derecho a la tierra.
No obstante la gravedad de los
hechos que han prevalecido ante las demandas de exigibilidad y
justiciabilidad del derecho a la propiedad y a la posesión de la tierra
por sus legítimos propietarios, tras seis meses de implementación de la
Ley de Víctimas, aún se desconoce el plan de acción para la ejecución de
la misma, los criterios de accesibilidad, focalización y priorización
de las victimas a reparar y sobre todo, la forma de su participación
efectiva, de conformidad con los ordenamientos proferidos por la Corte
Constitucional mediante el Auto 383 de 2009, que considera que la
participación además de efectiva debe ser significativa, en orden a
garantizar el acceso y el goce efectivo de los derechos de la población
desplazada.
En este punto es pertinente reiterar que la Ley de
Reparación a las Víctimas del conflicto colombiano, no compensa en lo
más mínimo todo el daño causado por el despojo y, por el contrario,
provoca indignidad, revictimiza a los desplazados y no permite superar
los niveles de pobreza e indigencia en la que han sido colocados.
De
ahí que con justipreciada razón, las organizaciones de víctimas del
desplazamiento forzado en Colombia, exijan del gobierno nacional, la
implementación de una verdadera y efectiva RESTITUCIÓN y REPARACIÓN, que
les permita reconstruir su proyecto de vida, restablecer en el tejido
moral y social de sus comunidades, más aún, en tratándose de comunidades
cuya cosmovisión comporta una serie de valores y constructos
psicosociales que hacen parte consustancial de la existencia misma, que
al afectarse, se estaría vulnerando el derecho fundamental a la vida, a
la integridad y a la seguridad como personas y como sujetos colectivos.
Así
mismo, esta audiencia debe pronunciarse de forma contundente, en la
exigencia de otorgamiento de las garantías de seguridad necesarias, para
que las víctimas del desplazamiento forzado en Colombia que lideren los
procesos organizativos y de movilización hacia la restitución de sus
tierras, sus territorios y sus bienes patrimoniales, puedan ejercer sus
derechos, en orden a impedir que la empresa criminal de los ejércitos
“anti restitución”, cumplan con sus cometidos de silenciar las voces o
apagar las vidas de quienes se atreven a reclamarlos y a ejercerlos.
Sobre
este asunto de vital urgencia para la prevención del crimen contra las
víctimas del desplazamiento forzado y la protección de quienes se
encuentren amenazados, la Unidad Nacional de Protección que está bajo la
jurisdicción del Ministerio del Interior, deberá actuar con la
prontitud y eficacia que impone el alto riesgo a que están expuestas las
personas que lideran la lucha por la restitución de tierras, aparte de
que se debe revisar los estándares de valoración de riesgo, a fin de que
las medidas que se adopten garanticen efectivamente la preservación de
su vida, su integridad personal y el goce efectivo de sus derechos.
En
relación con las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la
Nación sobre los asesinatos selectivos y sistemáticos que se han
presentado en los departamentos de Bolívar, Sucre, Cesar, Córdoba,
Antioquia, Chocó, Cauca, Arauca, Meta, Santander, Tolima , Putumayo, y
Nariño de luchadores sociales involucrados en los procesos de
restitución de tierras, es preocupante la lentitud con que avanzan,
razón por la cual, acompañamos la solicitud de creación de una Unidad
Especial en la Fiscalía General de la Nación, e incluso, la creación de
una Jurisdicción Especial que conozca de los crímenes perpetrados contra
las víctimas de la violencia política en Colombia.
Una de las
preguntas que el gobierno nacional debe responder de forma clara y
precisa a esta Audiencia Pública, es si su locomotora Mineroenergética
garantiza la ejecución real y efectiva del Programa de Reparación y
Restitución de Tierras que ordena la Ley de Víctimas; porque de no ser
así, las tierras que han sido despojadas a sangre y fuego o mediante
engaños a los campesinos, indígenas y afrodescientes durante los últimos
40 años por quienes ostentan el poder político y económico, legal e
ilegal, o que han sido entregadas mediante contratos leoninos de
concesión a empresas transnacionales, para la exploración y/o
explotación de los recursos naturales durante tiempos a veces
inconmensurables, no podrían ser jamás restituidas a sus verdaderos
dueños y poseedores ancestrales, dejando en la más absoluta impunidad su
derecho a la realización de la verdad, la justicia, la reparación
integral y el compromiso de no repetición.
Finalmente, la lucha
que las organizaciones sociales de desplazados libran en el país, por
su derecho a la Tierra, al Territorio y, sobre todo, por su derecho
inalienable a la realización de un Proyecto de Vida Digna, está
indisolublemente ligado a la lucha por LA SOLUCIÓN POLÍTICA NEGOCIADA
DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO QUE PONGA FIN A LA GUERRA y a los efectos
devastadores sobre la vida y sobre la necesidad imperiosa de abrirle
caminos a la construcción de la Paz, la realización de la Justicia y la
profundización de la Democracia Política y Social.
Por estas
sopesadas razones, acompañamos con el debido reconocimiento, la
presencia de todas y todos ustedes en esta jornada de reflexión, de
denuncia y fortalecimiento de la heroica lucha que han venido librando
en Colombia, por el derecho a tener derechos, en un país donde la
recuperación de su altura moral, requiere con urgencia, entre otros
aspectos, de la superación de los disimiles “estados de cosas
inconstitucionales” que resultan insoportables a la dignidad de la
persona humana, como es el caso de los 4.5 millones de desplazados
internos, resultado de la violencia social y política que prevalece en
el país por ya casi medio siglo y a la que hay que ponerle fin y por
ello, incansablemente seguiremos trabajando.
POR UNA VERDADERA RESTITUCIÓN DE TIERRAS Y DE BIENES DESPOJADOS A LAS Y LOS DESPLAZADOS DE COLOMBIA
¡¡¡VIVA LA CAMPAÑA NACIONAL E INTERNACIONAL “TIERRA, VIDA Y DIGNIDAD”!!!
Bogotá, D.C., 15 de julio de 2012
http://www.pacocol.org/index.php/noticias/435-intervencion-de-la-senadora-gloria-ines-ramirez-rios-sobre-restitucion-de-tierras
